Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119634
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.634, "Rivera Escobar, Luis Octavio contra Asociart ART S.A. Accidente in itinere " con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 205/220).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 240/249).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por Luis Octavio Rivera Escobar contra Asociart ART S.A., por la que pretendía -con fundamento en la ley especial- el cobro de una indemnización por la incapacidad laborativa derivada del accidente de trabajo in itinere que sufrió el día 5 de marzo de 2014.
Para así decidir, el a quo juzgó acreditado que en la fecha mencionada el actor había protagonizado un accidente en "el trayecto directo e inmediato a su lugar de trabajo" (v. fs. 207). También que, como consecuencia directa del mencionado infortunio, padece afecciones físicas (gonalgia izquierda con secuela anatómica y neurológica) y psicológicas (neurosis depresiva leve) que le provocan una incapacidad del 24% del índice de la total obrera (v. fs. 207 vta.).
Ya en la sentencia, ante el planteo formulado en la demanda, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 por considerar que, en el caso "su utilización provocaría una reducción arbitraria, discriminatoria en la base de cálculo a utilizarse en la ecuación que determina la indemnización que le correspondería percibir al trabajador" (fs. 214 vta.).
A partir de esa conclusión, el "salario percibido a la fecha del accidente", y las pautas indicadas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley indicada, el sentenciante cuantificó dicho resarcimiento en la suma de $118.518 (v. fs. 215).
Luego, descalificó -de oficio- la validez constitucional del decreto 472/14, señalando -como fundamento de la decisión- que "restringe y limita el beneficio de la actualización (RIPTE) previsto en la ley 26.773 únicamente a los pisos indemnizatorios establecidos en el decreto 1.694/09, como así también a las indemnizaciones de pago único dispuestas por el decreto 1.278/00 para los supuestos de incapacidades superiores al 50% o casos de muerte, en flagrante violación al texto de la ley" citada (v. fs. 215 vta.). En ese sentido, agregó que "lejos de reglamentar la norma de jerarquía constitucional superior respetando su espíritu y texto, termina verdaderamente modificándola [...], derogándola parcialmente, violando y restringiendo derechos de los trabajadores" (fs. cit.).
En consecuencia, ajustó el monto de las prestaciones "de conformidad con el índice RIPTE desde la fecha de acaecimiento del infortunio reclamado en autos", arribando al importe de $165.925, al que adicionó luego el 20% ($33.185) con arreglo al art. 3 de esta última ley (v. fs. 215 vta. y 216).
Finalmente, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 y dispuso que el capital de condena devengaría intereses, desde la fecha señalada, de acuerdo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 217 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, señala que el tribunal de grado ha realizado una "aplicación errónea del RIPTE, dado que para el caso de autos debería aplicarse la Resolución 3/2014 de la Secretaría de Seguridad Social" (fs. 241 vta.).
Explica que "la actualización que prevé la ley 26.773 es sobre los mínimos establecidos en la ley 24.557, y no sobre todas las prestaciones dinerarias" (fs. 243 y vta.). Añade que la arbitraria interpretación que hizo el a quo afecta directamente su derecho constitucional de propiedad (v. fs. 244).
II.2. Por otro lado, cuestiona la tasa de interés -pasiva digital- que ordenó aplicar el juzgador al capital de condena (v. fs. cit.). Indica que, al utilizar esa alícuota, se apartó de la doctrina legal que esta Corte estableció sobre el tópico -entre otras- en la causa L. 94.466, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009; v. fs. 245/247 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. El valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto fue concedido por el tribunal de origen en el marco del supuesto excepcional previsto el art. 55 primer párrafo - in fine- de la ley 11.653 (v. fs. 252/253), decisión que debidamente notificada a la recurrente, no mereció objeciones.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014 y L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014).
III.2. Luego, acierta la impugnante al cuestionar el modo de aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto por la ley 26.773 en el caso.
III.2.a. De modo liminar, he de destacar que el pronunciamiento sobre este agravio no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013), y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.2.b. En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; decreto 472/14).
A tenor de lo expuesto, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y revocar la sentencia de grado en cuanto al modo en que cuantificó el capital de condena.
III.3. Finalmente, en lo concerniente a la tasa de interés moratorio aplicada por el tribunal a quo al monto de condena, habré de exponer lo siguiente:
III.3.a. Sobre la presente cuestión, esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la "tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días", tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059, "Giani" (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sents. de 21-X-2009).
Asimismo, ante la sanción de la ley 14.399 (B.O. de 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 102.210, "Campana" y L. 108.142, "Díaz" (sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.
Luego, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (conf. leyes 26.994, B.O. de 8-X-2014 y 27.077, B.O. de 19-XII-2014), en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), sostuve que por el período comprendido desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de julio de 2015, los intereses moratorios están regulados por el art. 622 del Código Civil, por lo que, deviene aplicable, en consecuencia, la doctrina legal de esta Suprema Corte conformada en torno a dicha norma en la que se ha sostenido que, a partir del 1 de abril de 1991, los importes adeudados deberán ser abonados con intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561 y 622, citado). Y, por el período que va del 1 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago, ante el cambio normativo que importó el inc. "c" del art. 768 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, deberá aplicarse la tasa pasiva de interés "plazo fijo digital a 30 días" a través del sistema "Banca Internet Provincia" (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561; 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Esta postura, en las causas mencionadas, resultó minoritaria.
En cambio, la posición que conformó allí la mayoría de opiniones, sostuvo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, impone precisar la doctrina que el tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal. En ese marco, se declaró que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
III.3.b. Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
IV. En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley decidido, y revocar la sentencia conforme lo expresado en el punto III.2. de este sufragio.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su opinión.
I.2. Luego, y no sin destacar que la facultad revisora de esta Corte se circunscribe al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada, coincido con el marco de tratamiento y con la solución que propone mi colega en el punto III.2. de su voto y, en consecuencia, también considero que corresponde revocar el modo en que el sentenciante dispuso aplicar al caso el índice RIPTE, remitiendo a tal fin a la postura que asumí en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
I.3. En otro orden, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés pasiva, en su variante digital, que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
Al respecto, y más allá de que -como se indicó- el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC); lo cierto es que en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Se sigue de ello que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica también en este tramo (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II. Por lo indicado, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar el pronunciamiento con el alcance indicado por el doctor Pettigiani en el punto IV de su voto.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto, en cuanto pone de relieve la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria.
I.2. Luego, en cuanto al modo en que el tribunal de grado aplicó el índice RIPTE, comparto lo expuesto por el citado colega en el apartado III.2. de su sufragio. Sólo me permito agregar que en el punto -concretamente en lo vinculado con el decreto 472/14- lo resuelto en el pronunciamiento también contraría la doctrina sentada en la causa L. 119.002, "Carbajal" (sent. de 25-IV-2018).
I.3. En lo referido a la tasa de interés moratorio suscribo la solución a la que arriba el doctor Pettigiani en su opinión, por ser concordante con las consideraciones que brindé al emitir mi sufragio en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), y por adhesión en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), a las que me remito por celeridad.
II. En consecuencia, cabe acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído conforme se resuelve en el apartado final del sufragio emitido en este acuerdo en primer término.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
I. Comparto los fundamentos expuestos por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
II. Luego, en el acotado marco de revisión que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la crítica sobre la mensura de la prestación objeto del reclamo es inadmisible, por no mediar en el recurso denuncia de violación de doctrina legal alguna que se identifique con el agravio traído, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de los resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el mencionado precepto.
III. Finalmente, corresponde desestimar el agravio referido a la alícuota empleada por el tribunal de origen para estimar los acecidos, en atención a lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) -entre muchas- y a cuyos fundamentos remito por motivos de brevedad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto, respecto a la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria.
I.2. También, acompaño la propuesta decisoria que realiza en el punto III.2., con sustento en la doctrina que emana de la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
I.3. Asimismo, concuerdo con la solución que postula el colega en relación a la tasa de interés moratorio, por ser concordante con la plasmada en los precedentes L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016).
II. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído conforme se resuelve en el apartado final del sufragio emitido en primer término.
Así lo voto.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/06/2020 19:21:54 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 19/06/2020 08:52:59 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 19/06/2020 12:35:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 19/06/2020 13:13:52 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 21/06/2020 16:54:01 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 22/06/2020 09:05:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia