Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118581
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.581, "Rodríguez, Alejandro contra Truly Nolen Argentina S.A. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, de Lázzari, Genoud, Kogan, Torres .
El Tribunal del Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, rechazó la demanda instaurada, imponiendo las costas a la parte actora (v. sent., fs. 322/336 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 337/342).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen, en lo que resulta de interés, desestimó la acción promovida por Alejandro Juan Rodríguez contra la firma Truly Nolen Argentina S.A., en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, las contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), la entrega de los certificados previstos en esta última norma con más la aplicación de astreintes, haberes correspondientes al mes de febrero de 2012 y proporcionales de marzo de ese año, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales y horas extraordinarias de labor.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, la violación del principio de congruencia y de los arts. 36, 39 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 52, 55, 80, 242, 243 y 244 de la Ley de Contrato de Trabajo; 499 del Código Civil; 375 y 415 del Código Procesal Civil y Comercial; 6 de la ley 11.544; 14 bis y 99 inc. 2 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 337/342).
II.1. Se desconforma con lo decidido respecto de la extinción del contrato de trabajo pues, pese a reputar no configurado el abandono de tareas por parte del actor, el tribunal de grado juzgó que éste incurrió en una conducta injuriosa que constituyó una justa causa legal de despido en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.1.a. Aduce erróneamente aplicada la doctrina que fluye de las causas L. 44.026, "Olmos Cárdenas" (sent. de 21-VIII-1990); L. 58.965, "Yoma" (sent. de 4-III-1997); L. 84.159, "Álvarez Carrasco" (sent. de 2-III-2005) y L. 94.496, "Borlandelli" (sent. de 12-X-2011), toda vez que en dichos precedentes las notificaciones del despido versaron sobre diversas motivaciones extintivas, entre ellas la estatuida en el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Refiere que la empleadora circunscribió la causal rescisoria a la figura del abandono de trabajo, no correspondiendo por ello apreciar -como lo hizo el juzgador- el eventual incumplimiento del actor en el marco del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la previsión contenida en el art. 243 de dicho régimen lo impide (v. rec., fs. 338 y vta.).
II.1.b. Vinculado con esto último, atribuye al sentenciante la comisión del vicio de absurdo en la valoración del intercambio telegráfico y de los escritos constitutivos del proceso, en el entendimiento de que interpretó de manera forzada la expresión "justa causa legal" vertida por la accionada en la carta documento de fecha 16 de marzo de 2012.
Señala que el despido del actor se sustentó en la figura contemplada en el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, de modo que el a quo vulneró la doctrina que dimana de los precedentes L. 62.286, "Krainer" (sent. de 8-VII-1997) y L. 73.492, "Musso" (sent. de 18-IX-2002) y el art. 243 de dicho plexo normativo, en cuanto consagran la invariabilidad de la causal de despido, determinando que su notificación debe contener la expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato.
Añade que el análisis de la motivación extintiva efectuado en el fallo resulta desacertado dado que la rescisión contractual no pretendió apoyarse sin más en supuestas ausencias o faltas injustificadas por enfermedad del actor, ni en la imposibilidad de ejercer el control médico previsto en el art. 210 de Ley de Contrato de Trabajo, sino en una causal que importa la intención del dependiente de no reintegrarse a sus tareas (art. 244, LCT), extremo que no se verifica si -como acontece en el caso- el dependiente expresa las razones por las cuales considera que le asiste derecho a ausentarse del trabajo. Considera que el juzgador falló extra petita , conculcando el principio de congruencia (v. fs. 338 vta./339 vta.).
II.2. Censura lo decidido en torno de las pretensiones fundadas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Sobre la sanción pecuniaria allí prevista, alega que al reputar incumplido por el actor el plazo determinado en el art. 3 del decreto 146/01, el sentenciante vulneró el art. 80 y la doctrina establecida en la causa L. 92.547, "Juárez" (sent. de 28-V-2010), donde -apunta- se resolvió que la extensión del plazo que dispone dicho decreto se erige como una obstrucción a la intimación del trabajador y determina, ante su inobservancia, la pérdida del derecho a la indemnización que estatuye la norma. Ello, más allá de estimar temporáneo el emplazamiento efectuado por su parte en fecha 20 de marzo de 2012 (v. fs. 13), dado que lo concretó dentro del plazo de treinta días que fija el mencionado decreto.
En ese orden, se agravia por el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de esta última norma, en la inteligencia de que el Poder Ejecutivo ha extralimitado sus facultades, transgrediendo los arts. 14 bis y 99 inc. 2 de la Constitución nacional pues, al imponer una condición para el inicio del plazo fijado en el aludido art. 80 (texto según ley 25.345) ha desvirtuado el espíritu de dicho precepto (v. fs. 341).
De todas formas, considera que en el caso resulta indiferente que el accionante hubiese respetado el plazo en cuestión, ya que el único certificado arrimado a la causa por la demandada fue confeccionado el día 30 de mayo de 2012, es decir, transcurridos ocho días de la fecha en que se le había notificado el traslado de la demanda, lo cual comprueba que si hubiere concurrido a retirarlo a la empresa no se le habría entregado pues no estaba hecho. Entiende abonada esta posición con la doctrina sentada en los precedentes "Juárez" -antes indicado- y L. 116.432, "Bordigoni y Compañía S.R.L." (sent. de 7-V-2014).
Objeta asimismo la definición apontocada en que el instrumento de fs. 67/73 satisfizo los recaudos del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y, como correlato de ello, la decisión de desestimar el pedido de astreintes (conf. art. 666 bis, Cód. Civ.).
En ese sentido, asevera que el sentenciante cometió absurdo e infringió la doctrina trazada por este Tribunal en las causas L. 100.241, "Sánchez" (sent. de 26-X-2010); L. 98.696, "Rolando" (sent. de 4-V-2011) y L. 95.634, "Dos Santos" (sent. de 21-III-2012), atento que la demandada solamente acompañó la certificación de los aportes retenidos, soslayando la entrega de los restantes instrumentos que prevé la norma, entre los que enuncia: el certificado de trabajo simple, la constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social correspondientes al actor y la certificación de servicios prestados de acuerdo a lo dispuesto en el art. 12 inc. "g" de la ley 24.241 (v. fs. 340/341).
II.3. Se agravia por el rechazo de las pretensiones orientadas al cobro del agravante indemnizatorio previsto en el art. 1 de la ley 25.323 y de las horas extras.
Sostiene que el tribunal de grado valoró en forma absurda la prueba producida pues con la confesión ficta de la demandada quedó acreditado, por un lado, que el accionante percibía una remuneración de $4.500 mensuales (posición "g") y, por el otro, que trabajaba de lunes a viernes, de 6 a 18 hs. y los sábados de 6 a 14 hs. (posición "f"), siendo que, además, la experticia contable corroboró la ausencia de planillas horarias.
En ese marco, aduce infringidos los arts. 52 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo; 6 de la ley 11.544; 36 y 39 de la ley 11.653; 415 del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina sentada en el precedente L. 37.436, "Castillo" (sent. de 7-VII-1987) en relación a los efectos de la confesión ficta (v. fs. 341 y vta.).
III. El recurso debe prosperar parcialmente.
III.1. El cuestionamiento al tramo del pronunciamiento que juzgó legítima la rescisión del vínculo laboral dispuesta por la demandada es de recibo.
III.1.a. Apreciando los despachos postales cursados entre las partes, el órgano de grado estimó demostrados los siguientes extremos: (i) En fecha 14 de febrero de 2012 el actor notificó a la demandada que se hallaba en reposo -por padecer lumbalgia- desde el día 6 de febrero de 2012 hasta el 21 de febrero de 2012, puso el certificado médico a su disposición y requirió la comprobación por el médico de la empresa; (ii) La empleadora, por telegrama, rechazó la notificación por considerarla improcedente y extemporánea en tanto el dependiente no había dado aviso de la enfermedad durante el transcurso de la primera jornada de trabajo en la que estuvo impedido de concurrir, informándole la pérdida del derecho a percibir la remuneración (art. 209, LCT) y que ejercería la facultad de control prevista en el art. 210 de dicho régimen.
Observó el a quo que, pese a numerosos intentos de entrega y de haberse cursado al domicilio correcto del trabajador, esa misiva no pudo ser entregada por encontrarse el domicilio cerrado; (iii) Por despacho postal remitido el día 1 de marzo de 2012, de similar contenido a su anterior, el accionante le notificó que debía guardar reposo desde el día 23 de febrero de 2012 hasta el 9 de marzo de 2012; (iv) La empleadora rechazó tal comunicación, haciéndole saber que concurriría a su domicilio el supervisor de la empresa para recoger los certificados médicos, sin perjuicio de realizar el debido control; (v) Mediante el telegrama de fecha 7 de marzo de 2012 el actor negó las visitas indicadas expresando que siempre estuvo en su domicilio y que las inasistencias fueren injustificadas; (vi) Por su parte, el día 10 de ese mes y año, la patronal -en lo pertinente- le notificó que las ausencias desde el 6 de febrero hasta esa fecha carecían de justificación, importando la pérdida del salario; asimismo lo intimó para que en el plazo de cuarenta y ocho horas retomase sus tareas habituales bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo por su exclusiva culpa y proceder al despido con justa causa legal; (vii) A través del telegrama de fecha 13 de marzo de 2012 -recibido por la accionada el día 16- el actor repelió esa misiva, negó tener la voluntad de abandonar el trabajo y que las inasistencias fuesen injustificadas, endilgando a su empleadora la falta de realización del control que prevé el art. 211 de la Ley de Contrato de Trabajo; a la vez le comunicó que retendría tareas en los términos del art. 1.201 del Código Civil hasta que se aclarase su situación laboral; (ix) En la misma fecha, la empresa le recordó que en su anterior carta documento lo había intimado para que retomase tareas habituales y que en caso de incumplimiento en tiempo y forma legal procedería al despido con justa causa legal; (x) Por despacho del día 16 de marzo de 2012, aquélla notificó al actor que se había configurado la causal de abandono de trabajo y haciendo efectivo el apercibimiento efectuado, prescindió de sus servicios con justa causa legal; (xi) El trabajador rechazó la causal de despido, mediante telegrama del día 20 de ese mes y año, intimando el pago de la indemnización respectiva (v. vered., segunda cuestión, fs. 324 vta./326 vta.; sent., fs. 330/331).
Extrajo de dicho intercambio postal que si bien en todo momento el actor negó haber abandonado el trabajo -como igualmente que sus inasistencias fuesen injustificadas y el control por parte de la empleadora en su domicilio-, no concurrió a retomar tareas como se le había requerido sino que las retuvo desde el día 13 de marzo de 2012 (telegrama de fs. 54). Concluyó el sentenciante que aquél había faltado entre los días 6 de febrero y 16 de marzo de 2012, fecha en que la empleadora le notificó la configuración de la causal de abandono de trabajo, agregando simultáneamente -indicó- que por ello prescindían de sus servicios con justa causa legal.
En ese contexto, con soporte en la doctrina delineada por esta Corte en los precedentes L. 44.026, "Olmos Cárdenas" (sent. de 21-VIII-1990); L. 60.918, "Cardinalli" (sent. de 16-XII-1997) y L. 76.799, "Ortiz" (sent. de 16-VII-2003), juzgó no conformado el abandono en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo dado que el actor respondió a la intimación cursada por el principal exponiendo el motivo de su ausencia -el padecimiento de una supuesta enfermedad por la que debía guardar reposo en su domicilio- que, justificada o no, revelaba su intención de no abandonar el trabajo.
Empero, estimó aplicable en la especie la que fluye de las causas L. 58.965, "Yonna" (sent. de 4-III-1997); L. 94.496, "Borlandelli" (sent. de 12-X-2010) y L. 44.026 (ya citada), en cuanto -señaló- este Tribunal sostuvo que el alcance de la precitada doctrina no se agota en el enunciado anterior, pues se integra con la prédica relativa a que, concretado el despido, el incumplimiento alegado debe evaluarse a la luz de lo dispuesto en el art. 242 del mismo cuerpo normativo.
Bajo esa directriz, con sujeción -indicó- al principio de invariabilidad de la causa del despido (conf. art. 243, LCT), abordó el análisis de la rescisión por justa causa legal que la demandada había invocado en la pieza postal enviada el 16 de marzo de 2012, obrante a fs. 59.
A tal fin, ponderó la conducta del actor al momento de la extinción del contrato, estimando que no se había comportado adecuadamente como un buen trabajador desde el día 6 de febrero de 2012, atento que nunca más concurrió a prestar tareas; no justificó sus inasistencias ni avisó el primer día en que supuestamente debía guardar reposo a su empleador, sino que lo hizo casi diez días después; en ningún momento acreditó haber estado enfermo; no recibió una comunicación que le remitiera la patronal a su domicilio; impidió las visitas y control médico por parte de su empleadora pues no se encontraba en su domicilio; en sus telegramas efectuó reclamos improcedentes, tales como la falta de pago de salarios del mes de febrero y de depósito de aportes y contribuciones, los cuales -apreció el juzgador- obstaban a la aplicación del art. 1.201 del Código Civil que pretendía en tanto no se correspondían con las circunstancias fácticas comprobadas. Añadió que, precisamente, la demandada había demostrado que dichos reclamos eran injustificados pues le había pagado los haberes del mes de febrero de ese año y depositado los aportes y contribuciones retenidas en los recibos, ante la AFIP.
Por ello, estimó que el despido obedeció a la exclusiva culpa del dependiente, considerando ajustada a derecho la rescisión que la empleadora le había notificado como "justa causa legal" en los términos de los arts. 242 y 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin derecho a percibir indemnización alguna (v. sent., fs. 330/333 vta.).
III.1.b. Como es sabido, interpretar los telegramas enviados por las partes y los escritos constitutivos del proceso, así como valorar las pruebas producidas, la conducta exteriorizada por aquéllas antes de la rescisión del contrato de trabajo y determinar la forma en que se produjo su extinción, constituyen cuestiones de hecho, privativas de los jueces de grado y excluidas de la casación, salvo cabal demostración de absurdo (causa L. 104.557, "Fernández", sent. de 13-VI-2012).
En el caso, acierta el impugnante al denunciar dicha anomalía en la exégesis realizada por el a quo de la carta documento de fecha 16 de marzo de 2012 que la demandada remitió al actor, la cual, en lo pertinente, dice: "Habiéndose configurado la causal de abandono de trabajo, conforme a los términos de nuestra intimación notificada a Ud. con fecha 13 de marzo de 2012, hacemos efectivo el apercibimiento y en razón ello prescindimos de sus servicios con justa causa legal..." (sic., v. fs. 59).
En efecto, al extraer de dicha misiva que -además del abandono- la empleadora esgrimió una motivación autónoma en tanto expresó que rescindía el contrato por "justa causa legal", el órgano de grado -como bien se indica en el recurso- ha interpretado en forma claramente forzada su texto, pues de su lectura se desprende con nitidez que el despido se fundó únicamente en el abandono de trabajo, postura -además- reiterada al contestar la demanda. Queda evidenciado el absurdo cometido por el sentenciante.
III.1.c. Sentado lo anterior, cabe advertir que el despliegue argumental efectuado por el quejoso se inscribe en el criterio que expuse en los precedentes L. 89.605, "Di Chiara" (sent. de 7-X-2009) y L. 94.496, Borlandelli (sent. de 12-X-2011) actualmente reflejado -en su estructura- en la opinión de esta Corte, por mayoría, plasmada en la causa L. 100.846, "Cabello" (sent. de 18-VI-2014), que si bien no se encontraba vigente al momento del dictado de la sentencia recurrida e incluso a la de la interposición del recurso, no puede ser ignorada (causas L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2001 y L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010).
Por tanto -situándolas bajo las aristas de este litigio- he de reiterar ciertas reflexiones que sobre el tópico efectué al fallar en dichos precedentes, que me convencen acerca de la procedencia de la impugnación.
Es que, definido -a tenor de lo expresado supra - que la demandada circunscribió la causal rescisoria al considerar al reclamante incurso en la figura del abandono de trabajo, no corresponde valorar el eventual incumplimiento en el marco del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la previsión contenida en el art. 243 de dicho ordenamiento lo impide.
Esa apreciación únicamente podría haberse justificado si la decisión rupturista se hubiere fundado en un incumplimiento o inobservancia del trabajador susceptible de encuadrar bajo el ámbito de la mencionada norma.
Empero, en la especie la extinción del vínculo no se sustentó sin más en ausencias o faltas injustificadas del actor -tal como se alega en el recurso-, sino en una causa que supone la intención del operario de no reintegrarse al trabajo (art. 244, cit.), lo cual no se verifica si aquél invoca las razones por las cuales considera que le asiste el derecho de no concurrir a prestar sus tareas.
III.1.d. Respecto de la doctrina delineada por este Corte en las causas L. 44.026, "Olmos Cárdenas" (sent. de 21-VIII-1990) y L. 58.965, "Yonna" (sent. de 4-III-1997); entre otras, en la cual el tribunal de grado basó su decisión, cabe señalar -como lo sostiene el impugnante- que con disímiles contornos fácticos, lo allí resuelto no conduce sin más a valorar la causal de despido conforme al art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo en todos los casos en los que no se configure la hipótesis concreta que, controvertida en el litigio, contempla el art. 244 del mencionado cuerpo normativo.
En el sub lite , lo expuesto por el demandado en el acto de cesantía excluye esa posibilidad.
Como emerge del precedente L. 62.286, citado, si se comprueba que el dependiente desplegó una conducta que impide encuadrar el caso en la específica figura del abandono con la que se pretendió fundar el distracto, estando vedado cualquier otro análisis ajeno a la causal invocada por el principal (art. 243, LCT), la ilegitimidad del despido es manifiesta.
No parece oc
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