Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122216
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.216, "Alarcón, Eduardo Antonio contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 159/167 y aclaratoria de fs. 177/179).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 14 de junio de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por el señor Eduardo Antonio Alarcón, condenando a Construcciones Térmicas S.A. al pago -entre otros rubros- de las sumas que estableció en concepto de diferencias por horas extra trabajadas y feriados deficientemente abonados de los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2015, así como su proyección sobre el sueldo anual complementario y el fondo de cese laboral; vacaciones del año 2015; a la entrega de los certificados de servicios y remuneraciones y constancias de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y sindical; la penalidad contemplada en el art. 80 de la ley 20.744 y la establecida por el art. 53 ter de la ley 11.653 (v. fs. 162/167).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, si bien tuvo por acreditado el incumplimiento del depósito de los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos por el empleador (v. vered., tercera cuestión, fs. 161), juzgó que para hacerse acreedor de la multa debió el actor cursar la intimación con anterioridad a la extinción del vínculo laboral (indicando los períodos retenidos); recaudo que -explicó- no había ocurrido en el caso y que resultaba necesario para la constitución en mora en los términos de la manda legal (v. sent., fs. 164).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el legitimado activo denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Se agravia únicamente de la decisión de grado que rechazó la aplicación al caso de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
En ese orden, alega que dicha definición transgrede la doctrina legal elaborada por esta Corte -entre otras- en las causas L. 108.019, "Morell", sentencia de 16-V-2012; L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sentencia de 5-VI-2013 y L. 117.623, "Alarcón Valenzuela", sentencia de 2-IX-2015.
Afirma que el juzgador interpretó erróneamente el alcance de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la ley 20.744 (art. 43, ley 25.345) al establecer que la intimación debió realizarse con antelación a la desvinculación contractual y precisando el período de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez que tales requisitos que no se encuentran en el texto de la norma.
Por otro lado, alega que dicho órgano jurisdiccional realizó una absurda valoración de las constancias probatorias (esto es, del telegrama obrante a fs. 4, los recibos de sueldo de fs. 5/35 y el informe elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos que luce agregado a fs. 130/132); ello, afirma, en tanto de su análisis surge que en el período reclamado la empleadora retuvo los importes para los organismos de la seguridad social, sin ingresarlos luego al sistema.
III. El recurso prospera.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite la impugnación bajo análisis, en cuanto a su admisibilidad, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de las sumas retenidas, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017; e.o.).
III.2. Aclarado ello, cabe inicialmente señalar que corresponde rescindir aquel aspecto del fallo que declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma, por no haber sido realizada antes de la desvinculación contractual y por no incluir con precisión el período de los aportes presuntamente retenidos.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, éste "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos Organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin destacar que en el telegrama de fs. 4 se indicó el período en que se denunció la infracción -que, adelanto, coincide con las constancias de la causa-, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la penalidad contemplada por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por conducto de exigir al promotor del pleito el cumplimiento de dos requisitos -referidos a la mención precisa del período de aportes retenidos y al momento de la intimación- que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3.a. Descartadas, entonces, las exigencias formales en las que el tribunal de grado fundó su decisión, corresponde analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual a la que hace alusión el citado art. 132 bis.
Ello así, pues si bien es cierto que el tribunal tuvo por probado que el empleador no depositó los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos (v. vered., fs. 161 y sent., fs. 163 vta. in fine /164), no lo es menos que la accionada no pudo recurrir esa decisión, toda vez que el pronunciamiento de grado le resultó favorable.
En las presentes actuaciones, la legitimada pasiva sostuvo en su contestación de demanda (v. fs. 67/71 vta.) que correspondía el rechazo de la multa fincado en la afirmación del cumplimiento en lo tocante al depósito de las deducciones efectuadas (v. fs. 69 y vta.).
Luego, y por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013; e.o.), ya que, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa L. 117.025, "Q, J. A.", sent. de 4-III-2015).
En tal sentido, deviene necesario revisar el acierto de la conclusión fundada en la inexistencia de transferencia a los organismos correspondientes de los aportes retenidos.
III.3.b. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011; L. 107.254, "Alveira Garcilazo", sent. de 5-VI-2013 -cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente- y L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014; e.o.).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015 -también citada por el recurrente-).
III.3.c. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria contemplada en el precepto en cuestión.
En efecto -tal como lo sostiene el propio sentenciante-, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 5/35 y el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), es posible constatar que la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y nunca dio cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad (v. vered., fs. 161 y sent., fs. 163 vta. in fine /164).
Para más, surge claramente del telegrama glosado a fs. 4 (cuya autenticidad fuera corroborada por el Correo Oficial de la República Argentina mediante el informe obrante a fs. 100), que el señor Eduardo Antonio Alarcón intimó a su empleadora (en fecha 23 de noviembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1 del decreto 146/01) ingresara los importes retenidos a los organismos a los que hace referencia el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
A partir de ello, considero -como anticipé- que se evidencian reunidos en el caso los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria allí establecida, tal como lo postula el quejoso. En consecuencia, quedando -a partir de lo dicho- atendidos los argumentos traídos por la accionada corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pretensión cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto la solución propuesta por mi distinguido colega doctor Pettigiani en su sufragio. Arribo a tal definición, si bien en el concreto contexto de las constancias obrantes en la presente relevadas en el voto que antecede, a tenor de los argumentos que brindé al emitir mi opinión en la causa L. 122.214, "Cabezon" (sent. de 11-VI-2020), análoga a la presente y a la que por razones de brevedad -en lo concordante- me remito.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, se observa que el fundamento central esgrimido por el juzgador para desestimar la sanción conminatoria mensual (v. sent., fs. 164) deriva -fundamentalmente- de una errónea interpretación del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues esta norma no exige que la intimación sea realizada durante la vigencia del vínculo laboral (o indique exactamente los importes adeudados), tampoco lo hace -por cierto- su decreto reglamentario (art. 1, dec. 146/01).
I.3. En lo demás, también suscribo la opinión de mi colega.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el punto IV del voto inaugural.
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda. Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2020 20:04:06 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 26/06/2020 08:35:53 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 26/06/2020 09:32:17 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 26/06/2020 17:47:12 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 29/06/2020 09:09:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia