Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119791
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.791, "Argüello, César Daniel contra Asociart ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 157/175 vta.).
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 190/205). El órgano judicial de grado denegó el primero de los remedios procesales indicados y concedió el segundo (v. fs. 209 y vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por César Daniel Argüello y condenó a Asociart ART S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, más la compensación adicional del art. 11 apartado 4 inc. "a" del mismo cuerpo legal, reajustadas por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto por la ley 26.773.
Para así decidir, tras valorar el material probatorio aportado al proceso, el a quo declaró demostrado que el actor, como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó el día 6 de febrero de 2012 -al recibir la patada de un caballo en el rostro-, padece diferentes lesiones que le generan una incapacidad permanente del 53,4% del índice de la total obrera (v. fs. 157 vta.).
Luego, puesto a cuantificar las prestaciones referidas -por mayoría- declaró aplicable al caso los arts. 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y, en ese orden, sumó a los valores resultantes una indemnización adicional equivalente al 20% y, a su vez, los ajustó conforme al índice RIPTE. Arribó así al monto total de $973.050 (v. fs. 172 vta.).
Al fundar esta decisión, juzgó que corresponde la aplicación de la ley indicada a las obligaciones anteriores a su entrada en vigencia si aún no fueron canceladas (v. fs. 162 vta.). En ese sentido, señaló que "solo la reparación del hecho (en el caso, el pago de la indemnización) quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar en el que se encontraban antes del daño" (fs. 163 vta.).
Asimismo, ponderó que su inaplicabilidad implicaría una reducción al monto indemnizatorio opuesta a los principios de progresividad y de igualdad ante la ley (v. fs. 164 vta.). Sobre esa conclusión, consideró que "la irretroactividad de la ley 26.773, dada la falta de disposición en contrario (art. 3 CC), acentuada luego por el decreto reglamentario", se encuentra en pugna con los arts. 14 bis. 17, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1, 2, 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 4, 5, 8, 21, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica); 2 y 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como del convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (v. fs. 170 y vta.).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde la fecha de nacimiento del crédito (6 de febrero de 2012) hasta la de su efectivo pago, devengue intereses conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 172 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento Asociart ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 3 del Código Civil; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona la aplicación de la ley 26.773 porque no se encontraba vigente cuando ocurrió el accidente de trabajo que protagonizó el actor (v. fs. 195). En ese sentido, señala que el art. 17 apartado 5 de la mentada ley establece expresamente que sus disposiciones entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha (v. fs. 195 vta.).
Recuerda las directrices establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), respecto a la aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00, y el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial (v. fs. 196 y vta.).
Explica que, pese a la confusa redacción, "la intención del legislador [...] sin duda ha sido señalar que las prestaciones del sistema reparador deben ajustarse por el RIPTE a las situaciones y contingencias acaecidas durante la vigencia de la ley 26.773"; y que el art. 8, en cuanto establece el sistema de ajuste, es complementario del 17 que "indican la forma en que ese ajuste debe practicarse" (fs. 197).
Afirma que "la fecha a la que se alude como punto de partida para el cómputo resulta ser el 26/10/2012 (día de la publicación en el Boletín Oficial), es decir que es ese momento, a partir del cual debe verificarse la primera manifestación invalidante para que el régimen pueda ser aplicado" (fs. 197 vta.).
Respecto al reproche constitucional formulado, alega que "la afectación de los derechos de igualdad y de propiedad que se postula, no puede considerarse verificada en estos obrados, toda vez que la suma sentenciada en concepto de reparación integral -comprensiva también de las prestaciones de la Ley Especial- es sensiblemente superior a aquella que aún aplicándose los índices RIPTE, habría de percibir el actor de autos según el veredicto..." (fs. 198).
Por último, cita fallos de diversos tribunales vinculados a la definición del ámbito temporal de aplicación de diferentes leyes respecto a las consecuencias de hechos o situaciones existentes al momento de su entrada en vigencia (v. fs. 199/200 vta.).
II.2. En otro orden, objeta el porcentaje de incapacidad que declaró acreditado el a quo , toda vez que -en su opinión- no se ha tomado en cuenta el baremo del decreto 659/96 al momento de su determinación (v. fs. 201). Destaca que dicho baremo no incluye la cicatriz nasal que ponderó el perito en su informe, ni fue objetado en su validez constitucional por el actor (v. fs. cit.).
II.3. Finalmente, impugna la tasa de interés pasiva (Banca Internet Provincia –BIP-) que ordenó aplicar el juzgador al capital de condena.
Aduce que, al utilizar esa alícuota, el sentenciante se apartó del criterio que esta Corte estableció en el precedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y ratificó luego en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 110.487, "Ojer"; L. 102.210, "Campana"; L. 90.768, "Vitkauskas" y L. 108.142, "Díaz" (sents. de 13-XI-2013), declarando, además, la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 (v. fs. 201 vta./203).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, he de señalar en primer lugar que el cuestionamiento al grado de incapacidad asignado al actor en la sentencia no resulta de recibo.
Inicialmente cabe recordar que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo constituye una típica cuestión de hecho ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo absurdo (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 111.345, "D., S.", sent. de 19-IX-2012; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 97.343, "Z., D. A.", sent. de 20-XI-2014 y L. 117.101, "Herrero", sent. de 9-IX-2015).
A partir de esas directrices es menester destacar que, en el veredicto, el órgano jurisdiccional de grado determinó el porcentaje de incapacidad que padece el accionante con sustento en las conclusiones establecidas en el informe pericial médico agregado a fs. 122/124 (v. fs. 157 vta.). Sin embargo, la parte interesada no ha denunciado la configuración del mencionado vicio lógico en la valoración y decisión referida, evidenciando con ello la insuficiencia técnica de la impugnación (v. fs. 200 vta. y 201).
Al respecto, expresamente se ha señalado que, si en el recurso de inaplicabilidad de ley ni siquiera se ha invocado que al apreciar las pruebas y pronunciarse sobre los hechos, el Tribunal hubiera incurrido en el vicio de absurdo, las conclusiones de este último no pueden ser modificadas, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones del recurrente (causas L. 100.286, "Pusterla", sent. de 26-V-2010; L. 100.712, "Deciano", sent. de 10-III-2011; L. 104.376, "María", sent. de 17-VIII-2011; L. 110.970, "Sánchez", sent. de 27-VI-2012; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014; e.o.).
III.2. Sentado ello, juzgo procedente la crítica destinada a censurar la aplicación retroactiva de la ley 26.773.
III.2.a. En autos, se estableció que el señor Argüello tuvo un accidente de trabajo el día 6 de febrero de 2012 (v. fs. 157 vta.).
En tales condiciones -atento a las circunstancias concretas del caso- es dable concluir que la primera manifestación invalidante de las contingencias sufridas por el actor se produjo en dicha oportunidad.
III.2.b. En primer lugar, considero que debe ser revocada la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el tribunal a quo respecto de las normas de la ley 26.773, con la finalidad de aplicarla retroactivamente en el presente caso.
En efecto, sobre el particular he de señalar que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, dicha ley ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de la ley 26.773, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.2.c.i. Al respecto, habré de reproducir -en lo pertinente y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso- los fundamentos expresados por esta Corte al resolver en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que presté mi adhesión al voto del colega doctor Genoud.
III.2.c.ii. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
De ello se colige que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado -como regla general- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009): la nueva regulación solo rige para los siniestros ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma legal.
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes Nº 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial", precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O. de 17-IV-2001) que: "Las modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 1° de marzo de 2001".
En la misma línea, el art. 16 del decreto 1.694/09 determina: "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
III.2.c.iii. En tanto, a partir de lo mencionado, es indudable que, en lo que respecta al tópico aquí debatido, la reforma operada al sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Por ende, deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal -en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla, tema sobre el que me explayaré más adelante- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (los citados decs. 1.278/00 y 1.694/09).
En ese sentido, este Tribunal ha descartado la aplicación de las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1.278/00 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.119, "F., C. V.", sent. de 4-XI-2009; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013).
Del mismo modo, declarando expresamente aplicable -precisamente, por la similitud de los respectivos contextos normativos (arts. 19, dec. 1.278/00; 8, dec. 410/01 y 16, dec. 1.694/09)- la doctrina legal citada en el párrafo anterior, también ha resuelto esta Corte que las modificaciones introducidas a la ley 24.557 por el decreto 1.694/09 no resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante hubiere ocurrido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicho decreto (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014; L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015; L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2017 y L. 117.431, "Corbalán", sent. de 29-VIII-2017).
Luego, siendo que -como lo anticipé- el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 establece una regla general similar a las contenidas en las anteriores normas que modificaron el régimen de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, resulta en principio aplicable a dicho cuerpo legal la doctrina legal que descarta la aplicación de las reformas introducidas por la nueva legislación a los siniestros laborales acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia.
III.2.c.iv. Definido lo anterior, resta ahora analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando por tanto aplicable incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
III.2.c.iv.1. El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo de ajuste o actualización monetaria al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
III.2.c.iv.2. Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido texto normativo, no establece una excepción a la regla general establecida en su art. 17 apartado 5.
III.2.c.iv.3. Ello así, en primer lugar, porque esa supuesta excepción a la regla general contemplada en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (por la que se dispone que las modificaciones introducidas al régimen de prestaciones solo se aplican a las contingencias futuras) no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Ese dato (que surge de la simple lectura de la norma) puede ser corroborado si se repara en la circunstancia de que, cuando la nueva normativa quiso excepcionar aquella regla general, lo hizo de manera expresa y categórica. Así, al disponer en el art. 17 apartado 7, que "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición" (el destacado me pertenece), la ley 26.773 ha excepcionado expresamente -solo para el caso de las prestaciones por gran invalidez, hipótesis ajena al caso de autos- la regla general relativa a que las mejoras prestacionales y los mecanismos de actualización contemplados en la nueva legislación solo se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades gravísimas) la aplicación inmediata de la reforma incluso a contingencias ocurridas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto, y en tanto no cabe suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa (causa B. 63.568, "García", sent. de 10-VIII-2011; e.o.), no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
III.2.c.iv.4. Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias "se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la pres
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