Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121173
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.173, "A. vda. de Á., M. T. y otros contra Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad accidente y accidente de trabajo" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud .
A N T E C E D EN T E S
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 286/296 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 314/321 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por M. T. A. -por sí y en representación de sus hijos, S. E. y L. I. Á.- contra el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía, con fundamento en las disposiciones de la ley 9.688, la reparación de los daños derivados del fallecimiento de E. F. Á. (esposo y padre de aquéllos) acaecido el día 14 de mayo de 1989 como consecuencia de las tareas prestada para la demandada.
Por mayoría, dispuso que al capital de condena ($57.360,49) "deberán adicionarse intereses a la tasa del 6% anual desde el 1 de junio de 1989 hasta el 31-3-1991; a partir del 1° de abril de 1991 y hasta el 18 de agosto de 2008, se adicionaran intereses moratorios liquidados con arreglo a la tasa pasiva plazo fijo a treinta días en pesos que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires y a partir del 19 de agosto de 2008 hasta el momento del efectivo pago, aún con posterioridad al 31 de julio de 2015, a la tasa pasiva plazo fijo digital a treinta días que pague dicha institución, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa" (fs. 294 y vta. y 295 vta.).
II. La Fiscalía de Estado interpuso contra tal resolución recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando absurdo y la violación tanto de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional como de la doctrina legal que identifica.
Señala que la obligación reconocida en la sentencia, al ser de fecha anterior al 1 de abril de 1991, resulta alcanzada por el régimen de consolidación establecido en ley 11.192 que se encuentra vigente.
Explica que, a partir de la fecha de corte señalada y de acuerdo a lo dispuesto por su art. 6, el tribunal debió aplicar al capital de condena la tasa de interés promedio de la caja de ahorro común que publica el Banco Central de la República Argentina.
En ese sentido, aduce que el juzgador transgredió la doctrina que esta Suprema Corte estableció en el precedente C. 95.599, "Paskvan" (sent. de 22-IX-2010), en el que se declaró que "la ley 11.192 no ha perdido vigencia en todas sus partes sino en aquellas cuyo plazo de ejecución se halle vencido, mientras que la mantiene, por ejemplo, respecto de la tasa de interés en tanto existan obligaciones de causa o título anterior al 1 de abril de 1991 (conf. art. 1° ley cit.)" (fs. 317). Destaca que ese criterio fue reiterado en la causa L. 103.787, "Gonzalo" (sent. de 13-V-2015).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. En mérito a ello, el recurso deducido ha sido correctamente concedido.
III.2. Aclarado lo anterior es menester señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia que se verifica entre la suma proveniente del cálculo de los intereses que ordenó liquidar el tribunal y la que indica la interesada en el recurso, y salvando el error en que allí se incurre (v. fs. 316 vta.)- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3867/17), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.3. Desde esa perspectiva cabe la admisión -y anticipo, la declaración de procedencia- de la crítica sub examine .
En primer lugar, no puedo dejar de señalar que el reclamo de los actores tiene su origen en un hecho ocurrido hace alrededor de treinta años. Durante tal período se han vivido en nuestro país avatares económicos que, sin duda, redundarán en una disminución de los valores que pudieren corresponder, como resarcimiento, a los sucesores de la víctima. Pero tampoco tengo dudas de que ello se debe, en buena medida, a la indolencia con la que llevaron a cabo la tramitación del juicio. Cualquier perjuicio económico que puedan sufrir es, entonces, fruto de su propia conducta.
Yendo ahora a lo específico: anticipo que le asiste razón a la agraviada cuando señala que el crédito de la actora se halla incluido dentro del ámbito de aplicación de la ley 11.192. El referido texto normativo, en su art. 1, establece "Consolídense [...] las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1° de Abril de 1991 que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero".
A su vez, en su art. 3 prescribe que "las sentencias judiciales [...] que reconozcan la existencia de las obligaciones alcanzadas por la consolidación dispuesta [...] tendrán carácter meramente declarativo [...], limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda". Según la citada norma, la única vía para su cumplimiento, es la establecida en la presente ley.
En el caso, el accidente de trabajo motivo de autos ocurrió el 14 de mayo de 1989, por lo que, de conformidad con los preceptos mencionados, resulta indudable que el crédito reconocido en la sentencia se encuentra alcanzado por el régimen de consolidación allí establecido.
Esto, sin embargo, merece una inmediata aclaración: de los mecanismos de pago previstos en dicha normativa -a saber, pago efectivo o pago en bonos de consolidación- solo se encuentre vigente el primero, pues con respecto al segundo ha vencido el plazo por el cual los bonos respectivos fueron emitidos (art. 12, ley 11.192). De modo tal que el capital deberá ser saldado en efectivo en su totalidad.
Respecto de los intereses (que es la materia específica del recurso) la misma ley 11.192 establece (art. 6) que "A partir de la consolidación de pleno derecho operada de conformidad a lo dispuesto en la presente ley, las obligaciones consolidadas, devengaran solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la Caja de Ahorro Común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente".
Siendo esto así, acierta la interesada cuando denuncia que el órgano judicial de grado transgredió la doctrina legal que cita, establecida en la causa C. 95.599, "Paskvan" (sent. de 22-IX-2010), reiterada en L. 103.787, "Gonzalo" (sent. de 13-V-2015; invocada en el recurso), cuando se señaló expresamente que, tratándose de una deuda consolidada por la ley 11.192, correspondía aplicar la tasa de interés establecida en su art. 6 (interés a la tasa promedio de la caja de ahorro común del Banco Central, capitalizable mensualmente), la que se considera suficientemente apropiada y de aplicación a casos como el de autos.
IV. Por lo expuesto propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, declarando aplicable al caso el régimen de consolidación previsto en la ley 11.192 y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que mandó calcular los intereses adeudados, los que deberán liquidarse -a partir de la fecha de corte- con arreglo a lo dispuesto en su art. 6.
Vuelvan los autos al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en el segundo párrafo del apartado III.3., habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor de Lázzari.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
Con excepción de lo indicado en el segundo párrafo del apartado III.3., adhiero al voto del doctor de Lázzari en la medida que, como lo indica mi colega, se verifica en autos la transgresión de la doctrina legal emanada del precedente L. 103.787, "Gonzalo" (sent. de 13-V-2015; v. rec., fs. 317 y 320), a cuyas consideraciones -y con el alcance con el que hube de votar en aquella oportunidad- remito por razones de brevedad.
II. Por lo indicado, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido, conforme se resuelve en el punto IV del voto inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero -por los fundamentos allí expuestos- al voto que abre el acuerdo con excepción de lo expuesto en el segundo párrafo del apartado III.3.
Con el alcance indicado, así lo voto.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2020 19:10:02 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 12/06/2020 11:40:14 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 12/06/2020 19:12:38 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 12/06/2020 19:34:55 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 17/06/2020 10:47:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia