Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120766
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado, a fin de que obre de conformidad con lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la recepción parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.766, "Ríos, Eduardo Francisco contra Galeno ART S.A. Materia a categorizar" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín -por mayoría- hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la aseguradora de riesgos del trabajo en su condición de vencida (v. fs. 104/112 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 123/134 vta.) el cual, denegado por el a quo (v. fs. 137/138), fue concedido por esta Suprema Corte a fs. 204/205 vta., previa deducción de la queja respectiva (v. fs. 192/195 vta.; art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda que el señor Eduardo Francisco Ríos promovió contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en concepto de diferencia de prestaciones dinerarias, condenando a esta última al pago del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial que juzgó aplicable (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557; ley 26.773; dec. 472/14 y resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16; v. fs. 104/112 vta.).
Decretada la cuestión como de puro derecho, señaló que no fue materia de controversia que el día 6 de mayo de 2010 Ríos sufrió un accidente laboral en relación al cual la Comisión Médica se expidió declarando que padecía una incapacidad del 5% del índice de la total obrera y que la aseguradora de riesgos del trabajo le abonó la suma de $9.355,09. Destacó asimismo que el actor apeló dicho dictamen, estableciéndose en las actuaciones respectivas que el trabajador es portador de una incapacidad del 9% del índice de la total obrera imputable al siniestro indicado.
Con el objeto de justificar su decisión de aplicar al caso el régimen legal previsto en la ley 26.773, declaró la inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5.
Para ello, remitiendo a lo ya expresado por el propio órgano juzgador en causas anteriores y con cita de diversos autores, señaló que los efectos no producidos de las relaciones jurídicas deben quedar regidos siempre por la nueva ley, por lo que no puede considerarse retroactiva ni violatoria del derecho de propiedad la aplicación de una normativa que gobierna los efectos futuros de una situación preexistente. Luego, puntualizó, en tanto la consecuencia no consumada del hecho dañoso es el pago de la indemnización, sólo éste puede quitar virtualidad a la norma que rige al momento de determinar la cuantía de aquélla (v. fs. 105 vta. y 106).
Explicó que dicha solución encuentra respaldo tanto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos "Camusso" y "Gómez de Vélez") donde se resolvió que el criterio para dilucidar la aplicación de la nueva legislación es discriminar según que el deudor haya cumplido o no con la obligación debida, cuanto por la doctrina legal de esta Corte (causa Ac. 50.610, "Quiroga Moss", sent. de 25-II-1997), por imperio de la cual no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata de la ley con el de su aplicación retroactiva (v. fs. 106 y vta.).
Sostuvo que aplicar las sucesivas reformas introducidas a la ley 24.557 a infortunios acaecidos bajo la esfera temporal de la ley anterior, pero que a la actualidad no hayan sido resarcidos íntegramente, no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras de riesgos del trabajo, sino que protege a los trabajadores, que no han visto satisfechos sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas, reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original. Por lo que no cabe castigar a los obreros otorgándoles una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que halla respaldo en el principio de progresividad consagrado en el art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional y los tratados internacionales, máxime cuando dichas aseguradoras cobran sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados, pagando prestaciones desvalorizadas (v. fs. 106 vta. y 107).
Remarcó, entonces, que la nueva ley 26.773 debe aplicarse a las contingencias acaecidas -aun con anterioridad a su entrada en vigencia- que a la fecha del decisorio se encuentren, como ocurre en el caso, incumplidas (v. última fs. cit.).
En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la citada ley 26.773, toda vez que -adujo- esa decisión era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad, sin que se vean afectados los principios de congruencia y debido proceso. Ello, toda vez que la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa, articuló todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica, ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias (v. fs. 107 vta.).
Seguidamente, y toda vez que la solución adoptada resultaba contraria a la doctrina legal que esta Suprema Corte sentara en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), expuso las razones que entendió justificaban su apartamiento (v. fs. 108).
Juzgó que de acuerdo a la fórmula matemática establecida por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, el piso mínimo de cálculo $1.090.945 por 9%, ascendía a $98.185,05, al que le descontó $9.355,09, percibidos por el trabajador y a ese resultado le sumó el 20% adicional ($17.765,99; art. 3, ley 26.773).
Dispuso, además, que a la suma resultante de $106.595,95 debía agregársele el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (mayo de 2010, 381,84) y el último publicado (agosto de 2016, 2.196,53), arribando así a un capital de $612.926,72 (v. fs. 108 vta.).
Finalmente, aplicó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. última fs. cit.).
II. La accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto 7.718/71; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; resolución del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil 7/89 y de doctrina legal que cita (v. fs. 123/134 vta.).
Expone los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona la decisión de origen por aplicar la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16. Resalta que el infortunio laboral padecido por el actor ocurrió el 6 de mayo de 2010 y que la referida resolución se aplica únicamente a los siniestros comprendidos entre el día 1 de septiembre de 2016 y 28 de febrero de 2017 (v. rec., fs. 126).
II.2. Luego, afirma que el art. 3 de la ley 26.773 es constitucional, objetando la aplicación del 20% adicional al monto indemnizatorio toda vez que dicho adicional según su opinión, sólo debe ser aplicado en caso que el trabajador escoja la vía administrativa (v. rec., fs. 126 vta.).
II.3. Se agravia de la aplicación retroactiva de la ley 26.773, en tanto el infortunio ocurrió con anterioridad a la sanción de la referida ley. Plantea que en el presente caso resulta plenamente aplicable la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09.
En este camino, señala que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 establece la entrada en vigor del mencionado texto legal a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, aplicándose a las contingencias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de dicha fecha, es decir, el 26 de octubre de 2012. Manifiesta que, por su lado, el art. 17 apartado 6 complementa el apartado anterior, al establecer el mecanismo de ajuste para las prestaciones por incapacidad permanente que se deban abonar cuando las manifestaciones invalidantes surjan a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma.
Asimismo, resalta que el índice RIPTE únicamente se aplica a las compensaciones de pago único previstas en el art. 11 de la ley 24.557 y a los "pisos" del decreto 1.694/09 que rigieron desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, y no sobre el resultado de "fórmulas" que ya contienen su propia actualización.
Por último, denuncia que el pronunciamiento de grado vulnera la doctrina emergente de los precedentes "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 de esta Suprema Corte de Justicia.
II.4. Postula que el a quo descontó de manera errónea lo abonado por su parte, en tanto debió detraerlo del resultado del importe calculado conforme lo previsto por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo y no del capital actualizado por RIPTE más el adicional del art. 3 de la ley 26.773, importando ello un enriquecimiento sin causa del actor (v. rec., fs. 132 vta. y 133).
II.5. Finalmente, señala que la aplicación de una actualización sobre una suma ya actualizada por el índice RIPTE, a cuyo resultado total se adicionan intereses, importa una multiplicidad de actualizaciones que vulnera garantías constitucionales y su derecho de propiedad, solicitando que se revoque la aplicación del mentado índice (v. rec., fs. 133 vta.).
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. Invirtiendo por cuestiones metodológicas el orden de tratamiento de los agravios propuestos, debe prosperar el agravio por el cual se cuestiona la aplicación al caso del mecanismo de ajuste establecido en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773.
III.1.a. La declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5, de dicho régimen legal debe ser revocada, de conformidad con el criterio que sostuve en la causa L. 119.371, "Bustamante", sentencia de 14-II-2018 -en la que hube de acompañar el voto del doctor Soria- a la cual remito en honor a la brevedad.
III.1.b. Luego, cabe indicar que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773, esta Corte se expidió en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, estableciendo que dicha ley ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue mantenido con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017).
A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio la ley 26.773 no se encontraba vigente, asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe casar la sentencia en cuanto dispuso incrementar con apoyo en su art. 17 apartado 6, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 2 de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387-E72016, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena, debiéndose dejar sin efecto también la condena dispuesta al pago de la indemnización adicional prevista por el art. 3 de dicha ley.
En consecuencia, siendo que el caso bajo examen cae bajo la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.694/09, los autos deberán volver al tribunal de origen para que se practique nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se decide.
III.2. La solución que se propicia en el apartado que precede, torna inoficioso el tratamiento de los planteos vinculados a la aplicación del decreto 472/14 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387-E72016; así como del agravio referido al modo en que el tribunal descontó la suma abonada por la accionada en sede administrativa. Es sabido que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009 y L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011).
III.3. En cuanto al abordaje de la denuncia que formula la recurrente en relación con una presunta múltiple actualización del importe de condena, en virtud de lo precedentemente resuelto, no corresponde ingresar al tratamiento del agravio por el que se objeta la "doble actualización conforme índice RIPTE sumada a la aplicación de la tasa de interés".
Sin embargo, habiéndose revocado lo decidido por el a quo en cuanto aplicó el índice RIPTE previsto en la ley 26.773, y teniendo en consideración que tal modo de resolver fue gravitante en el razonamiento de aquél al expedirse sobre los intereses (v. sent., fs. 108 vta. y 109), dicho tema deberá ser juzgado nuevamente por el tribunal de origen, una vez devueltos los autos, considerando la doctrina de esta Corte que indica que es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de intereses (causas L. 108.784, "Marengo", sent. de 4-XII-2013 y L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y con el alcance indicado en los párrafos que anteceden, revocar la sentencia de grado en cuanto allí se aplicó la ley 26.773 para cuantificar las prestaciones sistémicas.
Conforme la propuesta que aquí se formula, la causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin que practique una nueva liquidación del capital y sus acrecidos teniendo en consideración la doctrina legal vigente en la materia (causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
Costas por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud.
I.1. Respecto de la revocación de la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, lo hago en virtud de las consideraciones que expuse al emitir mi voto en la causa L. 119.371, "Bustamante", sentencia de 14-II-2018, al cual remito por razones de brevedad.
I.2. En relación al fondo del agravio traído, dirigido a controvertir la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773, comparto la solución brindada en tanto se condice con la postura que asumí en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, a la que también envío.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso confirme se resuelve en el apartado IV del voto del doctor Genoud.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Tal como expone el doctor Genoud en su voto, merece favorable recepción del agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
Al respecto, las razones que desplegué al emitir la opinión en la causa L. 119.371, "Bustamante", sentencia de 14-II-2018, análoga en sustancia a la presente y a la que por celeridad remito, me conducen a suscribir la solución que propone el ponente en los puntos III.1.a. y III.1.b. de su sufragio.
I.2. Conforme lo anterior, comparto lo señalado en los puntos III.2. y III.3. de la opinión del citado colega.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con los alcances indicados por el doctor Genoud en el punto IV de su voto.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud.
I.2. En lo atinente a la revocación de la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, lo hago en virtud de las consideraciones que expuse al emitir mi voto en la causa L. 119.371, "Bustamante", sentencia de 14-II-2018, al cual remito por razones de brevedad.
I.3. En relación al fondo del embate traído, dirigido a impugnar la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773, comparto la solución brindada en tanto se condice con la postura que asumí en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, a la que también me remito.
II. Por lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso conforme se expone en el punto IV del voto del doctor Genoud.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado, a fin de que obre de conformidad con lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la recepción parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN
La Plata, a los 17 días del mes de junio de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia