Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120411
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.411, "Santana, Julio Rubén contra Transporte Ideal San Justo S.A. y otro/a. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza declaró la inconstitucionalidad del art. 4 cuarto párrafo de la ley 26.773, imponiendo las costas a la demandada Transporte Ideas San Justo S.A. por resultar vencida (v. fs. 179/181 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 203/207).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 cuarto párrafo de la ley 26.773, ordenando que se continúe con el trámite del proceso y se provean las pruebas ofrecidas por las partes, en la acción que Julio Rubén Santana promoviera contra Transporte Ideal San Justo S.A. e Interacción ART S.A., mediante la cual les reclamó -con fundamento en las disposiciones del derecho civil- el pago de una indemnización integral con motivo de las afecciones que contrajera a consecuencia de las tareas prestadas para su empleadora como chofer de colectivos (v. fs. 179/181 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la demandada Transporte Ideal San Justo S.A. con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 4 de la ley 26.773; 163 del Código Procesal Civil y Comercial; 31, 32, 43 y 44 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 203/207).
Cuestiona la definición de grado que declaró la inconstitucionalidad del art. 4 apartado 4 de la ley 26.773.
Sostiene que el tribunal de trabajo incurrió en absurdo valorativo y arribó a la conclusión que impugna acudiendo a pautas de excesiva laxitud para resolver una cuestión que le fue sometida a su conocimiento de manera escueta y genérica.
Expresa que ante la orfandad del plateo del actor, dicho órgano jurisdiccional calificó dogmáticamente al trámite previsto por el art. 4 cuarto párrafo de la ley 26.773 como una "espera" por sí misma injuriante y agraviante de la Constitución nacional y de los Tratados Internacionales con idéntica jerarquía.
Argumenta que de las constancias obrantes en la causa surge nítidamente que esa supuesta "espera" no le fue aplicada al promotor del pleito, quien obró con desprecio a la norma y se presentó directamente ante el tribunal de trabajo, transformando con ello el supuesto gravamen en algo meramente conjetural.
Señala además, que el propio trabajador puede reclamar la notificación fehaciente en tiempo y forma, y solo ante el silencio o reticencia, iniciar la acción denunciando el incumplimiento de la aseguradora de riesgos del trabajo.
Manifiesta que al fragmentar el art. 4 de la ley 26.773 el tribunal incurrió en absurdo, pues consideró como gravamen constitucional actos que el accionante no cumplió, ni solicitó que se lleven a cabo. Además, continúa, mientras el legislador ordena a la aseguradora de riesgos del trabajo el pago dentro del plazo de quince días (art. 4 primer párrafo, ley cit.), el accionar del trabajador, sumado a la declaración dogmática de inconstitucionalidad, no hace sino beneficiar a dicha entidad, ya que en lugar de hacer efectivo el depósito de las sumas correspondientes a las prestaciones dinerarias, puede transformar ese dinero en recursos que lleva al mercado especulativo durante todo el tiempo que dura el trámite del juicio. En suma, concluye, la judicialización del sistema la beneficia económicamente al obtener rentas financieras del importe que debería abonar al trabajador o a sus derechohabientes, dentro de un plazo perentorio que en el régimen legal anterior no tenía.
III. El recurso no ha de prosperar.
Ha de señalarse, en primer lugar, que la crítica que trae la recurrente no alcanza a satisfacer los recaudos insoslayables previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que la interesada no ha rebatido frontal y eficazmente -tal como era su carga- los fundamentos que llevaron al tribunal de grado a descalificar constitucionalmente el art. 4 cuarto párrafo de la ley 26.773.
III.1. Empecemos desde un poco más atrás: al expedirse, a fs. 160/164 vta., sobre las excepciones opuestas por la parte demandada (incompetencia y litispendencia), los jueces del tribunal interviniente declararon que los preceptos contenidos en los arts. 8, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 resultaban inconstitucionales a tenor de la asentada doctrina de esta Corte en las causas L. 75.708, "Quiroga" (sent. de 23-IV-2003) y L. 80.735, "Abaca" (sent. de 7-III-2005) remitiendo a las consideraciones que en tales sentencias fueran vertidas.
III.2. Ya en la resolución que ahora nos ocupa (v. fs. 179/181 vta.) el tribunal debió meritar que la demandada, Transporte Ideal San Justo S.A., en el escrito donde contestó la acción que le fuera dirigida, objetó que la parte actora hubiera iniciado la demanda sin cumplir, en forma previa, con lo establecido en el art. 4 cuarto párrafo de la ley 26.773. Tal precepto dispone que "Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo", haciendo referencia a la notificación regulada en el primer párrafo del artículo mencionado que establece: "Los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán dentro de los quince días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen...".
En tal trance, el a quo interpretó que el citado precepto legal impone al trabajador una "espera" o "restricción temporal" para poder acceder a la justicia, cuya marcha u operatividad no se halla condicionada al accionar del interesado sino sujeta al actuar de los órganos administrativos del sistema o de las aseguradoras de riesgos del trabajo (v. fs. 180 in fine ), e hizo hincapié en que el actor, al promover la demanda, ya había cuestionado la validez de tal precepto por constituir un nuevo escollo para el acceso directo, rápido y oportuno a la jurisdicción garantizada a un trabajador no sólo por la Constitución nacional, sino por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (v. fs. 180 vta.).
Recordó luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un conjunto de fallos dictados desde el año 2004 ("Castillo", "Venialgo", "Marchetti" y "Obregón", entre otros), estableció ciertos lineamientos con relación, entre otras hipótesis, al proceso administrativo previo que se pretendía en los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, tramitación que -en su momento- fue declarada inconstitucional, por afectar garantías esenciales del trabajador, como son la del acceso directo a un tribunal competente mediante un recurso efectivo y rápido y la del derecho a ser prontamente oído por dicho tribunal, independiente e imparcial, conforme lo garantizan los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 180 vta.).
En suma, al advertir que en este art. 4 cuarto párrafo de la ley 26.773 se impone un procedimiento administrativo especial similar al de la ley 24.557 (declarado inconstitucional por el propio tribunal, según se resumió en el punto III.1. de este voto), dispuso también su invalidez material, por transgredir las garantías constitucionales de acceso rápido y efectivo a la justicia (arts. 5, 75 inc. 12, 121 y 123, Constitución nacional; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 39, 57, Constitución provincial; 2, 12 y 63 de la ley 11.653, y jurisprudencia que cita).
III.3. Frente a tales definiciones, la crítica que formula la empresa demandada resulta insuficiente pues no se ocupa de rebatir -como es menester- todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia, el que, en consecuencia, no resulta conmovido.
En efecto, el recurrente se opone a la decisión de grado argumentando -en lo sustancial- que el a quo incurrió en absurdo valorativo y resolvió descalificar la validez constitucional de la norma en base a un planteo que fue formulado por la parte actora de manera genérica, insuficiente y hasta anacrónica, considerando además un dogmatismo o una simple letanía que el tribunal entendiera al trámite previo allí establecido como una "espera" injuriante y agraviante de la Constitución nacional y de diversos Tratados Internacionales.
Nada dice el recurrente sobre la procedencia, atinencia y eficacia de los precedentes citados por el tribunal ni sobre la analogía en virtud de la cual se los aplica, y ello deja evidenciada la insuficiencia técnica del embate, desde que, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que exhibe un desencuentro entre la crítica y los argumentos del pronunciamiento apelado, que evidencia un ataque parcial a los fundamentos del fallo o que soslayando la referencia a otras motivaciones que, siendo esenciales por sí mismas, otorgan a aquél debido sustento (causas L. 107.843, "Valenzuela", sent. de 25-IV-2012; L. 116.668, "Chequin", sent. de 13-XI-2013; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 117.348, "Jiménez", sent. de 11-XI-2015; e.o.).
Por lo tanto, trasladando dichos lineamientos al caso de autos, cabe concluir que no se presenta como eficaz la crítica que -al cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 cuarto párrafo de la ley 26.773- se desentiende de la línea argumental del fallo y se dedica a censurarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento.
III.4. Un párrafo aparte merece la denuncia de que, en el pronunciamiento atacado, se ha incurrido en absurdo valorativo.
He sostenido en el pasado (causa L. 117.911, "Cerrudo", sent. de 14-XII-2016), en voto que contó con el consenso de mis distinguidos colegas, que el absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica (absurdo por inatinencia o error en la inferencia, o absurdo formal), o de una aseveración groseramente desacertada respecto del material probatorio o de las constancias objetivas de la causa (absurdo por falsedad o error en las premisas, o absurdo material). A quien lo denuncia corresponde demostrar la incorrecta derivación desde las premisas hacia la conclusión (para el primer caso), o bien señalar concretamente cuál es el error en que se ha incurrido y dónde es posible advertirlo o verificarlo (si se trata del absurdo material).
Nada de esto ocurre en la pieza bajo análisis, donde -dejando de lado cualquier análisis sobre los hechos y recurriendo a la denominación de "absurdo valorativo"-, lo que se intenta es denunciar una incoherencia o inconsecuencia en la estimativa que los jueces hicieron al ponderar, por un lado, los derechos consagrados en normas capitales del sistema y, por otro, las reglas con los que se quiere darles operatividad; es decir: se pretende que los jueces pretirieron una buena relación medios (legales) y los fines (constitucionales), o que interpretaron de manera irrazonable el precepto legal, o la relación de éste con los principios constitucionales.
En mi opinión, en este caso ocurre precisamente lo contrario: teniendo a las garantías constitucionales y convencionales del trabajador como fin u objetivo, el tribunal ha considerado (con toda justicia, en mi opinión) que la regulación de la ley resultaba un medio inadecuado, inapropiado y contrario para darles operatividad o resguardarlas, y lo ha hecho con argumentos que, para que el recurso tuviera procedencia, debían ser convenientemente refutados. Tal cosa -repito- no ha ocurrido.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de continuar su trámite regular.
Costas a la recurrente (art. 289 del CPCC).
Voto, pues, por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Entiendo que las consideraciones expuestas por mi distinguido colega doctor de Lázzari en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su sufragio -a los que adhiero- resultan suficientes para desestimar el recurso conforme se propone en su apartado final.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:26:02 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:47:38 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 10/07/2020 10:50:53 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 13/07/2020 14:37:25 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 14/07/2020 08:32:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia