Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120582
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.582, "Torres, Héctor contra Prevención ART S.A. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 290/302 vta.).
Se interpuso, por Prevención ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 309/324 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Héctor Roberto Torres y condenó a Prevención ART S.A. al pago la suma que estableció en concepto de prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución 1/16 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en esta última.
Para así decidir, en el veredicto, declaró acreditado que el día 31 de agosto de 2012 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad laboral del 7,4% del índice de la total obrera (v. fs. 290/291).
Sobre ese escenario, en la sentencia, con sustento en un precedente del mismo tribunal y en la doctrina autoral, estableció que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Señaló que esta conclusión no importaba aplicarla en forma retroactiva, puesto que se trababa de una reparación no consumada, en cuanto al momento de dictarse el fallo la prestación dineraria no se encontraba cumplida. A partir de esas conclusiones declaró la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, "por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 7 CCCN)", ponderando, además, que dicha solución luce "en sintonía con el principio de progresividad" (v. fs. 295/297 vta.).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir a Torres, declaró aplicable al caso la resolución 1/16 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como el art. 3 de la ley 26.773. En ese orden, multiplicó el importe de $943.119 por el porcentaje de incapacidad (7,4%), y a dicho resultado le sumó, además, una indemnización adicional equivalente al 20% (v. fs. 298).
Seguidamente, aplicó el índice RIPTE arribando a un total de $232.822,10 en concepto de prestaciones dinerarias adeudadas al actor por la incapacidad laboral que padece como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó (v. fs. 298 vta.).
Finalmente, dispuso que a dicho capital "se le aditen los intereses a partir de la presente sentencia hasta su efectivo pago a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del Sistema Banca Internet Provincia" (fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación del principio de congruencia, de los arts. 16, 17, 18, 28 y 33 de la Constitución nacional; 7 del Código Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Señala que el tribunal de grado, al aplicar la ley 26.773 -que no se encontraba vigente cuando aconteció el accidente sufrido por el actor- descalificando además la validez constitucional de su art. 17 apartado 5, transgredió el principio de irretroactividad de las leyes, consagrado en el art. 7 del Código Civil y Comercial (v. fs. 313 y vta.).
Añade que también vulneró las directrices establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010) y "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), respecto a la aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00 y en la ley indicada, respectivamente (v. fs. 314 y vta.).
Destaca que, en el mismo sentido, esta Suprema Corte se ha pronunciado en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), donde específicamente estableció que "la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito)" (fs. 315 y vta.).
Indica que tal criterio fue seguido, asimismo, por los superiores tribunales provinciales en numerosos fallos que cita (v. fs. 316 vta./317 vta.).
II.2. A su vez, alega que el a quo también yerra al practicar la liquidación porque aplicó el índice RIPTE sobre los pisos mínimos ya actualizados mediante la resolución 1/16 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (v. fs. 318 vta.). Aduce que dicha decisión implica un apartamiento de las disposiciones contenidas en el decreto 472/14, el cual determina que "sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto N° 1694/09, se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE" (fs. 319).
II.3. Por otro lado, afirma que resulta improcedente la aplicación de intereses para casos, como el de autos, en los que las prestaciones ya han sido actualizadas mediante el referido índice RIPTE (v. fs. 319 vta.).
II.4. Subsidiariamente, para el caso de que no fuese acogido el agravio anterior, objeta la tasa de interés -pasiva digital- que aplicó el juzgador al capital de condena (v. fs. 320). Expone que, al utilizar esa tasa, el sentenciante infringió la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), respecto a la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y a la aplicación de la tasa pasiva (v. fs. 320 y vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653 (v. fs. 290). También, que el voto de la jueza que sufragó en primer término, doctora De Tomaso, dice "A LA ÚNICA CUESTIÓN , la Sra. Jueza Dra. dijo" , sin precisar su nombre y apellido (v. fs. cit.; el destacado figura en el original).
Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó dicho pronunciamiento (v. fs. 291 vta., 301 y vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 302 vta.).
Al respecto, cabe precisar que, aun cuando los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Aclarado ello, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3840/17), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653. Así lo entendió también el a quo , al concederlo en la resolución de fs. 325 y vta., que arriba firme y consentida a esta instancia extraordinaria.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
En consecuencia, este superior Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.
III.3. Empero, no puede soslayarse que el agravio inicial que anima la impugnación, destinado a cuestionar la decisión de grado de declarar la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y -por su conducto- disponer la aplicación retroactiva de ésta, involucra el análisis de una cuestión federal.
III.3.a. Al respecto, ha declarado esta Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dichos cuestionamientos habrán de ser abordados con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3.b. En tales condiciones, debe revocarse la descalificación constitucional del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 pronunciada en la instancia ordinaria.
Sobre el particular, he de insistir en que las mejoras que dichas normativas introdujeron a la ley 24.557 sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
Este es el criterio interpretativo que esta Suprema Corte plasmó al expedirse tanto con relación al decreto 1.278/00 (v.gr. causas L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013), como respecto del decreto 1.694/09 (v.gr. causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015); arribando idéntica solución en oportunidad de dirimir la vigencia temporal de la ley 26.773 (v. causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016).
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.3.c. Luego, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria, que participé- en el citado precedente L. 118.695, y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, considero que la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta procedente.
En efecto, en la citada causa esta Suprema Corte -por mayoría y tal como señalara en el apartado anterior- estableció que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la misma ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia. Dicho criterio, asimismo, se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -esto es el 31 de agosto de 2012, en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuando dispuso incrementar, con apoyo en esa norma, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de condena.
III.4. En virtud de lo resuelto en los apartados anteriores de este voto, donde propongo revocar la actualización del importe de condena dispuesta por el tribunal a quo con sustento en la ley 26.773, deviene inoficioso el abordaje del agravio concerniente a la omisa aplicación al caso del decreto 472/14 (v. fs. 318 vta. y 319). Ello así, toda vez que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.904, "Ibañez", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
III.5. Por las mismas consideraciones, también es inoficioso el análisis del lacónico cuestionamiento a la aplicación de intereses moratorios, fundado precisamente en la supuesta existencia de una múltiple actualización derivada de la utilización del índice RIPTE. Ello, sin dejar de advertir la manifiesta insuficiencia de la crítica en su formulación, al prescindir de la necesaria denuncia de violación de doctrina legal tendiente a verificar la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653 (v. fs. 319 vta.).
III.6. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, siguiendo el criterio delineado en la causa L. 120.764, "M. Viuda d. P., S. E." (sent. de 7-II-2018), cabe manifestar lo siguiente.
III.6.a. El tribunal de trabajo dispuso que "atento al particular modo de concluir" tales accesorios debían ser calculados "a partir de la presente sentencia hasta el efectivo pago a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia" (fs. 298 vta.).
III.6.b. Ante ello, la impugnante denuncia la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada de la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013; v. fs. 320 y vta.).
III.6.c. Debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("atento al particular modo de concluir [...] se le aditen intereses a partir de la presente sentencia..." , sent., fs. 298 vta.), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha del fallo.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de esa normativa, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que involucró la aplicación al capital de condena de dichos preceptos.
En consecuencia, habida cuenta que los autos deberán volver al tribunal de origen por los motivos expuestos en el apartado III.3.c., asimismo los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.7. Por último, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.1. de este voto, me veo compelido a exhortar sobre las irregularidades que se advierten en el dictado del fallo de la presente causa. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Precisamente, la falta en el veredicto de fecha, lugar y nombre de la jueza preopinante, así como la omisión del Actuario de rubricar la sentencia, constituyen evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
A ello debe sumarse el evidente desapego de los jueces de grado a la doctrina actualmente vigente, cuyo acatamiento -vale recordar- responde a la necesidad de mantener, conforme una de las facetas de la télesis de la casación, la uniformidad de la jurisprudencia, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que se apartan del criterio sentado por esta Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 "e", CPCC; 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia: a) revocar la sentencia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, determinó el importe de las prestaciones dinerarias a cargo de Prevención ART S.A. con arreglo a las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por la ley indicada, y ordenó además el pago de la indemnización adicional prevista en el art. 3 de esa misma ley; normas cuya inaplicabilidad se declara; y b) devolver los autos a la instancia de grado para que obre de conformidad con lo resuelto en los puntos III.3.c. y III.6.c., de este voto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1.Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Pettigiani en el punto III.1., de su voto.
I.2.a. También, en cuanto señala que el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010).
Sentado ello, la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.