Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121705
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.705, "Giacopetti, Germán contra Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 365/397).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 410/422).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que resulta de interés por constituir materia de agravios- hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Germán Giacopetti contra Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G., a quien condenó a abonar las sumas que especificó en concepto de diferencias salariales, diferencias en las indemnizaciones por despido y preaviso, en el sueldo anual complementario y en las vacaciones proporcionales, horas extras y aquellas indemnizaciones contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dispuso además -por mayoría- que a dicho monto se adicionaran intereses desde que cada crédito se devengó y hasta la fecha de notificación de la demanda o en su defecto hasta el día 1 de agosto de 2015 a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, los que luego debían ser acumulados al capital de condena y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quede firme la sentencia (v. sent., fs. 365/397).
Fundamentalmente, consideró acreditado que las partes se encontraron vinculadas bajo una relación de linaje laboral desde el día 10 de enero de 2000 y hasta el 4 de junio de 2015, regida por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 404/00 "E" articulado con el 152/91, encontrándose el actor comprendido en la categoría "promotor de ventas A" y habiendo tenido una jornada de ocho horas más dos horas extras por cinco días semanales.
II. La parte demandada Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 1 de la ley 25.323; del principio de congruencia y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 410/422).
Expone los siguientes agravios:
II.1. Censura la conclusión de grado que consideró acreditado que el trabajador realizó dos horas extras durante cinco días a la semana (v. fs. 413 vta./416).
Objeta que el tribunal de origen haya fundado tal decisión en los testimonios de los señores Santisteban y Torres quienes -alega- tienen juicios pendientes con la demandada; descartando las declaraciones de los testigos ofrecidos por la demandada por considerar que habían intentado favorecer a dicha parte. Agrega -a todo evento- que de ninguno de los testimonios surge que el señor Giacopetti hubiera realizado cuarenta horas extras mensuales, habiendo incluso el propio actor reconocido en el intercambio telegráfico la realización de veinte horas extras al mes.
Asimismo, señala que el rubro se estimó en forma global, por lo que la empleadora se ve obligada a abonar horas extras aún durante los lapsos de la licencia anual ordinaria del dependiente.
II.2. Objeta la procedencia de diferencias salariales a favor del trabajador con sustento en el Convenio Colectivo de Trabajo 152/91, cuando el propio juzgador desestimó su aplicación a la presente relación laboral. Añade que tampoco existe prueba que acredite que los salarios abonados fueron inferiores a los que correspondía en virtud del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, es decir, 404/00 "E" articulado con el 152/91 (v. fs. 416/417).
II.3. Luego, se agravia del progreso del agravante indemnizatorio previsto en el art. 1 de la ley 25.323 resuelto en el pronunciamiento de grado (v. fs. 417/419 vta.).
Afirma con ello que el fallo vulnera el principio de congruencia ya que el actor no cuestionó durante la relación laboral ni al extinguirse "la forma en que se había registrado el contrato", y que fue recién en el escrito de demanda que reclamó aquel rubro alegando que se había registrado un salario básico inferior. En este marco señala que encontrándose acreditado que el salario básico solicitado por el trabajador, correspondía a un Convenio Colectivo distinto al que regía el contrato, no existe falta de registración al respecto.
Por otro lado, aduce que la fecha de ingreso que figura en el alta temprana del trabajador es aquella en la que este efectivamente ingresó a prestar servicios bajo dependencia del demandado, y que en los recibos se consignó una distinta porque se le reconoció la antigüedad generada mientras prestaba servicios para una contratista de Cervecería y Maltería Quilmes S.A. A su juicio lo argumentado por el tribunal al respecto difiere "de lo peticionado por la parte actora y la contestación efectuada".
II.4. Objeta la condena al pago de las indemnizaciones previstas en el art. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 419 vta. y 420).
Indica que habiéndose abonado al trabajador la liquidación final en tiempo y forma, este no se encontró compelido a iniciar acción alguna, ya que -agrega- tampoco corresponde el pago de horas extras ni existió deficiente registración de la relación laboral.
Añade que la certificación a la que alude el art. 80 de la ley 20.744 fue adjuntada a la presente causa por el propio accionante, lo que -a su criterio- demuestra que fue entregada en tiempo y forma.
II.5. Controvierte el cálculo de los intereses moratorios realizado por el tribunal de origen. En ese sentido, destaca que el contrato de trabajo que vinculó a las partes finalizó con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Reitera que, siendo las remuneraciones variables, se lo está condenando a abonar sumas que no debe por haberse efectuado un cálculo global de las horas extras (v. fs. 420/421).
II.6. Por último, aduce que el a quo fijó los honorarios de las partes intervinientes vulnerando los arts. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y la doctrina que individualiza (v. fs. 421 y vta.).
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. No resulta atendible la crítica vinculada con la jornada laboral.
III.1.a. El órgano judicial de grado declaró acreditado que el débito laboral al que estuvo sometido el actor fue bajo la jornada legal de ocho horas, más dos horas extras durante cinco días a la semana. Para así decidir, calificó de conteste, veraz y convincente la declaración de los testigos Melczarski, Santisteban y Torres sobre el tema. Ponderó que los dos primeros refirieron -en esencia- que el horario se extendía más allá de las 7:30 a 15:30 horas (llegando a las 17 o 18 horas) y que el señor Torres en su carácter de cliente de la demandada durante quince años, dijo haber recibido al actor en su comercio a las "17:00, 18:00 y/o 19:00 horas" y que además se comunicaba telefónicamente con él tres o cuatro veces al día a las 7:00 hs. En cambio, "descartó" los testimonios de los señores Petrolo y Bastida Vecino, resaltando que cumplían funciones jerárquicas en la empresa y que, en relación al horario, denotaban una "notoria intención de favorecer la posición de su empleador"; añadió que el testigo Fuente únicamente se había referido a su propio horario de trabajo. Sobre dicha base, y meritando que el empleador tampoco había presentado el "Libro/Registro de Horas Extras", consideró aplicable las prescripciones de los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 368 y vta.). Adunó que en su contestación de demanda el propio empleador reconoció que "existía un horario de entrada y otro de salida, es decir, que además del horario cumplido en la calle existía un horario administrativo a cumplir en las oficinas de la empresa" (vered., fs. 382 vta. y 383).
III.1.b. No resulta ocioso rememorar que determinar si el dependiente laboró o no en jornada extraordinaria -así como las circunstancias de su desempeño: días de la semana, cantidad de horas y demás extremos relevantes- configura una típica cuestión de hecho que deriva de la valoración de la prueba pertinente, constituyendo facultad reservada de los jueces de la instancia ordinaria, salvo eficaz demostración de absurdo (causas L. 97.653, "Larragueta", sent. de 3-XI-2010; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015).
Tan grave vicio no es acreditado por el recurrente, en tanto se limita a exponer su personal punto de vista sobre cómo debieron ponderarse los testimonios, técnica carente de idoneidad (causa L. 85.851, "Avalos", sent. de 18-XI-2008; e.o.). Sabido es que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir la valoración de la prueba testimonial, habida cuenta que, al apreciar "en conciencia" dicho medio probatorio, el tribunal del trabajo ejerce una facultad privativa, tanto respecto al mérito como a la habilidad de los testigos (causa L. 97.930, "Pedreira Olveira", sent. de 13-IV-2011; e.o.). Pero, además, la crítica exhibe la pretensión de disputarle al tribunal de trabajo el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba, método igualmente ineficaz para representar la hipótesis del absurdo (causa L. 102.390, "Ruiz", sent. de 24-XI-2010; e.o.).
III.2. Tampoco es de recibo el agravio concerniente a la procedencia de diferencias salariales correspondientes a los meses de febrero a junio del año 2015.
III.2.a. Luego de expresar que los cálculos realizados por el perito contador resultaban incorrectos por haberlos efectuados "sobre las prescripciones del CCT madre de FATAGA -SUTIAGA n° 152/91" y por ello no los tendría en cuenta, ponderó especialmente que la demandada en su conteste acompañó el acuerdo salarial al que aludía la resolución 1.453/14, que a esa fecha ya había sido modificado por la resolución 1.519/15 de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, situación que -sumado a que omitió indicar el convenio de empresa aplicable- hacía suponer que al momento del distracto la accionada utilizaba el convenio anterior. En ese marco, comparando lo abonado al trabajador y lo que debió haber percibido conforme al anexo I del Acuerdo FATAGA-CMQ 2014-2015 para un "Promotor de Ventas A", juzgó que existían diferencias en los meses de febrero a junio de 2015 (v. vered., fs. 376/378 y 382 vta.) por los conceptos horas extras, diferencia en gestión comercial y asignación no remunerativa (v. sent., fs. 386).
III.2.b. El interesado circunscribe su crítica a enunciar lacónicamente que no existe ninguna prueba que acredite que los salarios abonados fueron inferiores a los que correspondían y que de la circunstancia de haber acompañado un acuerdo salarial del año 2014 no pudo inferirse que se liquidaron los salarios en base al mismo, máxime cuando se trata de una relación que se extendió durante dieciséis años.
El recurrente se desentiende de las motivaciones sobre las que el órgano de grado estructuró esta parcela del pronunciamiento: la ausencia de toda réplica vinculada con la comparación entre lo abonado y lo que correspondía en los meses de febrero a junio del año 2015 de conformidad con el acuerdo FATAGA-CMQ 2014-2015 para la categoría del actor (v. fs. 379 vta., 382 vta. y 386) efectuada en el fallo de grado, sella la suerte adversa del agravio, pues sabido es que para que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta indispensable que en él se efectúe una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 98.354, "Cortés", sent. de 30-XI-2011; L. 111.323, "Sánchez", sent. de 22-VIII-2012 y L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015).
Las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, resultando de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir adecuada y eficazmente la conclusión medular del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 99.317, "Lezcano", sent. de 9-XII-2009 y L. 94.850, "Vargas", sent. de 3-III-2010).
III.3. No mejor suerte ha de seguir el agravio relativo al progreso del reclamo sustentado en el art. 1 de la ley 25.323.
III.3.a. En lo que interesa, el tribunal de grado señaló que de los recibos de haberes acompañados por el actor y por la propia demandada, surgía como fecha de ingreso del trabajador el día 10 de enero de 2000; que en el certificado de Servicios y Remuneraciones ANSES PS.6.2 la accionada había indicado el día 1 de diciembre de 2001 y que en el dictamen pericial contable y en el informe de la AFIP de fs. 274 constaba que el alta del trabajador databa de enero de 2003. Adunó que la demandada no había desconocido los recibos de haberes ni los hechos expuestos por la actora en la demanda relativos a la fecha de ingreso. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, concluyó que correspondía tener por fecha de ingreso del señor Giacoppeti la del 10 de enero de 2000, por ser la más favorable al trabajador (v. vered. fs. 369/370).
Luego, juzgó verificado en el caso el supuesto previsto en la citada norma de la ley 25.323, pues -dejando de lado el tema salarial- tuvo por acreditado que al momento del despido la relación laboral se encontraba deficientemente registrada en lo tocante a aquella fecha (v. vered., fs. 381 vta.; sent., fs. 387).
III.3.b. En lo referido a la denuncia de violación del principio de congruencia, advierto que si bien el interesado efectúa genéricas alusiones afirmando que los argumentos que contiene el pronunciamiento "difieren de lo peticionado por la parte actora y la contestación efectuada", en modo alguno intenta abastecer su crítica mediante un discurso útil para evidenciar la presencia del vicio de absurdo en la valoración de los escritos constitutivos, ello, a pesar de que tal recaudo reiteradamente ha sido exigido por este Tribunal en este tipo de planteos (causas L. 114.209, "Saez", sent. de 27-XI-2013; L. 115.030, "Coletto" sent. de 16-VII-2014 y L. 118.992, "Machado", sent. de 4-VII-2018).
Lo expuesto, resulta suficiente para desechar este tramo de la impugnación.
III.3.c. Por otro lado, el resto del planteo del quejoso no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son, por regla, privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión de los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas (causa L. 112.631, "Borchi", sent. de 17-IV-2013).
Además de agotar su crítica en la mera exhibición de un criterio particular y discrepante con el del juzgador de grado, construye su embate aduciendo que la fecha del alta ante la AFIP no se condice con la consignada en los recibos de sueldo porque se le reconoció al trabajador la antigüedad generada prestando servicios para una contratista de la Cervecería, pero sin haber objetado concretamente la decisión del a quo al respecto.
III.4. Cabe rechazar el agravio por medio del cual se controvierte la condena al pago de las indemnizaciones contempladas en el art. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 45, ley 25.345), en tanto pretenden sustentarse en la propia postura que adopta el quejoso al negar la procedencia de los reclamos por horas extras y deficiencia en el registro del vínculo laboral, cuyas respectivas impugnaciones fueran descartadas. Debe señalarse, además, que también ha quedado firme lo resuelto por el a quo en torno a la fecha de ingreso del trabajador, dato fundamental -esencialmente- en lo que respecta a la temática que gira en torno a la obligación de entregar los certificados exigidos legalmente.
III.5. Tampoco puede prosperar el agravio relativo al modo en que fueran calculados los intereses.
III.5.a. Tras declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399, el tribunal de origen -por mayoría- con sustento en los incisos "b" y "c" del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, determinó que al monto de condena debían adicionarse intereses desde que cada crédito se devengó y hasta la fecha de notificación de la demanda si el citado Código se encontraba vigente o -en su defecto- hasta el día 1 de agosto de 2015 a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, los que en dicha oportunidad debían capitalizarse y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quede firme la sentencia (v. sent., fs. 365/397).
III.5.b. Una característica propia de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación, en ese marco se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 85.897, "Baez", sent. de 19-IV-2006; L. 93.833, "Iriarte", sent. de 29-V-2008 y L. 97.605, "Collio", sent. de 14-IV-2010).
Por ello, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe acatar -ante todo- el recaudo básico relativo a la indicación en términos claros y concretos de la ley o doctrina que se repute violada o erróneamente aplicada. Bajo tales lineamientos, debe advertirse que en la especie el interesado omitió denunciar toda eventual transgresión apta para ser traída en el medio de impugnación deducido, no pudiendo esta Suprema Corte suplir de oficio, por inferencias o interpretación la cita de los preceptos legales que debió efectuar el recurrente para sustentar su impugnación (causas L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014 y L. 117.357, "Genetti", sent. de 8-X-2014).
Frente a tal deficiencia técnica ha de permanecer incólume también en este aspecto, el pronunciamiento.
III.6. En cambio, merece respuesta favorable el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 24.432).
III.6.a. Cabe reseñar cierta jurisprudencia relacionada con las disposiciones contempladas en la ley 24.432.
Al fallar la causa "Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I." (F.420.XXXVII, sent. de 28-VII-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la naturaleza común de la legislación mencionada.
Sobre tal base, puede concluirse que los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, que incorporaron un nuevo párrafo a los arts. 505 del Código Civil (reiterado en análogos términos en el art. 730 del Cód. Civ. y Com.) y 277 de la ley 20.744, estableciendo un tope del 25% del monto fijado en la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo, en concepto de costas por la sustancia que regulan, no requieren adhesión alg
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