Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121375
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto III.5. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso, y las de la sede ordinaria a cargo de la demandada por el rubro que prospera (arts. 19 y 63, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.375, "Sosa, Rosana Beatriz contra Droguería West S.R.L. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 294/301 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 319/346 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓN
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por Rosana Beatriz Sosa y condenó a Droguería West S.R.L. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias de indemnizaciones por el despido, preaviso, integración del mes de despido, sueldo anual complementario proporcional del año 2014 y vacaciones del mismo año. En cambio, la desestimó en cuanto pretendía el cobro de "las multas de los arts. 1 y 2, ley 25.323, multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo t.o., horas extraordinarias, pago fuera de recibo de parte del salario, certificado de trabajo, art. 53 ter, ley 11.653 modificado por ley 18.329" (fs. 294/301 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que la actora trabajó para la demandada, desempeñando tareas en la categoría de preparadora de pedidos (Convenio Colectivo de Trabajo 120/75) desde el día 16 de julio de 2009 hasta el día 2 de junio de 2014 en que recibió la comunicación de la extinción del vínculo. Consideró, además, que con fecha 24 de junio de 2014 las partes celebraron un acuerdo conciliatorio ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, delegación Morón, que no fue homologado, conviniendo el pago de una indemnización de $51.555 importe que fue depositado por la accionada en el expediente administrativo el día 30 de junio de 2014 y percibido por la demandante (v. vered., fs. 294 vta./295 vta.).
Por otro lado, señaló probado que la accionante trabajó en el domicilio particular del señor Alfredo Manuelli (indicado como representante legal de la demandada) prestando tareas de servicio doméstico (v. vered., fs. 295 vta.).
En cambio, ante la controversia suscitada sobre las horas trabajadas, el a quo ponderó que las declaraciones testimoniales no fueron suficientes para tener por verificado que la jornada de trabajo cumplida por la accionante excediera las cuarenta y ocho horas semanales; agregando que en el supuesto que lo hiciera se le pagaba según lo informado en la pericia contable y lo que surgía de los recibos de haberes agregados a fs. 102 y 106, por lo que no se constataba el desempeño en horas extra no abonadas por la demandada; tampoco el pago "fuera de recibo" (v. vered., fs. 296).
A su vez, puntualizó que la actora no había alegado ni demostrado haber concurrido al domicilio de la demandada a retirar el certificado de trabajo que ésta pusiera a su disposición en la misivas de fecha 30 de mayo de 2014 y 10 de julio de 2014, descartando que pudiera asignarse relevancia al hecho de que la firma inserta en el aludido documento hubiera sido certificada el día 1 de septiembre de 2014, en tanto se trataba de un instrumento emitido por las constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES- (v. vered., fs. 296 y vta.).
Sostuvo que igualmente ineficaces resultaban los testimonios para corroborar que la actora hubiera ingresado a laborar en la Droguería West S.R.L. con anterioridad al año 2009. Ponderó que la fecha denunciada por la trabajadora en la misiva del día 7 de julio de 2014, después de un mes de haber sido despedida y tras haber acordado con su empleadora el pago de una indemnización, no fue avalada por ningún otro medio de prueba; por el contrario, señaló que la única testigo que resultó precisa en sus dichos fue coincidente con la fecha que constaba en la liquidación del expediente administrativo, los recibos de sueldo y el informe contable. Expresó, con relación a la fecha 16 de julio de 2007, que sólo surgía del acta del acuerdo conciliatorio suscripto por las partes ante el Ministerio de Trabajo, no homologado, no avalado por ninguna otra prueba (v. vered., fs. 296 vta.).
Sobre esa base -en lo que interesa-, desestimó el reclamo por el cobro de horas extra, "multa" prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la pretensión de entrega del certificado de trabajo, que consideró cumplida con la documentación acompañada por la empleadora a fs. 123/125 (v. fs. 299/300).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 39, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc.6 y 354 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial; 9, 14, 23, 55 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 14 bis de la Constitución nacional; 6 de la ley 11.544; 8 del Convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo; 23 del Convenio Colectivo de Trabajo 120/75 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 319/346).
Cuestiona el modo en que fueron formuladas las cuestiones a dilucidar en el veredicto. Sostiene que el a quo se desentendió del objeto reclamado en la demanda y de lo manifestado por las partes en los escritos constitutivos del proceso, vulnerando el principio de congruencia. Aduce además que omitió abordar el planteo de nulidad del acuerdo celebrado ante la Delegación Regional Morón del Ministerio de Trabajo (v. fs. 327 vta./330 vta.).
Postula que el a quo soslayó aplicar la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y su doctrina, así como lo dispuesto en el art. 14 del citado cuerpo normativo, apartándose de la primacía de la realidad. En este sentido, afirma que en la demanda se sostuvo que la actora ingresó a trabajar para la accionada el día 1 de junio de 2005 en tareas de limpieza y que a partir del mes de enero del año 2007 comenzó a desempeñarse como preparadora de pedidos, asimismo, que durante un tiempo figuró registrada como personal doméstico a cargo del señor Alfredo Manuelli, propietario de Droguería West S.R.L. Sostiene entonces, que había reconocido la demandada la prestación de servicios en el domicilio del señor Manuelli, aunque alegando que se trató de un vínculo distinto al que mantuvo con ella, estaba a su cargo demostrar esos extremos (v. fs. 331/333).
Señala también, que al juzgar acreditado que la relación laboral comenzó en el año 2009 y descartar que hubiera tenido inicio en la fecha invocada por su parte (1 de junio de 2005), el tribunal incurrió en una absurda ponderación de la prueba, esencialmente de la testimonial (v. fs. 333/338 vta.).
En otro orden, alega que no hubo controversia en autos sobre el trabajo en exceso de la jornada máxima legal, por lo que en virtud -fundamentalmente- del art. 6 de la ley 11.544 y de las presunciones contenidas en los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y la doctrina sentada por esta Corte en el precedente L. 99.688, "López" (sent. de 22-II-2012), debió tenerse por cierta la cantidad de horas extraordinarias mensuales denunciadas por la accionante. Agrega que en lo relativo a la jornada y el horario de trabajo, tampoco se tuvo en cuenta lo dispuesto en el art. 23 del Convenio Colectivo de Trabajo 120/75 aplicable al caso (v. fs. 339/342).
Finalmente, con apoyo en lo resuelto por este Tribunal, entre otras, en la causa L. 100.241, "Sánchez" (sent. de 26-X-2010), cuestiona que se tuviera por cumplida la obligación regulada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y se rechazara la aplicación de la sanción allí prevista. Argumenta que la documentación acompañada por la demandada a fs. 123/125 (formulario PS. 6.2 de ANSES) no cumple con los requisitos exigidos por el citado precepto, a la vez que sostiene que la empleadora no queda liberada de la evocada obligación con la sola puesta a disposición del certificado de trabajo (v. fs. 342/345 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Cabe advertir que la magnitud económica de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, con excepción de la crítica vinculada con la entrega de las certificaciones contempladas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, no excede el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. Luego, la admisibilidad del recurso sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Consecuentemente, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
III.2. En ese contexto, se impone señalar que el agravio estructurado sobre la denunciada violación del principio de congruencia, resulta ajeno al acotado marco de revisión por el que transita el medio de impugnación (causas L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018).
III.3. Tampoco lucen admisibles los planteos dirigidos a impugnar las conclusiones del fallo referidas a la extensión del vínculo laboral habido entre las partes y la jornada de trabajo cumplida por la trabajadora.
La alegada violación de la doctrina legal que invoca la impugnante pretende afirmarse en un distinto análisis de los hechos litigiosos y de las pruebas producidas en la causa, en oposición a la valoración efectuada por los magistrados de grado en uso de potestades privativas.
Así, no se advierte configurada en la especie la excepcional hipótesis prevista en el referido art. 55 de la ley 11.653; bajo la anunciada transgresión se traen en realidad, a consideración de este Tribunal cuestiones fácticas y probatorias que ante la insuficiencia de la summa gravaminis no pueden ser atendidas (causas L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015; L. 119.589, "Carnevale", sent. de 27-XII-2017 y L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019); es el caso, entre otras, de aquellas vinculadas a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, la determinación de la fecha de inicio de la relación laboral y del horario en que se desempeñaba la trabajadora, o las concernientes al absurdo en la valoración de las pruebas (causas L. 98.130, "Izaguirre", sent. de 25-IV-2012; L. 119.582, "Dam", sent. de 3-V-2018 y L. 120.649, "Escuela Manuel Belgrano S.R.L.", sent. de 17-IV-2019; e.o.).
De modo que, además, las doctrinas que se invocan violadas no guardan correspondencia con las motivaciones del a quo que han constituido factores esenciales de la decisión alcanzada, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico (causas L. 119.378, "Sarmiento", sent. de 5-VII-2017 y L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019) o bien, se vinculan al absurdo (causa L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; e.o.).
III.4. En otro orden, corresponde recordar que la denuncia de omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas (en el caso, la vinculada al planteo de nulidad del acuerdo celebrado ante el Ministerio de Trabajo), constituye una crítica extraña al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 119.623, "Pisarello", sent. de 22-II-2017 y L. 120.152, "Montenegro", sent. de 10-X-2018).
III.5. Sentado ello, en lo que respecta al agravio vinculado con los recaudos que deben cumplimentar las certificaciones que estatuye el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) para reputar satisfecha su entrega, corresponde habilitar esta instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653) toda vez que el valor del litigio en tal caso debe considerarse como de monto indeterminado (causas L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 118.753, "Marquez", sent. de 15-XI-2016 y L. 119.142, "Duclos", sent. de 28-II-2018).
Como quedo dicho, en la especie, con la documentación acompañada por la parte demandada a fs. 123/125, el a quo consideró cumplida la obligación de entregar el certificado de trabajo prevista en el citado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y rechazó el reclamo deducido al respecto (v. sent., fs. 299 vta. y 300).
Sin embargo, como lo afirma el recurrente -reiterando lo manifestado en oportunidad de contestar el traslado reglado en el tercer párrafo del art. 29 de la ley 11.653 (v. fs. 144 vta.)-, esta Corte en reiteradas oportunidades ha señalado que el formulario aquí escogido por la accionada, esto es: la "Certificación de Servicios y Remuneraciones" expedida en formulario "PS. 6.2" por la ANSES, no abastece los requerimientos que impone el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo en su segundo párrafo, más aún si se tiene en consideración la información complementaria exigible a partir de la incorporación efectuada al mentado régimen por la ley 24.576 (causas L. 100.241, "Sánchez", sent. de 26-X-2010; L. 92.086, "Abedaño", sent. de 28-IX-2011; L. 105.726, "Mac Garrel", sent. de 8-VIII-2012; L. 99.060, "Escalada", sent. de 24-IX-2014; L. 116.539, "Lastra", sent. de 28-X-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017).
En consecuencia, por aplicación de tan consolidada doctrina, debe revocarse la sentencia en ese tramo y ordenarse el cumplimiento de la entrega del certificado reclamado en los términos previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, a partir de lo precedentemente resuelto, se pronuncie sobre la procedencia -o no- de la indemnización contemplada en el último párrafo de la norma antes mencionada.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con el alcance establecido en el punto III.5.
Costas de esta instancia por su orden, atento el progreso parcial del recurso y las de la instancia ordinaria a cargo de la demandada por el rubro que prospera (arts. 19 y 63, ley 11.653 y 68 segundo párr. y 289, CPCC)
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II. Adhiero a la propuesta del colega doctor Soria, con excepción de lo expresado en el punto III.2. de su voto.
Esto último pues, tal como lo señalé al emitir mi opinión en las causas L. 82.176, "Giménez" (sent. de 30-XI-2005) y L. 87.476, "Pardo" (sent. de 29-VIII-2007), -y muchas otras más recientes-, el supuesto de excepción contemplado en el art. 55 de la ley 11.653 de violación de la doctrina legal se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 72.042, "Felice", sent. de 28-II-2001; L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002 y L. 75.526, "Frutos", sent. de 23-IV-2003; e.o.).
Por ello, juzgo preciso puntualizar en la especie que -a mi criterio- la doctrina legal aprehendida por el mencionado supuesto de excepción resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas legales, tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma.
En ese marco, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en el art. 55 del régimen procesal laboral local se impone, desde que el agravio por el que se imputa la transgresión del principio de congruencia se encuentra esencialmente orientado a impugnar la labor axiológica desplegada por el sentenciante de grado respecto de las probanzas producidas y de la apreciación de los escritos constitutivos del proceso, materia que, en tanto remite a cuestiones privativas de los jueces de grado, se encuentra excluida del acotado ámbito de revisión que contempla la citada norma adjetiva laboral (causas L. 99.949, "Avendaño", sent. de 13-X-2010; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
Para más, se advierte que los precedentes que se denuncian infringidos para abastecer el agravio (v. rec., fs. 327 vta./328 y 330 y vta.) fueron elaborados sobre supuestos fácticos diferentes de los que se ventilan en la presente (causa L. 118.321, "Guzmán", resol. de 25-II-2015).
III. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme lo indicado por el ponente en el punto IV de su propuesta.
Con el alcance indicado, así lo voto .
Los señores Jueces doctores G enoud , Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto III.5. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso, y las de la sede ordinaria a cargo de la demandada por el rubro que prospera (arts. 19 y 63, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:26:16 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:45:33 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:47:31 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 10/07/2020 12:15:06 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 13/07/2020 14:37:21 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 14/07/2020 08:28:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia