Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119864
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.864, "Gallo, Román Carlos contra Línea Expreso Liniers S.A.I. y C. y otro. Enfermedad accidente" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani , Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda interpuesta, imponiendo las costas a las accionadas (v. fs. 472/498).
Se dedujo, por la codemandada Mapfre Argentina ART S.A. (hoy Galeno ART S.A.), recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 554/565 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo declaró la inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 (en su anterior versión), hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Román Carlos Gallo y condenó solidariamente a Línea Expreso Liniers SAIyC y a Mapfre Argentina ART S.A. al pago de la suma de pesos que estableció en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de las dolencias generadas por las tareas prestadas para su empleadora como "conductor de línea" (v. fs. 472/498).
Para así decidir, juzgó probado que el accionante padece cervicobraquialgia postraumática con alteraciones clínicas, radiológicas y electromiográficas leves a moderadas y lumbociatalgia con alteraciones clínicas, radiográficas "y/o" electromiográficas leves a moderadas que lo incapacitan de modo parcial y permanente en un 25% del índice de la total obrera incluyendo los factores de ponderación previstos en la norma especial; que sufre un cuadro de tono severo que invoca una reacción vivencial anormal neurótica con rasgos fóbicos, de grado III que le provoca una minusvalía del 10% causalmente atribuible al trabajo, habiendo informado el perito psiquiatra que ello lo incapacita total y absolutamente para su profesión normal y habitual de chofer de colectivos de pasajeros (v. vered., fs. 474 vta. y 475).
Consideró demostrado que los vehículos que conducía el promotor del pleito generaron "un riesgo en el que pueden ser comprendidos los daños que padece" y que no fue objeto de controversia que la accionada Línea Expreso Liniers SAIyC era dueña o guardiana de aquellos. Concluyó aquí en que el daño que padece el demandante en su salud es una consecuencia del riesgo de las tareas prestadas (v. vered., fs. 475 vta. y 476).
Luego de señalar que la empleadora no acreditó haber tomado las medidas necesarias para preservar la salud psicofísica del trabajador, sostuvo el a quo que tampoco Mapfre Argentina ART S.A. probó haber dado el cumplimiento adecuado de las previsiones contenidas en los art. 4 y 31 de la ley 24.557 y el decreto 170/96 (v. vered., fs. 476 vta. in fine /479).
Respecto a la aseguradora, indicó que no existía ningún elemento idóneo que permita concluir que hubiera adoptado las medidas legalmente previstas para prevenir los riesgos, promovido la prevención o brindado asesoramiento y ofrecido asistencia técnica a la empleadora para determinar -en orden a las tareas del dependiente- "la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato" (arts. 4 apdo. 1 y 31 apdo. 1 inc. "c", ley 24.557 y 18 inc. "a", dec. 170/96). Precisó, que la inobservancia patronal consistente en no haber realizado los exámenes periódicos de salud previstos en las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43/97 y 37/10, también le resultaba imputable. Agregó, que del dictamen pericial técnico surgía que la aseguradora sólo había cumplido parcialmente con las obligaciones a su cargo y que según las concretas consideraciones que efectuó el perito -señaladas por el sentenciante- había desplegado una actividad "errática e inespecífica" (v. vered., fs. 479 in fine y vta.).
En la sentencia, tras definir la responsabilidad civil del empleador (v. sent., fs. 485 vta./486 vta.), se dispuso a analizar aquella atribuida a Mapfre Argentina ART S.A. Con cita de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte, sostuvo que las aseguradoras de riesgos del trabajo podían ser responsabilizadas por su conducta omisiva, ello, en los términos -fundamentalmente- del art. 1.074 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Remitiéndose a lo expuesto en el veredicto, señaló que se hallaba probado el daño en el trabajador y el incumplimiento de la aseguradora con las obligaciones legales que pesan sobre ella; asimismo, su "adecuada relación de causalidad"; expresó a su vez, que más allá de la generalización de los incumplimientos existió uno que constituyó una omisión de tal naturaleza que impidió al damnificado la posibilidad de evitar su perjuicio, pues de haber cumplido la aseguradora con la realización de los exámenes periódicos de salud previstos en las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43/97 y 37/10, se hubiera evitado o morigerado el perjuicio en tanto su patología se habría detectado en forma precoz. Concluyó que la aseguradora resultaba solidariamente responsable con el principal por el pago del monto establecido en concepto de reparación integral, conforme los arts. 502, 902, 904 y 1.074 del Código de Vélez Sarsfield (v. sent., fs. 486 vta. in fine /490).
Posteriormente, el tribunal cuantificó el importe que le correspondería a la víctima en concepto de indemnización con sustento en el régimen común ($2.000.032,32) también la reparación que arroja el sistema especial de reparación de infortunios laborales ($126.330,43 según el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 o de $260.573,88 de juzgarse aplicable la ley 26.773) y concluyó que el régimen tarifado resultaba insuficiente para garantizar la indemnidad del trabajador, lo que lo condujo a declarar la inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 -en su redacción original- de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 490/495).
II. La accionada Galeno ART S.A. (quien se denunció, habría absorbido a Mapfre Argentina ART S.A.) interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita (v. fs. 554/565 vta.)
II.1. Afirma que en el caso no se hallan configurados incumplimientos por parte de la aseguradora en materia de seguridad e higiene causalmente relevantes.
Así, expresa que el a quo no observó que Mapfre Argentina ART S.A. fue la aseguradora del empleador del trabajador sólo durante los últimos dos años y escasos meses de la relación laboral, que en total duró dieciocho años.
Sostiene que, aun haciendo caso omiso de lo anterior, el tribunal de grado relevó a la parte actora de producir la prueba necesaria relativa a la plataforma fáctica en la que sustentó su pretensión, es decir, en relación con la modalidad de tareas cumplidas vinculadas causalmente con el daño padecido.
Dice que aquel no pudo sustentar el pronunciamiento en aquella afirmación que indica que "las tareas generales de un chofer suburbano de colectivos son conocidas por todos y por ende son notorias". Agrega que tampoco las declaraciones testimoniales referidas por el sentenciante aportaron información concreta respecto a la modalidad de las tareas en relación con la "causación" de patologías reclamadas.
Asevera, además, que la pericia técnica dio cuenta que la firma aseguradora asesoró en la confección del relevamiento de agentes de riesgo, realizó recomendaciones de higiene y seguridad, entregó guías de capacitación e informes de siniestralidad y discos compactos con material de capacitación para los trabajadores. Por otro lado, sostiene que el perito luego se expidió sobre una materia ajena a su incumbencia cuando afirmó que la aseguradora había "incumplido en forma parcial con la adopción de medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo".
En definitiva, alega que en la sentencia no existe un solo argumento por el que se analice la existencia de relación causal jurídicamente relevante entre las supuestas omisiones en materia de prevención y los supuestos daños sufridos en la salud del trabajador.
II.2. Por otra parte, objeta lo resuelto por el tribunal de grado en torno a la determinación de la incapacidad psicológica del trabajador.
Señala que según surge del dictamen psiquiátrico, los motivos de la dolencia del actor se relacionan causalmente con los cambios de dueños en la empresa empleadora. Dice que entonces, no fueron las omisiones en materia de seguridad e higiene imputadas a la aseguradora las causantes de la patología que presenta el demandante. A todo evento, menciona que ni siquiera se encuentra acreditado que las compraventas de la empresa hubiesen sido la causa de las patologías del accionante.
Añade que la forma en que se pronuncia la sentencia recurrida, al omitir el tratamiento de la necesaria acreditación del nexo de causalidad adecuado entre la omisión que se le imputa a la aseguradora y la ocurrencia del daño psicológico, no constituye una derivación razonada del derecho vigente ni de las particulares circunstancias del caso, deviniendo absurda.
Concluye este tramo de la crítica argumentando que no se encuentra verificado que el daño psicológico haya adquirido el carácter de cierto, pues el propio tribunal sugirió la realización de una psicoterapia por espacio de diez meses con frecuencia bisemanal, lo que demuestra que la incapacidad no es definitiva, pudiendo el cuadro mejorar e, incluso, revertirse completamente.
II.3. Postula que se ha invertido arbitrariamente la carga de la prueba, ello, pues si bien es admisible que el órgano de grado la aplique en forma dinámica, no es aceptable que lo haga al extremo de eximir al actor de acreditar los presupuestos de atribución de responsabilidad en los que pretende sustentar su pedimento.
II.4. Argumenta que no pudo el a quo imponer la condena a los accionados en forma solidaria, ya que, teniendo las obligaciones de ambos distinta causa jurídica, serían concurrentes.
II.5. Cuestiona el quantum establecido por el juzgador en concepto de reparación integral, ya que a su juicio resulta excesivo e irrazonable y configura un enriquecimiento sin causa (art. 1.071, Cód. Civ. -ley 340-), siendo que, a su vez, el monto fijado no se compadece con los elementos de juicio ponderados en el fallo ni pueden reconocerse los parámetros que llevaron a su determinación.
II.6. Finalmente apela por altos y contrarios a derecho los honorarios regulados y solicita la aplicación de la ley 24.432.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los cuestionamientos, que traídos bajo aquel título en el que se sostiene la inexistencia de incumplimientos por parte de la aseguradora en materia de seguridad e higiene causalmente relevantes, lucen insuficientes.
El interesado no ha denunciado en este tramo de la impugnación que lo resuelto en dicho aspecto en el pronunciamiento resulte -en su caso- fruto del concreto vicio de absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas a los que se refiere, única vía apta -como es sabido- para habilitar la instancia extraordinaria en lo que concierne a este tipo de cuestiones (causas L. 80.710, "Rodríguez", sent. de 7-IX-2005; L. 110.970, "Sánchez", sent. de 27-VI-2012 y L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017).
Lo anterior basta para desestimar la crítica. Reiteradamente ha señalado este Tribunal que establecer la relación de causalidad entre los incumplimientos atribuidos a la aseguradora de riesgos del trabajo y el daño sufrido por el trabajador es una cuestión privativa de los jueces de grado, que sólo puede ser revisada en casación si se demuestra que el razonamiento de los sentenciantes está viciado por el absurdo (causas L. 103.783, "P., J. H.", sent. de 15-VII-2015; L. 111.184, "C., D. L.", sent. de 31-X-2016 y L. 120.021, "Isa", sent. de 12-IX-2018).
III.2. Tampoco han de tener favorable recepción las críticas vinculadas con la incapacidad psicológica del demandante.
III.2.a. Por un lado, la necesidad reflejada en el pronunciamiento de que el actor reciba tratamiento psicológico por el lapso de diez meses (v. fs. 491 vta. y 492) no constituye un argumento apto para desconocer la existencia de un daño "cierto" -en este caso psíquico- que deba ser indemnizado, de suyo, que las hipotéticas consecuencias que esgrime el recurrente como posible resultado de la terapia indicada en modo alguno constituyen un planteo dotado del vigor necesario para evidenciar en el fallo la presencia del extremo vicio -aquí sí denunciado- del absurdo.
III.2.b. Queda por decir que la suerte adversa de la impugnación no varía con el razonamiento del recurrente que indica que surge de la prueba producida que los motivos de la dolencia psicológica del accionante se relacionan causalmente con los cambios de dueños en la empresa empleadora y que siendo ello así esas operaciones de compraventa le son ajenas a la aseguradora.
En rigor, surge del dictamen presentado por el perito psiquiatra y psicólogo (v. fs. 327/331) que, en lo tocante a las condiciones laborales, fueron concretamente las modificaciones "de planes y horarios de procedimientos" las que en el marco de un "escaso capital de recursos psíquicos" de los que ya disponía el trabajador, contribuyeron a incapacitarlo. Entonces, y siendo de toda obviedad que las variaciones en la titularidad del establecimiento laboral resultan en sí extrañas al entramado de deberes de prevención y control que pesan sobre la firma aseguradora, no se evidencia en cambio que lo sean aquellas mutaciones horarias sufridas por el actor (siempre, vinculándolas con su salud) y entonces que se vislumbre acreditada una ruptura lógica en esta arista del pronunciamiento de grado.
Así, las reflexiones que efectúa el impugnante son en verdad la mera expresión de su criterio discrepante, insuficiente para evidenciar el excepcional vicio de absurdo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 118.939, "Alcoba", sent. de 2-XI-2016 y L. 118.645, "Yanuzzio", sent. de 23-V-2017). Ha de recordarse que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar al mentado vicio, pues éste hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017).
III.3. Luce infructuoso el embate atinente a la carga de la prueba.
Si bien el recurrente le endilga al juzgador una errónea distribución de la carga de la prueba, no invoca transgredida la norma pertinente (causas L. 34.505, "Delgado de Plama", sent. de 23-VII-1985; L. 74.940, "Quevedo", sent. de 19-XII-2001 y L. 119.002, "Carabajal", sent. de 25-IV-2018) ni ataca los fundamentos que con principal sustento en la doctrina establecida por este Tribunal en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009) se plasmaron en este aspecto del fallo (v. fs. 477).
III.4. No es de recibo el planteo vinculado con la condena impuesta en forma solidaria.
En su intento de diferenciar las obligaciones concurrentes de las solidarias, en ningún pasaje del agravio se denuncia cuál sería la norma o doctrina legal de esta Corte que eventualmente habría vulnerado el tribunal de la instancia. Tan grave falencia conduce desde su inicio a desestimar la crítica (art. 279, CPCC).
III.5. Tampoco prospera el cuestionamiento dirigido a impugnar la cuantía del resarcimiento reconocido en la sentencia.
III.5.a. Es doctrina de este Tribunal que la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria y no susceptible de revisión en casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo o, en su caso, violación de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 119.580, "Mendieta", sent. de 2-III-2017; L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018 y L. 120.236, "C., D. G.", sent. de 4-IX-2019).
III.5.b. Limitándose a objetar mediante genéricas expresiones que la suma a la que se arribó en la sentencia no se compadece con los elementos de juicio de autos, el quejoso no demuestra la configuración de ninguna de las incorreciones a las que se encontraba sujeto el éxito de la impugnación.
En lo fundamental, no evidencia -como se sugiere en esta parte del recurso- que el tribunal de la instancia no haya brindado los datos necesarios para reconstruir la operación que desplegó al conformar la cuantía indemnizatoria, toda vez que expresamente señaló que para obtener un resultado equitativo correspondía valorar la edad de la víctima, sus ingresos a la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad (total sobreviniente para el desempeño de su profesión habitual) y la cantidad de años restantes de vida útil (setenta y cinco); ello, junto con los gastos necesarios para el tratamiento psicoterapéutico (detallado conforme lo dictaminado en la prueba pericial), lo condujo al resultado que constituyó el monto indemnizatorio en concepto de daño material, al que añadió el representativo del perjuicio moral sufrido (v. sent., fs. 490 vta./492).
En fin, más allá de que pueda o no compartirse, el método del que se valió el a quo fue elaborado a partir de los hechos principales acreditados en la causa y conforme a parámetros aceptados genéricamente por tribunales laborales de distintas jurisdicciones despojados de visos irrazonables o ilógicos.
III.6. Por último, corresponde desestimar el cuestionamiento tocante a la regulación de honorarios.
Dejando a un lado que el agravio carece de toda fundamentación, ha ignorado el impugnante que en materia de honorarios la irrecurribilidad es la regla , salvo excepcionalísimos supuestos en donde están en juego determinadas garantías, como el derecho del profesional a la regulación, o en los casos de regulaciones confiscatorias, o cuando la decisión aparece derivada del mero arbitrio del juzgador o se han aplicado normas arancelarias inadecuadas (causas L. 95.512, "Zabala", sent. de 21-XII-2011 y L. 108.500, "Seggiaro", sent. de 19-IX-2012), graves anomalías que ni siquiera han sido invocadas en el recurso.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria en su exposición, a los que sólo he de añadir, en atención a la aislada invocación de la ley 24.432 por el agraviado, que dicha norma ha sido actuada en la sentencia de origen.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha in
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