Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122555
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.555, "Cid Paillaman, Hernán Aquiles contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 193/200).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5 de julio de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Hernán Aquiles Cid Paillaman contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250), y aquéllas con sustento en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 196/198 vta.).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión de cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
En ese orden, si bien tuvo por acreditado que el empleador no depositó los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos (v. vered., tercera cuestión, fs. 194 y vta.), juzgó que la procedencia del reclamo exigía cursar una intimación con anterioridad a la extinción contractual, indicando los períodos retenidos y su importe; recaudos que estimó "...necesarios para la constitución en mora teniendo en cuenta su carácter de aplicación restrictiva y la severidad de la que se trata" y no se verificaron en la especie (v. sent., fs. 197 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
Se agravia del rechazo de la pretensión fundada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, denunciando la trasgresión de la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira" (sent. de 5-VI-2013), entre otros.
Afirma que el juzgador transgredió e interpretó erróneamente el alcance de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la ley 20.744 (art. 43, ley 25.345) al reprocharle que la intimación causada no satisfacía los requisitos de oportunidad y contenido, pues tales extremos no surgían del texto de la normativa indicada.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 4), los recibos de sueldo (v. fs. 5/86) y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 157)-; ello, en tanto, afirma que de su análisis surge con claridad que en el período reclamado la empleadora procedió a la retención de los aportes de la seguridad social, sin ingresarlos luego al sistema.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones devengadas mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acredite de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent de 20-XII-2017).
III.2. Corresponde rescindir aquella parcela del pronunciamiento en la que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma, al no realizarse antes de la desvinculación contractual y no incluir con precisión el monto y período de los aportes presuntamente retenidos.
La citada normativa establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria motivo de reclamo, el trabajador "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin dejar de señalar que en su intimación (v. fs. 4) el actor indicó el período correspondiente a la infracción denunciada, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión fundada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por conducto de exigir al actor el cumplimiento de requisitos (extensión y magnitud de la infracción y oportunidad del emplazamiento) que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3.a. Descartadas, entonces, las exigencias formales en las que el tribunal de grado fundó su decisión, corresponde analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Ello así, pues si bien es cierto que el tribunal tuvo por probado que el empleador no depositó los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos (v. vered., fs. 194 y vta. y sent., fs. 197 vta.), no lo es menos que la demandada no pudo recurrir esa decisión, toda vez que la sentencia le resultó favorable.
Desde esa época se advierte que la legitimada pasiva sostuvo, en oportunidad de contestar la demanda, que correspondía el rechazo de la sanción, puesto que había cumplido con el depósito de las deducciones efectuadas (v. fs. 113 y vta.).
Luego, y por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013), ya que, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa Ac. 81.298, "Reboredo", sent. de 11-VI-2003).
En tal sentido, deviene necesario revisar el acierto de la conclusión fundada en la inexistencia de transferencia a los organismos correspondientes de los aportes retenidos.
III.3.b. Este Tribunal ha declarado que para la procedencia de dicha sanción debe concurrir la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y la subsistencia de tal omisión al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
III.3.c. En ese marco se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis.
En efecto -tal como lo sostiene el propio sentenciante- con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 5/86 y el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fs. 155/161, se verifica que, en vigencia del vínculo, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y no cumplió la carga de ingresarlos en su totalidad (v. fs. 157).
Asimismo, acreditada la autenticidad y recepción del telegrama glosado a fs. 4, emerge sin cavilaciones que el señor Hernán Aquiles Cid Paillaman intimó a su empleadora (21 de septiembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical (v. informe de Correo Argentino, fs. 150 y vered., fs. 194).
Por lo tanto, en ausencia de elementos que permitan abonar el cumplimiento de la obligación del empleador, se configuran en la especie los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso. En virtud de lo expuesto, quedando -a partir de lo dicho- atendidos los argumentos traídos, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto la solución propuesta por mi distinguido colega doctor Genoud en su sufragio. Arribo a tal definición, si bien en el concreto contexto de las constancias obrantes en la presente relevadas en el voto que antecede, a tenor de los argumentos que brindé al emitir mi opinión en la causa L. 122.214, "Cabezón" (sent. de 11-VI-2020), análoga a la presente y a la que por razones de brevedad -en lo concordante- me remito.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, se observa que el fundamento central esgrimido por el juzgador para desestimar la sanción conminatoria mensual (v. sent., fs. 197) deriva de una errónea interpretación del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues esta norma no exige que la intimación sea realizada durante la vigencia del vínculo laboral, tampoco lo hace -por cierto- su decreto reglamentario (art. 1, dec. 146/01).
I.3. En lo demás, también suscribo la opinión de mi colega.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el punto IV del voto inaugural.
Voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda. Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:26:57 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:45:02 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:46:53 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 13/07/2020 14:37:09 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 14/07/2020 08:41:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia