Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121158
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.158, "Lagos, Cristian Roberto c/ Ricardo Nini S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria, Genoud , Pettigiani, Torres .
El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 738/764 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 771/786 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente, hizo lugar a la demanda interpuesta por Cristian Roberto Lagos contra Ricardo Nini S.A., a quien condenó a abonar las sumas que especificó en concepto de vacaciones proporcionales 2011, indemnización por despido injustificado, sustitutiva de preaviso e integración de mes de despido, aquella con sustento en el art. 1 de la ley 25.323, diferencias salariales y daño moral. Rechazó, en cambio, la aplicación del recargo indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, reintegros, restitución de pagos indebidos, contribuciones y deudas fiscales y seguro por desempleo. Dispuso luego que el capital de condena ($944.896,23) devengaría intereses calculados con arreglo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo a treinta días, en su variante "digital" (v. fs. 738/764 vta.).
En lo que resulta de interés, juzgó acreditada la existencia de un contrato de trabajo registrado entre las partes entre el 1 de noviembre de 2005 y el 24 de abril de 2007, en el marco del cual el actor se desempeñó como chofer del supermercado mayorista demandado. Asimismo, por mayoría, consideró demostrado que las partes celebraron a partir del mes de abril de 2007, un contrato de leasing y uno de "servicios comerciales de fletes", con arreglo a los cuales el actor siguió desempeñando exactamente la misma actividad, aunque bajo el ropaje formal de aquellas figuras jurídicas no laborales (v. vered. primera cuestión, fs. 738 vta. y 739), siendo las tareas desarrolladas compatibles con las de un conductor de primera categoría (personal de corta distancia) dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 (v. vered. sexta cuestión, fs. 742 vta.).
También por mayoría declaró que la relación que vinculó a las partes se extinguió por despido indirecto notificado por el actor a la patronal el día 23 de septiembre de 2011 (v. vered. quinta cuestión, fs. 742 y vta.).
Abocado a determinar la naturaleza jurídica del segundo tramo del vínculo que ligó a las partes (desde abril de 2007 hasta noviembre de 2011), el voto mayoritario del tribunal de origen señaló que habiendo la demandada admitido la prestación de servicios en dicho período, pero negado la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza (contrato comercial de flete y leasing ), en virtud de lo normado por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, a ella le correspondía la prueba de la alegada vinculación. Agregó que no habiendo dado cumplimiento con tal faena, regía la presunción establecida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que cabía considerar demostrado el carácter laboral de todo el tramo por el que se extendió la relación (v. sent., fs. 752/753).
Especificó que un profundo análisis de la prueba testimonial y documental no desvirtuaba tal presunción legal, sino que por el contrario, la reforzaba. Subrayó, en relación a la prueba pericial contable, que ante la negativa de la patronal a exhibir buena parte de la documentación e información solicitada por el experto, este únicamente pudo responder cinco de los setenta y un puntos de pericia propuestos (v. fs. 753). Luego, destacó que el contrato de "servicios comerciales de flete" fue firmado incluso antes de que la empresa diera de baja el contrato de trabajo. Y que de la prueba testimonial y documental surgía que el actor utilizaba el camión entregado en leasing para transportar la mercadería de la demandada, que tenía un horario fijo, reservándose la patronal intensos poderes de organización y dirección empresaria sobre el actor (incluyendo un exhaustivo control satelital del recorrido), con amplias facultades de sustituir su voluntad sobre la forma en que debía desempeñar su tarea. Remarcó que después del cambio de ropaje del contrato el actor siguió cargando mercadería en "Nini" todos los días aproximadamente a las 6 de la mañana, volviendo al establecimiento al concluir el reparto, donde también le cargaban el combustible, portando el camión el logo de "Nini", siendo dicha empresa la que fijaba el precio del flete (v. vered., fs. 738 vta./739 vta. y sent., fs. 753 vta. y 754).
Meritó especialmente, que del propio relato de la patronal surgía que el cambio de encuadramiento jurídico de la relación fue decidido unilateralmente por la empresa demandada, quien a partir del conflicto colectivo acaecido en el año 2006, decidió despedir a los choferes que trabajaban bajo su dependencia, para luego tercerizar la distribución hacia los extrabajadores despedidos, a quienes hizo suscribir contratos de flete comercial y les otorgó en leasing los mismos camiones de la empresa que antes conducían. Es decir, siguieron trasportando las mercaderías de "Nini" en los mismos vehículos, y en las mismas condiciones de prestación, con la sola diferencia del ropaje jurídico que revestía el vínculo. El voto mayoritario juzgó que ello importaba una evidente y burda simulación para evadir la aplicación de normas laborales a fin de encubrir lo que siguió siendo una relación laboral bajo la forma de un contrato comercial autónomo, en tanto sin solución de continuidad el prestador de servicios siguió brindando exactamente las mismas tareas, con similares modalidades, en un vehículo de propiedad de la empresa, a cargo de una contraprestación en dinero y con sujeción al poder directivo de su "antiguo" empleador. En ese trance, consideró que las partes nunca dejaron de estar vinculadas por un contrato de trabajo, en tanto el segundo tramo de la relación, simulado bajo un fraudulento ropaje extralaboral, revistió claramente todas las notas que exige el art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered. primera cuestión, fs. 739 y vta.; sent., fs. 753/754).
Concluyó entonces, que el vínculo que ininterrumpidamente medió entre las partes fue un único contrato de trabajo, aunque fraudulentamente encubierto a partir de abril de 2007 mediante la simulación de un supuesto contrato de flete comercial, al que declaró nulo en virtud de los principios de irrenunciabilidad y de primacía de la realidad consagrados en los arts. 14 y 21 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 754 y vta.; 757 y vta.).
Continuó señalando el voto mayoritario, que tal conclusión no se modificaba por el hecho de que el actor se hubiera inscripto como autónomo ante los organismos tributarios, ni porque hubiera contratado trabajadores que operaban como ayudantes de chofer. Por un lado, porque verificadas las notas que tipifican al contrato de trabajo, la forma jurídica resulta indiferente y estéril para enervar el linaje laboral del vínculo.
Por el otro, porque si bien se encontraba acreditado que el actor se valió de la colaboración sucesiva de cuatro ayudantes, que se dedicaban casi exclusivamente a cargar y descargar la mercadería, secundando al actor en la tarea, no lo reemplazaron en el ejercicio de su labor, permaneciendo incólume el carácter infungible de la prestación del trabajador (art. 28, ley 20.744). Adunó que no hubo variación alguna en la modalidad de la prestación, ya que la mecánica de trabajo adoptada fue siempre igual durante toda la vinculación en tanto no se encontraba controvertido que incluso cuando el actor figuraba registrado como trabajador dependiente sus funciones de chofer consistían en conducir un camión del empleador, con un ayudante también dependiente de la misma empleadora (v. vered. segunda cuestión, fs. 748 vta. y 749; sent., fs. 754 vta./756).
Por último, consideró que el actor no actuó "bajo una estructura empresarial propia" ya que ni las mercaderías, ni el camión (que era de la empresa, y si bien fue otorgado en leasing al trabajador, debió ser devuelto por este cuando se extinguió el vínculo), ni las ganancias de la actividad eran de propiedad del actor. Agregó que tampoco se había invocado o probado que el accionante hubiera seguido desarrollando actividad "empresaria" alguna luego del despido (v. fs. 756 vta. y 757).
Luego, tras declarar procedente la demanda respecto de los rubros derivados del despido, vacaciones proporcionales del año 2011 y la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323 (v. sent., fs. 757 vta./758 vta.), en lo que aquí interesa, ante la discrepancia entre lo que le fue abonado al actor desde el mes de enero de 2006 y hasta septiembre de 2011 y lo que debió percibir por su categoría y jornada como conductor de primera categoría (personal de corta distancia) dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 en ese mismo intervalo temporal, acogió el reclamo por diferencias salariales (v. vered. sexta cuestión, fs. 742 vta./744 vta. y sent., fs. 758 vta./760).
Por último, indicó que habiéndose verificado los presupuestos de hecho configurativos de un acto ilícito contractual al que la ley imputa la obligación de indemnizar, en tanto se determinó en la presente causa que el contrato firmado por las partes se encuentra viciado como negocio jurídico aparente e insincero y que la demandada actuó abusivamente, declaró procedente el daño moral, razonable en cuanto a su magnitud fijarlo en la suma de $250.000 (v. sent., fs. 760 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 16, 18 y 19 de la Constitución nacional y de doctrina legal que cita.
Expone los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, objeta la condena impuesta a Ricardo Nini S.A. por conceptos indemnizatorios de linaje laboral -devengados a partir de abril de 2007-, por considerar que es producto de una absurda valoración de la prueba producida (v. fs. 772/780).
II.1.a. Alega que el voto mayoritario interpretó arbitrariamente los testimonios de los señores Ezequiel Alberto Lagos y Herrera. Señala que aunque el primero de los nombrados es hermano del actor y tiene causa pendiente contra la demandada, espontáneamente reconoció que el accionante le delegaba la conducción del camión dominio EKE 273 y que se enojó y devolvió el camión que había tomado en leasing . Agrega que de lo declarado por el testigo Herrera resulta dogmático y forzado concluir, tal como lo hiciera el voto mayoritario, que existió relación de dependencia entre las partes a partir del año 2007 (v. fs. 772/773).
Aduce que se encuentra acreditado -con el intercambio telegráfico- que el actor no colocó en mora a la demandada y que las partes se encontraban ligadas por contratos comerciales libremente celebrados con intención, discernimiento y pacífica voluntad, en tanto el actor coadyuvó a la inscripción en el organismo del Estado para su publicidad, los ejecutó durante años, contrató dependientes a su cargo para llevar adelante su emprendimiento comercial, contrató libremente una aseguradora de riesgos del trabajo y declaró ante la AFIP-DGI que realizaba tareas de fletes.
Señala que no se han acreditado vicios en la voluntad negocial del actor, ya que siempre actuó en consecuencia y estricta concordancia de los contratos celebrados voluntariamente. Arguye que, por el contrario, no se produjo prueba tendiente a demostrar que el señor Lagos hubiera sido forzado a suscribir contratación comercial alguna. En ese camino, cuestiona que el juzgador haya declarado la nulidad del contrato de flete comercial que unió a las partes, en tanto -sostiene- no existió perjuicio para el actor ni -tampoco- las notas tipificantes de un contrato de trabajo (v. fs. 773 vta./777).
II.1.b. Señala que el propio actor, a partir de la prueba testimonial e informativa, acreditó que la firma "Cristian Roberto Lagos" es una empresa unipersonal habilitada por ley para tener dependientes y para la prestación de servicios de fletes por sí y/o a través de terceros. Agrega que el pronunciamiento de grado parcializó aleatoriamente el análisis de las pruebas, soslayando realizar un razonado análisis de las mismas a través de la sana crítica.
Considera probado que el actor abonó de su propio peculio el control satelital para su beneficio por cuestiones de seguridad; el cambio y/o reparación de las cubiertas de las ruedas del rodado; la póliza del seguro obligatorio contra terceros del camión mientas fue tomador del Leasing Operativo Automotriz; el impuesto automotor; las cuotas de la locación del camión "Mercedes Benz". Expresa que el señor Lagos no ejerció la opción de compra del mentado vehículo, porque voluntariamente rescindió el contrato de leasing a través del Acuerdo de Partes.
Reitera, una vez más que la conclusión del voto mayoritario que declaró la nulidad de un contrato comercial inscripto y que no fue suscripto y/o rescindido bajo ningún tipo de coacción, carece de apoyatura en las constancias de la causa (v. fs. 777/778 vta.).
II.1.c. Denuncia que la sentencia es arbitraria al calificar como simulada y nula la relación comercial habida entre las partes. Aduce que ello es consecuencia de una interpretación distorsionada de la presunción iuris tantum que dimana del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Objeta que se haya descalificado la pericia contable, a partir de la cual surge acreditado que el señor Lagos registró al menos cuatro empleados a su cargo, a los que registró sindicalmente, que el accionante contrató aseguradora de riesgos del trabajo para sus dependientes, que la demandada le abonó al actor cuando fue su dependiente las indemnizaciones de rigor, la que -además- tampoco se descuenta de la liquidación por antigüedad practicada por la actuaria. Ni tampoco valoró que fue prestador de servicios comerciales de fletes, emitiendo facturas C y A (v. rec., fs. 778 vta./780).
II.2. Desde otroángulo, objeta el pronunciamiento en cuanto reconoce la procedencia de diferencias salariales desde el año 2006, apuntando -además de renovar el desconocimiento de la relación laboral- que ellas no fueron oportunamente intimadas extrajudicialmente y que corresponden a períodos que se encuentran prescriptos (v. rec., fs. 780 y vta.).
II.3. Asimismo controvierte la condena por daño moral, calificándola de antojadiza y dogmática, ya que entiende que no existen en la causa elementos de prueba que justifiquen tal condena.
Agrega que, además de no tratarse de un trabajador dependiente, no se acreditó en autos daño extrapatrimonial alguno, ni fuera del sistema tarifado en vigor para las indemnizaciones de linaje laboral, o un menoscabo de sus legítimas afecciones de carácter grave y excepcional (v. fs. 780 vta./781 vta.).
II.4. Reitera su disconformidad con la conclusión mayoritaria por la que se consideró que las partes, a partir del año 2007 continuaron la relación de dependencia, destacando que la focalización del sustrato de la causa dependió del enfoque de cada magistrado, quienes llegaron a soluciones contrapuestas.
Aduce que la sentencia reconoce que en el intercambio postal no existió hecho generador del despido, y que no se indica si el mismo fue directo o indirecto, dando como consecuencia una sentencia contradictoria. Alega que el pronunciamiento no contiene una motivación suficiente para desplazar las formalidades del contrato que la accionada cumplió.
Destaca además que el carácter dependiente del vínculo de los fleteros constituye una "zona gris" del derecho laboral.
II.5. Por último, cuestiona que el único fundamento de la sentencia sea el principio de primacía de la realidad, que es aplicado en forma genérica, abstracta, dogmática y contrario a la prueba producida y en elocuente violación a la doctrina legal que cita (v. rec., fs. 784/786).
III. El recurso no prospera.
Por razones de método, habré de alterar para su tratamiento el orden en que fueron expuestos los agravios traídos.
III.1. El agravio tendiente a cuestionar la conclusión de la mayoría del tribunal de grado afincada en que el segundo tramo del vínculo que unió a las partes, se trató de una relación de dependencia, no es de recibo en virtud de su manifiesta insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
III.1.a. De inicio, la simple lectura del escrito recursivo permite corroborar que se ha omitido denunciar las normas sustantivas y procesales actuadas en el fallo, sobre cuya base el juzgador de origen concluyó que los contendientes se encontraban vinculados por una relación de linaje laboral.
En este orden, esta Corte ha señalado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas sustantivas y procesales relativas a los agravios que expone, exigencia de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por el dispositivo del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011 y L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013), no pudiendo suplirse de oficio por este Tribunal, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por el recurrente (causas L. 90.567, "B., T. B.", sent. de 9-VIII-2006 y L. 110.505, "Torres", sent. de 3-X-2012).
III.1.b. La insalvable deficiencia técnica de la pieza recursiva en análisis se patentiza aún más al observarse que el recurrente se desentiende de las motivaciones sobre las que el magistrado que votó en segundo término -y a cuyos fundamentos adhiriera el juez que cerró el acuerdo, conformando así la mayoría de opiniones del tribunal- estructuró su fallo.
En este sentido, el interesado circunscribe su crítica a insistir reiteradamente que entre las partes no medió relación de dependencia y que la firma "Cristian Roberto Lagos" es una empresa unipersonal, sin controvertir adecuadamente los argumentos esgrimidos por la mayoría del tribunal para determinar el linaje laboral del segundo tramo del vínculo denunciado. Por ser ello así, arriban incuestionadas a esta instancia las siguientes conclusiones: i) que -por aplicación de la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo- recaía sobre la demandada acreditar el carácter comercial del segundo tramo de la relación; ii) que la prueba pericial contable no pudo ser completada porque la patronal se negó a exhibir la documentación exigida por el experto; iii) que el contrato de "servicios comerciales de flete" fue firmado antes de que la empresa diera de baja el contrato de trabajo -evidencia la continuidad en la prestación- ; iv) que el actor utilizaba el camión entregado en leasing para transportar en forma exclusiva la mercadería de la demandada; v) que se impuso al actor un horario fijo; vi) que la demandada establecía en forma unilateral el precio del flete; vii) que los operarios contratados por el actor coadyudaban con la tarea encomendada por el supermercado mayorista ya que en ningún caso lo reemplazaban en el ejercicio de su labor; viii) que en el segundo tramo de la vinculación, la prestación material del señor Lagos siguió inmodificada, es decir, el actor era el chofer y contaba con un ayudante que colaboraba con la ca
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