Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121476
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.476, "Parise, María Esther Carmen contra Eight Pharm S.C.S. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a las demandadas vencidas (v. fs. 938/962).
Se dedujo, por estas últimas, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 972/983).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado interviniente -por mayoría-, hizo lugar a la demanda promovida por la señora María Esther Carmen Parise y condenó -solidariamente- a Eight Pharm S.C.S. -cuyo objeto social es la explotación de una farmacia- y Carlos Horacio Santoro, al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por antigüedad, integración del mes de despido, preaviso, sueldo anual complementario adeudado, vacaciones, diferencias salariales, arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, al importe de capital ordenó adicionar intereses calculados conforme la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 938/962).
Para así decidir, juzgó que si bien no resultó controvertido que la actora ingresó a la sociedad Eight Pharm S.C.S. el día 18 de diciembre del año 1997, en carácter de socia comanditada -con una participación del 2%- y que se desempeñó, en su condición de farmacéutica, como directora técnica de la misma, existía controversia en cuanto a la naturaleza de las funciones que realizaba (v. vered. primera cuestión, fs. 938 vta.).
En virtud de ello, puesto a definir sobre quien recaía la carga de probar el linaje del vínculo que ligó a las partes, precisó que admitida la prestación de servicios por la parte demandada pero negada que hubiesen sido efectuados en el marco de un contrato de trabajo, pesaba sobre los accionados demostrar la existencia de la figura no laboral indicada (el contrato asociativo), por imperativo de su propio interés (arts. 375, CPCC y 23 segundo párr., LCT; v. vered. primera cuestión, fs. 939).
Luego, tras apreciar la prueba producida en la causa, consideró el juzgador que, por aplicación de los principios de adquisición procesal y primacía de la realidad, en el caso, había quedado acreditado el carácter laboral del vínculo que la unió con la sociedad demandada, en los términos de los arts. 21, 22, 23 y 27 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered. primera cuestión, fs. 939 vta./946).
Asimismo, tuvo por acreditado que el vínculo se extinguió por despido indirecto, consumado frente al desconocimiento de la relación laboral (v. vered. segunda cuestión, fs. 948 y vta.).
Ya en la etapa de sentencia, el tribunal de origen rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Eight Pharm S.C.S y extendió la responsabilidad en forma solidaria e ilimitada al codemandado Santoro, en su calidad de administrador de la sociedad y con fundamento en el incumplimiento de sus deberes de conducta de actuar con buena fe, como un buen hombre de negocios (arts. 62 y 63, LCT; v. sent., fs. 955/956 vta.).
En ese contexto, acreditada la relación laboral -de la que se valieron para habilitar la farmacia ante organismos oficiales- y ante la negativa a registrarla -previa intimación-, el juzgador declaró justificado el despido indirecto y, en consecuencia, procedentes los rubros derivados de dicho acto extintivo (v. sent., fs. 957 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, los legitimados pasivos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncian absurdo, la violación y errónea aplicación de la ley y la doctrina legal que identifican (v. fs. 972/983).
II.1. En esencia, controvierten la conclusión por la que se declaró probada la existencia de un vínculo de linaje laboral entre las partes y no una relación en el marco de las previsiones contenidas por las leyes 19.550 y 10.606 -regulación específica para los establecimientos de farmacia-.
En tal sentido, manifiestan que la accionante no demostró haber realizado tareas ajenas a las específicas y propias de su calidad de socia comanditada, por lo cual debía prevalecer el principio de primacía de la realidad (v. fs. 974 vta. y 975).
Agregan que, en el caso, no resulta de aplicación el art. 39 de la ley 11.653, dado que -por un lado- los libros son llevados en debida forma por la empresa y -por el otro- no se probó la calidad de dependiente de la actora (v. fs. 475 y vta.).
Sostienen que la accionante cumplía con todas sus obligaciones como directora técnica de la firma, resultando el quantum de su aporte societario suficiente para atribuirle la condición de socia; no existiendo normativa alguna que imponga participaciones mínimas y/o máximas (v. fs. 976).
Alegan que la señora Parise percibía honorarios por su función y dividendos por ganancias societarias -que surgen del libro de actas de socios-, además de que vendía en su propio beneficio preparados magistrales que realizaba en la farmacia (v. fs. cit.).
Afirman que quedó demostrado que la actora realizaba sus tareas como farmacéutica y "directora" de la sociedad y que, en ningún momento cumplió horarios, recibió directivas u órdenes o tuvo sujeción técnica alguna, lo que se corresponde con lo dispuesto por la ley 10.606 -para el ejercicio de la dirección como profesión liberal- (v. fs. 978).
Aducen que la firma demandada se encontraba formalmente constituida y autorizada para funcionar, sin que se probara que el acto constitutivo haya tenido una finalidad distinta a la resultante de los instrumentos o que permitiera identificar la existencia de vicios del consentimiento, extremos que -a su entender- fueron corroborados por la prueba testimonial (v. fs. 978 vta.).
II.2. Por otra parte, denuncia que el sentenciante incurrió en una absurda apreciación de la prueba.
En primer lugar, señalan que las actas de asamblea de socios que acompañaron como prueba -en las cuales se aprobaron balances y distribuciones-, se encontraban debidamente rubricadas y, por lo tanto, debe presumirse su veracidad. En tal sentido, sostienen que si bien dicha documental fue negada por la actora, no fue probado que no fuera auténtica o que su firma fuese falsa. Por su parte, indican que la prueba informativa demostró la participación de la accionante en la gestión de actos comerciales (v. fs. 980 y vta.).
Luego, manifiestan que de todas las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa surge que la señora Parise tenía libertad horaria en su trabajo y que no recibía órdenes para realizarlo (v. fs. 981).
Denuncian que el razonamiento del juzgador se aparta de los referidos elementos de prueba, desde que -aducen- su correcta valoración da cuenta de que la relación que ligó a las partes fue únicamente de naturaleza comercial (v. fs. 981 y vta.).
Afirma que la carga de la prueba de la relación de dependencia, no resulta alterada por la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. cit.).
Por último, agregan -como argumento subsidiario- que al retirarse definitivamente de la farmacia, la actora dejó constancia de ello en el libro de turnos especificando que "se hacía cargo hasta esa fecha", lo cual -afirman- no hubiera sido necesario de haberse considerado una empleada dependiente (v. fs. 982 vta.).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En lo que aquí tiene relevancia, el tribunal de grado resaltó en el veredicto la existencia de controversia respecto de la naturaleza del vínculo jurídico que unió a las partes. Indicó, que mientras la actora invocó que la relación fue de linaje laboral, los demandados postularon que -de conformidad con las prescripciones de la ley provincial 10.606- se trató de un contrato societario, en el que la reclamante asumió el rol de socia comanditada (v. vered. primera cuestión, fs. 938 vta.).
Puesto a dilucidar la contienda, analizó las condiciones económicas en las que se encontraba la señora Parise dentro de la sociedad. Destacó especialmente, que la accionante negó expresamente haber recibido las distribuciones de las utilidades de la empresa, no obstante lo cual, surgía del libro de actas de socios cifras insignificantes a su favor (mencionó a modo de ejemplo: $296, $144, $200, $300). En ese orden, sostuvo que la demandada Eight Pharm S.C.S. sólo acompañó fotocopias de aquellas actas y que la accionante desconoció su firma y participación en las mismas (v. vered. primera cuestión, fs. 939 vta.).
En este marco, juzgó que a pesar de que la actora -como socia comanditada- era quien debía convocar a las asambleas ordinarias anuales y ponerlo a disposición de los demás socios, no se había probado su intervención en las mismas, quedando -por lo tanto- sin acreditar su participación en el órgano social (v. vered. primera cuestión, fs. 939 vta. y 940).
Estableció también, que más allá de la forma societaria utilizada para encuadrar el vínculo, la señora Parise trabajó por cuenta y en favor de la demandada, insertándose en una organización de cuyos beneficios no participaba y a cambio de una remuneración (arts. 5, 21 y 27, LCT), evidenciándose que la relación se desarrolló en un marco de ajenidad (v. vered. primera cuestión, fs. 940).
A su vez, determinó que el reparto de ganancias conforme el aporte de cada socio, arrojaba utilidades simbólicas para la actora -cuya porción equivalía al 2% del capital social de la farmacia-, ascendiendo el porcentaje restante -98%- en manos de la única socia comanditaria. Precisó en este punto, que "...lejos de la asunción conjunta de los riesgos económicos del negocio que es inherente a las sociedades comerciales, en el caso, era exclusivamente la accionada quien se beneficiaba con la explotación económica, manteniéndose la actora ajena a las ganancias y a los riesgos que de ella se derivaban, al punto que sus servicios eran retribuidos con una suma mensual fija que no dependía del resultado del negocio" (vered. primera cuestión, fs. 940 y vta.).
Concluyó en este sentido, que "...no se advierte, por el principio de la primacía de la realidad, la integración de un socio (Actora) a la sociedad para explotar una farmacia sino la de un profesional farmacéutico como director técnico para poder habilitar el establecimiento ante las autoridades correspondientes a Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires" (vered. primera cuestión, fs. 941).
Agregó, que las declaraciones testimoniales fueron coincidentes al señalar que la trabajadora era la única que cumplía la función de directora técnica, por lo que la prestación era personal e insustituible. Señaló además, que bajo su responsabilidad -por imperio de la ley 10.606- se encontraba la de estar al frente de la farmacia y responder profesionalmente por cualquier problema que sucediera en el expendio de medicamentos ante los clientes y autoridades de aplicación, todo ello por ostentar tal función (v. vered. primera cuestión, fs. 941 y vta.).
Para más, tuvo en cuenta que la prueba informativa aportada por el Banco Santander Río demostró que los extractos de las transferencias realizadas desde la cuenta de la sociedad demandada a la de la señora Parise, se identificaban como "haberes". A su vez, remarcó que -conforme lo establecido por la ley 26.590- se trataba de una cuenta sueldo y por lo tanto dicho pago era una remuneración en los términos del art. 124 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered. primera cuestión, fs. 943/944 vta.).
Por otro lado, juzgó también que el bloqueo de título que requería su función no le permitía desarrollarse como profesional en otra actividad farmacéutica -salvo docencia-. Determinó además, que la accionante desarrollaba un régimen horario de treinta horas semanales promedio, con un ingreso de haberes mensual de $9.000, la que resulta acorde a la establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo 414/05 de $9.546,46 (v. vered. primera cuestión, fs. 945 y vta.).
En definitiva, a tenor de las circunstancias fácticas que tuvo por acreditadas en autos -y por aplicación de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley de Contrato de Trabajo-, determinó que en el caso, se contrató a una farmacéutica para la dirección técnica mediante una sociedad cuya participación fue irrisoria, pero que asumió toda la responsabilidad ante los organismos correspondientes -Salud Pública, Colegio de Farmacéuticos, entre otros-, con carga horaria, turnos, etc. Así, concluyó que "semejante desbalanceo no resistió análisis salvo que nos encontremos ante una situación de fraude prevista en el artículo 27 de la L.C.T." (sent., fs. 955).
III.2. Reseñados los antecedentes del caso, debo señalar -en primer lugar- que no prospera la crítica por conducto de la cual los recurrentes intentan censurar la conclusión por la que se declaró probada la naturaleza laboral de la relación.
Es doctrina de esta Corte que determinar si existió -o no- relación laboral entre las partes constituye facultad propia de los jueces de la instancia ordinaria y no es susceptible de revisión salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 103.768, "Escudero", sent. de 7-III-2012; L. 105.056, "Salgado", sent. de 8-VIII-2012 y L. 117.223, "Santore", sent. de 19-II-2015), vicio invalidante que -como anticipé- no logra ser abastecido en la especie.
En efecto, más allá de que el establecimiento farmacéutico, en cuyo ámbito la actora revistió la calidad de directora técnica, se ajustara en su forma constitutiva a las prescripciones de la ley 10.606, lo cierto es que en el caso examinado el tribunal de origen entendió que la prueba reunida revelaba que la señora Parise -quien figuraba como socia comanditada de la farmacia Eight Pharm S.C.S.- era trabajadora dependiente de los demandados, quienes se comportaban a su respecto como empleadores en los términos definidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
Para arribar a tal definición, el juzgador hubo de estructurar sus conclusiones a partir de la valoración de diferentes elementos de juicio, a saber: la carga y responsabilidad de la dirección técnica de la sociedad -a la luz de la ley 10.606-, en cabeza exclusivamente de la actora (ya que no se contrató un farmacéutico auxiliar), lo cual implicó su presencia efectiva, permanente y habitual, con la característica de ser intuitu personae (arts. 25 y 37, LCT); el magro porcentaje de participación de la socia comanditada -2%-; el pago de una retribución fija (haberes) a una cuenta sueldo mediante transferencias bancarias; la exclusión de la accionante en el reparto de las ganancias y pérdidas (nota típica de toda sociedad comercial) y su inserción en una organización que le fue ajena, en la cual no participaba de sus asambleas, así como tampoco realizaba las tareas de administración de la misma, las que por el contrario, se encontraban en cabeza del señor Santoro.
Sin hacerse cargo de las reseñadas consideraciones que dieron debido sustento a la conclusión que se pone bajo censura, los recurrentes se limitan a insistir en el encuadre legal de la relación al amparo de la mencionada ley especial.
Desde esta perspectiva, conviene señalar que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado. Esta tarea no se cumple cuando -como en el caso- el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante, discurriendo por rumbos paralelos y extrayendo sus propias conclusiones, desentendiéndose así de la réplica frontal de las motivaciones esenciales expuestas en el fallo (causas C. 109.181, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 24-IV-2013 y C. 118.066, "Mueshstein Argentina S.R.L.", sent. de 7-V-2014).
III.3. Tampoco aciertan los interesados al denunciar -concretamente- que el órgano de grado incurrió en absurdo al apreciar la prueba documental, informativa y testimonial.
III.3.a. Es doctrina de esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración del material probatorio, fundamentalmente en lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo que, en principio, no admiten revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 108.349, "Britos", sent. de 3-V-2012; L. 103.558, "Cecconi", sent. de 5-III-2014 y L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
En el caso, los recurrentes no consiguen demostrar que la decisión que impugnan resulte portadora del mencionado déficit.
Me afirmo en esta conclusión puesto que, partiendo de la interpretación de los medios de prueba que enuncia en su postulación, los apelantes exponen una definición ceñida a sus intereses, destinada -nuevamente en este punto- a resaltar el carácter societario de la vinculación.
III.3.b.i. En efecto, para definir la naturaleza del vínculo habido entre las partes, el sentenciante de grado precisó que la versión de los hechos alegados por la empresa demandada -en tanto reconoció la prestación de servicios, pero alegó que aquella había tenido lugar en el marco de las leyes 10.606 y 19.550- no encontraban respaldo en la prueba documental, informativa y testimonial recibida en la audiencia oral (art. 23, LCT).
Destacó, que los únicos elementos de prueba que acompañó la demandada Eight Pharm S.C.S. correspondientes a la sociedad que integraba la actora, fueron fotocopias de los libros de actas de socios, desconocidos por esta última en cuanto a su participación y rúbrica, por lo cual -ante el silencio del accionado- el tribunal no la consideró un elemento útil (v. sent., fs. 954 vta. y 955).
En ese marco, es dable advertir que los recurrentes se desentienden de lo resuelto en el fallo, en cuanto no se hacen cargo de la orfandad probatoria que le endilgara el juzgador , ni de las falencias adjudicadas al instrumento agregado por su parte, limitándose a postular su carácter de instrumento público, lo cual, no alcanza a descalificar la decisión impugnada.
III.3.b.ii. Para más, lo alegado por los impugnantes en cuanto a la valoración de la prueba informativa no logra demostrar la configuración de tal excepcional vicio en la labor desplegada por el órgano jurisdiccional de la instancia, en tanto la crítica no es acompañada del necesario desarrollo tendiente a justificar su denuncia (v. fs. 980 vta.).
III.3.b.iii. Por último, cabe recordar que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir la valoración de la prueba testimonial atento que, al apreciar "en conciencia" tales declaraciones, el tribunal de trabajo ejerce una facultad privativa respecto del mérito y la habilidad de los testigos (causas L. 117.589, "Silva", sent. de 10-XII-2014; L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015 y L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; e.o.).
En este aspecto, los interesados no evidencian que la labor axiológica desplegada por el tribunal interviniente sea absurda. Al contrario, la disímil y parcial interpretación que formulan acerca de los testimonios de Pollio, Marzoni y Melliet (v. fs. 980 vta. y 981), carece de idoneidad para demostrar el señalado vicio.
III.3.b.iv. En nada modifica la solución que vengo propiciando, la crítica que se sustenta en torno a la interpretación que formulan los impugnantes respecto de la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo a partir de u
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