Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120359
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. Asimismo, se modifica el indicado pronunciamiento en lo relativo a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse con arreglo a la alícuota más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.359, "Bufi, Fabricio Ariel contra Federación Patronal Seguros S.A. ART. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 Departamento Judicial de Lomas de Zamora acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 172/193 vta.).
Se interpuso, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 204/215 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Fabricio Ariel Bufi y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de las prestaciones por incapacidad laboral previstas en la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16-, y de la indemnización adicional establecida en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice RIPTE dispuesto en esta última.
Para así decidir, en el veredicto, tuvo por acreditado que el 14 de febrero de 2012 el actor protagonizó un accidente de trabajo mientras operaba una máquina garlopa, que le provocó la amputación de la segunda y tercera falange del dedo índice de la mano derecha (v. fs. 173 vta./175).
También que, como consecuencia de los daños estéticos y funcionales y del estado de estrés post traumático padecidos, presenta una incapacidad del 36,24% de la total obrera (v. fs. cit.).
Por otro lado, juzgó demostrado que los empleadores del dependiente habían contratado un seguro de riesgos del trabajo con la compañía demandada, que se encontraba vigente al momento del infortunio (v. fs. 173).
En la etapa de sentencia, declaró -por mayoría- que, "si bien el accionante no ha peticionado la aplicabilidad de la ley 26.773", conforme con la regla iura curia novit correspondía aplicar sus preceptos a las situaciones jurídicas no resueltas a la fecha de su entrada en vigencia (v. fs. 182/185 vta.). En ese sentido señaló que, en virtud los principios de progresividad y de la norma más favorable, "mientras exista un crédito abierto a favor del trabajador, si una norma jurídica nueva mejora su situación, la misma debe ser aplicada sin más" (fs. 186).
Asimismo, con apoyo en doctrina autoral, agregó que "solo la consumación del hecho reparativo in fieri quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar en que se encontraban antes del daño" (fs. 186 y vta.).
Sobre esas premisas concluyó que "...si la regla general es la que emana del inciso 5 -del art. 17-, para los nuevos siniestros, más allá del análisis de la constitucionalidad de tal limitación temporal, es lógico que lo dispuesto en el inciso 6, abarque a los siniestros anteriores que faltan liquidar, ya sea por no haberse determinado incapacidad definitiva o bien porque la misma esté sujeta a revisión en la instancia jurisdiccional"; destacando que "si esta no fuera la interpretación resultaría evidente que la disposición del inciso 6 sería claramente redundante e innecesaria, ya que el inciso 5 la comprendería" (fs. 187 vta. y 188).
Desde esa perspectiva, juzgó procedente la acción "aplicando el piso establecido por la resolución 1/2016" del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como así también la prestación adicional de pago único contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 189).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde la fecha de la sentencia y hasta la de su efectivo pago, devengaría intereses -conforme con lo dispuesto por el art. 6 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01- a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina (v. fs. 189 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento Federación Patronal Seguros S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 2, 3, 499, 622, 1.071, 1.137, 1.197 y 1.198 del Código Civil; 7 y 10 de la ley 23.982; 12 y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557; de la ley 25.561; de los decretos 1.278/00 y 1.694/09; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto dispuso la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773, a pesar de que no se encontraban vigentes cuando aconteció el accidente de trabajo del actor (v. fs. 207 y vta.).
Explica que, de acuerdo a lo establecido en el art. 17 apartado 5 de la ley indicada, sus normas se aplican a aquellos casos en los que el accidente o la primera manifestación de la enfermedad se produjo a partir del 26 de octubre de 2012 (v. fs. cit.).
Añade que cuando un hecho es anterior a una reforma legal debe aplicarse la norma vigente en aquel momento aunque la obligación no haya sido aún cancelada, porque una cosa es el cumplimiento de ésta y otra distinta su origen o contenido (v. fs. 208 y vta.).
Alega que la decisión cuestionada, al condenar a la demandada a pagar un importe superior al establecido por la Ley de Riesgos del Trabajo y al que en su momento consideró para calcular el costo del seguro, afecta su negocio jurídico y su derecho de propiedad (v. fs. 209 vta.).
Destaca que esta Corte se ha pronunciado con relación a los decretos dictados con posterioridad a la ley 24.557, desestimando expresamente su aplicación retroactiva (v. fs. 210).
Aduce también que, de las propias constancias de la causa, surge que "la parte actora en ningún momento ha peticionado que se aplique en forma retroactiva la ley 26.773" (fs. 210 vta.).
II.2. Por otro lado, objeta la tasa de interés activa que ordenó aplicar el a quo , alegando que la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, que modifica la resolución 414/99, no resulta aplicable al caso. Señala que su dictado se justifica en el marco del procedimiento administrativo previsto por la ley 24.557, para el pago de las prestaciones dinerarias allí contempladas, así como en el contexto de lo dispuesto por las resoluciones 104/98, 24.852 y 24.808/96 (v. fs. 211).
Plantea que en autos no se verifican los presupuestos que tornarían aplicable la mentada resolución, porque Federación Patronal Seguros S.A. no incurrió en mora alguna (v. fs. cit.).
Considera, en definitiva, que la utilización de la resolución de marras se ha convertido en una práctica de determinados tribunales para intentar sortear el criterio de esta Suprema Corte en materia de intereses (v. fs. 211 vta.).
En ese sentido, solicita la aplicación de la tasa de interés pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la doctrina legal sentada en el precedente Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 31-V-1991) y ratificada en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009; v. fs. 212/214 vta.). Recuerda también que, en casos posteriores, se ha declarado la inconstitucionalidad de la ley 14.399 (v. fs. cit.).
III. El recurso prospera.
III.1. En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley indicada, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinado que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta la fecha del accidente de trabajo que sufrió el actor (14 de febrero de 2012), corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto declaró aplicable al caso la ley 26.773.
III.2.a. Respecto a los intereses determinados en la instancia de grado cabe expresar lo siguiente.
El tribunal de trabajo dispuso que el capital de condena, desde la fecha de la sentencia y hasta la de su efectivo pago, devengaría intereses -conforme con lo dispuesto por el art. 6 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01- a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina (v. fs. 189 vta.).
Ante ello, la impugnante denuncia la inaplicabilidad de la resolución 287/01 a estas actuaciones por considerar que no se configuran en ella los presupuestos que la tornarían aplicable, cuales son la mora en el pago de una prestación en el marco de un procedimiento administrativo. Afirma que la judicialización del conflicto obsta a la actuación de dicha resolución (v. fs. 211 y vta.). Se agravia también por la violación de la doctrina legal de este Tribunal que surge de las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 31-V-1991); L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009; v. fs. 212/214 vta.).
En ese marco, debo decir que, aunque la recurrente ha omitido denunciar la doctrina legal idónea a los fines de remover lo decidido en punto a la tasa de interés aplicada por el a quo (causa L. 113.328, "M., O. E.", sent. de 23-IV-2014; e.o.) la denuncia de inaplicabilidad de la resolución 287/01 -más arriba señalada- abastece su impugnación enderezada a dejar sin efecto la tasa de interés activa que percibe el Banco de la Nación Argentina, toda vez que como esta Corte lo ha resuelto en el precedente citado, la resolución aplicada en la sentencia ha sido concebida y reservada para regir en el contexto del procedimiento administrativo que contempla la ley 24.557 -reglamentado por el decreto 717/96 (B.O. de 12-VII-1996) y demás normativa (resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 1.601/07; e.o.)-, circunstancia que pone en evidencia su manifiesta ajenidad a este proceso judicial.
III.2.b. Luego, declarada la inaplicabilidad al caso de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, es menester definir la tasa a la que se calcularán los intereses devengados.
En las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia en cuanto aplicó la ley 26.773 y dispuso que los intereses adeudados se liquiden conforme la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01.
Los autos han de volver al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. En lo referido a lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto estableció la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773, comparto la solución a la que arriba mi colega, ello, a tenor de los fundamentos expuestos en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, concordantes con los brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
I.2. En relación con la tasa de interés moratorio adhiero a lo expresado por el doctor de Lázzari en el punto III.2.a. de su voto.
Luego, definida la inaplicabilidad al caso de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, acompaño la decisión que propone, arribo a tal conclusión a tenor de lo sufragado en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) a cuyos argumentos también envío por celeridad.
II. Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance indicado en el voto precedente.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Comparto la propuesta formulada por los colegas que me preceden en el orden de votación de rescindir la mensura de la prestación sistémica a tenor de los fundamentos que expuse en el antecedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
II. La crítica que refiere a la utilización de la alícuota prevista en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01 debe prosperar, por los motivos dados por el doctor de Lázzari en el punto III.2.a. párrafo cuarto de su exposición, que comparto (causa L. 117.167, "Ramírez", sent. de 31-X-2016).
Luego, dado los términos de la impugnación traída y el pedido de aplicación de la ley 14.399 formulada por el actor en su demanda -cuya inconstitucionalidad fue declarada por mayoría de esta Corte a partir del antecedente L. 90.768, "Vitkauskas" (sent. de 13-XII-2013)- corresponde establecer que la nueva estimación de los acrecidos deberá efectuarse conforme la doctrina legal elaborada en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por el doctor de Lázzari en el apartado III.1., manifestando que en lo que respecta a la aplicación temporal de la ley 26.773, comparto la propuesta decisoria de mi distinguido colega en tanto se condice con la postura que he asumido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que adherí al voto del doctor Genoud, al que remito por razones de brevedad.
II. En lo referido a la tasa a la que deberán calcularse los intereses moratorios también concuerdo con lo expresado en el punto III.2.a., remitiéndome luego -por razón de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac. y 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
III. En función de lo dicho, suscribo la propuesta decisoria contenida en el apartado IV del sufragio inaugural.
Voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara. Asimismo, se modifica el indicado pronunciamiento en lo relativo a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse con arreglo a la alícuota más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/07/2020 10:24:11 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 03/07/2020 11:32:26 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 03/07/2020 22:06:48 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 06/07/2020 14:51:21 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 06/07/2020 19:09:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia