Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75008
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según la ley 13.812- y 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.008, "Alonso Angel Carlos y ots. c/Caja Ret. Jubs. y Pens. de la Policía Prov. Bs. As. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Genoud , Soria , Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado abstracta la pretensión respecto a los períodos posteriores a la vigencia de la ley 14.382 y desestimado la demanda en relación a los períodos anteriores a la misma. Impuso las costas en el orden causado (conf. arts. 166, Const. prov.; 12, 51, 55, 56, 58, 59 y concs., CCA, texto según ley 13.101 y 14.437)
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 285/310), que fue concedido a fs. 312/313.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 315), agregado el memorial de la demandada a fs. 316/322 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado abstracta la pretensión respecto a los períodos posteriores a la vigencia de la ley 14.382 y desestimado la demanda en relación a los períodos anteriores a la misma.
I.1. Para así decidir, indicó que la decisión adoptada en la instancia de grado se encontraba debidamente fundada en la vigencia de la ley 14.382 -posterior al requerimiento de demanda-, sin que surjan elementos que desautoricen ese decisorio, pues la misma carecía de efectos retroactivos que admitieran el reconocimiento de diferencias por lapsos anteriores a su vigor.
Advirtió que tampoco resultaban suficientes las circunstancias alegadas para tachar de injusto el reescalafonamiento dispuesto por la ley 13.982.
Señaló que el reconocimiento de la jerarquía de "Mayor" -que perseguían los actores- tenía un alcance más amplio que el otorgado por el legislador mediante la ley 14.382, en la medida que la pretensión intentaba superar una limitación temporal dispuesta en esa norma, cuya legitimidad era plausible, no habiendo aportado elementos de convicción suficientes tendientes a su revisión.
Agregó, en ese entendimiento, que la equiparación legal de la fuente del derecho de los actores, no autorizaba a considerar la extensión de ese reconocimiento más allá de cuanto establecía el cuerpo normativo que la instituía.
Respecto de la censura constitucional que predicaba la parte recurrente para la ley 13.982 y sus reglamentos de ejecución, advirtió que toda pretensión de reconocimiento de ascensos suponía una fuente indubitada en el derecho a la carrera del agente, que siempre remite al servicio activo y que concluye con la situación de pasividad, por lo que la situación posterior generada tampoco ameritaba el reclamo de demanda (ley 13.982).
En efecto, sostuvo que el reencasillamiento efectuado a partir de las disposiciones generales de la ley 13.982 (anexos I y II), en su aplicación a los pasivos (dec. 3.000/10; conf. art. 27, ley 13.236) no sólo suponía expresar el ejercicio de una potestad del Poder Ejecutivo ejercida sin observaciones de razonabilidad, sino, a la vez un propósito por mantener la regla de proporcionalidad para lo previsto tanto en la ley 13.201 como en el decreto ley 9.550/80, respecto de los nuevos escalafones y en su aplicación al personal de retiro bajo alguno de esos regímenes.
Con ello concluyó que el criterio de equiparación con los activos mostraba armonía con el principio de movilidad, resultando excedido el reclamo de demanda a la luz de ese criterio de uniformidad.
Afirmó que la discriminación que predicaban los recurrentes no resultaba de un razonamiento de equivalencia en el que los años de servicio de los actores, ni su transcurso por los niveles que pregonan, pudieran considerarse fuente suficiente para condicionar el ejercicio de una potestad que sólo procuraba nivelar la situación de los activos y pasivos, siendo que estos últimos habían clausurado su carrera en el preciso momento de obtener el beneficio previsional.
Señaló que tampoco los apelantes demostraron qué otras situaciones, en igualdad de condiciones a las suyas, habían sido tratadas en el régimen normativo de un modo diferente y en su perjuicio.
Sostuvo asimismo que el régimen de equiparación que surgiera de la ley 13.982, no generó detrimento en la situación de pasividad de los actores ni retrogradación ninguna en relación con el nivel alcanzado al tiempo de obtener sus retiros; y que en cambio, su solicitud proponía un rango mayor de ascenso al reportar descontento con el reconocido y obtenido, lo que no se aviene a la regla de clausura de la carrera.
Con todo indicó que la equiparación no implicó el despojo que es objeto de señalamiento en el recurso y que significó, en cambio, una nivelación con el personal en actividad pese a la consumación de su situación en un nivel cerrado al tiempo del estado de pasividad.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia absurdo en la valoración de las pretensiones, y violación de lo normado por los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 31 y 39 de la Constitución provincial; del principio de progresividad y del derecho adquirido a un nivel escalafonario.
II.1. En primer lugar se queja de la equivoca interpretación de lo peticionado mediante el recurso de apelación, en tanto indica que allí solicitó se revoque la sentencia y se mande a correlacionar el haber de los actores con el correspondiente a la jerarquía de Capitán de la ley 13.982, desde el mes de julio de 2009, con costas a la demandada; y que el Tribunal de Alzada habla de la jerarquía de "Mayor" con un alcance más amplio que el otorgado por el legislador en la ley 14.382, motivo por el que rechaza el recurso.
II.2. Agrega que la Cámara interpretó que se solicitó la aplicación retroactiva de la ley 14.382, cuando en rigor de verdad se solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la ley 13.982 y se reconozca la jerarquía de capitán entre las fechas que esa norma estuvo vigente.
II.3. Seguidamente sostiene que las afirmaciones dogmáticas efectuadas en la sentencia recurrida vulneran el derecho de defensa, en tanto denuncia que no rebatió ninguno de los argumentos de la demanda ni de la apelación; ni se efectuó un análisis de la norma para decidir su constitucionalidad, pues siquiera trascribió el art. 76, ni los anexos I y II, sobre los que debía expedirse.
Agrega que resulta contradictorio el fallo impugnado en tanto sostiene la legalidad de la ley 13.982; y asimismo reconoce la aplicación de la ley 14.382, cuando la segunda vino a corregir un error de la primera.
II.4. Por último, para fundar su pretensión, reproduce los argumentos esgrimidos tanto en la demanda como en el recurso de apelación, repasando la sucesión de normas que modificaron el escalafón policial.
Con ello sostiene que quienes en actividad alcanzaron el rango de suboficiales superiores, escalafón 11 considerándolas desde Comisario General hasta el agente y escalafón 7 considerando en el sentido contrario, con el artilugio perpetrado por la ley 13.982 se encontraron en el escalafón 15 para el primer caso y el 4 para el segundo, quedando claro que las funciones son las mismas y aún menos.
Alega que el personal de oficiales del decreto 9.550/80 conservó o mejoró su nivel escalafonario con la entrada en vigencia de la ley 13.982; mientras que los suboficiales de ese antiguo régimen, que pasaron a ocupar el cuadro inferior de la ley 13.201 (de 8 categorías pasaron a 4), al volverse por la ley 13.982 a las 17 jerarquías quedaron en sólo 5 jerarquías (no en 8 como antes) y que el suboficial mayor paso al 5to escalón o 14 -según el orden ascendente o descendente que se adopte-, quedando por tanto subordinados al subescalafón comando y ubicados en dos o tres escalones más abajo que antes de la reforma.
Con ello alega que la ley 13.201 igualó los escalafones en uno único y que la 13.982 discrimina irrazonablemente a quienes la ley anterior consideró iguales, perjudicando las carreras y posibilidades de unos mientras que preserva y mejora la de otros.
Por último, insiste en que las leyes 14.382 y 14.383 corrigieron la violación denunciada, y trascribe los fundamentos del mensaje de elevación de la norma (n° 2.728).
Por ello solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 76 de la ley 13.982 y su anexo II, y se haga lugar a la demanda.
III. El recurso no prospera.
Conforme el relato de antecedentes efectuado, cabe advertir que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos al sub lite , circunstancia que resulta suficiente para dar respuesta al recurso bajo análisis (art. 31 bis, ley 5.827 texto según ley 13.812).
En las causas A. 73.211, "Balbastro", sentencia de 25-IV-2018; A. 73 862, "Migliori", sentencia de 3-V-2018; A. 73.959, "Belloti", sentencia de 06-VI-2018; A. 74.275, "Chiquini", sentencia de 29-VII-2018, este Tribunal indicó que el Poder Ejecutivo estableció por vía reglamentaria las equivalencias por correlación de cargos entre el anterior régimen del decreto ley 9.550/80 y el de la ley 13.201, luego sustituida por ley 13.982, en cumplimiento de lo exigido por el art. 27 de la ley 13.236, respetando la identidad con el reescalafonamiento efectuado legislativamente para quienes se encontraban en actividad, circunstancia que disipa los reproches a la legitimidad de las normas analizadas, en las que no se advierte exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.
Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según la ley 13.812- y 279, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60.1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según la ley 13.812- y 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de SU firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Registrada bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2020 13:28:53 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 02/06/2020 14:39:14 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 02/06/2020 19:45:32 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 05/06/2020 19:32:27 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 08/06/2020 07:33:56 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia