Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121580
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.580, "Pallone, María Angélica contra S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 299/306 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 324/339 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora María Angélica Pallone contra S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, el sueldo anual complementario, las vacaciones proporcionales y el resarcimiento por daño moral. Rechazó -en cambio- las sanciones contempladas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, 2 de la ley 25.323 y el reclamo por salarios caídos (v. fs. 299/306 vta.).
Para así resolver, entendió que no resultó materia de controversia la relación laboral, las tareas desempeñadas, ni la fecha de ingreso y egreso de la actora. Juzgó probado que la mejor remuneración mensual, normal y habitual de la trabajadora ascendió a la suma de $1.965,97 y que, al momento de operarse el despido, aquella se encontraba con su capacidad laboral limitada (v. vered., fs. 299 y vta.).
Y en lo que interesa, en lo relativo al rubro "salarios caídos", dispuso su rechazo por no haber sido su reclamo objeto de detalle (v. vered., fs. 300; sent., fs. 303).
En la etapa de sentencia declaró que, si bien en la demanda la actora había requerido la nulidad del acto rescisorio por considerarlo discriminatorio, el pago de salarios caídos y una indemnización en los términos de la ley 23.592; luego, en el desarrollo de su escrito constitutivo, hizo hincapié en el pedido de reconocimiento de daños y perjuicios y el pago de los resarcimientos derivados del despido (v. sent., fs. 302 vta.).
Sobre dicha base, señaló que, si bien todo despido arbitrario es antijurídico, por lo que la ley contempla las indemnizaciones tendientes a reparar el daño que ocasiona, con el obvio propósito de disuadir su ejercicio abusivo, en la especie resultó perjudicial en exceso debido a la situación de incapacidad física en que se encontraba la trabajadora. En este contexto, juzgó que en el caso la demandada debió explicar que el distracto obedeció a causas ajenas a la capacidad disminuida que padecía la dependiente, lo cual la ubicaba en un particular estado de vulnerabilidad, constituyendo, por ende, un factor sensible de discriminación (v. sent., fs. 303 vta.).
Consecuentemente, condenó a la accionada al pago de la indemnización por daños y perjuicios; los que valuó sobre la base de las indemnizaciones derivadas del despido, con más el daño moral, cuantificando este último en la suma de $5.000 (v. sent., fs. 304).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 9 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo; 390, 1.707, 1.740 del Código Civil y Comercial de la Nación; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; de la ley 23.592 y de la doctrina legal que identifica (causas L. 97.804, "Villalba", sent. de 22-XII-2010; L. 104.378, "Sffaeir", sent. de 8-VIII-2012; L. 113.329, "Auzoastegui", sent. de 20-VIII-2014; e.o.) y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita (v. fs. 324/339 vta.).
II.1. Con denuncia de absurdo, impugna lo resuelto por el a quo en cuanto ponderó que la actora en su escrito constitutivo no se había definido por la nulidad del despido y la solicitud de reinstalación, sino por el reconocimiento de los daños y perjuicios y el pago de las indemnizaciones derivadas del despido (v. sent., fs. 302 vta.).
Afirma que, habiéndose resuelto en el fallo en crisis que el despido fue discriminatorio, debió decretarse -con sustento en lo normado en la ley 23.592- su nulidad, la reincorporación de la trabajadora y el pago de salarios caídos hasta la efectivización de esta última medida.
Argumenta que la ruptura del contrato de trabajo dispuesta por la patronal generó un acto nulo en los términos del art. 1.044 del Código Civil, debiendo -por tanto- restaurarse las cosas al estado anterior.
Aduce que -en la especie- resultan aplicables las previsiones de los arts. 1.056 y 1.083 del Código Civil (vigente al momento del distracto).
Manifiesta que el a quo no aplicó la doctrina legal que emana de los precedentes L. 97.804, "Villalba", sentencia de 22-XII-2010; L.104.378, "Sffaeir", sentencia de 8-VIII-2012 y L. 113.329, "Auzoastegui", sentencia de 20-VIII-2014.
II.2. Cuestiona el rechazo efectuado en la sentencia del rubro salarios caídos. Entiende que no pudo el tribunal supeditar el progreso del reclamo a una "mera formalidad", además, plantea que su pedimento fue objeto de expreso detalle en el escrito de demanda, precisamente a fs. 62. Añade que su desestimación, además de carecer de invocación legal adecuada, resulta violatoria del principio de congruencia.
II.3. Califica de absurda y errónea a la cuantificación de la indemnización por los daños y perjuicios practicada en la sentencia.
En lo atinente al daño moral, afirma que al fijar en concepto de indemnización la suma "misérrima de $5.000" no se aportaron datos que permitan verificar las operaciones de cálculo realizadas, arribando a un monto arbitrario que no se ajusta a los principios de justicia y equidad.
En orden a la reparación del menoscabo material, cuestiona que se haya acotado su determinación a los parámetros que surgen del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe el absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014; L. 117.583, "Moore", sent. de 17-XII-2014 y L. 117.694, "Martínez", sent. de 19-X-2016).
III.1.b. Bajo tales lineamientos, cabe anticipar la insuficiencia de la crítica inaugural.
III.1.c. El tribunal de origen interpretó -en ejercicio de facultades privativas- que en el desarrollo de su reclamo el actor no se había "definido" por instar la nulidad del despido y la solicitud del reintegro a su trabajo, sino que hizo "hincapié" en el pedido de reconocimiento de los daños y perjuicios y el pago de las indemnizaciones relativas al despido (v. sent., fs. 302 vta. in fine ).
En estas condiciones, aun cuando la ponderación del juzgador pudiera resultar opinable o aparecer como discutible o poco convincente, el quejoso no logra acreditar el absurdo que denuncia, es que para su configuración se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 104.793, "Catalano", sent. de 11-V-2011; L. 106.493, "Florentín", sent. de 22-VIII-2012 y L. 116.437, "Verdera", sent. de 4-VI-2014), extremos que no se acreditan.
La inhabilidad de la impugnación también radica en la omisión en la que se incurre en esta parcela del recurso de denunciar la eventual violación del principio de congruencia; requisito insoslayable para revisar en sede extraordinaria este tipo de cuestiones (causas L. 117.583 y L. 117.694, cits.).
No mejora la suerte de este tramo de la queja la cita de doctrina legal que el interesado reputa violada, desde que ha sido elaborada sobre la base de presupuestos que no guardan similitud con los del caso bajo juzgamiento (causa L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 118.756, "Stalldeker", sent. de 12-IV-2017 y L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018).
III.2. Tampoco es de recibo el embate mediante el cual se cuestiona el rechazo de los "salarios caídos" peticionados en el escrito de demanda.
En el pronunciamiento se desestimó dicho concepto con fundamento en la imprecisión del reclamo (v. vered., fs. 300; sent., fs. 303).
Esa definición no logra ser descalificada por el recurrente, toda vez que el embate que trae evidencia su mera disconformidad con la solución alcanzada en el fallo, careciendo de una crítica eficaz.
Sin perjuicio que ha quedado firme la definición de grado que interpretó que en el caso no se había demandado la reinstalación -que resulta aquí gravitante-, de todos modos, lejos está de demostrar la configuración de absurdo o la violación del principio de congruencia que en esta parcela de la impugnación sí invoca, pues se limita a contraponer una conclusión que no exhibe otro sustento que su apreciación personal respecto del contenido que le atribuye al escrito de demanda, sin idoneidad a los fines pretendidos (causas L. 116.063, "Peralta", sent. de 29-V-2013 y L. 117.622, "Villalobos", sent. de 25-II-2015).
III.3. Toca analizar los cuestionamientos referidos a la indemnización de daños y perjuicios.
Partiendo de aquella afirmación que indica que en autos se ha reclamado una reparación integral con fundamento en el derecho común, el recurrente cuestiona el modo en que el tribunal determinó su cuantía; pretende así discurrir nuevamente sobre una cuestión que por regla es privativa de los jueces de la instancia ordinaria y no susceptible de revisión en casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 99.454, "M., E. R.", sent. de 26-X-2010 y L. 106.313, "Panigutti", sent. de 15-VII-2015).
Sin embargo, las expresiones que despliega el interesado lejos están de satisfacer dicha carga, pues en rigor, una vez más sólo en reflejo de su simple discrepancia subjetiva (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 118.990, "Tavernise", sent. de 3-V-2018).
De un lado, la cuantificación de la indemnización del daño material generado por el despido siguiendo el método inserto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo podrá no conformar al recurrente, pero no exhibe aquel error grave y manifiesto que caracteriza al absurdo, siendo que para más, parece desentenderse el quejoso de las pautas -por cierto, con resultados no exentos de imprecisiones- que la propia parte actora individualizó en el capítulo del escrito de demanda dedicado a la liquidación (v. fs. 62).
Del otro, en lo atinente al resarcimiento debido en razón del daño moral, dejando a un lado la cuestionable tasación estrictamente aritmética que propone el interesado, lo cierto es que el tribunal arribó a su determinación -en un segmento del pronunciamiento hubo de abarcar a las dos facetas del daño que ordenó reparar- exponiendo las motivaciones que juzgó relevantes (v. fs. 303 in fine /304); ello define un contexto argumental que le resta todo vigor a la tacha de arbitrariedad que formula el impugnante.
IV. En virtud de lo expuesto, cabe rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:26:33 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:45:25 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:47:23 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 13/07/2020 14:37:15 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 14/07/2020 08:24:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia