Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120743
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.743, "Guerrero, Verónica Analía contra Federación Patronal Seguros S.A. Diferencia Indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción instaurada, con costas a la demandada (v. fs. 76/81).
Se dedujo, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 101/107).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por Verónica Analía Guerrero y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias derivadas de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15 (28 de agosto de 2015)- con más la indemnización prevista en el art. 3 de la ley 26.773 y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estable (RIPTE). Asimismo, dispuso que al monto resultante se le apliquen intereses conforme la "tasa pasiva digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha del infortunio laboral (v. fs. 76/81).
En este sentido, previa declaración de la cuestión como de puro derecho (v. fs. 64/65), el a quo evaluó que el día 6 de marzo de 2014 la actora sufrió un accidente in itinere por el cual la Comisión Médica de Junín le otorgó con fecha 2 de octubre de 2015 un 33% de incapacidad del índice de la total obrera (v. fs. 78).
Seguidamente consideró que, no obstante lo abonado por la demandada ($172.221,39, en concepto de indemnización por la incapacidad dictaminada por la Comisión Médica), correspondía evaluar la pretensión deducida conforme la norma vigente al momento del pago (14 de octubre de 2015).
A partir de ello, concluyó que resultaba aplicable al caso la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15 y que, conforme el "piso" indemnizatorio establecido en ésta, la prestación no podía ser inferior a $277.812,48. A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $55.562,49).
A continuación, a la suma resultante dispuso "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (marzo 2014) y la correspondiente al momento del pago parcial (octubre 2015); arribando a un coeficiente de 1,5 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $500.062,45 (v. sent., fs. 79), índice éste que luego elevó a 1,57 en la sentencia aclaratoria, por lo que el monto ascendió a $523.398,70 (v. fs. 89/91).
Finalmente, decidió que al monto de condena resultante se le adicionaran intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", desde la fecha del evento dañoso (6 de marzo de 2014) hasta la fecha en que percibió la suma parcial abonada por el mismo concepto, la cual debía ser tomada como pago a cuenta, descontándose a intereses primero y luego a capital adeudado, todo ello hasta su total y efectivo pago (v. fs. 79 y vta.).
II. La demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y errónea aplicación de la ley 26.773; del decreto 472/14; la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 101/107).
Cuestiona la decisión de origen por considerar que su parte cumplimentó con el pago debido a la trabajadora, conforme las disposiciones de la ley 26.773 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social vigente al momento del hecho.
Se agravia, entonces, porque el tribunal de grado hizo lugar al reclamo de la actora y dispuso la aplicación al caso de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, posterior a la que regía al momento del acaecimiento del evento dañoso sucedido el día 6 de marzo de 2014.
Luego, se opone a la definición del tribunal de origen que adicionó al monto de condena la prestación prevista en el art. 3 de la ley 26.773. Considera que no se verifican en autos los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación, pues se trata en el caso de un accidente in itinere , por lo cual cuando ocurrió la trabajadora no se encontraba en su lugar de trabajo ni a disposición de su empleador.
Señala que el a quo interpretó erróneamente la ley 26.773, así como el art. 17 del decreto 472/14, toda vez que incrementa la prestación abonada a la actora mediante una resolución posterior a la vigente a la fecha del siniestro y le adiciona el 20%, lo que a su vez actualiza por un índice RIPTE de su autoría, aplicando el mentado índice a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados y apartándose de lo dispuesto en la ley.
Cita en apoyo de sus argumentos la doctrina de este Tribunal sentada en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y la emanada de la Corte Suprema Nacional en el precedente "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), entre otras.
Finalmente, impugna la tasa de interés según la cual el juzgador ordenó se liquiden los accesorios sobre el capital de condena. Aduce que vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009), entre otras que cita.
III. El recurso prospera con el alcance que he de exponer a continuación.
III.1. Asiste razón a la recurrente cuando cuestiona la aplicación retroactiva de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, en tanto el tribunal ha vulnerado la doctrina citada por la recurrente.
En la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020) así como en otras de similar tenor (v. causas L. 120.709, "Colaneri"; L. 120.205, "Pereyra", sents. de 11-III-2020 y L. 120.808, "Juárez", sent. de 6-V-2020; e.o.), esta Corte resolvió que corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice RIPTE publicado semestralmente por la Secretaría de la Seguridad Social del Ministerio antes citado, en el contexto definido por la doctrina emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en las causas L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016 y L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; e.o.), en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el 6 de marzo de 2014, el mismo no cae bajo la órbita de aplicación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 28/15, sino de la resolución 3/14 de tal organismo.
III.2. Luego, también acierta la impugnante cuando objeta el modo en que el a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apartado 6, ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
En este marco, le asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que no corresponde calcular dicho índice sobre el piso mínimo ya ajustado, pues tal método no se condice con lo dispuesto en la normativa de aplicación conforme la interpretación que le ha dado la doctrina legal de esta Corte anteriormente citada.
III.3. Sentado ello, también debe prosperar la crítica vinculada con la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
Para brindar respuesta al tópico, considero suficiente reproducir la parte pertinente de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018).
III.3.a. La citada norma, en su primer párrafo establece: "Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma".
III.3.b. La contingencia de autos no cae bajo el ámbito de aplicación del precepto legal.
Arribo a tal conclusión, sin negar las dudas y cavilaciones que puede generar la expresión "a disposición" empleada por el legislador, acentuadas quizás, a poco de observar que desde ciertas opiniones científicas se afirma que la atribución de responsabilidad en el accidente in itinere hallaría su basamento en que en el trayecto pertinente el trabajador pone el tiempo a disposición del empleador, tal como se detalla en el precedente de este Tribunal L. 78.855, "Cebrymsky" (sent. de 8-IV-2007).
Sin embargo, no puede ignorarse -también se ilustra al respecto en la citada causa L. 78.855-, que otras voces sostienen que el fundamento de esa responsabilidad radica en la "ocasión", destacan así "...la gravitación que sobre el infortunio ejerce el hecho del trabajo que obliga a desplazarse hacia un lugar determinado..." (Vázquez Vialard, Antonio; Accidentes y enfermedades del trabajo, Ed. Astrea, Bs. As., 1989, pág. 71), implicando que, el tiempo que el trabajador compromete en la relación de trabajo se limita al comprendido "...entre el momento en que efectivamente pone su capacidad laboral a disposición del empleador, hasta aquel en que esa obligación cesa..." (conf. ob. cit. pág. 73); en consecuencia, en el marco temporal que rodea a este tipo de contingencia, el dependiente no se encuentra "a disposición" del principal.
Hay otros argumentos a considerar: dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su artículo cuarto consagra en favor del damnificado), la norma examinada, al adicionar a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al 20% de las sumas previstas en el régimen, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, parece ser la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil. Ello posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma, porque es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (conf., si bien en el contexto de la ley 24.028, causas L. 83.880, "Monesiglio", sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, "Gómez", sent. de 10-III-2011).
Finalmente, cabe señalar que la solución propuesta, se ajusta al criterio adoptado por la Corte Federal en la ya citada causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART SA s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5°, segundo párr.).
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el a quo en cuanto condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en la especie los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación.
III.3.c. Sentado ello, y por el principio de apelación adhesiva, corresponde abordar el planteo formulado por la parte actora sobre la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 18/19).
En este orden, cabe advertir que el cuestionamiento de la demandante no resulta suficiente ni eficaz para jaquear la validez constitucional de la norma impugnada. Es que, apoyada en la transcripción parcial de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, postula la inclusión del supuesto de autos en el precepto en cuestión, sin otro desarrollo que dé sustento a la pretendida existencia de un agravio constitucional.
Cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia, acto de suma gravedad considerado como la ultima ratio del orden jurídico (causas I. 2.340 "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 5-III-2008 y B. 66.500, "Baldini", sent. de 30-III-2008; e.o.). En este marco, la carga impugnativa que pesa sobre el recurrente (art. 279, CPCC) debe exacerbarse para arribar a una conclusión tan relevante como aquélla que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.318, "Reineche", sent. de 8-IX-2016).
En consecuencia, el planteo de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 26.773 debe ser desestimado.
III.4. En cambio, y sin perjuicio del nuevo cálculo de intereses que implica lo antes resuelto, corresponde rechazar la impugnación referida a la tasa (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado.
En la causa L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016, esta Suprema Corte -por mayoría que no conformé-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016); entre otros.
Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en el punto III.1., III.2. y III.3. del presente.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de ambas instancias por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Pettigiani en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su sufragio.
I.2. En cuanto a los intereses aplicados por el tribunal de grado, también comparto la solución a la que arriba el ponente al rechazar el agravio respectivo, pero ello, en tanto la recurrente soslaya considerar lo resuelto por esta Corte en la temática en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), a la que remito por razones de brevedad.
II. En virtud de lo expuesto, el recurso debe acogerse parcialmente conforme se indica en el punto IV del voto que inaugura este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
Comparto también la propuesta decisoria formulada por el colega ponente de rescindir la mensura de la prestación objeto de reclamo, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de las normas aplicables al caso.
En consecuencia, corresponde devolver la causa al tribunal de origen para que, con distinta integración, establezca los importes en pugna, analice la defensa de pago invocada por la aseguradora en sostén de su postura (v. fs. 42 y 44) y determine, en su caso, la existencia de eventuales diferencias a favor del reclamante.
I.2. Luego, sin perjuicio del resultado que arroje la operación antedicha, la denuncia de violación de doctrina legal en materia de tasa de interés no puede tener cabida, a tenor de lo resuelto por este Corte en los antecedentes L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), a cuyos términos remito por motivos de celeridad procesal.
II. Con el alcance indicado, corresponde admitir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme se indica en el punto IV del sufragio inaugural.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a la solución propuesta por el colega doctor Pettigiani en el punto III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. Luego, para el caso de que se verifiquen eventuales diferencias a favor de la reclamante, en lo referido a la tasa a la que deberán calcularse los intereses, entiendo que la crítica debe prosperar.
I.2.a. Como se dijo, el a quo dispuso que dichos accesorios debían liquidarse, desde la fecha del infortunio laboral, conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 79 vta./81).
I.2.b. En su recurso, la impugnante denuncia vulnerada la doctrina sentada por esta Corte en la causa C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 7-VI-2016).
I.2.c. Ahora bien, importando la aplicación de la ley 26.773 una actualización de los montos sobre los que se ha de calcular la condena, se advierte la necesidad por parte de esta Suprema Corte de fijar una doctrina legal en materia de interés aplicable que, conforme la función que tiene por manda constitucional, dibuje la línea interpretativa a que deberán atenerse los demás tribunales (en los términos del recurso de inaplicabilidad de ley consagrado en los arts. 278 y sigs., CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.2.c.i. En el caso bajo análisis se ha aplicado la tasa pasiva "digital" para calcular los intereses a devengar por un monto ya ajustado por aplicación de las disposiciones de la ley 26.773, por lo que entiendo ese aspecto del fallo debe modificarse. Para justificar tal propuesta
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.