Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121571
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.571, "Crisostomi, Horacio Rubén contra Metalúrgicos Bahía Blanca S.A. y otros. Diferencias salariales" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 299/312 vta. y aclaratoria de fs. 349 y vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 328/348 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la actora?
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Horacio Rubén Crisostomi contra Servicios Metalúrgicos Bahía S.A., por las sumas que especificó en concepto de diferencias salariales, haberes adeudados, integración del mes de despido, indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, salarios de integración, vacaciones proporcionales, sueldo anual complementario proporcional, e indemnizaciones consagradas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 53 ter de la ley 11.653; condenándola también a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la ley 20.744. Asimismo, por los rubros que especificó, condenó en forma solidaria a Luis Miguel Matilla. En cambio, rechazó la demanda contra Matilla Construcciones S.A. (v. fs. 299/312 vta. y aclaratoria de fs. 349 y vta.).
En lo que reviste interés por ser materia de agravio, el tribunal de grado juzgó que el trabajador se desempeñó, en el marco de una relación laboral dependiente, desde el 16 de octubre de 1992, de manera sucesiva para las empresas Matilla Hnos. S.R.L., Metalúrgica Matilla S.R.L. y Servicios Metalúrgicos Bahía S.A. (art. 228, LCT), no habiendo esta última reflejado ni registrado debidamente la relación continua y permanente que desplegó el señor Crisostomi.
Adunó que en tanto el dador de trabajo de modo permanente fue el codemandado Luis Miguel Matilla, quien se sirvió del trabajo personal del actor, correspondía tenerlo por empleador en los términos del art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde que asumiera su rol al disolverse la empresa Matilla Hnos. S.R.L. (v. vered., fs. 299/302).
En relación a la codemandada Matilla Construcciones S.A. entendió que no se encontraba acreditado que fuera continuadora como recipiendaria de la prestación laboral del accionante. Para así decidir, consideró relevantes los términos del intercambio epistolar, la postura asumida por el trabajador al requerirle la ocupación efectiva a Servicios Metalúrgicos Bahía S.A. y -finalmente- que no se hubiera verificado prestación de servicios a favor de la misma (v. vered., fs. 302 y vta.).
Precisó luego, que la extinción del contrato de trabajo por despido indirecto se configuró únicamente respecto de Servicios Metalúrgicos Bahía S.A. el día 16 de diciembre de 2008, ante el silencio a los legítimos reclamos del trabajador. Agregó que no habiendo sido intimados los restantes coaccionados, a su respecto no medió constitución en mora ni se configuró silencio injuriante de la patronal (v. vered., fs. 303 vta./304 y sent., fs. 306 vta. y 311 vta.).
En dicho contexto, condenó en forma solidaria a Luis Miguel Matilla únicamente respecto a las diferencias salariales y rubros anexos, y rechazó la demanda entablada contra Matilla Construcciones S.A., admitiendo la falta de legitimación pasiva opuesta por esta (v. sent., fs. 307 vta. y 311 vta.).
II. Contra dicha forma de resolver, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 12, 29, 80, 225, 227, 228 y 229 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 y 2 de la ley 25.323; 34 de la ley 11.653; 415 del Código Procesal Civil y Comercial; 699, 935, 942, 1.081, 1.109 y concordantes del Código Civil y de la doctrina legal que cita (v. fs. 328/348 vta.).
Expone los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, denuncia que la condena impuesta en forma solidaria a Luis Miguel Matilla resulta absurda, en tanto comprende únicamente las diferencias salariales, haberes impagos y la sanción del art. 53 ter de la ley 11.653 (v. fs. 335/343 vta.).
II.1.a. Por un lado, señala que en tanto la condena al citado demandado se fundó en ser el dador de trabajo de modo permanente, así como quien se servía del trabajo personal del actor, carece de razonabilidad, resulta absurdo y contrario a la ley la exigencia de su emplazamiento previo -o a la empresa continuadora Matilla Construcciones S.A.- para que a su respecto operen las obligaciones emergentes de la Ley de Contrato de Trabajo en lo referente al despido y multas reclamadas.
Señala que el tribunal de origen aplicó erróneamente los dispositivos legales referentes a la solidaridad establecida en el art. 29 de la ley 20.744 y el Código Civil, ya que encontrándose el demandado Matilla alcanzado por la solidaridad pasiva, no era necesario que existiera emplazamiento de ningún tipo ni que fuera colocado en mora para que prosperaran en su contra las indemnizaciones legales por despido, salarios de integración y multas de la ley 25.323.
II.1.b. Por el otro, y en lo que respecta a la falta de condena a entregar el certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, arguye que habiéndose juzgado que Luis Miguel Matilla fue el empleador del actor, se erige como sujeto pasivo de la obligación (v. fs. 341 vta. y 343).
II.2. A continuación, objeta el rechazo de la demanda entablada contra Matilla Construcciones S.A., señalando que ello es consecuencia de una errónea apreciación de las pruebas producidas (v. fs. 343 vta./347).
En ese sentido, cuestiona que el tribunal de origen no haya tenido por absueltas las posiciones en rebeldía a la citada empresa, pese a encontrarse debidamente notificado su representante legal. Agrega que en la contestación de demanda, la propia codemandada aportó los datos y documentación necesaria para incriminarse en la responsabilidad solidaria que se le endilga.
Arguye que no resultaba necesario para que la sociedad fuera solidariamente responsable acreditar que Crisostomi hubiera sido dependiente de la misma o le hubiere tenido que cursar intimación alguna.
Señala que la responsabilidad que le cabe es consecuencia de la no aplicación de las disposiciones de los arts. 225, 227 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen prioritariamente efectuar un primer estudio referido a la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, más precisamente, en lo referido al valor del litigio.
III.1.a. En tal sentido, es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por el agraviado versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada con la falta de condena a Luis Miguel Matilla a entregar el certificado de trabajo establecido en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345)- resulta de monto indeterminado (causas Ac. 102.488, "Barrios de Duette", resol. de 25-VI-2008; L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011 y L. 93.075, "Aguilar", sent. de 13-VII-2011).
En cambio, las restantes -cuyo valor está representado por el importe de los rubros que no abarcó la condena impuesta en forma solidaria a Luis Miguel Matilla, con más el monto de la demanda rechazada contra Matilla Construcciones S.A.- no superan el umbral para la admisibilidad del recurso vigente a la fecha de interposición del remedio procesal bajo examen (conf. art. 278, CPCC -texto según ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010- y Acuerdo 3867/17 de esta Suprema Corte), de modo que, con las salvedades que formularé más adelante, la admisibilidad del mismo únicamente podrá justificarse en el supuesto excepcional contemplado en el art. 55 de la ley 11.653.
III.1.b. Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, "Centurión" (sent. de 4-XII-2013) -y, más recientemente, al emitir mi voto en primer término en la causa L. 119.148, "Ferreira de Jesús" (sent. de 20-XII-2017), de connotaciones similares a la presente-, a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos.
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré las impugnaciones referidas en el punto anterior -ante la ya indicada insuficiencia de la cuantía-, en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1.c. En consecuencia, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.2. Efectivizado el examen del caso conforme los lineamientos antes enunciados, cabe desestimar el agravio destinado a cuestionar el rechazo de los rubros indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, vacaciones proporcionales, sueldo anual complementario proporcional así como aquellas con sustento en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 respecto de Luis Miguel Matilla, desde que la única doctrina legal de este Tribunal invocada por el recurrente (v. fs. 336 vta.), en tanto se refiere al vicio de absurdo, no es idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley ritual (causas L. 89.686, "Garraza", sent. de 8-X-2008 y L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009).
Resta aclarar que la opinión de los autores no constituye la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.563, "Basconcelo", resol. de 4-XII-2013 y L. 118.681, "Núñez", resol. de 1-VII-2015).
III.3. En cambio, y conforme lo señalé en el inicio, en relación al agravio vinculado a la falta de condena a Luis Miguel Matilla a entregar el certificado de trabajo que estatuye el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), es dable habilitar la instancia extraordinaria sin las restricciones de admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor del litigio en tal caso, debe considerarse como de monto indeterminado (conf. causas citadas en el punto III.1.a.).
En lo que interesa, el tribunal interviniente condenó a Servicios Metalúrgicos Bahía S.A., ante el incumplimiento a la intimación oportunamente cursada, a entregar al actor el certificado de trabajo y la constancia documentada de aportes y contribuciones en los términos y con los alcances que impone el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 307).
El recurrente denuncia -en lo esencial- que el tribunal no se expidió respecto de la obligación del señor Matilla en el cumplimiento de la citada carga, esgrimiendo que su condena se impondría por la responsabilidad solidaria que se le atribuyó por tratarse del "verdadero empleador" (v. fs. 341 vta. y 343 vta.).
En el marco de análisis reseñado, observo -más allá de cualquier otra disquisición que pudiera formularse- que la lectura de los términos de la impugnación revela que, en rigor, la argumentación expuesta por el interesado importaría la denuncia de la presunta omisión en que habría incurrido el juzgador al no expedirse respecto de la obligación del señor Matilla.
Desde esa perspectiva, queda definida la suerte adversa del embate desde que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye el carril idóneo para canalizar las denuncias concernientes a una supuesta omisión de cuestiones litigiosas, ni las relacionadas con la existencia de una incongruencia por defecto en la sentencia objetada -decisión citra petita -, pues tales alegaciones constituyen materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causa L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013).
III.4.a. Por último, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral también se impone nítida respecto del cuestionamiento al rechazo de la demanda entablada contra Matilla Construcciones S.A.
En efecto, cabe recordar que el indicado supuesto de admisibilidad no resulta de aplicación cuando -como en el caso-, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el recurrente trae a consideración de esta Corte cuestionamientos de índole fáctica y probatoria, tales como la existencia de absurdo en la valoración efectuada por el sentenciante al apreciar las probanzas de la causa y los escritos constitutivos (causas L. 88.118, "Maidana", sent. de 16-III-2007 y L. 94.567, "Ramírez", sent. de 2-XII-2009).
III.4.b. Para más, cabe resaltar que los precedentes de esta Corte invocados por el recurrente no guardan correspondencia con las motivaciones del a quo que han constituido factores esenciales de la decisión alcanzada, ni se trata de situaciones similares atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 101.498, "Speranza", sent. de 13-X-2010 y L. 101.320, "Martínez", sent. de 15-XII-2010).
Resta señalar que la cita de jurisprudencia emanada de otro tribunal no constituye la indicada doctrina legal en los términos de los arts. 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 97.349, "Juárez", sent. de 27-VI-2012), como tampoco la mención de la opinión personal de sus ministros (causas L. 119.484, "Martinez", sent. de 28-VI-2017 y L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con excepción de lo expuesto en el punto III.1.b., adhiero al voto de mi distinguida colega doctora Kogan.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en los puntos III.1.a., III.1.c. y III.2. de su sufragio.
I.2. También concuerdo con la ponente en que cabe desestimar el agravio por el cual el recurrente cuestiona que no se haya condenado al codemandado Luis Miguel Matilla a entregar el certificado de trabajo en los términos del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Es sabido que la facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule (causas L. 113.378, "Lasso", sent. de 26-II-2013 y L. 117.697, "Pérez", sent. de 27-V-2015), luego, observándose que en el caso el tribunal de grado no se ha expedido sobre lo pretendido por el recurrente, no corresponde ingresar a analizar dicha crítica en el ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley en examen.
II. El medio de impugnación deducido debe ser desestimado en los términos plasmados en el apartado final de la opinión inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:14:24 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:20:15 - DE LAZZARI Eduardo Nestor -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 19:38:56 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 22/05/2020 14:58:05 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 25/05/2020 18:31:46 - TORRES Sergio Gabriel -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 09:36:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 11:41:58 - DI TOMMASO Analia Silvia -
Fin de la sentencia