Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120933
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.933, "Milla, Osmar Alberto contra Experta ART S.A. Accidente in itinere " con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 633/647).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 661/673).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que resulta relevante, el juzgador de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Osmar Alberto Milla y condenó a La Caja ART S.A. -hoy, Experta ART S.A.- al pago de las diferencias dinerarias en concepto de la prestación por incapacidad laboral permanente y parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (según las prescripciones del decreto 472/14 y resol. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387-E/2016), con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 y el índice RIPTE (v. fs. 633/647).
Para así decidir, tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo in itinere que sufrió el día 9 de abril de 2011, el actor padece una incapacidad laboral que lo invalida en un 8% del índice de la total obrera. Asimismo, que por el referido hecho percibió de parte de la aseguradora la suma de $23.802,43, conforme la minusvalía del 3,81% que dictaminara la Comisión Médica Central (v. vered., fs. 633/634).
Seguidamente, con sustento en opiniones doctrinarias y precedentes del mismo tribunal, estableció que, a su entender, la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia si a la fecha del dictado del pronunciamiento de mérito su reparación se hallare incumplida. Descartó así la configuración de un supuesto de aplicación retroactiva de las nuevas leyes.
En ese marco, declaró ex officio la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, por encontrarse "en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3, del anterior Cód. Civ. y 7 del Cod. Civ. y Com.)", ponderando además, que dicha solución resultaba concordante con el "principio de progresividad". Juzgó que esta solución no implicaba el apartamiento de la congruencia, ya que se otorgaba la indemnización tarifada reclamada. Asimismo, explicó que quedaba a resguardo el derecho de defensa de la accionada, toda vez que se trataba de una condena que no rebasaba los límites reparatorios del sistema de riesgos del trabajo (v. sent., fs. 638 vta./642).
Sostuvo entonces que conforme las prescripciones contenidas en la Ley de Riesgos del Trabajo, al dependiente le correspondía percibir la suma de $54.474,89 según la siguiente operación aritmética: IBM ($8.922,12) x 53 (dec. 1.694/09) x 8% x (65/30) 1,44; de acuerdo a lo previsto en los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Sin embargo, aplicando las pautas previstas en el decreto 472/14 que reglamenta la ley 26.773 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387-E/2016, estableció el quantum indemnizatorio en la cifra de $87.275,60. Adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773 ($17.455,12), arribando a un total de $104.730,73 (v. fs. 642 vta.).
Luego, consideró que a dicha suma correspondía aplicarle el índice RIPTE vigente entre la fecha del infortunio (abril de 2011) y el último publicado (noviembre de 2016), dando como resultado el monto total de $492.234,38. Finalmente, dispuso fijar los intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago (v. fs. 642 vta./643).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución provincial; 3 del Código Civil; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 661/673).
En primer lugar, se agravia por cuanto en la sentencia se dispuso la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773 y se declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de dicha normativa.
Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio sufrido por el trabajador acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil y afecta el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional.
Manifiesta que del art. 17 apartado 5 de la citada ley se desprende que su aplicación se proyecta respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 26 de octubre de 2012, esto es, la fecha de entrada en vigor de la normativa. Agrega que el apartado 6 del referido art. 17 resulta complementario de lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto establece que las incapacidades permanentes previstas en la ley 24.557 se ajustarán a la fecha de su entrada en vigencia. Así, afirma que el precepto sólo prescribe el modo de ajuste de las prestaciones a partir de aquel momento. Luego de dicha fecha -prosigue- rige el ajuste periódico semestral previsto en el art. 8 de la misma normativa.
Cuestiona que se declarara de oficio la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, pues -aduce- el actor en ningún momento solicitó la descalificación constitucional de alguna de las normas actuadas en la sentencia. Refiere que el a quo las aplicó "ex post facto", en tanto su vigencia resulta posterior a los hechos constitutivos de la relación jurídica habida entre las partes.
Cuestiona también el modo en que el tribunal de trabajo aplicó el índice de ajuste (RIPTE) por considerar que implica una "múltiple actualización".
Argumenta que el monto de las prestaciones calculadas con arreglo a la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 -que establece el piso prestacional previsto desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017- ya se encuentra ajustado con arreglo al citado índice, conforme lo establecido en el art. 8 del decreto 472/14. Luego -prosigue- resulta absolutamente confiscatoria y arbitraria la decisión del juzgador por la que actualizó nuevamente el piso prestacional a través del RIPTE.
Postula que la decisión de grado genera un enriquecimiento sin causa en favor del actor y lesiona el derecho de propiedad de su parte. Manifiesta que el razonamiento interpretativo realizado por el juzgador, que lo condujo a aplicar en forma retroactiva la normativa supra indicada, afecta seriamente el patrimonio de la aseguradora recurrente. Ello así, toda vez que las alícuotas vigentes a la fecha del siniestro no comprendían el incremento que la sentencia de grado obliga a abonar a partir de la decisión que se cuestiona.
Cita en su apoyo lo resuelto por este Tribunal en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016).
Insiste en señalar que el tribunal aplicó arbitrariamente la normativa actuada en la sentencia por hacerlo retroactivamente y, además, por la forma de cálculo establecida en el fallo, resultando un monto de condena que altera la realidad económico financiera del país y pone en peligro de colapso el sistema de las aseguradoras de riesgos del trabajo.
Agrega a lo expuesto que no sólo lo agravia la aplicación retroactiva de la ley 26.773, sino la improcedente aplicación del pago adicional del 20% previsto en el art. 3 de la mencionada ley, en tanto se trata en el caso de un accidente in itinere . Invoca nuevamente el fallo "Espósito" de la Corte Suprema nacional y jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Por último cuestiona la imposición de costas, alegando que deben recaer exclusivamente en cabeza del actor. Y, en su defecto, solicita que sean fijadas en la proporción de responsabilidad ante el capital de condena, es decir, en la medida de su vencimiento, ya que, de lo contrario, se vulneraría el sentido de justicia.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1. La declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, debe ser revocada, de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) en la que adherí al voto del doctor Soria, y que, en lo pertinente, habré de reproducir.
III.1.a. Cabe liminarmente señalar, que toda vez que el recurso no contiene ninguna crítica idónea en este concreto aspecto, no corresponde indagar -más allá de su acierto o error- si en el caso se hallaban reunidas las condiciones para que el tribunal de grado desplegara oficiosamente el control de constitucionalidad.
III.1.b. Ahora bien, ingresando a su sustancia, la decisión debe ser revocada.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
En el caso, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante de marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. de Vélez Sarfield y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no demuestra una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo así resuelto no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Por último resta señalar que, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
En consecuencia corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.2.a. Luego, corresponde señalar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), esta Corte se expidió estableciendo que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017; e.o.).
III.2.b. A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del infortunio, determinante en el razonamiento del a quo , esto es, el 9 de abril de 2011, la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la interesada en cuanto postula que no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en dicha normativa, el importe de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y ordenó el pago del adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
En consecuencia, siendo que el caso bajo examen cae bajo la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.694/09, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
III.3. En este marco, pierde virtualidad el abordaje de las críticas dirigidas a impugnar el modo en que el a quo hubo de calcular las prestaciones adeudadas al actor con arreglo a las disposiciones de la ley 26.773 -y sus complementarias-, como también, la denuncia en torno a una múltiple actualización del importe de condena. Igual solución se impone en torno al reproche concerniente a la impropia verificación de los presupuestos de aplicación del ya citado art. 3 de la ley 26.773.
III.4. Sin perjuicio de la eventual modificación que pudiera implicar lo anteriormente resuelto en relación a las costas, cabe recordar que su imposición y distribución constituye una típica cuestión de hecho, cuya resolución es facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en casación, salvo absurdo (causas L. 80.398, "Ramírez", sent. de 31-III-2004 y L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013), vicio que no ha sido denunciado por la impugnante en esta parcela del recurso.
III.5. Finalmente, debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("atento al particular modo de concluir [...] se le aditen los intereses a partir del dictado de la presente sentencia..."; v. sent., fs. 643), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha de la sentencia.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de esa norma, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que involucró la aplicación al capital de condena de dicho precepto.
En consecuencia, habida cuenta que los autos deberán volver al tribunal de origen por los motivos expuestos en el punto III.2.b., los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad, (causa L. 117.725, "Giribaldi", sent. de 10-VIII-2016; e.o.).
Sin perjuicio de lo cual resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.6. Finalmente, dadas las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión (v.gr. falta de indicación del lugar y fecha del dictado del veredicto, y omisa intervención del Actuario en incumbencias que le son propias), estimo pertinente, una vez más, exhortar a los jueces integrantes del órgano de grado que deben velar por el cabal cumplimiento de las normas procesales y constitucionales a fin de propender a una eficaz administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó al capital de condena el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
En la instancia de origen deberá procederse conforme lo establecido en el punto III.2.b. segundo párrafo y III.5 tercer párrafo.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Por compartir el liminar análisis que allí efectúa conforme la opinión que brindé en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018) y las restantes consideraciones que se exponen, adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Genoud.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a la propuesta del doctor Genoud, volcada en los puntos III.1.a. y III.1.b. de su voto, de revocar la decisión de grado que decretó la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Una solución diferente sería incompatible tanto con la doctrina de esta Corte (v. causa "Staroni", a la que luego me referiré) como a la que surge de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Espósito", de la que también me ocuparé más adelante).
II. Luego, con las siguientes consideraciones, comparto la opinión del referido colega en cuanto al agravio orientado a rebatir la decisión del tribunal de grado de cuantificar la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III. En lo que respecta a la vigencia temporal de dicho régimen normativo, en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto del colega que inicia el Acuerdo en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.