Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120909
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.3., III.4. y III.5. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Finalmente, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del veredicto y la sentencia se ajusten a las exigencias legales; así como en los términos establecidos en el punto III.6. del voto emitido en primer término.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.909, "Tello, Eduardo contra SMG ART S.A. Accidente in itinere " con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 172/184 vta.).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/208 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente in itinere que sufrió el día 26 de julio de 2013, mientras se trasladaba desde su trabajo a su domicilio, Eduardo Francisco Tello padece una incapacidad laboral permanente parcial que lo invalida en un 36,52% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 172/173 vta.).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado condenó a SMG ART S.A. al pago de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387 (26 de agosto de 2016)- con más el índice RIPTE (art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773.
Puesto a determinar el importe indemnizatorio contemplado en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante lo cuantificó inicialmente en la suma de $218.065,02 ($9.013 x 53 x 36,52% x 1,25; v. sent., fs. 180).
Empero, tras declarar aplicable al caso las pautas indemnizatorias previstas en la resolución 387/16, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $398.413,11 ($1.090.945 x 36,52%).
A dicho importe, adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a la suma de $79.682,62; arribando a un total de $478.095,73 (v. sent., últ. fs. cit.).
Luego, consideró que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de julio de 2013 (934,63) y agosto de 2016 (2.196,53) arrojaba un coeficiente de 2,35, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $1.123.524,96 ($478.095,73 x 2,35).
Finalmente, adicionó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 180 y vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 7 del Código Civil y Comercial; 16, 17, 18,28 y 33 de la Constitución nacional; decreto 472/14; resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 y 34/13; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 198/208 vta.).
En concreto, plantea los siguientes agravios:
II.1. Señala que el a quo interpretó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, así como el art. 17 del decreto 472/14, que establecen que el RIPTE se utiliza para actualizar únicamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos del art. 14 de la ley 24.557, pero de ningún modo debe aplicarse -como lo hizo el tribunal de origen- a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados, pues, caso contrario, dicho coeficiente se utilizaría dos veces sobre el mismo monto (v. rec., fs. 200/201 y 203 vta./205 vta.).
Resalta que las reglas en juego no suponen, en modo alguno, un mecanismo de actualización de deudas ni de indexación de las indemnizaciones pendientes de pago, como resultaría de la modalidad empleada por el tribunal.
II.2. Por otro lado, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16. Alega que en tanto el accidente ocurrió el 26 de julio de 2013, corresponde sea aplicada la resolución 34/13, vigente en ese momento.
Sostiene, en lo esencial, que el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales se define por el momento en que se produce el evento dañoso. En ese sentido, denuncia vulnerada la doctrina de este Tribunal sentada en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (v. rec., fs. 201 vta./202 vta.).
II.3. Finalmente, critica la aplicación de intereses sobre el monto por el que prosperó la demanda -a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires-, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal elaborada en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 110.487, "Ojer" y L. 102.210, "Campana" (sents. de 13-XI-2013); entre otras (v. rec., fs. 206 y vta.).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 172/173 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 173 vta.), ni la sentencia (v. fs. 183).
Al respecto, cabe precisar que, en tanto los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Luego, previo a adentrarme en el análisis de los agravios que porta el recurso, habré de señalar, en orden a la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el tribunal de grado, la siguiente aclaración.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.; SCBA causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014).
En virtud de ello, lo cierto es que, en rigor, resultaba innecesario expedirse sobre la constitucionalidad del citado art. 17 apartado 5, en tanto la ley 26.773 se encontraba vigente al momento de producirse el infortunio de autos, lo que lleva a dejar sin efecto su descalificación.
III.3. Sentado lo que antecede, acierta la impugnante en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) esta Corte señaló que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; decreto 472/14).
Sentado ello, asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que no corresponde calcular dicho índice sobre el "piso" que ya se encontraba ajustado, pues tal método no se condice con lo dispuesto en la normativa de aplicación conforme la interpretación que le ha dado la doctrina legal de esta Corte anteriormente citada.
III.4. Luego, corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice publicado semestralmente por la Secretaría de la Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.) en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de ello -y de lo expuesto en el último párrafo del apartado III.2. del presente voto-, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el 26 de julio de 2013, el mismo no cae bajo la órbita de aplicación de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, sino de la resolución 34/13. En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.5. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.5.a. El tribunal de trabajo dispuso que "...atento al particular modo de concluir ... " tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha de la sentencia y hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 180 y vta.).
La impugnante controvierte tal definición, denunciando violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y solicitando la aplicación de la "tasa pasiva" del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 206 y vta.).
III.5.b. Ahora bien, debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("...atento al particular modo de concluir [...] se le aditen los intereses a partir de la presente sentencia...", sent. fs. 180 y vta.), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente al trabajador aplicando el piso mínimo previsto en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 387/16 y -además- "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente y el último publicado (agosto 2016) y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha de la sentencia.
Por lo cual, siendo que -conforme se propuso precedentemente- debe revocarse tanto el método de aplicación del índice RIPTE como así también la utilización de la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación 387/16, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el a quo en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que no se ajusta a la normativa vigente.
III.6. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.1. de este voto, me veo compelido a exhortar a los señores jueces sobre las irregularidades que se advierten en el dictado del veredicto y sentencia de la presente causa. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la falta de fecha y lugar en el veredicto, y la omisión del Actuario de rubricar el veredicto y la sentencia, se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
A ello debe sumarse el evidente desapego de los jueces de grado a la doctrina actualmente vigente, cuyo acatamiento -vale recordar- responde a la necesidad de mantener, conforme una de las facetas de la télesis de la casación, la uniformidad de la jurisprudencia, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que se apartan del criterio sentado por esta Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 "e", CPCC; 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.).
Máxime, cuando -como acontece en el caso- esa falta de sometimiento a las directrices que este superior Tribunal delineó con relación a la vigencia temporal de las sucesivas reformas introducidas a la ley 24.557 por los decretos 1.278/00 y 1.694/09 y la ley 26.773, implicó que tales magistrados arribaran a un resultado indemnizatorio que luce cuantitativamente exorbitante.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y revocar la sentencia impugnada con el alcance indicado en los puntos III.3., III.4. y III.5. de la presente.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, con nueva integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Pettigiani en los puntos III.1., III.2., III.3. y III.4. de su sufragio.
I.2. En lo referido a los intereses aplicados, coincido en sustancia con la solución que contiene el voto inaugural, toda vez que habiéndose revocado lo decidido por el a quo en cuanto justipreció la prestación dineraria empleando de modo erróneo el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, lógicamente -a tenor del fundamento plasmado en esta parcela del pronunciamiento- debe dejarse sin efecto lo juzgado en el punto, correspondiendo señalarle al tribunal de grado que al resolver la cuestión deberá tener presente la doctrina de esta Corte que emana -entre otras- de las causas L. 108.784, "Marengo" (sent. de 4-XII-2013) y L. 117.459, "G., J. L." (sent. de 21-VI-2017).
II. Luego, si bien con la salvedad tocante a la consideración adicional que antecede, adhiero a la solución plasmada en el apartado final del voto inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en los puntos III.1., III.2. y III.6., de su voto.
I.2. A la vez, atento a que el infortunio ocurrió durante la vigencia de la ley 26.773 (26 de julio de 2013), suscribo las consideraciones formuladas en su punto III.3., con sustento en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
I.3. Sentado ello, también debe prosperar la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, en tanto el tribunal ha vulnerado la doctrina citada por el recurrente.
Al respecto, coincido con lo manifestado por el colega ponente en el apartado III.4., de su voto.
I.4. Respecto de la impugnación referida a la aplicación de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena, habré de realizar las siguientes consideraciones.
I.4.a. Inicialmente, considero necesario subrayar que la doctrina de esta Suprema Corte (sostenida en pronunciamientos como el de las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011) ha sido usar la tasa pura siempre y cuando el monto de la condena hubiera sido reajustado por el juzgador, aplicando para ello alguno de los índices de actualización publicado por organismos especializados. En estos casos, a fin de evitar el doble cómputo de la depreciación, los intereses se establecían por dicho período a la tasa del 6% anual.
Sin embargo, en el presente caso el importe indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, alcanza la suma de $218.065,02 ($9.013 x 53 x 36,52% x 1,25; v. sent., fs. 180), superando el piso de $152.267,58 ($416.943 x 36,52%), al que se llega aplicando la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13, vigente al momento del accidente. En la especie, entonces, no corresponde ninguna forma de ajuste o actualización y, consecuentemente, no resulta aplicable aquella solución.
I.4.b. En dicho contexto, adhiero a lo manifestado en el punto III.5. del voto que abre el acuerdo.
II. Por lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del sufragio inaugural.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la solución propuesta por el doctor Pettigiani a tenor de los fundamentos dados en las causas L. 120.808, "Juárez" (sent. de 6-V-2020) y L. 120.354, "Lazo" (sent. de 13-V-2020); entre otras.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.3., III.4. y III.5. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Finalmente, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del veredicto y la sentencia se ajusten a las exigencias legales; así como en los términos establecidos en el punto III.6. del voto emitido en primer término.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2020 19:16:58 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 12/06/2020 11:43:07 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 12/06/2020 19:19:24 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 12/06/2020 19:43:33 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/06/2020 00:32:35 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 16/06/2020 19:08:40 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 17/06/2020 10:56:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia