Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121074
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.074, "Smit, María Isabel contra Del Viso Day School S.R.L. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, rechazó la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 1.801/1.822 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.838/1.869).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen desestimó la demanda deducida por María Isabel Smit contra Del Viso Day School S.R.L. en cuanto procuraba el cobro de diferencias salariales, haberes adeudados, horas extra, sueldo anual complementario, vacaciones e indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323; 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y en la ley 24.013, con más una reparación por daños y perjuicios (v. fs. 1.801/1.822 vta.).
Para así decidir, entendió ineludible constreñir los hechos relevantes para la dilucidación del pleito. Destacó que no existía controversia respecto a que las partes habían estado vinculadas desde el día 1 de marzo del año 1991 a través de un contrato de trabajo enmarcado en las disposiciones de la ley 13.047 (que rige la actividad docente privada), como tampoco en relación a que la actora había obtenido el beneficio previsional (v. vered., primera cuestión planteada, fs. 1.805/1.806).
Luego, en atención a las cuestiones que juzgó controvertidas y tras evaluar las pruebas adquiridas (testimonial, confesional, documental, informativa, pericial médica y contable), tuvo por acreditado que las tareas cumplidas por la señora Smit durante su vinculación con el colegio demandado habían sido las de Secretaria de Primaria en el turno mañana y Directora de Secundaria en el turno tarde y que si bien laboraba dos turnos, aunque con diferentes funciones, no podía juzgarse trabajo extraordinario a la actividad desplegada fuera del horario laboral y/o de la entidad educativa (v.gr. reuniones directivas en la casa particular de la dueña del colegio, "Sport's Day", Feria de Ciencias, Día de la Familia, etc.), pues dichas labores guardaban relación con el cargo de Directora de Secundaria, máxima autoridad en el universo educativo, según lo establecido en el decreto 2.229/11 vigente en el ámbito bonaerense y citado por la propia accionante como de aplicación al caso (v. vered., segunda cuestión planteada, fs. 1.811).
Entendió además que las remuneraciones percibidas por la demandante se ajustaban a sus labores y a la jornada cumplida, conforme surgía del cotejo efectuado entre las escalas salariales docentes para el año 2011, sus recibos de sueldo y el informe contable, dictamen que -destacó- le generaba convicción acerca de su rigurosidad, calificando de infundadas a las críticas de la actora vinculadas con la falta de exhibición de libros técnicos para la docencia que resultaban de dudosa obligatoriedad, no obstante la importancia que pudieran tener para la trabajadora por sus vivencias en la escuela y en tanto ella formaba parte de la institución (a tenor del dec. 2.229/11); máxime cuando la demandada había sorteado sin ninguna observación la inspección realizada por la Dirección General de Cultura y Educación (v. vered., fs. 1.811 y vta.).
Consideró luego que no existía prueba o indicio alguno respecto a que las renuncias efectuadas por la docente a sus respectivos cargos de Secretaria y Directora estuvieran viciadas de nulidad o hubieran sido emitidas por presiones de la demandada. Puntualizó que de las constancias de la causa surgía que la accionante contaba con la edad jubilatoria y cantidad de aportes suficientes, no estaba yendo a trabajar desde hacía muchos meses (casi dos años, apenas había laborado un puñado de días en el mes de septiembre de 2011) y tenía fuertes sentimientos de temor de volver a sus tareas habituales luego de su prolongada licencia por motivos de salud. Y, fundamentalmente, porque además de cursar los telegramas de renuncia (cuya nulidad aquí pretende), había hecho muchas otras cosas (enviar "mails" a la demandada que no evidenciaban vicios en su voluntad, iniciar el expediente jubilatorio y solicitar los certificados y sus correcciones a la empleadora) que evidenciaban que durante el curso de seis meses se había ocupado de obtener su jubilación, lo que finalmente lograra en marzo del año 2012 (v. informe de AFIP, fs. 1.663 y vered., fs. 1.811 vta. y 1.812).
Ponderó que entre otros incumplimientos endilgados a su empleadora, la docente la había intimado en los términos de la ley 24.013 por deficiencias registrales respecto a su real categoría laboral (Directora de la Secundaria en ambos turnos), jornada y fechas de ingreso en esos cargos, ello, bajo apercibimiento de considerarse despedida. En este sentido, tras evaluar la documentación aportada a la causa (recibos de haberes, certificados laborales y expediente administrativo), el resultado de la pericia contable con las aclaraciones brindadas por la experta en la audiencia de vista de la causa y lo declarado por los testigos, juzgó no demostradas las evocadas irregularidades (v. vered., fs. 1.812 vta.).
Adunó a lo dicho que aun cuando no se acreditaba incumplimiento registral alguno (mucho menos en forma deliberada), no podía dejar de pensarse -aunque sea a suerte de conjetura- lo que podría haber ocurrido en el hipotético caso de que se hubiese comprobado algún desajuste registral en la especial situación de autos, esto es: una relación de larga data, con una empleada que ya contaba con los requisitos jubilatorios (edad y aportes suficientes) y a sólo seis meses de entrar a la pasividad, sin que hubiera existido en este aspecto queja alguna de la trabajadora durante la vinculación o pedido de intervención del Consejo Gremial de Enseñanza Privada como lo autoriza el encuadre estatutario. Expresó además que no soslayaba que los más de trescientos cincuenta recibos de sueldo agregados por la demandante tenían distintas fechas de ingreso pero que entendía que ello se debía a las distintas tareas desempeñadas a lo largo de sus veinte años de trabajo para la accionada, debiendo destacarse que en muchos de ellos figuraba al final la verdadera antigüedad y que en base a ella le fueron abonadas las remuneraciones, dato que también surgía de las certificaciones de servicios que indicaban su ingreso en el mes de marzo del año 1991 (v. vered., fs. 1.813).
Evaluó que aunque ambas partes en sus escritos iniciales relataban una serie de enfermedades padecidas por la señora Smit durante los dos últimos años de la relación, esta las atribuía al trabajo y la contraria las calificaba como inculpables; pero que, sin embargo, estaba fuera de debate que por esas dolencias la trabajadora había gozado de una licencia otorgada por la empleadora durante un extenso período (año 2010 completo y casi todo el 2011, en el que apenas concurrió al trabajo unos días del mes de septiembre). En ese marco, señaló que no observaba ninguna probanza que permitiese aseverar que las situaciones de salud vivenciadas por la señora Smit guardasen relación con las labores efectivamente desempeñadas hasta el año 2009. Refirió que la pericia psiquiátrica (v. fs. 1.570/1.572 y sus aclaraciones a fs. 1.666), carecía de fuerza probatoria por sí sola porque, como lo aclaró el galeno, la misma tenía per se un carácter subjetivo, en base a las vivencias relatadas por la trabajadora y su personalidad. Sostuvo que no parecía racional que una enfermedad autoinmune (púrpura trombocitogénica), tuviera vinculación alguna con el trabajo, como tampoco, entre otras, la alergia a los moluscos, la depresión postdivorcio o el desprendimiento de retina, cuando por lo demás ninguno de esos episodios vivenciados por la reclamante había siquiera comenzado en el transcurso de la jornada laboral (v. vered., fs. 1.813 y vta.).
Agregó que, aun cuando carecía de conocimientos médicos que le permitiesen concluir sobre si esas patologías eran o no de naturaleza laboral (ante la ausencia de conclusión del perito psiquiatra, auxiliar del tribunal), lo que podía expresarse es que si la trabajadora entendía que sus patologías se relacionaban con sus tareas podría ella misma haber denunciado la situación ante la aseguradora de riesgos del trabajo contratada por la demandada, sin tener que aguardar a que esta lo hiciera (v. vered., fs. 1.813 vta. y 1.814).
Luego, juzgó que tampoco resultó demostrado que la actora hubiera sido víctima de "mobbing laboral", acoso o malos tratos por parte del colegio demandado, sus dueños o directivos. Expresó que no resultaba verosímil o probable que ello hubiera acontecido en forma más o menos cercana a la extinción del contrato de trabajo, cuando la actora no había concurrido en los ciclos 2010 y 2011 (en este último, sólo laboró unos pocos días del mes de septiembre). Aclaró que el hecho de que varios testigos hubieran referido al mal carácter de la dueña y a lo exigente que era, permitía interpretar que esa conducta era uniforme respecto a todos sus empleados, sin distingo especial para la accionante, la que además, siquiera había concurrido a prestar servicios durante los dos últimos años lectivos (2010 y 2011) y sólo había mantenido trato con el colegio vía e-mail (v. fs. 847/855), de los que no surgía animosidad o maltrato alguno hacia la actora (v. vered., fs. 1.814).
Por otro lado, y definido que las renuncias -con efecto diferido- formuladas por la trabajadores a sus cargos de Secretaria y Directora en la institución demandada no adolecían de vicio alguno y -por lo tanto- fueron válidas para hacerse efectivas el día 1 de marzo de 2012 ante el pedido de jubilación automática iniciado por la señora Smit (fecha a partir de la cual comenzó a percibir sus haberes previsionales), juzgó probado que el distracto se perfeccionó el día 6 de diciembre de 2011 cuando la accionada tomó conocimiento de la decisión rupturista fundada en el rechazo de esta última a los incumplimientos que se le atribuyeran (v. vered., tercera cuestión planteada, fs. 1.814 vta. y 1.815).
Ya en la sentencia, expresó que no resultaron probados los incumplimientos registrales endilgados a la demandada en el marco de la ley 24.013. Luego, tras juzgar no verificada la versión de los hechos relatada en el escrito inicial, y descartado el intento de nulificar las renuncias efectuadas a sus cargos (Directora del turno tarde y Secretaria del turno mañana), declaró que la situación concreta era la siguiente: en el mes de septiembre del año 2011 la señora Smit decidió renunciar a su trabajo para jubilarse automáticamente, renuncia esta que se haría efectiva el día 1 de marzo de 2012. Solicitó a ese fin los certificados de servicios y el colegio demandado se los entregó en varias oportunidades (porque había algunos errores) y con tales instrumentos, sumados a los que ya tenía por otros trabajos anteriores de docencia, inició el trámite de su jubilación; empero, con anterioridad a que se hiciera efectiva la dimisión, el 6 de diciembre del mismo año se consideró despedida por supuestos incumplimientos de la empleadora, los que no logró demostrar, resultando su decisión inmotivada e injustificada (art. 242, LCT; v. sent., fs. 1.816 y vta.)
Refirió que estando previsto el supuesto de renuncia por jubilación en los arts. 7 inc. "c" de la ley 13.047 y 252 de la Ley de Contrato de Trabajo -de aplicación al caso-, ambos ordenamientos jurídicos determinan que dicha forma de extinción no genera consecuencias indemnizatorias para el empleador. Señaló además, que el estatuto del docente privado (art. 35) dispone la exigencia de una ratificación por escrito de la trabajadora ante el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, la que quedó acreditada con el expediente administrativo agregado por la propia actora. Y, asimismo, que la renuncia condicionada contemplada en el decreto 8.820/62 impone recaudos que la accionante también cumplió, a saber: denuncia ante la oficina administrativa competente y acompañamiento de todos los certificados de su empleador y de los anteriores. De dicha norma se desprende además -prosiguió- la innecesariedad de certificados de cesación de servicios (art. 5) y que la renuncia no podrá ser retirada por el docente (art. 3; v. sent., fs. 1.816 vta. y 1.817).
Sostuvo que no podía desconocerse la sinrazón de la actora, quien tras renunciar a su empleo para acogerse al beneficio jubilatorio -renuncia que no podía ser retirada-, emprendió una campaña para obtener sumas de dinero a suerte de indemnización por la finalización del contrato de trabajo, que no le correspondían por aplicación de las normas laborales (ni por la estatutaria ni por la Ley de Contrato de Trabajo), hasta considerarse despedida por supuestas irregularidades registrales que persistieron durante toda la relación laboral (veinte años) que no logró acreditar (v. sent., fs. 1.817 y vta.).
Sin perjuicio de lo cual, el juzgador consideró necesario formular una reflexión adicional sobre el alcance que debería de asignarse al comportamiento de la actora en el supuesto de que se hubiera acreditado la deficiencia registral en los términos de la ley 24.013. Se preguntó entonces si no podría entenderse que existió un consentimiento de la trabajadora que durante dos décadas aceptó una determinada situación para luego, a tres meses de jubilarse, considerar que no podía continuar con dicha vinculación, cuando además no había concurrido a su trabajo durante los dos últimos períodos. Refirió que en el supuesto de autos no había justificación posible de su actitud rupturista (v. sent., fs. 1.817 vta. y 1.818).
II. La actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 18 y 19 de la Constitución nacional; 11 y 39 incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 11, 12, 17, 21, 22, 52, 57, 63, 75, 81 y 172 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 de la ley 11.653; 1.710 y 1.716 del Código Civil y Comercial de la Nación; 36 y 37 de la ley 14.473; 13 de la ley 24.013 y de doctrina legal que cita (v. fs. 1.838/1.869).
En sustancia, plantea los siguientes agravios:
II.1. Refiere que el tribunal interpretó equivocadamente la conducta asumida por la actora, en cuanto fue el comportamiento injuriante de la escuela accionada lo que la condujo a disponer su despido antes de que se hiciera efectiva la renuncia, la que -aduce- fue "torpemente inducida" por la contraria. Alega -tras objetar la reflexión final que formuló el juzgador- que dicha decisión se produjo en vigencia de la relación laboral y estuvo motivada en el acoso y hostigamiento del que fue víctima por parte de la demandada, sumado a las irregularidades en la registración de su contrato (v. fs. 1.841 vta./1.844 vta.).
II.2. Impugna que no se le reconociera la indemnización por daño moral.
Afirma que el hecho de que la actora padece un trastorno psiquiátrico no sólo quedó corroborado con la prueba documental informativa (historias clínicas) y la pericia médica, sino que nunca fue desconocido por la contraria. Postula además que -como se admite en la sentencia- todos los testigos dieron cuenta del trato agresivo que tenía la dueña del colegio demandado hacia sus empleados (v. fs. 1.844 vta. y 1.845).
Expresa que el galeno se expidió en su informe sobre las consecuencias traumáticas y nocivas que dicho maltrato ocasionó en la actora y que el hecho de que la propietaria de la institución accionada se hubiera comportado de la misma forma con todos sus dependientes, no implica que su conducta tuviera iguales efectos en cada uno de ellos. Agrega que ninguna opinión emitió el perito médico sobre las características o condiciones de las tareas cumplidas por su parte, las que resultaron acreditadas con las declaraciones testimoniales (v. fs. 1.845 vta./1.847 vta.).
Aduce que las magistradas intervinientes al opinar sobre la naturaleza de algunas de sus patologías y la vinculación con el trabajo (entre ellas, depresión postdivorcio, alergia a los moluscos, desprendimiento de retina), se adjudicaron atribuciones ajenas a sus facultades y resignaron su función de indagar y buscar la verdad objetiva. Argumenta sobre las alteraciones físicas y psíquicas que puede causar en una persona el estrés laboral, a la vez que aduce que el juzgador desconoció la forma en que funciona el "mobbing laboral", postulando que todas sus dolencias tuvieron origen en el trabajo. Discurre -además- sobre las irregularidades que entiende ocurridas en la producción de la prueba pericial médica (v. fs. 1.847 vta./1.851 vta.).
II.3. Denuncia arbitrariedad y absurdo en la valoración de los distintos medios probatorios obrantes en la causa.
En relación a la prueba testimonial expresa que al no haber sido reseñados los dichos de los testigos su parte se encuentra imposibilitada de efectuar el control de legalidad y ejercer su derecho de defensa. Sostiene que además durante la audiencia de vista de la causa los deponentes fueron maltratados y hostigados por el tribunal, lo que les generó desconcierto y falta de libertad y espontaneidad para manifestarse sobre los hechos de su conocimiento. Aduna a ello que la demora (cerca de tres horas) en dar comienzo a la evocada audiencia perjudicó a su parte en tanto algunos de sus testigos no pudieron declarar (v. fs. 1.851 vta./1.853).
En ese orden, postula que del análisis de las declaraciones testimoniales se desprende la cantidad de horas extras laboradas por la actora y la severidad y agresividad del trato que tenía la empleadora hacia sus dependientes, lo que evidencia el equívoco en que se incurre en el fallo al evaluar la conducta de la accionante, quien no hizo más que ejercer sus derechos al considerarse despedida (v. fs. 1.853/1.854).
Por otro lado, impugna el valor conferido a la pericia contable. Advierte que no se tuvieron en cuenta las irregularidades cometidas en torno a dicha prueba. Alega que a la actora se le impidió ejercer un contralor, es decir, tomar conocimiento acerca de la documentación que iba a consultar la perito para realizar su dictamen, circunstancia que fue oportunamente denunciada ante el tribunal que se limitó a citar a la experta para que brinde aclaraciones en la vista de la causa. Refiere que por ese motivo la contadora -en una actuación que califica como sugestiva- solamente auditó la documentación exhibida por el personal de la escuela demandada, haciendo caso omiso a los restantes instrumentos necesarios para llegar a la verdad (v. fs. 1.854 vta./1.856 vta.).
Cuestiona que no se considerara que la propietaria del colegio demandado (Sandra Pinchetti) no absolvió posiciones, por lo que debió tenerse a la accionada por confesa respecto de distintas circunstancias (entre otras, su fecha de ingreso, horario laboral y categoría). También que no se aplicara al caso el apercibimiento contenido en el art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 1.856 vta./1.857 vta.).
II.4. Objeta que el tribunal fundara el rechazo de la demanda en los arts. 726 y 727 del Código Civil y Comercial de la Nación. Alega que dichos preceptos nada tienen que ver con el derecho laboral o las cuestiones que se ventilan en el proceso. Refiere que el error en la cita normativa se corresponde con el enfoque sesgado que han utilizado las magistradas intervinientes al apreciar y evaluar la prueba (v. fs. 1.858).
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