Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120206
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.206, "Ponce, Jonatan Baltasar contra Prevención ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 278/289 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 296/306 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente juzgó acreditado que, como consecuencia de la enfermedad profesional -denunciada con fecha 3 de diciembre de 2012-, Jonatan Baltasar Ponce padece una incapacidad laboral parcial y permanente que lo invalida en un 45% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 278/280).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado condenó a Prevención ART S.A. al pago de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773 (v. sent., fs. 287/289 vta.).
Para determinar el importe indemnizatorio previsto en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante aplicó la fórmula allí prevista ($3.729,69 -IBM- x 53 x 45% x 2,6 -65/25-), arribando a la cifra de $231.278,07.
Empero, tras declarar que dicha suma resultaba alcanzada por la resolución 6/15, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $296.092,54 ($713.476 x 45%).
A dicho importe, adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a $59.218,50.
Luego, consideró que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de diciembre de 2012 ($798,50) y mayo de 2015 ($1.549,59) arrojaba un coeficiente de 1,94, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $689.303,41 (v. sent., fs. 287 vta. y 288).
Finalmente, dispuso que al monto de condena resultante se le aplicarán intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha del evento dañoso (3 de diciembre de 2012) hasta su efectivo pago (v. sent., últ. fs. cit. in fine ).
II. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 296/306 vta.).
II.1. Cuestiona el modo de aplicación del índice RIPTE establecido en la ley 26.773.
II.1.a. Señala, por un lado, que debió aplicar la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13, que establece los valores para el período 26 de octubre de 2012 al 28 de febrero de 2013, que es el que comprendería el caso.
II.1.b. Desde otroángulo, alega que de la correcta interpretación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, reglamentados por decreto 472/14, el coeficiente RIPTE se aplica exclusivamente a las prestaciones adicionales de pago único y a los pisos mínimos indemnizables, contrariamente a lo decidido por el tribunal de grado que empleó el índice multiplicándolo por el capital total obtenido.
II.2. Luego, cuestiona los intereses aplicados sobre el capital de condena.
II.2.a. En primer lugar, sostiene que resulta improcedente la fijación de intereses en casos -como el de autos- en que la prestación se encuentra sujeta a la aplicación del índice RIPTE.
II.2.b. Subsidiariamente, objeta la tasa a la que fueron calculados dichos accesorios, toda vez que -afirma- el tribunal de grado los liquidó apartándose de la doctrina de esta Corte vigente sobre el punto, decisión que -alega- ocasiona un grave perjuicio a su parte.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Se impone destacar que el veredicto de fs. 278/280 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 280 vta.) ni la sentencia (v. fs. 289 vta.), sin siquiera suscribir la constancia de registro respectiva (v. últ. fs. cit.).
Los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2.a. Ingresando al análisis de los agravios, y ajustándose la revisión del pronunciamiento al entramado normativo vigente en la fecha en que sucedieron las circunstancias fácticas ventiladas en la causa, le asiste razón al recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y del decreto 472/14, agraviándose del modo en que el tribunal a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE, haciéndolo operar como multiplicador directo.
Ello así, pues, como lo expresé al emitir mi sufragio en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), el examen conjunto de las normas que integran el sector del ordenamiento jurídico laboral, que regula la materia objeto de este litigio, indica que el controvertido índice RIPTE ha de aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 y 3/14 dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
Adicionalmente, cabe señalar que el criterio expuesto se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párrafo).
III.2.b. A tenor de lo expuesto, cabe hacer lugar a este tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia de grado en cuanto cuantificó el capital de condena a partir de una errónea interpretación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
III.2.c. Luego, corresponde emplear el mecanismo de ajuste de las prestaciones conforme el índice publicado semestralmente por la Secretaría de la Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en las causas L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016 y L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; e.o.) en orden a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
Teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia de la primera manifestación invalidante (diciembre de 2012), lo cierto es que el caso no cae bajo la órbita de aplicación de la resolución de la Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15 sino de la resolución 34/13 de dicho organismo. En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
III.3. Sin perjuicio que el progreso del agravio dirigido a cuestionar el modo en que el a quo aplicó el índice RIPTE ha de modificar la parcela del pronunciamiento sobre la cual el impugnante elaboró la crítica tendiente a enervar la aplicación de intereses (v. rec., fs. 302 vta.), cabe señalar que -en definitiva- en este último aspecto el recurso es inatendible pues no satisface los recaudos que exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.4. Por último, también debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, en los términos en que ha sido planteada por el interesado, procurando la fijación de la tasa de interés pasiva.
Para así decidir, y en tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite , habré de reproducir la parte pertinente del voto que emitiera la doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), al que presté mi adhesión, por resultar sus consideraciones concordantes con las que expuse al sufragar en primer término en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
III.4.a. En el pronunciamiento atacado se dispuso la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia", esto es, la tasa pasiva en la variante denominada "digital" (v. fs. 195 vta.).
III.4.b. En la citada causa L. 118.587, esta Suprema Corte por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por otro lado, por los fundamentos vertidos en el voto mayoritario, a los que me remito en honor a la brevedad, estableció las razones por las cuales no es dable afirmar que los créditos laborales constituyen alimentos stricto sensu , en consideración de posturas asentadas en la naturaleza alimentaria de dichas acreencias (v. voto del colega doctor de Lázzari en los precedentes citados, y éste contrapuesto a su vez a la opinión del doctor Pettigiani en las mismas causas), descartando la aplicación del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Por lo demás, no se suscita en la especie el presupuesto fáctico que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera", sentencia de 18-III-2018 y C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-V-2018, en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito. Ello así, toda vez que -en el caso- la fijación del quantum indemnizatorio no habrá de traducir la estimación de los valores actuales de los mismos, ni importará la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos.
III.4.c. Se sigue de ello, que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
IV. En virtud de lo dicho, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en el punto III.2. de la presente.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso debe prosperar con los alcances expresados por el señor Juez doctor Soria en su voto.
En lo que atañe a la alícuota empleada por el tribunal de origen para estimar los intereses moratorios, comparto con el colega ponente que en el presente caso no aparece configurado un supuesto excepcional que amerite el apartamiento de la doctrina legal de la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), a cuyos fundamentos remito y doy por reproducidos merced a razones de brevedad.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso debe prosperar en forma parcial.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.3., de su voto.
I.2. También comparto la solución propuesta, por mi colega que abre el acuerdo, en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, por lo cual, el agravio debe ser desestimado.
Es que ante la consolidación de la doctrina legal de este Tribunal debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016) y lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
II. Atento el señalamiento formulado en el punto III.1. del voto que abre el acuerdo, y teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce", L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018; por citar sólo algunas), considero necesario e impostergable exhortar nuevamente a los señores jueces al mayor esmero en el cumplimiento de las obligaciones que el ejercicio de su cargo les impone y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Las irregularidades resaltadas se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados, lo que conspira contra la garantía constitucional de tutela judicial continua y efectiva (art. 15, Const. prov.) y la recta y eficaz administración de justicia.
III. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Hago mía la observación del doctor Soria, volcada en el punto III.1. de su voto. Agrego más: tampoco la aludida funcionaria ha registrado las resoluciones de fs. 172/174 y 311, tal como (bien o mal) le fue ordenado por el tribunal.
Por supuesto que estas deficiencias no alcanzan para anular el pronunciamiento del tribunal, pero resultan una muestra de la liviandad con que actúan los jueces que lo integran, al omitir el debido control sobre sus funcionarios, indispensable para la adecuada administración de justicia.
II. Dejando a salvo mi opinión sobre la vigencia temporal de la ley 26.773, he de plegarme a la solución propuesta por el colega que inicia el Acuerdo en los puntos III.2. y III.3. de su voto, en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la aludida ley (y, consecuentemente, de la normativa dictada en su marco de actuación) surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III. Respecto de la impugnación referida a la aplicación de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena, habré de realizar las siguientes consideraciones.
III.1. Inicialmente, considero necesario subrayar que la doctrina de esta Suprema Corte (sostenida en pronunciamientos como el de las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011) ha sido usar la tasa pura siempre y cuando el monto de la condena hubiera sido reajustado por el juzgador, aplicando para ello alguno de los índices de actualización publicado por organismos especializados. En estos casos, a fin de evitar el doble cómputo de la depreciación, los intereses se establecían por dicho período a la tasa del 6% anual (v. mi voto reciente en la causa L. 119.593, "Gaveglio", sent. de 11-III-2020).
Ahora bien, en el presente caso el importe indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, alcanza la suma de $231.278,07 ($3.729,69 x 53 x 45% x 2,6; v. sent., fs. 287 vta.) superando el piso de $166.333,5 ($369.630 x 45%), al que se llega aplicando la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13, vigente al momento del accidente. En la especie, entonces, no corresponde ninguna forma de actualización y, consecuentemente, no resulta aplicable la referida solución (v. mi voto reciente en la causa L. 120.205, "Pereyra", sent. de 11-III-2020).
III.2. En dicho contexto, el agravio bajo análisis debe ser desestimado a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte, aunque, como habré de señalar luego, no haya contribuido a su conformación. Ello, a pesar de que, a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó e
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