Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121154
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.154, "Sosa, Romina Soledad contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lázzari, Genoud, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 233/250).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 275/294 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 323/328), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Romina Soledad Sosa -quien se presentó por sí y en representación de sus hijos menores de edad, Nadia Soledad y Alejandro Martín Mocse- contra Provincia ART S.A., en cuanto procuraban el cobro de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen asistencial especial por el fallecimiento del señor Pedro Mauricio Mocse -quien en vida fuera esposo y padre, respectivamente, de los accionantes-, ocurrido el día 23 de diciembre de 2010 (v. fs. 233/250).
Para así resolver, juzgó probado que el causante se desempeñó como peón general de campo bajo la dependencia del señor Claudio Caviglia hasta la fecha señalada, en la que perdió la vida a consecuencia de un accidente de tránsito, mientras se encontraba prestando tareas para su empleador (v. vered., fs. 233/235).
A su vez, señaló que se encontraba acreditada la existencia de un contrato de afiliación entre este último y la demandada Provincia ART S.A., por la cual ésta se obligó a dar cumplimiento con las obligaciones emergentes de la ley 24.557. Agregó que no obstante ello, dicha entidad rechazó dar cobertura a la contingencia (v. vered., fs. 233 vta. y sent., fs. 238 vta.).
En la sentencia, el órgano de grado juzgó -por mayoría- que el infortunio configuraba un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo (art. 6 apdo. 1, LRT), por lo que la demandada debía responder de acuerdo a lo establecido en la ley vigente al momento del accidente (ley 24.557), complementándose éste con el régimen de la ley 26.773 (v. sent., fs. 240 vta.).
Luego, con apoyo en lo decidido por el tribunal de grado en otras causas y a la luz del principio de aplicación inmediata de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil (ley 340), expresó -con cita de doctrina- que la aplicación de las mejoras introducidas por el decreto 1.694/09 a aquéllos infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de vigencia de la norma no afectaban el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 y 17, Const. nac.), sino que protegían a los trabajadores que no habían visto cancelados sus créditos oportunamente y que debieron recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas, "...reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac. y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22)..." (sent., fs. 241/243 vta.).
Determinó que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicho texto legal que se encontraran incumplidas e impagas. Agregó, que sólo el pago total (consumación del hecho reparativo) quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar que se encontraban antes del daño, sin que haya retroactividad por la aplicación de la ley actual al hecho reparativo no consumado íntegramente (v. sent., fs. 243 vta.).
Dispuso que en el caso no resultaba de aplicación la doctrina plasmada por esta Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, por vulnerar los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y el principio de aplicación inmediata de la nueva ley (arts. 3, Cód. Civ., ley 340 y 7, Cód. Civ. y Com.). Adunó a lo expuesto, que tal solución era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular y que se encontraba en sintonía con el principio de progresividad reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Aquino" (entre otros) y recepcionado en la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 26; no alterándose con dicha decisión el principio de congruencia, ya que se otorga la indemnización tarifada y no se incluyen como condena rubros no peticionados (v. sent., fs. 244 y vta.).
Sostuvo también, que tampoco se lesionaban el derecho a la defensa en juicio de la accionada, ni las reglas del debido proceso, ya que la aseguradora demandada había ejercido sin restricciones su derecho de defensa (v. sent., fs. 244 vta.).
Con todo, puesto a determinar el importe indemnizatorio conforme lo establecido en la ley 24.557 (arts. 6, 15 apdo. 2 y 18 apdo. 1), el juzgador de grado lo cuantificó inicialmente en $223.360,06 ($2.076,03 -IBM- x 53 x 2,03 -65/32-), ello con más la suma prevista por compensación dineraria adicional de pago único (art. 11 apdo. 4 inc. "c"); la cual conforme la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, ascendía a $727.297 (v. sent., fs. cit.).
Empero, sostuvo que por aplicación del decreto 472/14, la indemnización indicada no podía ser inferior a $2.036.431 ($727.297 -art. 11 apdo. 4 inc. "c", LRT- + $1.090.945 -art. 15 apdo. 2, LRT- + $218.189 -art. 3, ley 26.773-), suma que hubo de tomar en consideración por resultar mayor a la actuarialmente calculada.
Luego, consideró que correspondía revalorizar dicho importe conforme el índice RIPTE vigente entre los meses de diciembre de 2010 (444,13) y noviembre de 2016 (2.334,36), el cual arrojaba un coeficiente de 5,25. En tales condiciones, declaró procedente recomponer la prestación dineraria por el fallecimiento del señor Mocse como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó, estableciéndola en $10.691.262 ($2.036.431 x 5,25; v. sent., fs. 245).
Finalmente, dispuso aplicar intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 245 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza el apoderado de Provincia ART S.A. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 171 de la Constitución provincial; 3, 21, 622, 656 segundo párrafo, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil (ley 340); 14 de la ley 24.557; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial local; 2 de la resolución 414/99; 16 del decreto 1.694/09; la resolución 3/14 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 275/294 vta.).
II.1. Inicialmente, le endilga al tribunal de trabajo la comisión de absurdo y arbitrariedad en la apreciación de la prueba.
Cuestiona la definición de grado en cuanto tuvo por probado que el actor sufrió un accidente ocurrido "por el hecho o en ocasión del trabajo", sobre la base de la declaración brindada por un único testigo (v. fs. 279 vta. y 280).
Manifiesta que el juzgador se apartó del material probatorio aportado, forzando determinadas circunstancias de hecho y ocultando cuestiones esenciales para justificar la condena dispuesta a su parte (v. fs. cit.).
En ese orden, explica que, al recibir la denuncia del siniestro, la aseguradora decidió investigar las circunstancias fácticas por las cuales ocurrió el deceso del señor Mocse y encomendó dicha tarea a un estudio privado, el cual en su informe recabó el testimonio del señor Caviglia, quien manifestó que el día del accidente el trabajador había laborado normalmente sembrando soja y "una vez finalizada su jornada laboral, se dirigía a Vedia para pasar las fiestas con sus padres...". Añadió, que otro testigo -el señor Velazco- declaró desconocer qué iba a hacer al lugar al cual se dirigía (v. fs. 280 vta.).
Sostiene que las actas testimoniales suscriptas por ambos fueron ofrecidas como prueba documental y posteriormente reconocida por el señor Caviglia en la audiencia de vista de la causa. Aduce que dada la condición de empleador y socio de este último -extremo que surge de los autos caratulados "Sosa, Romina Soledad c/ Maisterrena, Alfredo s/ daños y perjuicios" (Expte. n° 5.174), solicitados por el sentenciante al Juzgado Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de Junín para dictar sentencia-, se encontraba comprendido en las generales de la ley y que dicha circunstancia no fue asentada (v. fs. 280 in fine y 281).
Asegura que, en la audiencia de vista de la causa, Caviglia modificó su testimonio primigenio y colocó al occiso en horario laboral al momento del accidente, argumentando que el trabajador se encontraba viajando por una orden de él cuando en realidad, fue de naturaleza ajena a las tareas, por lo que -entiende- la aseguradora no debe responder (v. fs. 282 y vta.).
Por ello, afirma que la acción incoada debió rechazarse, en tanto los hechos denunciados por la parte actora en su libelo inicial fueron "deliberadamente tergiversados" (v. fs. 282 vta.).
Argumenta sobre la aplicación de los efectos desfavorables de la confesión ficta, reputando acreditados hechos que fueron negados por su parte y que tampoco encuentran respaldo en el resto de la prueba (v. fs. 283/284).
II.2. Por otro lado, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773, toda vez que el infortunio sufrido por el trabajador acaeció con anterioridad a su entrada en vigencia.
Expone que el tribunal se apartó del pronunciamiento dictado por la Suprema Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), concordante con el precedente "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 284 y vta.).
Asevera, que mediante la equívoca interpretación de la ley 26.773, el juzgador de origen arribó a una prestación dineraria absurda, arbitraria y desproporcionada a favor de los accionantes, que afecta su derecho de propiedad y defensa en juicio (v. fs. 285).
En ese sentido, señala que aun cuando se aceptara la aplicación retroactiva de dicho régimen legal, el sentenciante de grado interpretó inadecuadamente su art. 17 apartado 6 al utilizar el índice RIPTE sobre el mínimo determinado según el decreto 472/14, y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, pues en estas se define - con arreglo a lo dispuesto por el art. 8 de la referida ley- el importe de la prestación actualizada (v. fs. 285 in fine /288 vta.).
Concluye que, si bien resulta nítida la inaplicabilidad al caso del art. 8 de la ley 26.773 y de la resolución 387/16 atento la fecha del infortunio (23 de diciembre de 2010), constituye un verdadero despropósito que las prestaciones determinadas con arreglo a tales normas sean indexadas mediante la implementación del índice RIPTE (v. fs. 289).
La irrazonabilidad de la mecánica -a su criterio- radica en que, en definitiva, se aplicó una doble actualización sobre el crédito original, pues la intención del legislador, afirma, nunca pudo haber sido la aplicación del RIPTE para actualizar los montos mínimos de la prestación del art. 14 y luego volver a utilizarla sobre el resultado de la suma de estos. En tal sentido, solicita la aplicación al caso de la doctrina legal que emerge del precedente L. 118.532, "Godon", sentencia de 5-IV-2017 (v. fs. 289 y vta.).
II.3. Posteriormente, objeta los intereses aplicados sobre el capital de condena a la tasa pasiva digital fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 290/293 vta.).
Sostiene que la tasa pasiva más alta se asemeja a la activa e indexa el crédito de los actores (v. fs. 290 vta.).
Tras formular diversas consideraciones afirma que lo resuelto no se ajusta a la doctrina legal que emerge de las causas L. 94.446, "Ginossi"; C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013); entre otras (v. fs. 294 y vta.).
II.4. Finalmente, controvierte la imposición de las costas a su cargo.
Manifiesta que la aseguradora demandada pagó en tiempo y forma a los accionantes las sumas correspondientes a la indemnización por el accidente y, por lo tanto, solicita se revoque la imposición de las mismas y se lo exima de abonarlas (v. fs. 293 vta.).
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recuso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, se advierte que el veredicto obrante a fs. 233/235 carece de fecha, de la indicación del lugar en que se dictó y del Departamento Judicial en que se asienta el tribunal (incumpliendo así las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653); además puede observarse que la secretaria del órgano de origen no lo ha rubricado (v. fs. 235), falencia que nuevamente se verifica en la sentencia (v. fs. 249/250), limitándose a suscribir la planilla de circulación de expedientes (v. fs. 236) y la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 250).
No se sabe, entonces, quien redactó el acta de Acuerdo, ni hay quien dé fe de los votos que allí se volcaron.
Al respecto, cabe precisar que, los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado lo anterior, corresponde entonces ingresar en el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, inicialmente atender el cuestionamiento dirigido a censurar las razones que brindó el tribunal para juzgar acreditado que el siniestro laboral ocurrió "en ocasión del trabajo".
III.2.a. Al responder el interrogante planteado en la segunda cuestión del veredicto, el tribunal de grado juzgó que el día 23 de diciembre de 2010, aproximadamente a las 17 hs., el señor Mocse se dirigía desde el campo en el cual trabajaba hacia la localidad de Vedia, con la finalidad de comprar un repuesto que necesitaba para una maquinaria de trabajo; oportunidad en la que sufrió un accidente de tránsito que le provocó su inmediato fallecimiento (v. vered., fs. 233/234 vta. y sent., fs. 238 vta.).
Para así decidir, halló probadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar del infortunio a través de las copias certificadas de la causa penal agregadas por cuerda a las presentes actuaciones; así como también por las posiciones absueltas en rebeldía por la aseguradora de riesgos del trabajo demandada (v. vered., fs. 234 y sent., fs. 238 vta. y 239).
Además, tuvo especial consideración en la declaración del único testigo que asistió a la audiencia de vista de la causa -el señor Caviglia-, quien expuso que el día del luctuoso suceso (aproximadamente a las 16:30 hs.) el trabajador lo llamó por teléfono y le comunicó que se dirigiría a la localidad de Vedia para comprar un repuesto de una sembradora (propiedad de su empleador) que utilizaría para trabajar en el campo al día siguiente y que luego iría a la casa de sus padres (v. vered., fs. 234 vta. y sent., fs. 239).
En tal sentido, remarcó que la cantidad de testigos de las partes no era una regla axiológica a tener en cuenta al momento de valorar sus declaraciones, puesto que en el proceso laboral no regía el principio testis unus, testis nullus y que, en tal caso, su testimonio debía ser apreciado y relacionado con las restantes pruebas (v. sent., fs. 239/240).
Fundándose en las consideraciones fácticas vertidas en el veredicto, el tribunal declaró que los accionantes habían logrado acreditar la existencia de "un acontecimiento súbito y violento, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo" en los términos del art. 6 de la ley especial 24.557, que le provocó la muerte al señor Mocse.
Sobre esa base, sostuvo que encontrándose vigente el contrato de afiliación -en los términos de aquella ley- entre el empleador y la aseguradora de riesgos del trabajo demandada, esta última debía responder (v. sent., fs. 238 vta.).
III.2.b. Inicialmente, cabe recordar que determinar si en el caso el trabajador -o sus derechohabientes- acreditaron -o no- con la prueba aportada a la causa el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, así como evaluar el material probatorio, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 98.855, "González", sent. de 21-IV-2010; L. 99.333, "Ramos", sent. de 10-VIII-2011; L. 111.383, "Canovil", sent. de 26-III-2014; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; e.o.).
Ello, como es sabido, exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008 y L. 103.502, "Peñalva", sent. de 10-VIII-2011).
III.2.c. Aunque el recurrente lo denuncia, juzgo que no logra evidenciar que el pronunciamiento de grado se encuentre afectado por tal vicio extremo.
III.2.c.i. En efecto, el embate por el que pretende descalificar la idoneidad de la declaración testimonial brindada en la audiencia de vista de la causa fundada en la existencia de un único testigo -el señor Caviglia- y la supuesta calidad de socio con el causante, en nada modifica el razonamiento del juzgador, en tanto este hubo de señalar especialmente, que "la cantidad de testigos deponentes por una y otra parte no es regla axiológica a tener en cuenta cuando se valoran las declaraciones testimoniales, más aún cuando en el proceso laboral no rige el principio testis unus, testis nullus ." Por ello, agregó que "en tal caso el testimonio debe ser apreciado y relacionado con las restantes pruebas producidas"; de ahí que valoró como elementos probatorios para apuntalar el relato efectuado por el testigo, a las posiciones absueltas en rebeldía por la parte demandada y la causa penal adjuntada, la cual le permitió tener por ciertas las circunstancias de tiempo, modo y lugar invocadas en el escrito de demanda (v. sent., fs. 239/240).
En este contexto, corresponde señalar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016).
Luego, cabe destacar que si bien en el caso del testigo singular la regla de apreciación en conciencia adquiere -como indicó el juzgador- mayor significación, lo cual se traduce en una estricta evaluación de su testimonio, ello en modo alguno importa el cercenamiento de las facultades privativas que la regla procesal de aplicación (art. 44 inc. "d", ley 11.653) otorga a los juzgadores de grado (causa L. 110.437, "Maza", sent. de
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