Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120163
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.163, "P., M. P. contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 291/300).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 372/392 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 462/464 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal de trabajo interviniente declaró procedente la acción instaurada por M. P. P. -por su propio derecho y en representación de sus hijos M. V. V., M. C. V. y A. V.; solo este último menor de edad en la actualidad- contra Provincia ART S.A. mediante la que reclamó una reparación por el accidente que sufriera el día 28 de mayo de 2013 el señor W. J. V. -esposo y padre de los accionantes- mientras prestaba tareas para Aguas Bonaerenses S.A. y a consecuencia del cual se produjo su deceso el 4 de junio de 2013 (v. fs. 291/300).
En cambio, en lo que es motivo de agravio, el a quo desestimó el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora respecto del decreto 472/14. Consideró que no existía exceso reglamentario en cuanto sus disposiciones determinaban que el índice RIPTE previsto en la ley 26.773 sólo resultaba aplicable a los mínimos indemnizatorios y a los importes de pago único (v. fs. 295 vta. y 296).
Sostuvo el a quo que analizados en conjunto el texto de la ley 26.773 y el del evocado decreto, se advertía que dicha reglamentación no modificaba lo dispuesto por la ley ni alteraba su espíritu, sino que, por el contrario, ratificaba lo establecido en la referida normativa con un lenguaje técnico más claro y preciso.
Destacó que el aludido decreto 472/14 disponía una mejora al régimen reparatorio, al establecer el incremento de los mínimos indemnizatorios y de los importes de pago único adicionales, siguiendo la lógica de las sucesivas actualizaciones que, en beneficio de los trabajadores, se realizaron al sistema de Ley de Riesgos del Trabajo a partir de los decretos 1.278/00 y 1.694/09 (v. sent., fs. 296).
En consecuencia, juzgó que resultaba ineludible que los reclamantes percibieran las prestaciones dinerarias derivadas de la citada normativa (art. 2 in fine , ley 26.773) en un único pago, y conforme lo determinado en los arts. 15 apartado 2 y 11 apartado 4 de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, cuyos importes estableció y ordenó fueran distribuidos en partes iguales entre los derechohabientes del causante, condenando a la aseguradora demandada a su pago (v. sent., fs. 296 y vta.).
Luego, con apoyo en doctrina de este Tribunal, desestimó el reproche efectuado por la actora en torno a la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561 (v. sent., fs. 296 vta.). Finalmente, dispuso que el capital de condena fijado para cada uno de los derechohabientes, llevaría intereses desde el momento de su exigibilidad (4 de junio de 2013) y hasta la fecha de la sentencia, conforme la tasa pasiva "digital" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósitos a treinta días (v. sent., fs. 297).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia violación de los arts. 8 y 17 de la ley 26.773; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo; 14, 14 bis, 16, 17, 19, 28, 43, 75 inc. 22 y 99 incs. 1, 2 y 3 de la Constitución nacional; Pacto de San José de Costa Rica; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de doctrina legal que cita (v. fs. 372/392 vta.).
Alega que conforme lo establecido en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 la aplicación del índice RIPTE abarca a todas las indemnizaciones reclamadas en autos. Sostiene que de considerarse que la citada ley limita su aplicación sólo a los adicionales de pago único y a los pisos mínimos indemnizatorios, ésta resulta inconstitucional, pues una interpretación en tal sentido vulnera el principio de reparación integral del daño (arts. 14 bis, 16, 17, 19, 23, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Refiere que el decreto 472/14 no resulta aplicable al caso de autos por haber sido dictado con posterioridad a la interposición de la presente demanda y porque además perjudica al dependiente damnificado, resultando violatorio de la regla contenida en los arts. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y 14 bis de la Constitución nacional.
Aduce, además, que la citada norma reglamentaria es inconstitucional al pretender restringir a los trabajadores el derecho que les confirió la ley 26.773 a que las prestaciones previstas en los arts. 14 y 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo sean ajustadas por el índice RIPTE. Afirma que resulta contrario al art. 99 incs. 2 y 3 de la Constitución nacional, al derecho de propiedad e igualdad de trato, al principio protectorio y al de progresividad establecido en Pacto de San José de Costa Rica y en el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos con jerarquía constitucional conforme lo establecido por el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional. En este contexto, cita jurisprudencia de la Corte nacional y de las Cámaras Nacionales de Apelaciones del Trabajo.
Cuestiona además que se hubiera rechazado el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561, en cuanto dichas normas transgreden los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
Impugna la liquidación de intereses practicada en la instancia anterior. Señala que al efectuar su cálculo no se respetaron los parámetros fijados en el fallo, transgrediendo el derecho de propiedad de los actores.
Finalmente, critica la tasa de interés moratorio aplicada por el a quo sobre el capital de condena. Postula que corresponde su cálculo conforme a la tasa activa por aplicación de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01 y la doctrina elaborada por este Tribunal en la causa L. 108.796, "F., M. A." (sent. de 6-IV-2011).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 462/464 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Como fue anticipado, el tribunal de origen desestimó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 472/14, por considerar que no existía exceso reglamentario en cuanto sus disposiciones determinaban que el índice RIPTE previsto en la ley 26.773 sólo resultaba aplicable a los mínimos indemnizatorios y a los importes de pago único (v. sent., fs. 295/296).
En ese marco, y teniendo en cuenta el ingreso base mensual de $31.659,17 percibido por el trabajador durante el año anterior a su fallecimiento (v. vered., fs. 292 vta. y 293), condenó a la aseguradora demandada al pago del importe resultante del cálculo efectuado según lo dispuesto en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 ($31.659,17 x 53 x 1,32 = $2.214.875,53) con más el adicional del 20% contemplado por el art. 3 de la ley 26.773 ($498.567,50) y el previsto en el art. 11 apartado 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo ($277.992; v. sent., fs. 296).
III.2. La decisión de grado se ajusta a las directrices sentadas por este Tribunal en los precedentes L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) y L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), sin que los argumentos esgrimidos por el recurrente resulten eficaces para propiciar la revisión de la doctrina actualmente vigente.
En efecto, conforme lo resuelto por esta Suprema Corte en la citada causa L. 118.532, los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6 de la ley 26.773 -actualmente derogados por la ley 27.348-; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; v. también causa L. 119.986, "Pipito", sent. de 20-XII-2017).
En este contexto, y en igual sentido que la exégesis plasmada en el citado precedente, este Tribunal declaró en la mentada causa L. 119.002, que la regulación contenida en el decreto reglamentario 472/14 de la ley 26.773, en cuanto a los importes sujetos a la aplicación del índice RIPTE, no implicaba una transgresión al mandato constitucional del art. 99 de la Constitución nacional.
A partir de lo dicho, corresponde desestimar este tramo del recurso.
III.3. Tampoco prospera la crítica orientada a descalificar el rechazo de la tacha de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561.
Este Tribunal ha declarado en forma reiterada la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, modificada por ley 25.561, en cuanto prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas por los fundamentos expuestos en numerosos precedentes, a lo que, por motivos de brevedad me remito (causas L. 84.999, "Rodríguez", sent. de 23-IV-2008; L. 92.958, "Da Silva", sent. de 3-VI-2009; L. 92.297, "Ferreyra", sent. de 23-III-2010; L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 105.952, "Barrios", sent. de 7-VIII-2013; L. 116.518, "Grandelmeier", sent. de 16-VII-2014 y L. 102.736, "Boll", sent. de 15-VII-2015; e.o.), lo que resulta suficiente para dar respuesta a este agravio (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.4. Sentado ello, y no sin dejar de destacar que la decisión vinculada a la liquidación de los intereses practicada por el actuario a fs. 301 no constituye sentencia recurrible en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 88.040, "Hernández", resol. de 3-XI-2004 y Ac. 88.938, "S., L.", resol. de 9-VI-2004), cabe señalar que a fs. 369 el órgano de grado ordenó practicar nueva liquidación realizada a fs. 370, por lo que, a todo evento, el cuestionamiento realizado ha perdido virtualidad.
III.5. Por último, no cabe admitir el agravio traído en lo que respecta a la tasa de interés aplicada en el fallo.
En efecto, esta Corte al fallar la causa L. 113.328, "M., O. E." (sent. de 23-IV-2014) , declaró que la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 (así como la resolución 287/01, cuya aplicación pretende la recurrente), ha sido concebida y reservada para regir en el contexto del procedimiento administrativo que contempla la ley 24.557 -reglamentado por el decreto 717/96 (B.O. de 12-VII-1996) y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 1.601/07 y 1.604/07, entre otras-, circunstancia que la exhibe ajena al presente proceso judicial e importa un obstáculo para su actuación por los jueces en este ámbito litigioso. Tales directrices, que también se han proyectado sobre la resolución 287/01 dictada por aquel organismo, han sido reiteradas en numerosas oportunidades por este Tribunal, así -entre otras- en las causas L. 117.080, "Espíndola" y L. 116.923, "Ortega" (sents. de 4-VI-2014); L. 117.545, "Bottaia" (sent. de 18-X-2017) y L. 117.464, "Rugeri" (sent. de 20-XII-2017); entre otras.
Entonces, la doctrina actual del tribunal indica que la resolución a la que se alude en el recurso no resulta aplicable en la especie.
Sentado ello, y con relación a lo expuesto por la interesada en cuanto señala que esta Corte se pronunció sobre la aplicación de la tasa de interés establecida en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01 en la causa L. 108.796, "F., M. A." (sent. de 6-IV-2011), cabe destacar que en la referida causa L. 108.796 -en la que el tribunal de trabajo había dispuesto la aplicación de la tasa de interés prevista en la citada resolución 287/01-, la decisión sobre el particular fue confirmada por esta Corte en virtud de la insuficiencia del recurso interpuesto, lo que significa que este Tribunal no se pronunció sobre la norma en cuestión en el sentido que la impugnante pretende.
En definitiva, habida cuenta que la mentada resolución no puede operar en el sub examine, y en tanto ningún otro planteo es formulado por la interesada, la decisión de grado en lo referido a la tasa de interés debe permanecer firme.
IV. En virtud de lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto emitido por mi distinguido colega doctor Genoud.
Solo he de señalar que en lo vinculado con las leyes 23.928 y 25.561, lo resuelto por el tribunal de grado guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (muchos de ellos citados en el sufragio del ponente), sin que el impugnante aporte nuevos argumentos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/07/2020 10:24:00 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 03/07/2020 12:07:48 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 03/07/2020 22:06:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 06/07/2020 14:51:24 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 06/07/2020 19:32:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia