Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120663
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se hace lugar al de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III del sufragio emitido en primer término respecto de la segunda cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación. Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.663, "Muñoz, Darío Gabriel contra Asociart ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 217/229).
Se interpusieron, por la aseguradora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 256/264 vta. en formato electrónico y 265/272 vta. en formato papel).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 306/307 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Darío Gabriel Muñoz contra Asociart ART S.A. mediante la cual procuraba el pago del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial de reparación de infortunios laborales.
Para así decidir, juzgó probado que el día 3 de mayo de 2013 el actor sufrió un accidente in itinere , mientras se trasladaba desde su lugar de trabajo hacia su domicilio, como así también las consecuencias que derivaron del infortunio, que le provocan una incapacidad laboral permanente parcial que lo invalida en un 27,82% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 218 y vta.).
Asimismo, ponderó que con las declaraciones testimoniales quedó corroborado que la remuneración percibida por el trabajador al momento del infortunio ascendía a la suma de $12.000 (v. vered., fs. 217 y vta.).
En la sentencia, el juzgador de grado condenó a la demandada al pago de las prestaciones dinerarias del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Puesto a determinar el importe indemnizatorio, el a quo lo cuantificó inicialmente en la suma de $286.635 (53 x $12.000 x 1,62 x 27,82%), la cual resultaba ser superior al piso mínimo vigente a la época del infortunio (v. sent., fs. 224 vta.).
Luego, a dicho monto le adicionó el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a la suma de $57.327, arribando a un total de $343.962, al cual le descontó el pago de $22.515 que había percibido el actor de la aseguradora de riesgos del trabajo (v. fs. 224 vta. y 225).
Finalmente, dispuso aplicar intereses al monto de condena, desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago según la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 225/227).
II. La aseguradora demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 265/272 vta.).
En sustento del primero, refiere que el a quo transgredió los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la doctrina legal que identifica (v. rec., fs. 267/269 vta.).
Afirma que el pronunciamiento resulta arbitrario, en tanto el tribunal de trabajo determinó el monto indemnizatorio previsto en el art. 14 de la ley 24.557 a partir de un ingreso base que obtuvo de la valoración de la declaración de un solo testigo, la cual -señala- no coincide con la brindada por el otro deponente, ni con el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ni la pericia contable, ni lo desarrollado en la contestación de la demanda.
Manifiesta que en el caso el sentenciante se apartó de las pruebas producidas, arribando a una conclusión incoherente y contradictoria. Es por ello que -sostiene- el pronunciamiento de grado no configura un acto judicial válido, en tanto carece de un requisito esencial, cual es la debida fundamentación legal.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
III.1. El apelante intenta atacar el fallo en crisis sobre la base de una argumentación totalmente ajena al ámbito del recurso deducido.
Así, las críticas que porta la impugnación, lejos de vincularse con alguno de los presupuestos contemplados en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no pasan de exteriorizar el propósito del recurrente de someter a la revisión de esta Corte el acierto fáctico y jurídico de la decisión atacada, intento al que solo podría accederse -eventualmente- por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
No es ocioso recordar que el carril de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011; L. 108.376, "Salomón", sent. de 31-X-2012; L. 103.160, "Macías", sent. de 2-V-2013 y L. 106.951, "Rodríguez", sent. de 4-IX-2013; e.o.). Por ello, los planteos articulados, referidos a la deficiente valoración de la prueba y a la eventual configuración del vicio de absurdo, no encuadran en los términos del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que constituyen la imputación de errores de juzgamiento cuya revisión tiene -reitero- en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley su resorte procesal específico (causas L. 100.918, "Morán", sent. de 6-VI-2012; L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012 y L. 105.324, "Volpe", sent. de 5-VI-2013; e.o.).
III.2. Resta indicar que tampoco se verifica en la especie la invocada transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, desde que la sentencia se encuentra sustentada en expresas disposiciones legales; sin que corresponda examinar lo atinente al acierto en su fundamentación, tal como lo pretende la impugnante, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 103.844, "Ullman", sent. de 17-VIII-2011 y L. 106.708, "Severino", sent. de 16-VI-2013).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada se opone a la definición del tribunal de origen que adicionó al monto de condena la prestación prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 269 vta./272).
Considera que no se verifican en autos los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación, pues aquél no resulta comprensivo de los accidentes in itinere , como el ocurrido en el caso.
II. El recurso prospera.
II.1.a. Cabe señalar que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
II.1.b. En este contexto, cabe señalar que el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
II.2. En las causas L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018); L. 120.170, "Fleita" (sent. de 29-VIII-2018) y L. 120.205, "Pereyra" (sent. de 11-III-2020), este Tribunal ha establecido -en un criterio semejante al que contiene la impugnación- que en el caso de un accidente in itinere no corresponde la indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773 pues no se verifican los presupuestos a los que esta norma condiciona su aplicación.
Resulta claro, entonces, que lo resuelto por el tribunal de grado en el punto es contrario a la doctrina legal vigente y debe ser modificado.
III. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada en cuanto en ella se condenó a Asociart ART S.A. a pagar la prestación referida en el anterior punto.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Soria en cuanto señala que el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010).
Ante ello, la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, ha de justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
I.2. En este contexto, se observa -tal como fuera anticipado- la improcedencia de la impugnación deducida, toda vez que el único precedente de esta Corte que invoca el recurrente (causa L. 118.805, "Ramírez, Ángel Marcial contra Provincia ART S.A. Accte. In itinere. Recurso de queja", resol. de 10-VI-2015) resulta ineficaz para modificar la decisión atacada, en tanto en él mediaron presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que exhibe este litigio (causas L. 96.273, "Baier", sent. de 5-V-2010; L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012 y L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; e.o.). En efecto, en aquel pronunciamiento citado, esta Suprema Corte no hubo de fijar criterio alguno en torno a la interpretación del art. 3 de la ley 26.773.
Para más, tampoco resultan aptos para respaldar el reproche la mención de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la de otros tribunales de justicia que, sabido es, no constituyen doctrina legal en el sentido al que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013 y L. 114.396, "Navarro", sent. de 25-IX-2013; e.o.).
II. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se hace lugar al de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III del sufragio emitido en primer término respecto de la segunda cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación. Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2020 19:15:02 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 12/06/2020 11:42:03 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 12/06/2020 19:15:41 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 12/06/2020 19:40:49 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/06/2020 00:27:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 17/06/2020 10:54:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia