Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123792
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.792, "Szakacs, Claudia Alejandra contra Fiscalía de Estado - Pcia. Bs. As. Accidente de trabajo - acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.997 y su competencia para intervenir en las presentes actuaciones (v. fs. 41/47 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20 de noviembre de 2018).
Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados que, en razón de la entrada en vigencia de la ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018), se ordenaron a fs. 58 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Las presentes actuaciones fueron promovidas por la señora Claudia Alejandra Szakacs contra la Provincia de Buenos Aires (empleadora autoasegurada), procurando el pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (leyes 24.557 y 26.773) con motivo de la incapacidad que contrajera a consecuencia del accidente de trabajo que dijo padecer el día 29 de noviembre de 2017 mientras prestaba tareas habituales como auxiliar en el Jardín de Infantes n° 962 de San Francisco Solano (v. fs. 15/39 vta.).
Luego de presentada la demanda, el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997 y la inaplicabilidad de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348 (v. fs. 41/47 vta.).
Indicó el a quo que la contingencia por la que se reclama en autos se encuentra regida por la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por las leyes 26.773 y 27.348, y que dicho plexo normativo sustrae de la competencia de los tribunales ordinarios todos los litigios que tengan como objeto una pretensión indemnizatoria vinculada a accidentes y enfermedades del trabajo -arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 1 a 4 de la ley 27.348- (v. fs. 41 in fine y vta . ).
En tales condiciones, sostuvo que correspondía dilucidar -inicialmente- si la acción intentada podía tramitarse por la vía elegida y por ante ese órgano jurisdiccional, aunque no estuviera aún trabada la litis, en tanto su tratamiento no implicaba adelantar opinión con relación a las cuestiones que hacían a la esencia de los asuntos en debate, debiendo estas últimas quedar diferidas para luego de sustanciarse la causa, de conformidad con las normas del debido proceso (v. fs. 41 vta.).
Anticipó que dicho tribunal era competente para entender en las presentes actuaciones, pues si bien las disposiciones de la ley 27.348 resultarían -en principio- aplicables en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en virtud de la adhesión que a ese régimen legal hubo de llevar a cabo la ley provincial 14.997 (B.O. de 8-I-2018), al aceptar la "invitación" cursada por el gobierno nacional, ésta última no superaba el test de constitucionalidad, toda vez que vulnera la autonomía provincial y la garantía de acceso irrestricto a la justicia (v. fs. 41 vta./45 vta.).
En sustento de tal postura indicó que la "adhesión" a la que alude el art. 4 de la ley 27.348 conlleva la implícita "delegación" en favor de la administración nacional de "...la totalidad de las competencias necesarias" de las que están constitucionalmente investidas las provincias (v. fs. 42 in fine ).
Explicó que el art. 5 de la Constitución nacional impone a éstas últimas asegurar la administración de justicia como una de las funciones esenciales que hacen a su existencia misma como entes autónomos. No se trata -continuó- de las denominadas facultades "no delegadas", sino de aquellas que aparecen expresamente "reservadas" como atribuciones exclusivas y no delegables (v. fs. 42 vta.).
En concreto, remarcó, las provincias no pueden desligarse de su facultad/deber de administrar justicia en sus territorios, ni adherir a invitación alguna en tal sentido a través de una simple ley sin violentar la Constitución nacional; máxime cuando -como en el caso- tal adhesión no solo implica una renuncia general a dictar normas de procedimiento, sino también a consentir que sea la Nación quien las sustituya en esa tarea a través de un organismo administrativo como lo es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. fs. 43 in fine y vta.).
En otro orden de ideas, precisó que la garantía prevista por el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no admite condicionamientos ni restricciones de ningún tipo o especie al acceso a la justicia, tornando ello estéril cualquier posible discusión sobre la hipotética conveniencia o utilidad del trámite administrativo previo que se intenta imponer a los trabajadores siniestrados como condición para iniciar una acción judicial (v. fs. 43 vta. in fine y 44).
Invocó, además, en apoyo de su decisión, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada de la causa "Giménez Vargas Hnos. Soc. Com. e Ind. c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza", sentencia de 9-XII-1957 (CSJN Fallos: 239:343) y de esta Suprema Corte en los autos C. 94.669, "Álvarez, Avelino y otra contra El Trincante S.A. y otros. Daños y perjuicios" (sent. de 25-IX-2013) y C. 119.722, "L., S. C. contra M., J. L. Homologación convenio alimentos" (sent. de 16-VIII-2017; v. fs. 42 vta. in fine y 44 y vta.)
Sobre tales bases, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997 en cuanto adhiere expresamente al régimen legal instituido por el Título I de la ley 27.348, delegando en el poder administrador nacional la facultad jurisdiccional y la competencia que corresponde a la provincia en orden al dictado de la normativa procesal, pretendiendo, además, vedar a los trabajadores siniestrados el ilimitado acceso a la justicia del que gozan, al imponerles un recorrido previo por la instancia administrativa, vulnerando de tal modo las disposiciones de los arts. 5, 75 inc. 12, 121 y 122 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial (v. fs. 43 vta. y 44 vta.).
Desactivada la aplicación al caso concreto de dicha normativa y, por su conducto, de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348, el tribunal de origen también decretó la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 -en la redacción original- y del decreto reglamentario 717/96, y su competencia para intervenir en autos (v. fs. 45 y vta. y 46).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Alega que la Provincia de Buenos Aires establece las reglas de su administración de justicia y no existe manda constitucional o legal que, en torno a la instancia administrativa previa, determine específicamente una prohibición o limitación.
Manifiesta que la supuesta delegación de atribuciones propias de los estados locales en materia de justicia no es tal, pues el propio art. 2 de la ley 27.348 (al que adhiere la ley 14.997 tachada de inconstitucional) establece que una vez agotada la instancia administrativa "...el trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la comisión médica jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...". De allí que, afirma, no se verifica renuncia ni delegación de ninguna facultad, pues todos los sinestros -sin distinción o límite- pueden ser sometidos a la instancia revisora judicial.
Refiere que no se ha probado en el caso concreto lesión alguna a los derechos subjetivos de la trabajadora, ni su relación causal con el hecho que se denuncia. Añade aquí que la expectativa de cobro del resarcimiento no se disipa, sino que queda asegurada por imperio de la ley en la instancia correspondiente, quedando a resguardo una eventual revisión ante la justicia ordinaria.
Aduce que el control de constitucionalidad debe ejercerse con suma prudencia en aras de no afectar el principio republicano de división de poderes, estando vedado a los jueces expedirse sobre la conveniencia o acierto de las leyes. En tales condiciones, explica, la declaración de invalidez constitucional de una norma debe erigirse como la ultima ratio , y sólo llevarse a cabo en casos extremos.
Señala que es falsa la aseveración de que la adhesión efectuada al sistema que establece la ley 27.348 importa violentar la autonomía provincial a través de delegaciones inadmisibles de facultades reservadas. Ello así, toda vez que el dictado de este último régimen legal encuentra su justificación en el Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto determina que las legislaciones nacionales establecerán las medidas de control y los procedimientos para la revisión de las indemnizaciones que se estimen necesarios, así como las disposiciones que, de acuerdo con las condiciones particulares de cada país, sean las más adecuadas para garantizar, en toda circunstancia, el pago de la indemnización a las víctimas de accidentes y sus derechohabientes, y para garantizarlos contra la insolvencia del empleador o del asegurador (conf. arts. 8 y 11).
Insiste en argumentar que ni la provincia ha dejado de administrar justicia, ya que habrá de resolver en la instancia judicial los casos en que un trabajador considere que sus derechos no han sido reconocidos en las instancias administrativas previas; ni tampoco ha habido una renuncia general y anticipada a dictar normas de procedimiento. Tampoco, dice, existe una supuesta violación de las garantías constitucionales de acceso irrestricto a la justicia y del debido proceso.
En este último aspecto, refiere que la configuración de una instancia administrativa especializada ha sido admitida por la jurisprudencia, aunque condicionándola a la ulterior revisión judicial suficiente y a que no conlleve una prolongada secuela temporal que, en los hechos, signifique privar de la posibilidad oportuna de acudir a los estrados judiciales, lo que ocurre en este caso, donde la ley prevé una duración del trámite de sesenta días hábiles, prorrogables sólo por treinta días, sin que ello parezca irrazonable.
Denuncia que el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997 sólo a través de meras apreciaciones abstractas, ya que no se ha planteado un obstáculo concreto y específico de la demandante para acceder, de así requerirlo, a la justicia provincial del trabajo una vez reunidos los recaudos de admisibilidad de la acción.
Sostiene que tampoco pudo válidamente el a quo sustentar su pronunciamiento en la jurisprudencia de la Corte federal proveniente de la causa "Castillo", ni de la doctrina de esta Suprema Corte establecida en partir del fallo "Quiroga", pues en tales antecedentes se descalificó constitucionalmente al art. 46 de la ley 24.557 en cuanto declaraba competente a la justicia federal para entender en los recursos dirigidos contra las resoluciones emitidas por las comisiones médicas, situación muy diferente a la que se verifica en el régimen que establecen las leyes 27.348 y 14.997, que claramente atribuyen jurisdicción a la justicia ordinaria del fuero laboral provincial.
En el epílogo de la crítica, la recurrente formula algunas consideraciones sobre las diferencias que se verifican entre los regímenes especiales de las leyes 24.557 y 27.348. Invoca, asimismo, que con la definición de grado se compromete el interés público al encontrarse interesados todos los trabajadores que se desempeñan en el ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, constituyendo una cuestión de gravedad institucional.
Finalmente, peticiona se establezca una doctrina legal conforme lo prescribe el art. 31 bis, último párrafo, de la ley 5.827 y sus modificatorias, y se revoque la resolución de grado en lo que ha sido materia de agravio.
III. El recurso prospera.
III.1. El tribunal de trabajo interviniente declaró in limine litis que el bloque normativo conformado por el Título I de la ley nacional 27.348 (LCRT) -complementaria de la ley 24.557 (LRT)- y la ley provincial 14.997 es inconstitucional (conf. arts. 5, 75 inc. 12, 121 y 122, Const. nac.; 1, 15, 39 y 57, Const. prov.; v. fs. 41/47 vta.).
Por la primera de esas leyes, con el propósito de sortear las objeciones formuladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Castillo" (CSJN Fallos: 327:3610) al art. 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo -en cuanto atribuía competencia a la justicia federal para intervenir en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales-, se modificó el anterior esquema de revisión y se invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a su Título I. En esa parte, la LCRT establece una vía administrativa previa para el planteo y resolución de los infortunios laborales gobernados por el régimen sustancial de la Ley de Riesgos del Trabajo. A la par del funcionamiento de un servicio de homologación (art. 3, LCRT), se prescribe la intervención de las ya existentes Comisiones Médicas Jurisdiccionales (art. 1, cit.) y de la Comisión Médica Central (art. 2, íd.). Asimismo, se fijan reglas de trámite, la revisión administrativa ante esta última autoridad y la impugnación judicial ante los tribunales locales que correspondieren.
En lo que aquí interesa, según el art. 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo, la mentada adhesión importaría "...la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del presente y en el apartado 1 del artículo 46 de la ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los Estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria...".
III.2. La ley 14.997 hizo precisamente esto último, algo que los jueces de grado estimaron que contenía o expresaba una delegación por parte de la Provincia de sus poderes reservados en materia de legislación y jurisdicción al gobierno nacional, que, a la vez, frustraba en el camino el acceso irrestricto a la justicia al exigir un tránsito obligatorio previo por la instancia administrativa a la que aludí más arriba.
III.3. La recurrente entiende que no se ha producido semejante cosa y, por eso, controvierte la decisión señalada.
III.4. Ínterin entró a regir la ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018), con importantes consecuencias en el sub examine .
IV. Porque no ha habido un traspaso o delegación de poderes constitucionalmente prohibida, el agravio prospera.
IV.1.a. Debe comenzarse por abordar el argumento que hace eje en la aludida delegación del poder legislativo reservado a las provincias.
En realidad, la adhesión a una determinada regulación nacional por parte del legislador provincial no importa de suyo una trasferencia de poder prohibida por el ordenamiento, en el sentido de descargar la atribución normativa misma de la que dicho órgano está investido por la Constitución a otra autoridad o poder para que en adelante pasen a ejercerla (CSJN Fallos: 148:430). A diferencia de ello, da cuenta del uso de un mecanismo varias veces empleado que en sí mismo no luce incompatible con el reparto de competencias propio de la estructura federal del Estado. Obsérvese que el tramo de la legislación nacional puesto en entredicho acuerda a las provincias la posibilidad de decidir adherirse a sus normas (lo que presupone que se estiman apropiadas para realizar el interés general en armonía con otras jurisdicciones del país; conf. Córdoba, ley 10.456; Corrientes, ley 6.429; Chaco, ley 2.856 L; Entre Ríos, ley 10.532; Formosa, ley 1.664; Jujuy, ley 6.056; Mendoza, ley 9.017; Misiones, dec. 177/18; Neuquén, ley 3.141; Río Negro, ley 5.253; Salta, ley 8.086; San Juan, ley 1.709-K; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ley 1.199), de la misma manera que no impide que resuelvan lo contrario. Ambos extremos, no sólo uno de ellos, e inclusive el posible tránsito por el espacio intermedio entre los dos, representan todas formas de legítimo ejercicio del poder autonómico provincial.
El fallo recurrido omite considerar este aspecto del asunto, pasando por alto el hecho de que con la sanción de la ley 14.997 los contenidos del Título I de LCRT se integran al derecho local. Tampoco repara en que a igual resultado se habría arribado si la legislatura hubiese replicado los contenidos de este título por medio de una ley y encomendado luego a la Administración nacional -verbigracia mediante convenio- que sus órganos competentes se hicieran cargo de la gestión de los cometidos previstos en la LCRT.
IV.1.b. No altera lo anterior la circunstancia de que tales contenidos de la normativa a la que se adhiere versen sobre una materia procesal, en principio ajena a las consideradas por el art. 75 inc. 12 de la Constitución federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido el dictado de reglas adjetivas relacionadas con la aplicación del derecho común "...cuando fuesen razonablemente necesarias para el mejor ejercicio de los derechos" que las disposiciones de fondo prescriben (CSJN Fallos: 138:157; 299:45; 328:4223).
Si, con arreglo a esta jurisprudencia, en el contexto de la cláusula de los Códigos, el Congreso, por excepción, podría regular ciertas fases del procedimiento -se insiste: en la medida en que fueran relevantes para el efectivo cumplimiento de los contenidos materiales de la legislación común- no se advierte por qué habría de cuestionarse el bloque normativo que informa el presente caso cuando su vigencia no resulta de la emanación directa de la LRT sino de una expresa determinación legislativa de la Provincia.
IV.2. Tampoco parece constitucionalmente objetable que, a partir de la ley 14.997, sean aplicables en la Provincia los reglamentos que el Poder Ejecutivo nacional o las distintas autoridades de aplicación del régimen de riesgos del trabajo hayan dictado con el fin de precisar o llenar los detalles del Título I de la LCRT, para su mejor ejecución.
Esa clase de normas secundarias, con el conocido límite de la inalterabilidad del espíritu de la ley, especifican ciertos pormenores de los institutos que ésta consagra (Bielsa, Rafael; Derecho Administrativo , 7ma. Edición, Tomo I, Thomson Reuters, Buenos Aires, 2017, pág. 305); así pasan a integrarse en el régimen aplicable (CSJN Fallos: 255:264; 262:468; 312:1484). Ello, claro está, sin perjuicio de la potestad que en casos como el presente mantiene la Legislatura provincial para revisar su compatibilidad con los intereses locales en cualquier tiempo.
IV.3. En suma, asiste la razón a la recurrente cuando denuncia que el tribunal de instancia erró a la hora de concluir, sin más, que mediaba una transferencia de potestad legislativa, vedada por el ordenamiento.
No se ha producido una habilitación genérica o abierta para que otro poder -en el caso el Congreso- legisle en el futuro sobre la materia procedimental en cuestión con eficacia obligatoria para la Provincia. Lo que hubo fue la aceptación de la invitación a adherir a unas reglas específicas de la LCRT, manifestada por medio de un acto expreso y autónomo del legislador provincial. Se incorporó así al ámbito local un esquema normativo dado, vale decir, previamente establecido en su contenido y alcance (Título I, LCRT) , porque la Legislatura lo ha considerado útil o conveniente para atender los conflictos que se suscitan a raíz de accidentes u otros padecimientos en el contexto de las relaciones laborales.
La conformidad instrumentada por la ley 14.997 comprende a dicho prod
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