Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123679
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
CALANDRO HECTOR GABRIEL C/ PROVINCIA ART Y OTRO/A S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL.
La Plata, 1 de junio de 2020.
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia ART S.A. y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por Héctor Gabriel Calandro en su contra (v. fs. 302/310).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor se desempeñó a órdenes de la Municipalidad de Chivilcoy y que estaba cubierto por el seguro contratado con Provincia ART S.A. en el marco de la ley 24.557. Asimismo, en lo que resulta de interés destacar, juzgó que no se daban los presupuestos necesarios para la imputación de responsabilidad contra la aseguradora accionada, en los términos del derecho común (arts. 1.109 y 1.113 del anterior Código Civil), único régimen elegido por el actor para fundar su reclamo.
Consideró además, que no era óbice para arribar a tal conclusión que en la oportunidad del alegato, el accionante hubiera planteado la responsabilidad de la demandada con sustento en el art. 1.074 del Código citado, toda vez que -según entendió- los escritos de demanda y contestación constituían los límites y el marco de la litis a los que debía ceñirse por imperio del principio de congruencia, en tanto, si la aseguradora no alegado ni probado la entrega de elementos de protección lo fue porque el accionante no había fundado su reclamo en ese tipo de responsabilidad.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 329/340), el que fue concedido a fs. 341.
En su presentación denuncia violación de las normas y de la doctrina legal de esta Corte que cita, así como del art. 14 bis de la Constitución nacional y del principio protectorio.
En lo esencial, se agravia que el tribunal no haya aplicado el principio iura novit curia , negando que lo expuesto en el alegato implique una ampliación de la demanda.
En ese sentido, entiende que el a quo interpreta erróneamente el escrito de inicio, donde planteó que lo riesgoso era la tarea y que la responsabilidad de la aseguradora devenía del incumplimiento de los deberes de prevención y seguridad a su cargo.
Por otro lado, alega que habiéndose demostrado que la incapacidad que porta como consecuencia del accidente es mucho mayor a la reconocida por la aseguradora, debió calcular el tribunal la diferencia en las prestaciones, en tanto las percibidas no habían sido las adecuadas.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III.1. De modo liminar, dado que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto (v. rec., fs. 329 vta./331).
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002 y L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007).
III.2. Sentado lo expuesto, deviene inviable el argumento que gira en torno a la violación del principio de congruencia.
Reiteradamente este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción al citado principio, limita su impugnación a la disconformidad con respecto a la interpretación de los términos del escrito de demanda, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 116.966, "García", resol. de 19-XII-2012 y L. 120.184, "Laborda", resol. de 8-II-2017), tal y como sucede en la especie.
Además, también debe descartarse el agravio pues la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado revelan que existe conformidad entre la sentencia dictada y el pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 107.323, "Belotto", sent. de 3-XII-2014 y L. 118.603, "González", resol. de 18-XI-2015).
III.3. Por otro lado, se impone observar que las conclusiones expuestas en el pronunciamiento de grado, claramente vinculadas a cuestiones de hecho y prueba a las que arribó el juzgador de origen en ejercicio de facultades que le son propias, no logran ser descalificadas por el recurrente.
III.3.a. En ese sentido, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por la recurrente (causas L. 105.399, "G., S.B.", sent. de 14-III-2012; L. 121.584, "Ruiz Díaz", resol. de 13-II-2019 y L. 120.234, "Romano", resol. de 17-IV-2019).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010 y L. 115.252, "Díaz", resol. de 12-X-2011).
III.3.b. En el caso, el sentenciante de mérito juzgó que el régimen de responsabilidad elegido para fundar la acción (arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil) requiere, en su versión objetiva, que el hecho dañoso se provoque por el riesgo o vicio de la cosa de propiedad del victimario o que se encuentre bajo su guarda, supuesto que se encontraba ausente en el caso, ya que el vehículo con el que se había generado el daño no era de propiedad ni estaban bajo la guarda de Provincia ART S.A. Asimismo, concluyó que mucho menos podía imputársele a la accionada responsabilidad subjetiva por el hecho ilícito extracontractual, desde que para ello era necesario la acreditación de culpa o dolo del victimario, no revistiendo la aseguradora el carácter de tal. Finalmente puntualizó que tampoco se reclamaron en autos prestaciones de la ley 24.557, siquiera de manera subsidiaria al régimen de responsabilidad del derecho común, por lo que no correspondía analizar si las aquellas, recibidas en el marco de la Ley de Riesgo del Trabajo, lo fueron o no conforme a derecho.
Por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales, el recurrente no logra controvertir de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance-, y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010; L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011 y L. 121.215, "Morales", resol. de 11-IV-2018).
III.4. Tampoco resulta atendible el planteo fincado en una supuesta violación del principio iura novit curia , por cuanto, si bien son los jueces quienes efectúan en definitiva el encuadramiento legal correspondiente -con independencia del derecho que hubieren invocado las partes- el sustrato fáctico debe ser proporcionado con claridad y precisión por el demandante, no pudiendo el tribunal de mérito alterar los hechos o tergiversar la naturaleza de la acción deducida, situación que, de aceptarse, implicaría resignar la garantía del debido proceso, privando a una de las partes ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 98.973, "Pantuso", sent. de 14-VII-2010; L. 112.210, "Lastra", sent. de 24-IV-2013 y L. 117.215, "Cabañas Yambay", resol. de 3-VII-2013).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
ANALIA DI TOMMASO
Secretaria
(conf. Acuerdo 3971)
Registrada bajo el n°334
acc
Fin de la sentencia