Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121155
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.155, "Santone, Jorge Rubén contra Global CC S.A. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani .
El tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, desestimó el pedido de ejecución de sentencia efectuado por el accionante contra AMX Argentina S.A. (v. fs. 793/794 vta.).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 798/805 vta.), el que fue concedido por este Tribunal a fs. 856/857 vta. (conf. art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por Jorge Rubén Santone y condenó solidariamente a Global CC S.A. y AMX Argentina S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral, con más los importes resultantes de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y del cómputo de los intereses a la tasa pasiva que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 440/485 vta. y 529/532 vta.).
I.2. La codemandada AMX Argentina S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 556/610 vta.), cuya concesión por parte del órgano de grado (v. fs. 612/613 vta. y 614 y vta.) fue revocada por esta Suprema Corte en tanto se había omitido señalar cuales habían sido las causales excepcionales que permitieron eximir a la impugnante del depósito judicial correspondiente, en consecuencia, se dispuso el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que debidamente integrado se pronunciara sobre la admisibilidad del recurso, atendiendo a los planteos en él formulados en torno al art. 56 de la ley 11.653 (v. fs. 689/692).
I.3. Una vez devuelta la causa, y hallándose pendiente de cumplimiento por la codemandada el requerimiento efectuado por el a quo a fin de que se acompañara y acreditara alguna de las garantías ofrecidas para la sustitución del depósito judicial previo (v. fs. 712/713), la parte actora con el patrocinio de su letrada y el apoderado de la accionada AMX Argentina S.A. presentaron -según lo denominaron- un "acuerdo transaccional" (v. fs. 725/726 vta.), en el que convinieron que esta última le abonaría al accionante en un único pago y mediante depósito judicial a efectuar el día 13 de abril de 2016, la suma de $7.150.000 en concepto de capital e intereses por la totalidad de los rubros reclamados en autos, con excepción de las costas, honorarios y aportes de ley.
I.4. Ante la intimación efectuada por el tribunal de origen a fs. 733, las partes ratificaron el aludido convenio (incluso el accionante en forma personal; v. fs. 738 y 742), desistiendo la actora de la acción y del derecho respecto de la codemandada Global CC S.A., asimismo, la accionada AMX Argentina S.A. desistió del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 736/737).
I.5. El tribunal de grado tuvo presente el convenio suscripto y su ratificación y señaló que debía estarse a lo resuelto en la sentencia; también tuvo por desistida a AMX Argentina S.A. del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; hizo saber a los litigantes que el pronunciamiento definitivo dictado en autos se encontraba firme y consentido y tuvo presente el desistimiento de la acción y del derecho respecto de Global CC S.A. Dispuso luego, que una vez que adquiriese firmeza la decisión, debía librarse giro a la orden del señor Santone por la suma de $7.150.000 atento la dación en pago realizada por AMX Argentina S.A. Finalmente ordenó remitir oportunamente el expediente a este Tribunal para que tome conocimiento del desistimiento efectuado por AMX Argentina S.A. del recurso deducido (v. fs. 740/741).
A fs. 745 el tribunal tuvo a la parte actora y a la codemandada AMX Argentina S.A. por notificadas de la resolución descripta con anterioridad, la que -sostuvo- se hallaba consentida. También allí ordenó librar giro al actor por la suma de $7.150.000 en concepto de capital "conforme el acuerdo transaccional", ello, atento el saldo bancario que surgía de las constancias de autos y lo dado en pago por la accionada en oportunidad de ratificar el convenio.
I.6. Remitidos los autos a esta Corte, se tuvo por desistida a la empresa AMX Argentina S.A. del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 755/756).
I.7. Devuelta nuevamente la causa a la instancia de grado, se presentó el actor con nuevo patrocinio letrado, promoviendo la ejecución de la sentencia contra AMX Argentina S.A. "por la diferencia resultante entre el decisorio firme y el pago a cuenta" que surgía del convenio de fs. 725/726 vta., en ese cometido, practicó la liquidación que estimó correspondiente (v. fs. 775/777).
I.8. Efectuada la oposición a tal petición por la accionada AMX Argentina S.A. (v. fs. 781/791), el tribunal de grado rechazó el planteo del demandante por considerarlo improcedente (v. fs. 793/794 vta.).
Juzgó que resultaba incuestionable que en autos el señor Santone y la codemandada AMX Argentina S.A. habían arribado a un acuerdo transaccional por la suma de $7.150.000 en concepto de capital de condena e intereses por la totalidad de los rubros reclamados en el expediente, excepto las costas, honorarios y aportes de ley. Agregó que aquel importe había sido íntegramente percibido por el accionante prestando conformidad y sin formular reserva alguna.
Concluyó entonces, que se tornaba inadmisible la pretensión del actor de ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Afirmó además, que debía ponderarse la buena fe que la coaccionada había tenido en relación con el referido acuerdo, en tanto desistió del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Descartó además, que luego del dictado de la sentencia AMX Argentina S.A. hubiera obrado con temeridad y malicia en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio de la conducta evaluada en oportunidad de dictar el pronunciamiento y por la que fuera condenada (v. fs. 794 y vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 7, 12 y 15 de la Ley de Contrato de Trabajo; 25 de la ley 11.653; 308 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. fs. 798/805 vta.).
En sustancia, postula que el hecho de que el acuerdo suscripto por las partes no hubiera sido homologado por el a quo , no sólo indica que no puede atribuírsele la autoridad de cosa juzgada, sino que denota el incorrecto proceder del tribunal que al examinar el mentado convenio lo tiene presente y determina que debe estarse a lo resuelto en el pronunciamiento definitivo de fs. 529/534, para luego contradecir su anterior actuación.
Aduce que tampoco puede reputarse que existió un consentimiento libre e informado del actor al momento de suscribir el evocado instrumento, puesto que éste desconocía que AMX Argentina S.A. estaba emplazada a efectuar el depósito del monto de condena como requisito de admisibilidad del recurso, y por otro lado que estaba renunciando al pago del sesenta por ciento del monto de la condena.
Argumenta que resulta claro que la vulneración de la teoría de los actos propios no es atribuible a su parte -cuya conducta, alega, fue coherente a lo largo de las actuaciones- sino al propio tribunal interviniente. Insiste en que sólo la homologación de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios es la que les confiere autoridad de cosa juzgada, sin que pueda otorgarle validez el comportamiento del demandante, en cuanto éste no está llamado a salvaguardar el orden público.
Impugna además, la calificación de buena fe a la conducta asumida por la contraria. Refiere que el pago efectuado por ella significó un porcentaje ínfimo del total de la sentencia en detrimento de los derechos del trabajador y de su debida protección.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como surge de los antecedentes del caso, la desestimación del planteo dirigido a promover la ejecución de la sentencia es fruto de la ponderación que realizó el a quo de la conducta mostrada por las partes (me refiero a la accionante y a la coaccionada AMX Argentina S.A.) desde aquel momento en que presentaron su "convenio transaccional", principalmente, del accionar desplegado por la demandante.
III.2. La impugnación traída pretende ingresar entonces en el ámbito de cuestiones que por regla son privativas del tribunal de grado, así -en el contexto de autos- en aquella definida fundamentalmente por la aplicación de la doctrina de los propios actos, determinante en el criterio de éste para arribar a la solución objetada. En estos supuestos, tal como reiteradamente lo ha señalado este Tribunal, pesa sobre el recurrente la carga de acreditar la eventual presencia del vicio de absurdo en la labor axiológica llevada a cabo por el juzgador (causas L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014; L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.582, "Dam", sent. de 3-V-2018).
Ese imperativo no es cumplido por el quejoso, quien apoyándose en la incuestionada circunstancia que da cuenta de la falta de homologación del convenio presentado y en su personal concepción acerca del proceder del órgano jurisdiccional, soslaya esgrimir un ataque directo y eficaz contra la esencial motivación sobre la que se basa el pronunciamiento, ello, en cuanto en él hubo de afirmarse que la pretensión incoada por la parte actora implicó una contradicción con su comportamiento anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz, cuando además, también se ponderó la buena fe que reveló la contraria al desistir del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en razón del convenio logrado con el trabajador (v. fs. 794).
Cabe aplicar aquí la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso de inaplicabilidad de ley que contiene apreciaciones que no superan el registro de un criterio meramente discrepante con el del juzgador y no rebaten adecuadamente las motivaciones del fallo (causas L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.349, "Rosales", sent. de 27-III-2019).
Dable es recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar al vicio de absurdo, pues éste hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017).
En fin, el quejoso no evidencia el extremo error atribuido al sentenciante. Por cierto, tampoco efectúa una denuncia idónea tendiente a poner de manifiesto la norma o doctrina elaborada en un caso análogo que hipotéticamente podría haber sido vulnerada por el tribunal al acudir a la mencionada doctrina de los propios actos.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:26:12 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:45:34 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:47:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 13/07/2020 14:37:22 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 14/07/2020 08:30:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia