Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121463
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.463, "Fernández, Osvaldo Rubén contra QBE Argentina. Apelación de Resolución Administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la apelación planteada, con costas del modo que especificó (v. fs. 298/301).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 308/316 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado admitió el recurso de apelación deducido por el señor Osvaldo Rubén Fernández contra el dictamen de la Comisión Médica n° 14 de la ciudad de Junín y estableció que, por el accidente de trabajo sufrido, el apelante padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 43,16% del índice de la total obrera, modificando así el porcentaje fijado con carácter provisorio por la autoridad de aplicación en sede administrativa (v. fs. 298/301).
II. El legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurda valoración de los escritos constitutivos y la violación de los arts. 10, 11, 15, 168 y 171 de la Constitución provincial; 47 de la ley 11.653; 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 212/215).
II.1. Alega que el fallo de grado transgredió el principio que veda la reformatio in pejus por el cual se prohíbe aplicar al recurrente una sentencia más gravosa que aquella que apeló.
Afirma que el a quo debió mantener incólume las conclusiones y resoluciones favorables a la pretensión actoral, en especial lo referido al porcentaje de incapacidad que padece el trabajador, en tanto dicho extremo no fue cuestionado en la apelación. Sin embargo, explica que el tribunal fijó una minusvalía inferior a la determinada antes de recurrir el dictamen administrativo, lo que supone además una transgresión de su derecho de propiedad y defensa en juicio, por cuanto dicha decisión va a derivar en una rebaja en la indemnización correspondiente conforme la Ley de Riesgos del Trabajo.
Reitera que el porcentaje de incapacidad del 65% no fue objetado por el actor ni por la aseguradora, salvo en cuanto se pretende una correcta aplicación de los factores de ponderación, lo cual -afirma- elevaría aquel porcentaje a 79,12% del índice de la total obrera.
II.2. Por otro lado, señala que el pronunciamiento atacado vulnera el principio de congruencia en relación con los cuestionamientos introducidos en la apelación, entre los cuales no se hallaba la determinación del porcentual incapacitante del trabajador.
Por el contrario, sostiene que el objeto de la litis, tal como lo identifica y delimita el propio a quo en el relato de antecedentes, consistía en determinar el carácter de la incapacidad asignada por la Comisión Médica -es decir, provisoria o definitiva- y la adición de guarismos correspondientes a factores de ponderación aplicables sobre la base porcentual fijada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Invirtiendo, por razones metodológicas, el orden de tratamiento de los agravios propuestos en el recurso, corresponde señalar inicialmente que no le asiste razón al impugnante en cuanto postula que -al fijar el porcentaje de incapacidad- el tribunal vulneró el principio de congruencia y tergiversó la naturaleza de la acción deducida.
III.1.a. En el pronunciamiento recurrido, el tribunal de grado, ponderando los alcances del recurso de apelación que diera inicio a las actuaciones, sostuvo que su principal agravio se encontraba vinculado con el carácter de la incapacidad -provisoria- establecida por la Comisión Médica n° 14 en su dictamen, pues a juicio del trabajador debía ser considerada definitiva. Agregó que también se agraviaba el impugnante del cálculo de la incapacidad efectuado por aquel organismo, en tanto entendía que había omitido valorar el porcentual de la minusvalía derivado de uno de los factores de ponderación (v. fs. 298 vta. y 299).
Por su parte, indicó que QBE ART S.A., al intervenir en el litigio, defendió la validez y corrección del dictamen recurrido, solicitando su confirmación y la desestimación de los agravios (v. fs. cit.).
III.1.b.i. Aunque en ello parece coincidir el impugnante (al menos así lo da a entender a fs. 312 vta. in fine ), comienzo por señalar que la identificación que realizó el a quo de las posturas asumidas por las partes en el litigio lejos está de resultar absurda, ya que se ajusta al contenido de aquel escrito por medio del cual el trabajador expresó agravios y ofreció prueba (v. fs. 101/106 vta.) como al de aquel en el que la aseguradora de riesgos del trabajo estructuró su defensa (v. fs. 123/125).
III.1.b.ii. Tampoco encuentro que al juzgar el caso el tribunal de la instancia se haya desentendido de los temas litigiosos sometidos a su conocimiento transgrediendo el principio de congruencia receptado en el art. 47 de la ley 11.653.
Al pretender la revisión del grado de incapacidad dictaminado por el órgano administrativo -de suyo, buscando obtener además del reconocimiento de su carácter definitivo, un porcentaje mayor- el trabajador confirió jurisdicción al tribunal de trabajo para resolver con la amplitud que ahora precisamente es objeto de crítica; es más, en oportunidad de ofrecer la prueba pericial médica expresamente solicitó en uno de los puntos que el perito "...se expida sobre el porcentaje de incapacidad que corresponde atribuir, sumados los Factores de Ponderación correspondientes..." (fs. 104 vta.).
Luego, fue como resultado de esa presentación que en la etapa probatoria el perito médico interviniente dictaminó que el trabajador presentaba una incapacidad parcial y permanente de porcentaje menor al indicado por la Comisión Médica, pero de carácter definitivo (v. fs. 218/219 y 278), determinación que el juzgador de grado incorporó a su decisión para definir la suerte del pleito.
En ese contexto, no se advierten motivos que conduzcan a acompañar al recurrente en su razonamiento, antes bien, puede observarse que con su proceder el tribunal de la instancia procuró no resignar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, es sabido, deber primordial de un adecuado servicio de justicia (causas L. 80.009, "A., F. B.", sent. de 10-XI-2004; L. 91.011, "Pedrol", sent. de 23-IV-2008 y L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013).
III.2. No varía la suerte del recurso el agravio que pretende sustentarse en el principio de la reformatio in pejus.
Además de no encontrarse provisto de la denuncia de una eventual violación de norma o doctrina legal, en una hipótesis diferente ningún argumento trae el interesado tendiente a justificar la pertinencia de tal postulado cuando lo que se impugna es una resolución emanada -como se dijo- de un órgano administrativo (me refiero, claro, a las Comisiones Médicas que actúan en el ámbito del régimen de riesgos del trabajo).
Dejando de lado lo anterior, cabría todavía precisar que en esta parcela del medio de impugnación insiste el quejoso en sostener que el pronunciamiento del tribunal laboral, en cuanto reconoció un porcentaje de incapacidad menor al definido en el ámbito administrativo, empeoró la situación anterior del trabajador. Sin embargo, circunscripto a tal afirmación, soslaya que en la sentencia en crisis también se declaró que la minusvalía que porta el señor Fernández no era de carácter provisoria sino definitiva, aspecto del fallo que indudablemente resultó favorable al impugnante y que en gran medida le resta vigor al argumento sobre el que se estructura la crítica.
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser desestimado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2020 20:04:00 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 26/06/2020 08:37:39 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 26/06/2020 09:32:36 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 26/06/2020 17:47:23 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 29/06/2020 09:14:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia