Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120691
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3.b. de la presente. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.691, "Méndez, Ana Victoria contra Provincia ART S.A. y otros. Accidente de trabajo - acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la acción deducida imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 410/419 vta.).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 435/444 y 452/457), que fueron denegados a fs. 448/449 vta. y 463 y vta. La Suprema Corte concedió el primer recurso interpuesto (v. fs. 524/525 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por Ana Victoria Méndez contra Provincia ART S.A. y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por la que pretendía el cobro de una reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que padeció el día 25 de diciembre 2009 e impuso las costas a la accionante vencida (v. fs. 410/419 vta.). Luego, reguló los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso (v. fs. 421).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación del decreto ley 8.904/77; de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1.627 del Código Civil de Vélez Sarsfield; 1 del decreto ley 2.125/62; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 17 y 18 de la Constitución nacional; y de la doctrina que identifica (v. fs. 435/444).
II.1. Señala que los dictámenes periciales médico y psicológico no tuvieron ninguna injerencia en la resolución de la causa, siendo que el fallo de grado hizo lugar a la defensa de prescripción; cita en apoyo de su postura lo resuelto por este Tribunal en el precedente B. 60.505, "Barbalarga" (sent. de 21-VIII-2013).
II.2. Cuestiona la regulación de los honorarios de los dos peritos que intervinieron en el proceso porque -en su opinión- fue realizada tomando en consideración la exorbitante suma reclamada en la demanda.
Aduce aquí que el tribunal de grado transgredió la doctrina legal que esta Corte estableció en las causas Ac. 49.172, "Guzmán de Altamirano" (sent. de 12-IV-1994); C. 95.112, "Cabuli" (sent. de 17-IX-2008); C. 88.619, "Silva" (sent. de 18-XI-2009) y L. 75.889, "Poma Cerrunda" (sent. de 25-XI-2009).
Explica que, en supuestos como el de autos, para establecer la base regulatoria, el a quo no tenía que ceñirse necesaria y dogmáticamente al capital reclamado, pues -según se desprende de los aludidos precedentes- ello trae aparejado que la finalidad perseguida por el art. 23 del decreto ley 8.904/77 se vuelva en contra del vencedor de la contienda -extremo que acontece cuando se conjuga la situación que otorga el beneficio de litigar sin gastos y la "solidaridad" del art. 58 del mismo cuerpo legal-, lo cual ha sido reputado como irritante. Postula que, en cambio, debe tomarse en consideración el monto que se hubiese reconocido en caso de admitirse la acción.
II.3. Por último, ante una eventual ejecución de los honorarios referidos y con sustento -nuevamente- en el precedente B. 60.505, "Barbalarga" (antes cit.), alega que corresponde al solicitante de la pericia sufragar los gastos que generó la actuación del experto, de acuerdo a lo normado por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, el desinterés manifestado por la parte demandada y lo establecido en el art. 1 del decreto 2.125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración -cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en la Provincia.
Añade que la Asesoría Pericial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, es parte integrante de la estructura del Poder Judicial y que bajo el prisma del art. 862 del Código Civil se configura una situación de confusión al reunirse en una única e idéntica persona la calidad de deudor y de acreedor.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente cabe advertir que, tal como lo reconoce la interesada (v. fs. 435 vta.), en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3867/17), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; e.o.).
III.2. El agravio orientado a evidenciar la alegada "falta de utilidad" de las pericias producidas en el litigio, luce ajeno al acotado ámbito de revisión por el que transita el medio de impugnación en los términos antes delineados, mostrándolo inadmisible.
III.3. Por otro lado, acierta la recurrente cuando denuncia transgredida la doctrina legal que esta Suprema Corte estableció en la causa C. 88.619, "Silva", sentencia de 18-XI-2009 (art. 279, CPCC).
III.3.a. Es cierto que a la luz de lo normado por el art. 23 del decreto ley 8.904/77, aplicable al caso, en principio, en aquellos supuestos en que se ha rechazado la demanda en su integridad, la regulación de honorarios de los profesionales ha de tomar como monto del juicio la suma reclamada al promoverse la acción. Más no lo es menos que -como acertadamente señalara esta Corte en la causa Ac. 67.487, "Enrique", sentencia de 14-II-2001- resultaírrito que al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho que el actor -en tanto trabajador- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria por entonces vigente. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o de cualquier manera extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el caso sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad al pago por los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial puede tener también como obligada a la recurrente.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones, hay que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción, aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquella será en definitiva la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse sobre la base regulatoria adecuada a los fines de determinar los estipendios de los profesionales con arreglo a las peculiaridades del caso (CSJN, 20-IV-1995, in re "Martín, Jorge A. c. Shin Dong Sik", LL, 1995-C-320, con nota de Juan C. Poclava Lafuente, DJ, 1995-2-397), habiendo además señalado que en tal tarea no pueden obviarse los intereses económicos de las partes y los efectos que sobre ellas produce el rechazo de la demanda, accionar que importa un recaudo insoslayable para el juzgador desde que constituye el cimiento para toda regulación (CSJN Fallos: 306:1720; 316:74; voto del doctor Zaffaroni in re "Recursos de hecho deducidos por Valerio R. Pico y Carlos Manuel Jessen en las causas Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales" y R.2015.XXXVIII., "Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales" causa S.C. R.2015, sent. de 7-VI-2005).
En situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria, conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido al actor de prosperar su reclamo (cfr. mis votos en las causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 93.990, "Araujo de Benítez", sent. de 21-XII-2011 y C. 88.619, "Silva" -citada por la recurrente en su impugnación-).
Las razones hasta aquí expuestas abastecen la solución que se propicia para aquellos supuestos en que como en el sub examine se cuestiona la razonabilidad del monto a considerar a los fines regulatorios frente a una demanda íntegramente rechazada. Ello así, sin perjuicio de que en caso de advertirse que la sujeción estricta, lisa y llana de los mínimos legales previstos en los regímenes arancelarios locales, en especial, en procesos de significación patrimonial genuinamente de excepción, también denote una evidente e injustificada desproporción entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de aquellas normas habría de corresponder, pueda acudirse a las facultades previstas en los arts. 1.627 segundo párrafo del Código Civil, texto ordenado ley 24.432; 13 y 15 de la citada ley (CSJN in re "Río Negro, Provincia c. Estado Nacional (DGI) s/ nulidad de acto administrativo", sent. de 11-X-2005, Fallos: 328:3695; íd. Fallos: 324:2586).
Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso (máxime en atención a la doctrina legal citada al respecto por la interesada), cabe destacar que en la ya citada causa Ac. 86.346, esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; 13, ley 24.432; 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.).
III.3.b. A tenor de lo dicho corresponde hacer lugar al recurso en este aspecto y devolver los autos al tribunal de origen para que -con renovada integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiera correspondido a la actora. Cumplido ello, el a quo procederá a regular nuevamente, y sobre esa base, los honorarios de los peritos que motivaron el presente recurso, teniendo especialmente en cuenta el mérito, la naturaleza y la importancia de los trabajos efectivamente cumplidos.
III.4. En lo tocante a la crítica con la que finaliza el recurso, es la propia recurrente la que pone de manifiesto -según su criterio- la falta de agravio o interés actual en el punto, lo que conduce a no ingresar en su análisis. Vinculado con ello, emerge asimismo del cuestionamiento traído que la doctrina que puede extraerse del precedente B. 60.505 (antes cit.) ha sido elaborada bajo presupuestos disímiles a los de autos, en clara referencia a ciertas controversias e impugnaciones que en dichos autos se verificaron durante la ejecución de honorarios de uno de los peritos allí actuantes.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance indicado en el apartado III.3.b. Las costas de esta instancia deben ser soportadas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3.b. de la presente. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2020 19:14:08 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 12/06/2020 19:14:57 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 12/06/2020 19:40:03 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/06/2020 00:26:45 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 17/06/2020 10:53:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia