Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120353
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado a fs. 454 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.353, "Vaspia S.A.I.C. contra Gamboa Castillo, Pablo Hernán. Exclusión de tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda rechazó la acción promovida, con costas a la actora vencida (v. fs. 441/447 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 455/463), concedido por el citado tribunal a fs. 470 y vta. Mediante resolución obrante a fs. 509 y vta. este Tribunal dio por cumplida la intimación dispuesta a fs. 500/501 -en cuanto a la efectiva integración del depósito previsto por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- y juzgó reunidos los recaudos de admisibilidad del remedio intentado (v. fs. 509 y vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen rechazó la acción promovida por Vaspia S.A.I.C., mediante la que reclamaba -con sustento en el art. 52 de la ley 23.551- la exclusión de la tutela sindical del señor Pablo Hernán Gamboa Castillo, en su carácter de delegado gremial de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (v. fs. 441/447 vta.).
Para así resolver, sostuvo que no había resultado controvertido en la causa el delicado estado de salud por el que atravesaba la madre de Gamboa Castillo, quien vivía en el vecino país de Chile, y que si bien la empleadora accedió a otorgar las vacaciones solicitadas desde el 10 al 16 de agosto de 2009, y que finalizadas las mismas el accionado se ausentó los días 18 y 19 de ese mismo mes y año, la propia actora purgó tales faltas con el otorgamiento de dos días más de vacaciones (v. fs. 442 y vta.).
Halló justificadas también las ausencias de los días 15 y 16 de septiembre de 2009 y 30 de diciembre de 2009, con las constancias obrantes a fs. 19, 20 y 25, las que tuvo por válidas en virtud del reconocimiento efectuado por los testigos Piñeiro y Makaruk (v. fs. 442 in fine y vta.).
Sostuvo que tampoco fue motivo de contienda que a Gamboa Castillo se le concedieron vacaciones durante el año 2010 en dos oportunidades, esto es, en los meses de enero y septiembre, siendo requeridas por el demandado para viajar al mencionado país a visitar nuevamente a su madre enferma (v. últ. fs. cit.).
Respecto del año 2011, el tribunal de grado indicó que tampoco había sido motivo de discusión que el día 27 de junio el demandado solicitó licencia gremial desde el 1 hasta el 17 de julio. No obstante lo cual, precisó, la accionante denunció que en el período indicado el trabajador se encontraba -una vez más- en Chile, hecho éste reconocido por el propio Gamboa Castillo, quien manifestó haber tenido que viajar de urgencia ante el inminente riesgo de muerte de su madre (v. fs. 442 vta.).
En este aspecto, tuvo por probado -con el testimonio brindado por el señor Piñeiro en la audiencia de vista de la causa- que el accionado otorgó aviso a la empresa y que en fecha 7 de julio de 2011 concurrió a donar sangre para la señora Lucía Castillo Pizarro, quien al tiempo finalmente falleciera (v. fs. 442 in fine ).
Por último, y toda vez que la acción de exclusión de tutela sindical también se había fundado en las ausencias que el demandado pretendió justificar con permisos gremiales los días sábados 2 de enero de 2010, 9 de octubre de 2010 y 20 de agosto de 2011, argumentado que en esos días no se realizan actividades sindicales y que la Seccional Avellaneda de la Unión Obrera Metalúrgica se encuentra cerrada, con la prueba testimonial y el informe emitido a fs. 246/249 por dicha asociación sindical, consideró probado que si bien en tal día de la semana no se atiende al público, es frecuente la realización de actividades, incluso los domingos y feriados (v. fs. 443).
En la sentencia, el a quo trajo a colación la doctrina legal de esta Corte, en cuanto tiene establecido que "en el proceso de exclusión de la tutela sindical sólo debe resolverse la verosimilitud del planteo sometido a decisión por el principal sin emitir opinión acerca de la validez legal de la medida a aplicar por el patrón. Dicha decisión no define la suerte o existencia del derecho de fondo a debatirse, pues comprende sólo el primer tramo del procedimiento legalmente instituido para la dilucidación del derecho afectado". De allí que, explicó, le compete al tribunal de grado juzgar la procedencia o improcedencia de la exclusión pedida con el fin único y específico de posibilitar la aplicación de la medida disciplinaria planteada por el principal, que en el caso intenta despedir al trabajador (v. fs. 444 vta.).
En tales condiciones, hizo mérito del contexto general en el que se desarrollaron los hechos que dieron sustento al pedido de exclusión de la tutela sindical, esto es: hallarse la madre del delegado gremial gravemente enferma y viviendo en otro país (v. fs. cit.).
En ese marco, determinó que los extremos verificados en autos no revestían entidad suficiente para autorizar la exclusión de la tutela pretendida, sobre todo -añadió- considerando que como se trata en el caso de aplicar una norma (el art. 52 de la ley 23.551) que erige a la libertad sindical como el bien jurídicamente protegido, y la misma es la expresión concreta de derechos que gozan de reconocimiento constitucional (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 2, Const. prov.), la interpretación debe ser restrictiva (v. fs. 445 vta.).
Con todo, rechazó la acción de exclusión de tutela sindical promovida por Vaspia S.A.I.C. contra Gamboa Castillo, con costas a la actora por resultar vencida (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, esta última interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que alega absurdo y la errónea interpretación del art. 52 de la ley 23.551.
Refiere que su parte no ejerció facultad disciplinaria alguna porque solo a través de la tramitación de un proceso judicial como el presente puede producir prueba a fin de verificar fehacientemente la conducta del demandado.
Añade que con los informes elaborados por Aerolíneas Argentinas S.A. a fs. 194 y la Dirección Nacional de Migraciones a fs. 189/190 se ha logrado acreditar que resultaron falsos los permisos gremiales solicitados por el demandado los días 15 y 16 de septiembre de 2009, así como también los correspondientes al 30 de diciembre de 2009 y 2 de enero de 2010.
Argumenta que los hechos y la prueba objetivamente rendida demuestran la total mala fe del accionado, quien transgredió las disposiciones de los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, no ajustando su conducta a lo que es propio de un buen trabajador.
Sostiene que Gamboa Castillo se aprovechó de su condición de delegado gremial para abusar tanto de la confianza que le brindaba su empleador, como la de sus superiores jerárquicos sindicales, incurriendo en una conducta desleal y frustrando con su accionar los valores que legalmente debía proteger.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los agravios traídos se encuentran dirigidos a impugnar la ponderación de los hechos y de la prueba efectuada por el tribunal de grado, labor que por regla no es revisable en esta instancia extraordinaria, salvo que se demuestre el absurdo (causas L. 99.031, "Luque", sent. de 23-IV-2014; L. 117.923, "Chiroli" y L. 117.923, "Morales", sents. de 25-X-2017).
Ha de recordarse que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar al mentado vicio, pues éste hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017). Bajo tales lineamientos, estructurado sobre meras discrepancias subjetivas, el recurso se muestra insuficiente para acreditar el absurdo denunciado.
III.2. La conclusión anterior conduce a desestimar la impugnación.
III.2.a. No ignoro que en las causas L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I." (sent. de 20-XII-2017) y L. 119.961, "Guala Closures Argentina S.A." (sent. de 4-VII-2018), esta Suprema Corte, modificando su doctrina, estableció la fisonomía que habrá de tener el trámite a través del cual han de sustanciarse pretensiones como las que contiene la demanda de autos. Al expedirme en dichos expedientes señalé que es plausible aplicar el carril del proceso sumarísimo, compatibilizando el empleo de las respectivas normas del Código Procesal Civil y Comercial con la oralidad implementada en la legislación especial del fuero; a su vez, que en un único juicio, la sentencia a dictar por el tribunal de trabajo habrá de resolver la desafectación de la tutela sindical como expedirse sobre la justificación de la medida que el empleador prevé adoptar.
Cabe agregar, que aun cuando en los precedentes citados se abordaron recursos interpuestos por los trabajadores contra sentencias que habían hecho lugar a las acciones de exclusión de tutela sindical -contando lo allí resuelto con el esencial fundamento que indica que en esos procesos se hallaba en juego la libertad sindical-, en ocasión de fallar en la causa L. 118.607, "Copetro" (sent. de 21-XI-2018) encontré aplicables aquellas directrices al resolver un medio de impugnación deducido por el empleador frente una sentencia que había desestimado la acción contemplada en el primer párrafo del art. 52 de la ley 23.551. Tal determinación, sin embargo, fue adoptada tras juzgar que la decisión de grado debía ser revocada en razón de la absurda apreciación de la prueba efectuada por el tribunal de trabajo, fue recién en ese contexto que propuse que las actuaciones regresaran a la instancia de origen para que se juzgara nuevamente la procedencia de la acción conforme los actuales lineamientos trazados en las citadas causas L. 114.451 y L. 119.961.
III.2.b. El presente caso se diferencia de los reseñados y merece una solución diversa según se anticipó.
En autos, al desestimar la acción, sin soslayar que con ella el empleador pretendía neutralizar la protección sindical del trabajador para posteriormente despedirlo con basamento en la causa detallada en la demanda, el a quo entendió que los hechos constatados no revestían la entidad suficiente para autorizar el pedimento efectuado por la parte actora (v. vered., fs. 441/443 vta. y sent., fs. 444/446).
Luego, si el tribunal de la instancia juzgó que el planteo no era siquiera verosímil, permaneciendo entonces incólume la tutela sindical del dependiente, y que la ponderación fáctica que lo condujo a dicha definición no pudo ser desbaratada en esta sede extraordinaria, entiendo que la suerte del hipotético despido que perseguía implementar el empleador -desde la justificación de su causa- está sellada de modo adversa para sus intereses. Por ello, valoro que no corresponde modificar la sentencia recurrida.
De suyo que el desenlace que aquí formulo, sustentado en las concretas aristas del litigio, en modo alguno implica restarle vigor a la nueva doctrina legal referida en párrafos anteriores.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado a fs. 454 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2020 13:25:58 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:45:36 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 08/07/2020 17:47:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 13/07/2020 14:37:27 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 14/07/2020 08:54:38 - ALFANO Sergio Daniel
Fin de la sentencia