Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120788
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.788, "E., C. P. contra Maguire, Jaime Eduardo. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especifica (v. fs. 386/408 vta.).
Se dedujo por la aseguradora codemandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 437/452 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 500/502 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -por mayoría- admitió parcialmente la demanda promovida por C. P. E. -por sí y en representación de sus hijos menores de edad- contra La Caja ART S.A. (hoy Experta ART S.A.) en cuanto pretendía el cobro de las prestaciones previstas en los arts. 11 apartado 4 y 18 de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 derivadas del fallecimiento del señor M. F. N. G. -concubino de aquélla y padre de sus hijos- a raíz del accidente de trabajo in itinere que sufriera el día 3 de noviembre del año 2012 (v. fs. 386/408 vta.).
En lo que resulta relevante, tras señalar que al momento del evento dañoso se encontraba vigente la ley 26.773, el juzgador de grado declaró aplicables al caso las pautas indemnizatorias previstas en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, por considerar que aun cuando la contingencia fuera anterior a la fecha de entrada en vigencia de la citada resolución, al momento de dictarse el fallo la prestación no se encontraba cancelada (v. sent., fs. 397 vta./401 vta.).
En ese marco, determinó la indemnización en la cantidad mínima prevista en la aludida resolución ($1.090.945), sumando el 20% conforme el art. 3 de la ley 26.773 ($218.189); a ese importe ($1.309.134) le aplicó el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) contemplado en la citada ley, conforme el coeficiente (2,78) que arrojaba el índice vigente entre la fecha del accidente (noviembre de 2012) y el correspondiente al último publicado (agosto de 2016), alcanzando así la cantidad de $3.639.392,52. A su vez, dispuso que debía abonarse en un único pago la cantidad de $727.297 en concepto de la prestación adicional contemplada en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la citada ley 24.557, calculado conforme lo dispuesto en el art. 1 de la resolución 387/16 (v. sent., fs. 402).
II. La aseguradora de riesgos del trabajo codemandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 437/452 vta.).
Sostiene que la decisión de grado en cuanto declara aplicable al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, cuya vigencia es posterior al acaecimiento del infortunio, transgrede el principio de irretroactividad de las normas previsto en el art. 3 del antiguo Código Civil (actual art. 7 del Código Civil y Comercial) y la doctrina de este Tribunal que invoca.
Señala que conforme la fecha del accidente sufrido por el actor (3 de noviembre de 2012), resulta de aplicación la resolución 34/13 del referido organismo, que establece los valores para el período del 26 de octubre de 2012 al 28 de febrero de 2013, vigentes al momento de la contingencia de autos.
Alega que además el a quo interpretó inadecuadamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 reglamentados por el decreto 472/14, dado que el coeficiente RIPTE se aplica exclusivamente a las prestaciones adicionales de pago único y a los pisos mínimos indemnizables, contrariamente a lo decidido por el tribunal de grado que empleó el índice sobre el capital total obtenido.
III. El recurso prospera.
III.1. Asiste razón al recurrente en cuanto cuestiona la aplicación al caso de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16.
En la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020), así como en otras análogas (v. causas L. 120.709, "Colaneri" y L. 120.205, "Pereyra", sents. de 11-III-2020 y L. 120.808, "Juárez", sent. de 6-V-2020), esta Corte resolvió que corresponde emplear el mecanismo de ajuste de las prestaciones del sistema de riesgos del trabajo conforme el índice RIPTE publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal forjada en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) referida a la aplicación temporal de la mentada ley -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de su entrada en vigencia.
En el caso, teniendo en consideración que el infortunio ocurrió el día 3 de noviembre del año 2012, asiste razón al impugnante en cuanto postula que el supuesto no cae bajo la órbita de aplicación de la citada resolución de la Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 sino de la resolución 34/13 de dicho organismo, en tanto en ésta se fijan los pisos mínimos y el valor de las prestaciones adicionales de pago único para el período comprendido entre el 26 de octubre de 2012 y el 28 de febrero de 2013.
En consecuencia, cabe revocar la sentencia de grado según lo resuelto precedentemente.
III.2. También acierta el interesado en cuanto alega la violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
Ello así, pues -como lo expresé al emitir mi sufragio en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017)- el examen conjunto de las normas que integran el sector del ordenamiento jurídico laboral, que regula la materia objeto de este litigio, indica que el controvertido índice RIPTE ha de aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 y 3/14 -entre otras- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
Adicionalmente, cabe señalar que el criterio expuesto se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párrafo).
A tenor de lo expuesto, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto aplicó el mentado índice RIPTE al resultado de la fórmula correspondiente a la prestación que integra la condena y al adicional del art. 3 de la ley 26.773, soslayando el debido empleo de la referida resolución 34/13.
IV. Por lo dicho, cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en los puntos III.1. y III.2. del presente.
La causa deberá remitirse al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Dejando a salvo mi opinión sobre la vigencia temporal de la ley 26.773, he de plegarme a la solución propuesta por el colega que inicia el acuerdo en el apartado III.1. de su voto, en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la aludida ley (y, consecuentemente, de la normativa dictada en su marco de actuación) surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.2. Luego, adhiero a lo manifestado por el citado colega en el apartado III.2. de su voto.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme lo establecido en el punto IV. del voto emitido en primer término.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/07/2020 10:24:35 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 03/07/2020 11:32:20 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 03/07/2020 22:06:37 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 06/07/2020 14:51:14 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 06/07/2020 19:10:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia