Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119390
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.390, "López, Sebastián Eduardo contra Provincia ART S.A. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 201/214 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 225/240).
Conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 276), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Sebastián Eduardo López y condenó a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, reajustada por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto por la ley 26.773.
Para así decidir, tras valorar el material probatorio aportado al proceso, el sentenciante declaró demostrado que el actor, como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó el día 2 de mayo de 2012, padece diferentes afecciones (cervicobraquialgia y lumbalgia) que le generan una incapacidad parcial y permanente del 18,9% del índice de la total obrera (v. fs. 202 vta.).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir al trabajador, de acuerdo a las pautas indicadas en la norma legal citada, declaró aplicable al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 6/15 y los arts. 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773. En ese orden, multiplicó el importe de $713.476 por el porcentaje de incapacidad acreditado, sumó al valor resultante una indemnización adicional equivalente al 20% y, a su vez, lo ajustó conforme al índice RIPTE. Arribó así al monto total de $325.250 (v. fs. 212 vta.).
Al fundar esa decisión, recordó que la problemática en torno a la aplicación inmediata de una nueva ley a los daños que no han sido resarcidos ya se había planteado con los decretos 1.278/00 y 1.694/09. En ese sentido, señaló que la aplicación de las mejoras introducidas por este último dispositivo a aquellos "...infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de vigencia de la norma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 y 17 de la CN), sino que protege a los trabajadores que no han visto cancelados sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (art. 75 inc. 22 y 23 CN y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22)..." (fs. 211).
Desde esa perspectiva, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 -por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y 3 del Código Civil- y, en consecuencia, la aplicación de dicho cuerpo legal "...en cuanto a los montos instituidos a las contingencias acaecidas -aun con anterioridad- que a la fecha del decisorio lógicamente se encontraban incumplidas" (fs. 211 vta.).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde la fecha indicada hasta la de su efectivo pago, devengue intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3, 21, 508, 509, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 14 apartado 2 y 47 apartado 1 de la ley 24.557; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 8 y 17 apartado 5 de la ley 26.773; 16 del decreto 1.694/09; 2 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, sostiene que el tribunal de grado, al declarar la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 sin que lo haya peticionado el actor, vulneró el principio de congruencia y los derechos de defensa y propiedad de la demandada (v. fs. 227). Añade que, asimismo, transgredió el art. 3 del Código Civil, en cuanto consagra el principio de irretroactividad y la aplicación inmediata de la nueva ley, que rige para los hechos que están en curso de desarrollo al tiempo de su sanción, y no para las consecuencias de los hechos pasados que quedan sujetos a la ley anterior (v. fs. 228).
Afirma que ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que el principio de no retroactividad se confunde en tal caso con la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad (v. fs. 230).
Alega que el principio de progresividad -invocado en el fallo- "...en absoluto significa que las normas dictadas [...] deban tener efectos retroactivos sobre consecuencias, contingencias o situaciones vigentes en una norma anterior, más allá de si existió, existe o se plasma una mejora económica, porque la seguridad jurídica debe respetar los derechos adquiridos bajo las normas vigentes en que aconteció" (fs. 230 vta.).
Aduce que el precepto en cuestión, al establecer el momento de la primera manifestación invalidante de la contingencia como factor decisivo para determinar la norma que rige al caso, guarda estricta concordancia con la Ley de Riesgos del Trabajo y los precedentes de esta Corte que cita (v. fs. 231 y vta.).
II.2. A su vez, indica que, aun cuando se aceptara la aplicación retroactiva de la ley 26.773, el tribunal de grado interpretó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 porque utilizó el índice RIPTE "...sobre el mínimo determinado según la resolución 06/15 más el 20% del art. 3" (fs. 231 vta. y 232).
Agrega que la interpretación del sentenciante es arbitraria e implica una doble actualización, primero sobre el piso indemnizatorio -del art. 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo y los decretos 1.278/00 y 1.694/09- y luego sobre el resultado ya ajustado (v. fs. 234).
II.3. Por otro lado, expresa que el juzgador omitió considerar y descontar el pago de la prestación dineraria por incapacidad de $56.140,90 (v. fs. 234). Expone que dicha circunstancia "fue perfectamente acreditada mediante la pericia contable" y, sin embargo, el juzgador decidió apartarse de las conclusiones establecidas por el experto sin pedirle alguna aclaración o ampliación que permita alcanzar la verdad objetiva (v. fs. 235).
Destaca que el informe pericial ha sido realizado sobre los libros de una compañía permanentemente auditada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de modo que sus constancias resultan absolutamente veraces (v. fs. 235 vta.).
Concluye que la sentencia, al obligar a la demandada a abonar "dos veces lo mismo", afecta gravemente su derecho de propiedad y genera un enriquecimiento sin causa del accionante (v. fs. cit.).
II.4. Finalmente, cuestiona la tasa de interés pasiva (BIP) que ordenó aplicar el a quo al capital de condena.
Denuncia que, al utilizar esa alícuota, el sentenciante se apartó del criterio que esta Corte estableció en el precedente C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009), entre otros que identifica (v. fs. 236/238), y ratificó luego en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), declarando, además, la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399.
II.5. Asimismo, objeta que el punto de partida del cómputo de los intereses sea el del accidente porque -en su opinión-, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 2 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99, los accesorios deben imponerse "...desde la fecha en que adquiera firmeza la resolución de la comisión médica" (fs. 238 vta./240).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, dable es advertir que el veredicto carece de fecha y de la indicación del departamento judicial en que se asienta el tribunal (incumpliendo así las prescripciones contenidas en el primer párr. del art. 47, ley 11.653). Tampoco se ha incluido la firma del actuario (v. fs. 203 vta. y 204).
Ahora bien, aun cuando la ausencia de la firma del secretario en el veredicto -omisión que se reitera en la sentencia (v. fs. 213 vta./214 vta.)- así como los restantes defectos apuntados, constituyen falencias de forma (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no conducen por si solas a la anulación del pronunciamiento.
III.2. En primer lugar, es menester señalar que no le asiste razón a la interesada cuando afirma que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia porque declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, sin que lo haya peticionado la parte actora.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que el ejercicio de la atribución que emana del art. 31 de la Constitución nacional, en el marco del control judicial difuso adoptado por nuestro país, por constituir una cuestión de derecho y no de hecho, faculta a todos los magistrados del territorio a ejercerlo aun de oficio, sin que se produzca un quiebre en la igualdad entre las partes que debe ser garantizada en el proceso, ni afecte la garantía de la defensa en juicio, las que no pueden ser argumentadas frente al derecho aplicable para resolver la contienda (causas L. 100.688, "Fernández", sent. de 11-XI-2009 y L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011).
En ese sentido, me he explayado en torno a la facultad de los jueces para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, al votar en las causas L. 86.269, "Gómez" (sent. de 14-IX-2004) y L. 83.781, "Zaniratto" (sent. de 22-XII-2004), a cuyas consideraciones, en honor a la brevedad, me remito.
III.3. Aclarada la aptitud del tribunal de trabajo para ejercer el control oficioso de constitucionalidad, e ingresando al fondo del agravio sub examine , juzgo procedente la crítica destinada a censurar la aplicación retroactiva de la ley 26.773.
III.3.a. En primer lugar, las razones que hube de esgrimir al emitir mi opinión en la causa L. 119.370, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a las que me remito por razones de celeridad, me conducen a dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.3.b. Seguidamente, corresponde abordar el fondo del agravio traído.
En autos, se estableció que el señor López tuvo un accidente de trabajo el día 2 de mayo de 2012 (v. fs. 201 vta. y 206 vta.).
En tales condiciones -atento a las circunstancias concretas del caso- es dable concluir que la primera manifestación invalidante de las contingencias sufridas por el actor se produjo en dicha oportunidad.
Al respecto, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, entiendo que le asiste razón a la recurrente.
La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
De ello se colige que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado -como regla general- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009): la nueva regulación solo rige para los siniestros ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma legal.
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes Nº 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial", precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O. de 17-IV-2001) que "Las modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 1° de marzo de 2001".
En la misma línea, el art. 16 del decreto 1.694/09 determina "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
III.3.c. En tanto, a partir de lo mencionado, es indudable que, en lo que respecta al tópico aquí debatido, la reforma operada al sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Por ende, deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal -en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla, tema sobre el que me explayaré más adelante- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (los citados decs. 1.278/00 y 1.694/09).
En ese sentido, este Tribunal ha descartado la aplicación de las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1.278/00 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.119, "F., C. V.", sent. de 4-XI-2009; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013).
Del mismo modo, declarando expresamente aplicable -precisamente, por la similitud de los respectivos contextos normativos (arts. 19, dec. 1.278/00; 8, dec. 410/01 y 16, dec. 1.694/09)- la doctrina legal citada en el párrafo anterior, también ha resuelto esta Corte que las modificaciones introducidas a la ley 24.557 por el decreto 1.694/09 no resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiere ocurrido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicho decreto (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014; L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015; L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2017 y L. 117.431, "Corvalán", sent. de 29-VIII-2017).
Luego, siendo que -como lo anticipé- el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 establece una regla general similar a las contenidas en las anteriores normas que modificaron el régimen de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, resulta en principio aplicable a dicho cuerpo legal la doctrina legal que descarta la aplicación de las reformas introducidas por la nueva legislación a los siniestros laborales acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia.
III.3.d. Definido lo anterior, resta ahora analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando por tanto aplicable incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
III.3.d.i. El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo de ajuste o actualización monetaria al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
III.3.d.ii. Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido texto normativo, no establece una excepción a la regla general establecida en su art. 17 apartado 5.
III.3.d.iii. Ello así, en primer lugar, porque esa supuesta excepción a la regla general contemplada en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (por la que se dispone que las modificaciones introducidas al régimen de prestaciones solo se aplican a las contingencias futuras) no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Ese dato (que surge de la simple lectura de la norma) puede ser corroborado si se repara en la circunstancia de que, cuando la nueva normativa quiso excepcionar aquella regla general, lo hizo de manera expresa y categórica. Así, al disponer en el art. 17 apartado 7 que "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición" (el destacado me pertenece), la ley 26.773 ha excepcionado expresamente -solo para el caso de las prestaciones por gran invalidez, hipótesis ajena al caso de autos- la regla general relativa a que las mejoras prestacionales y los mecanismos de actualización contemplados en la nueva legislación solo se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades gravísimas) la aplicación inme
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.