Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75194
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.194, "De Nicola Daniel Oscar contra Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Torres, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia dictada por la jueza de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda promovida por Daniel Oscar De Nicola contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener el beneficio pensionario en los términos del art. 47 inc. "a" de la ley 6.716, texto ordenado por el decreto 4.771/95 (v. fs. 304/311).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 317/332).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 341), agregado el memorial de la parte actora a fs. 342/345 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que a esta instancia extraordinaria interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad revocó, por mayoría, el pronunciamiento dictado por la jueza de primera instancia que desestimó las pretensiones deducidas por el señor Daniel Oscar De Nicola, con el objeto de obtener la nulidad de las resoluciones emanadas del Directorio de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, emitidas en la sesión de los días 12 y 13 de julio de 2012 y del 21 y 22 de febrero de 2013, por las cuales la citada entidad previsional le denegó el beneficio de pensión derivado del fallecimiento de la doctora Cecilia Edith Cobeñas (v. fs. 304/311).
Para así resolver, el a quo sostuvo que, en la especie, la situación del actor se subsumía en la norma legal que -específicamente- establece entre los causahabientes con derecho a pensión a la viuda o el viudo no divorciados por su culpa (art. 47 inc. "a", ley 6.716, t.o. según decreto 4.771/95). Ello, en la medida en que la sentencia de divorcio vincular se apoyó en una causal objetiva sin atribución de culpabilidad, subrayando que tampoco se había acreditado un supuesto que justificara, en los términos de la ley previsional aplicable, excluir al actor del goce de la prestación.
Destacó que no se encuentra controvertido que el divorcio vincular entre el actor y la afiliada se decretara por la separación de hecho por más de tres años sin voluntad de unirse, al hallarse acreditado el lapso establecido por el art. 214 del Código Civil entonces vigente, conforme lo dispuesto por los arts. 215 y 236 del mismo cuerpo legal.
Juzgó, en consecuencia, que se trataba de una causal objetiva, respecto de la cual la ley no exigía haber instado la declaración de inocencia de conformidad con el art. 204 del Código Civil -actualmente derogado-.
Concluyó que no cabía al órgano administrativo ni a los jueces de las instancias ordinarias del fuero en lo contencioso administrativo, abordar la determinación de la culpa en la separación, frente a una sentencia de divorcio que lo había decretado por una causa que no la contenía, sobre todo a fin de discernir un beneficio de índole previsional.
Afirmó que, en principio, el carácter sustitutivo del beneficio previsional debe ser evaluado en cada marco jurídico y plataforma fáctica, sin desmedro de la posición de quien está llamado por la ley y reúne las condiciones para ello, tal como acontece en autos.
Asimismo, destacó que la reserva del derecho a pensión recíproca efectuada por ambos cónyuges al iniciar el divorcio por mutuo acuerdo, homologada por el Tribunal de Familia n° 1 del Departamento Judicial de La Plata (v. fs. 7, 9/10 y 11/13), le permite tener por acreditada la inequívoca intención del actor y la causante de propiciarse asistencia alimentaria con posterioridad a la disolución del vínculo matrimonial, actuación que no es susceptible de ser desvirtuada en el sub judice .
Por último, mencionó que en el caso no se presentaba un supuesto de concurrencia (art. 51, segundo apdo., ley 6.716, texto según ley 11.625) que hiciera necesario analizar -en cabeza del peticionario- si se verificaba alguna de las circunstancias en las cuales el viudo divorciado puede quedar desplazado, total o parcialmente, por el conviviente del causante.
En consecuencia, consideró que conforme el marco legal aplicable (art. 47 inc. "a", ley 6.716) y los antecedentes de la controversia, no cabía reputar configurada la exclusión del beneficio pensionario o su improcedencia, tal como resolvió equivocadamente la Caja previsional y mal fuera avalado por la jueza de grado.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 317/332) en el que denuncia la violación del art. 47 de la ley 6.716 y la errónea aplicación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia.
Luego de transcribir el voto de la minoría y los fundamentos que concitaron el de la mayoría (v. fs. 327 vta./328 y 328 vta./330), alegó que la sentencia impugnada transgrede la doctrina legal del Tribunal en relación al carácter sustitutivo de la pensión y su aplicación cuando ha mediado divorcio sin atribución de culpa.
Planteó asimismo la errónea aplicación de la doctrina sentada en cuanto a las consecuencias que generan los divorcios decretados por una causal objetiva para quien pretende acceder a un beneficio de pensión.
Afirma que la sentencia impugnada transgrede la doctrina que emana del precedente "Cristiani" (causa A. 71.204, sent. de 11-VI-2014), considerando que no puede pretenderse que los criterios allí establecidos sean sólo aplicables a los pretensos beneficiarios de la ley de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (ley 11.761, actualmente derogada).
Consideró que la doctrina de la causal objetiva si bien no implica la clausura automática del derecho al beneficio, en modo alguno importa su otorgamiento directo, tal como se entendió en el fallo recurrido. Explicó que los incisos "a" y "e" del art. 47 de la ley 6.716 prevén y reglan la determinación de la culpa en el divorcio, haciendo foco en el inocente, otorgándole en forma automática el beneficio solo a éste.
Aclaró que ese otorgamiento automático cesa ante la falta de culpa por aplicación de la doctrina de la causal objetiva, cobrando relevancia en tales supuestos el párrafo final de dicha norma que habilita al Directorio a resolver de acuerdo a las circunstancias particulares frente a una separación de hecho, analizando el caso con la prudencia que exige la materia .
Por su parte, aludió a la doctrina que emana de la causa B. 59.954, "F. d. M., M. O.", sentencia de 16-VII-2014, manifestando que los principios y conceptos que de allí emergen son de plena aplicación al presente.
Afirmó que dichos criterios interpretativos deben ponderarse al analizar la procedencia del beneficio que se discute en el sub judice , los que estima que fueron desatendidos en la sentencia recurrida, toda vez que considera que, si bien se flexibilizó la interpretación de la norma al no excluir al cónyuge divorciado ipso iure , también es cierto que esa doctrina guarda relación directa con el carácter sustitutivo del beneficio previsional.
Por último, se refirió a la inefectividad de la "reserva de pensión" para suplir la reserva alimentaria.
Indicó que ni las manifestaciones consignadas en el acuerdo, ni su posterior homologación, tienen entidad suficiente para producir efecto alguno respecto de la demandada, en virtud de que se trata de un convenio en el que la Caja previsional no fue parte e involucra la disposición de derechos que no pertenecen a los intervinientes en ese negocio jurídico. A esos fines cita el art. 3.270 del Código Civil entonces vigente .
III. El recurso interpuesto no prospera.
III.1.a. La facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causas A. 70.503, "García", sent. de 10-VII-2013; A. 73.329, "Nager", sent. de 21-XII-2016 y A. 73.218, "Ríos", sent. de 25-X-2017), recaudos que no se encuentran cumplidos en la impugnación bajo estudio.
III.1.b. En autos, el a quo sostuvo que la situación del actor se encontraba comprendida en la norma legal que establece el derecho a pensión de los causahabientes del matriculado fallecido -en primer término: la viuda o viudo no divorciados por su culpa-, en la medida que la sentencia de divorcio vincular se apoyó en una causal objetiva sin atribución de culpabilidad. A partir de ello y de las restantes circunstancias de la causa, afirmó que en la especie no se había acreditado un supuesto que justificara, en los términos de la ley previsional aplicable, excluir al accionante del goce de la prestación.
Remarcó que se trataba de una causal objetiva, respecto de la cual la ley no exigía haber instado la declaración de inocencia de acuerdo a lo dispuesto por el art. 204 del Código Civil entonces vigente. Concluyó así que no cabía al órgano administrativo abordar la determinación de la culpabilidad en la separación frente a una sentencia de divorcio que lo había decretado por una causal que no la contenía.
III.1.c. Frente a ello, la impugnante alega que la Cámara desconoció la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en la materia. En especial, en lo referente al carácter sustitutivo del beneficio.
Al respecto, el Tribunal de alzada señaló que -en principio- el carácter sustitutivo del beneficio previsional debe ser evaluado en el marco de cada preceptiva jurídica y plataforma fáctica, mas no en desmedro de la posición de quien está llamado por la ley y acredita las condiciones para ello, como consideró verificado en el supuesto del actor. Lo anterior, toda vez que -dijo- la reserva alimentaria no operaba como presupuesto exclusivo ni excluyente, sino dentro del plexo fáctico y normativo de cada caso.
Sostuvo, a su vez, que los principios imperantes en el orden de la seguridad social exigen suma prudencia antes de denegar un beneficio, cuyo postulado guarda coherencia con los principios fundamentales que rigen el derecho previsional, en cuanto imponen la interpretación de las leyes jubilatorias conforme a la finalidad de la institución que amparan, rescatando esencialmente las semejanzas de la pensión con el derecho alimentario. Lo contrario -entendió- sería incurrir en una interpretación rígida, incompatible con los principios y la finalidad tuitiva de todo régimen previsional.
Ninguna de estas estructuras argumentales ha sido abordada y criticada con la suficiencia requerida para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (art. 279, CPCC). Por ello, como adelanté, el remedio intentado resulta ineficaz en este tramo del embate, correspondiendo su desestimación (doctr. causa A. 72.611, "E., R. V.", sent. de 22-X-2014).
III.2. Tampoco prospera el agravio referido a la violación de la doctrina legal que la recurrente intenta fundar con la mención de sumarios jurisprudenciales extraídos de la causa B. 59.954, "F. d. M., M. O.", ya citada.
Se tiene dicho que, a los fines de la suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la violación de doctrina legal, la pieza debe individualizar concretamente aquella que se dice vulnerada y señalar los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose además indicar la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; e.o.).
La aplicación expansiva de la regla de decisión plasmada en determinados precedentes, a otros conflictos que se estiman fáctica y jurídicamente equiparables, está rigurosamente condicionada a la cabal demostración por parte de quien los invoca de plausibles semejantes entre ambos (CSJN Fallos: 335:2028; 340:1084, 342:853; doctr. causa B. 76.088, "Cinto", resol. de 31-VII-2019).
En la especie, si bien el fallo invocado se refiere, en definitiva, a la materia que constituye el objeto de la impugnación, la apelante omite desarrollar la correspondencia existente entre ese particular precedente y el caso de autos. En su lugar, lo trae a colación al solo efecto de recordar ciertos criterios generales sentados por el Tribunal en punto al asunto debatido, algo que -sin más- torna insuficiente el agravio (doctr. causas A. 70.133, "Pueblas", sent. de 15-XII-2010; A. 74.387, "Almonacid", sent. de 3-X-2018).
III.3. Por último, debo decir que la crítica relacionada a la ponderación que la Cámara hiciera respecto de la reserva de pensión efectuada al momento de la disolución del vínculo matrimonial, lejos de patentizar los yerros que se le imputan, se circunscribe a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante con el de los magistrados que conformaron la mayoría. Al no hacerse cargo la quejosa de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructuró la sentencia atacada, tal déficit torna insuficiente también esta parcela del intento recursivo, sellando su suerte adversa (doctr. causa A. 72.905, "Carnes Seleccionadas SA", sent. de 28-VI-2017).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y la señora Jueza doctora Kogan por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2020 12:36:07 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 02/06/2020 14:48:10 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 02/06/2020 19:45:50 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 05/06/2020 19:09:44 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 08/06/2020 07:31:33 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia