Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121101
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.101, "Marfil, Néstor Luis contra Provincia ART S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó íntegramente la acción deducida, con costas (v. fs. 340/350 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 367/376).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por el señor Néstor Luis Marfil contra Provincia ART S.A. y el Ente Administrador Astilleros Rio Santiago S.A. (Fisco de la Provincia de Buenos Aires), en cuanto pretendía el cobro de una indemnización integral -con sustento en las normas del derecho común- y de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, por la disminución de su capacidad laboral derivada de las afecciones que alegó padecer como consecuencia de las tareas prestadas bajo relación de dependencia de este último.
Para así decidir, tras valorar los informes periciales y las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa, juzgó que en el caso no logró acreditarse que las afecciones físicas del actor (hernias de disco, hipoacusia y hemorroides) tuviesen vinculación o nexo causal con la actividad que realizaba -tornero en el sector "Refrigeración" del Astillero- ni con ninguna contingencia derivada del trabajo. Tampoco se probó -prosiguió- la culpa del empleador en la producción del daño o la omisión en la adopción de medidas de seguridad denunciada (v. sent., fs. 348 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento el accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 512, 622, 1.109, 1.113 del Código Civil; 75 de la Ley de Contrato de Trabajo; 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 44 inc. "d", 47, 63 de la ley 11.653; 1, 2, 6, 8, 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo; 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, se agravia del rechazo de la acción por la que se procuraba el cobro de las prestaciones provenientes del régimen asistencial de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Señala que el contenido de los informes periciales -médico y técnico- y las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa, evidencian que la relación causal entre las patologías que padece y las tareas que desempeñó durante un período prolongado -superior a tres años- "no solo es clara sino también natural" (fs. 371/372).
Afirma que dichas labores le demandaron grandes esfuerzos que fueron perjudiciales para su salud (v. fs. cit.).
Sobre esa premisa considera verificados los presupuestos necesarios para admitir la procedencia de las prestaciones dinerarias reclamadas. Ello, en tanto entiende que -con arreglo a lo dispuesto en la ley 24.557 y el decreto 49/14- la prueba de que las tareas que desempeñaba eran aptas para producir el daño resultaba suficiente (a tenor de los términos de la pericia técnica) para la condena (v. fs. 772 vta.).
II.2. Por otro lado, indica que las conclusiones que estableció el tribunal de grado para rechazar la acción indemnizatoria fundada en las normas del derecho común -atributivas de responsabilidad subjetiva y objetiva- resultan dogmáticas y absurdas (v. fs. 373).
En ese sentido, aduce que los elementos de prueba referidos corroboraron también la conducta negligente imputada al empleador -es decir, el incumplimiento de sus obligaciones en materia de higiene y seguridad (como la falta de entrega de faja lumbar), y la ausencia de controles médicos periódicos- así como el carácter riesgoso de su actividad laboral (v. fs. 373/374).
A partir de esto último postula que la "actividad" sea incluida en las previsiones de la norma del art. 1.113 del Código Civil (ley 340), conforme a las directrices establecidas en el precedente L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004; v. fs. 374 vta.).
II.3. Por último, peticiona la aplicación al caso de las previsiones de la ley 26.773 (v. fs. 375 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que interesa, con apoyo en el informe pericial médico, el tribunal de grado juzgó acreditado que el actor padece hernias de disco lumbares que le generan una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 15% del índice de la total obrera que, sumando los factores de ponderación, asciende al 19,75% (v. vered., fs. 341 y vta.). Destacó en este punto que el galeno informó que "la discopatía es una enfermedad cuya etiopatogenia está relacionada a traumatismos; que las protrusiones discales lumbares suelen deberse a esfuerzos musculares violentos, levantar objetos pesados, caída sobre nalgas etc...", por lo que -prosiguió- si se demostrase que las tareas realizadas por el accionante reúnen las características señaladas, habría nexo causal con las secuelas referidas (v. fs. cit.).
Respecto de las restantes dolencias denunciadas en demanda, afirmó que "la hipoacusia bilateral perceptiva lo es por presbiacusia"; que no sufre de várices invalidantes "ni se precian trastornos tróficos"; que "las rodillas son móviles e indoloras" y que "las hemorroides son debidas a la constipación". Así no se constató -afirmó- que alguna de estas patologías esté relacionada con el trabajo (v. fs. cit.).
Seguidamente, analizó las declaraciones brindadas por los testigos Risciolesi y Maciel en relación a las tareas que prestaba el demandante y concluyó que a partir de ellas no pudo acreditarse que tuviere que realizar esfuerzos musculares violentos, levantar objetos pesados y ejercicios físicos reiterados en bipedestación prolongada; presupuestos a los que el perito médico supeditó la atribución al trabajo de la patología columnaria que presenta (v. fs. 342 vta.).
Consideró -asimismo- que las explicaciones dadas en la pericia técnica por el ingeniero resultaron insuficientes para demostrar que las dolencias del actor pudieran atribuirse al trabajo pues, si bien el informe describió las posturas que dice haber adoptado un operario afectado al área de refrigeración en el establecimiento, no se demostró en autos -insistió- la habitualidad en la realización de esos movimientos por parte del trabajador, que los mismos fueran repetitivos y, sobretodo, el sobreesfuerzo que ello le generaba (v. vered., fs. 343).
Por último, declaró que el reclamante tampoco aportó elemento probatorio alguno para acreditar la culpa de la demandada en la producción del daño, o cuales fueron las medidas que omitió adoptar, desde que -aseguró- sobre el punto los testigos fueron contradictorios (v. fs. cit.).
Sobre estas conclusiones, el juzgador declaró que en el caso no se evidenció la relación causal entre la actividad laboral desarrollada por Marfil y la dolencia incapacitante que padece y, en ese orden, desestimó la pretensión de cobro de la reparación integral -fundada en las normas del derecho civil- y de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 (v. sent., fs. 348 y vta.).
III.2. Si bien el recurrente estructura su impugnación por conducto de una crítica parcialmente diferenciada respecto del rechazo, de un lado, de la pretensión fundada en el régimen asistencial especial (v. fs. 371/372 vta.) y, del otro, del reclamo sustentado en el derecho a una reparación integral por aplicación de las normas del derecho común (v. fs. 372 vta./375); en rigor su despliegue argumental se propone objetar la conclusión de grado por la que se declaró no acreditada la existencia de nexo de causalidad entre la afección columnaria que padece el actor y las tareas que alegó haber prestado en las condiciones descriptas.
Dicha motivación, esencial y común para la suerte adversa de ambas pretensiones de la instancia de grado, no logra ser enervada en esta sede por el recurso sometido a análisis.
III.2.a. Esta Corte reiteradamente ha declarado que tanto la apreciación del material probatorio, como la determinación de la existencia de nexo causal o concausal entre las tareas desempeñadas por el trabajador y la dolencia que lo afecta, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado, exentas de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que sus conclusiones están invalidadas por absurdo (causas L. 105.287, "Ruiz", sent. de 12-X-2011; L. 117.212, "Rossi", sent. de 1-VII-2015 y L. 105.883, "Ale", sent. de 15-VII-2015).
III.2.b. En el caso, si bien el recurrente denuncia la existencia del mentado vicio lógico, no logra -como adelanté- acreditar su configuración (art. 279, CPCC).
III.2.b.i. En efecto, la crítica que ensaya se limita a cuestionar genéricamente la valoración que realizó el tribunal de los informes periciales y de las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa, sin rebatir eficazmente el análisis que lo llevó a juzgar que en el caso no se había acreditado que las tareas prestadas implicaran sobreesfuerzos sostenidos en el tiempo vinculados a la afección lumbar que padece, ni tampoco la relación de causalidad entre ésta y las tareas que efectivamente realizaba.
De este modo el interesado, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al sentenciante a la solución objetada, intenta un nuevo examen de los hechos y de la prueba pericial y testimonial, según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.399, "Rivera", sent. de 10-IX-2014 y L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015).
III.2.b.ii. Por las mismas razones es inatendible el cuestionamiento a las conclusiones que estableció el juzgador en relación a la falta de verificación de la culpa del empleador en la producción del daño, o de la omisión de medidas en materia de seguridad. Ello, toda vez que sólo exterioriza una mera discrepancia subjetiva, tendiente a descalificar aspectos que también son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, sustentada en su propia versión sobre los hechos y el modo en que debieron apreciarse las pruebas (causas L. 108.918, "Hernández", sent. de 4-VII-2012; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014).
III.2.b.iii. Para mayor satisfacción del recurrente, cabe agregar, concretamente en relación al embate por el que se alega que para la condena al pago de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, bastaba con acreditar -por aplicación del decreto 49/14- el tipo de tareas prestadas durante un plazo no inferior a tres años; que dicha argumentación no puede ser atendida toda vez que no ha sido sometida a conocimiento del tribunal de trabajo (v. demanda, fs. 5/11) con el alcance que se le atribuye en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, resultando -por ende- novedosa (causa L. 100.121, "Carrizo", sent. de 26-V-2010; L. 104.919, "Roncayoli", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.099, "Schlotthaver", sent. de 8-IV-2015).
III.3. Frente a la suerte adversa del recurso en los aspectos señalados y quedando firme -por ende- la decisión de grado por la que se rechazó la pretensión de cobro de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, deviene inoficioso el abordaje del planteo referido a la aplicación al caso de la ley 26.773, pues no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibañez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/06/2020 12:36:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 19/06/2020 13:13:37 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 19/06/2020 13:15:19 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 21/06/2020 16:53:49 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 22/06/2020 08:56:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia