Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121591
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.591, "Kralj, Gastón Fernando contra Provincia ART S.A. y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó íntegramente la acción deducida, con costas (v. fs. 150/156).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 162/170), el que denegado parcialmente por el citado órgano a fs. 172 y vta., fue concedido por esta Corte (v. fs. 211/212 vta.) al hacer lugar a la queja interpuesta a fs. 200/207.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por el señor Gastón Fernando Kralj contra Provincia ART S.A. y el Ente Administrador Astilleros Rio Santiago S.A. (Fisco de la Provincia de Buenos Aires), en cuanto pretendía el cobro de una indemnización integral -con sustento en las normas del derecho común- y de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, por la disminución de su capacidad laboral derivada de las afecciones que alegó padecer como consecuencia de las tareas prestadas bajo relación de dependencia de este último.
Para así decidir, tras valorar los informes periciales y las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa, juzgó que en el caso no se logró acreditar que la afección física del actor (hernia de disco) tuviese vinculación o nexo causal con la actividad que realizaba -supervisor en los sectores "Prefabricado (Platos) Montaje de gradas", "Obras civiles" y "Pinturería de buques mercantes" del Astillero- ni con ninguna contingencia derivada del trabajo. Asimismo -prosiguió-, tampoco se probó la culpa del empleador en la producción del daño o la omisión en la adopción de medidas de seguridad denunciada (v. sent., fs. 150/151 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento el accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 512, 622, 1.109 y 1.113 del Código Civil; 75 de la Ley de Contrato de Trabajo; 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 1, 2, 6, 8 y 12 de la ley 24.557; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 162/170).
II.1. En primer lugar se agravia del rechazo de la acción por la que se procuraba el cobro de las prestaciones provenientes del régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo. Señala que el contenido de los informes periciales -médico y técnico- y las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa, evidencian que la relación causal entre las patologías que padece y las tareas que desempeñó durante un período prolongado -superior a tres años- "no solo es clara sino también natural" (v. fs. 166/167).
Afirma que dichas labores le demandaron grandes esfuerzos que fueron perjudiciales para su salud.
Sobre esa premisa considera verificados los presupuestos necesarios para admitir la procedencia de las prestaciones dinerarias reclamadas. Ello, en tanto entiende que -con arreglo a lo dispuesto en la ley 24.557 y el decreto 49/14- la prueba de que las tareas que desempeñaba eran aptas para producir el daño resultaba suficiente (a tenor de los términos de la pericia técnica) para la condena.
II.2. Sostiene que el juzgador de grado incurrió en absurdo al no atribuirle al trabajador un rango laborativo incuestionado por las partes (v. fs. 167 y vta.).
Manifiesta que la categoría denunciada en la demanda no ha sido controvertida en tanto la legitimada pasiva en ocasión de contestar la demanda "...sólo se limitó a negar las características del trabajo señaladas en demanda, mas en ningún pasaje de su relato aportó elemento alguno del que se permitiera interpretar distinto. Ello no es controversia, eso es simple oposición..." (últ. fs. cit.).
A partir de ello, arguye que el sentenciante no debió tener por probada su condición de "Supervisor" (cargo que adquirió con posterioridad a la toma de conocimiento de la incapacidad) sino la de "Pintor" de buques y afines.
En consecuencia considera que se incurrió en extra petitio violentando el art. 168 de la Constitución provincial al fundamentar su pronunciamiento en una condición del accionante jamás invocada por la demandada en su defensa.
II.3. Por otro lado, indica que las conclusiones que estableció el tribunal de grado para rechazar la acción indemnizatoria fundada en las normas del derecho común -atributivas de responsabilidad subjetiva y objetiva- resultan absurdas (v. fs. 167 in fine /169).
En ese sentido, aduce que los elementos de prueba referidos corroboraron también la conducta negligente imputada al empleador -es decir, el incumplimiento de sus obligaciones en materia de higiene y seguridad (cursos adecuados; la enseñanza y ulterior exigencia de protocolos de seguridad y la falta de entrega de elementos de prevención), y la ausencia de controles médicos periódicos- así como el carácter riesgoso de su actividad laboral.
II.4. Por último, peticiona la aplicación al caso de las previsiones de la ley 26.773 (v. fs. 169 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que interesa, con apoyo en el informe pericial médico, el tribunal de grado juzgó acreditado que el actor padece hernias de disco lumbares que le generan una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 15% del índice de la total obrera. Destacó en este punto que el galeno informó que "la hernia discal es una enfermedad que está relacionada a traumatismos" y que "las protrusiones discales lumbares suelen deberse a esfuerzos musculares violentos, levantar objetos pesados, caída sobre nalgas etc...", por lo que -continuó-, de demostrarse que las tareas realizadas por el accionante reúnen las características señaladas, habría nexo causal con las secuelas referidas con una incidencia laboral del 70% (v. fs. 151).
Respecto de las restantes dolencias denunciadas en demanda, afirmó que el galeno determinó que el daño psicológico "que podría tener el actor se vincula con el accidente que tuvo en el año 2002" y que, además, "no se evidencia daño auditivo" (v. fs. 151 vta.).
Por otra parte, consideró -asimismo- que las explicaciones dadas en la pericia técnica por el ingeniero resultaron insuficientes para demostrar las tareas específicas que realizaba el señor Kralj y el ambiente en el cual trabajaba pues, el informe sólo describió genéricamente las labores que se desarrollaban en los sectores donde se desempeñaba el actor y los elementos utilizados allí (v. vered., fs. 150 y vta.).
Finalmente, valoró las declaraciones brindadas por los testigos Datko y Pérez, y determinó que a partir de ellas tampoco se pudo comprobar que tuviere que adoptar posiciones incómodas o realizar esfuerzos físicos en lugares muy confinados, presupuestos a los que el perito médico supeditó la atribución al trabajo de la patología columnaria que presenta (v. últ. fs. cit.).
Sobre esas conclusiones, el juzgador declaró que en el caso no se evidenció la relación causal entre la actividad laboral desarrollada por el trabajador y la dolencia incapacitante que padece; y en ese orden, desestimó tanto la pretensión de cobro de la reparación integral -fundada en las normas del derecho común-, como de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 (v. sent., fs. 154 y vta.).
III.2. Si bien el recurrente estructura su impugnación por conducto de una crítica parcialmente diferenciada respecto del rechazo, de un lado, de la pretensión fundada en el régimen asistencial especial y, del otro, del reclamo sustentado en el derecho a una reparación integral por aplicación de las normas del derecho común; en rigor su despliegue argumental se propone objetar la conclusión de grado por la que se declaró no acreditada la existencia de nexo de causalidad entre la afección columnaria que padece y las tareas que alegó haber prestado en las condiciones descriptas.
Dicha motivación, esencial y común para la suerte adversa de ambas pretensiones de la instancia de grado, no logra ser enervada en esta Sede por el recurso sometido a análisis.
III.2.a. Sentado lo anterior, conviene memorar -según lo ha declarado reiteradamente esta Corte- que la valoración de los elementos probatorios conducentes para definir la categoría en que revistó el trabajador y las características de las tareas por él desempeñadas, como también si existe relación causal o concausal entre estas y la consecuente incapacidad que pueden originar, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado, no susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 104.919, "Roncayoli", sent. de 21-XII-2011; L. 116.908, "C., G. J.", sent. de 3-IX-2014; L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015; L. 118.933, "Sáenz", sent. de 5-X-2016; L. 119.336, "Flores", sent. de 28-II-2018; e.o.).
III.2.b. En el caso, si bien denuncia el recurrente la existencia del mentado vicio lógico, no logra -como adelanté- acreditar su configuración (art. 279, CPCC).
Bajo estas directrices, los agravios que porta el escrito de impugnación no lucen hábiles para evidenciar la configuración de la mentada anomalía. Ello así porque el interesado no satisface la exigencia de formular un cuestionamiento concreto, frontal y eficaz a los motivos expuestos por los jueces de la instancia ordinaria para arribar a su decisión (causas L. 96.124, "L., N. A.", sent. de 15-VII-2009 y L. 103.505, "Gil", sent. de 6-VII-2011).
III.2.b.i. Apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento -en cuanto concluyeron que la prueba aportada por el accionante resultaba insuficiente a fin de demostrar que las condiciones de trabajo y la relación causal con las afecciones incapacitantes denunciadas (v. vered., fs. 150/151 vta.)-, se limita a oponer su apreciación personal, intentando un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo, sistema ineficaz para patentizar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el vicio de absurdo (causas L. 109.399, "Gentili", sent. de 4-VII-2012; L. 107.491, "V., A. R.", sent. de 3-X-2012; e.o.).
III.2.b.ii. Por las mismas razones es inatendible el cuestionamiento a las conclusiones que estableció el juzgador en relación a la falta de verificación de la culpa del empleador en la producción del daño, o de la omisión de medidas en materia de seguridad. Ello, toda vez que sólo exterioriza una mera discrepancia subjetiva, tendiente a descalificar aspectos que también son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, sustentada en su propia versión sobre los hechos y el modo en que debieron apreciarse las pruebas (causas L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014; L. 119.064, "Britos", sent. de 11-VII-2018; L. 120.522, "Alegre", sent. de 7-VIII-2019; e.o.).
III.2.b.iii. Para mayor satisfacción del recurrente, cabe agregar, concretamente en relación al embate por el que se alega que para la condena al pago de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, bastaba con acreditar -por aplicación del decreto 49/14- el tipo de tareas prestadas durante un plazo no inferior a tres años; que dicha argumentación no puede ser atendida toda vez que no ha sido sometida a conocimiento del tribunal de trabajo (v. demanda, fs. 5/11) con el alcance que se le atribuye en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, resultando -por ende- novedosa (causas L. 100.121, "Carrizo", sent. de 26-V-2010; L. 104.919, "Roncayoli", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.099, "Schlotthaver", sent. de 8-IV-2015).
III.3. Frente a la suerte adversa del recurso en los aspectos señalados y quedando firme -por ende- la decisión de grado por la que se rechaza la pretensión de cobro de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, deviene inoficioso el abordaje del planteo referido a la aplicación al caso de la ley 26.773, pues no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011; L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:26:45 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:45:18 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:47:17 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 10/07/2020 12:14:50 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 14/07/2020 08:19:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia