Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74595
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo N°3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.595, "Ecoblend S.A. contra Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Pretensión Declarativa de Certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora, y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la pretensión declarativa de certeza y el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 del decreto reglamentario 650/11 de la ley 11.720. Impuso las costas a la recurrente vencida (art. 51, CCA; v. fs. 415/422 vta.)
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (428/449 vta.), los que oportunamente fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 456/457.
Oído el señor Procurador General (463/472), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 473), agregado el memorial de la parte demandada (v. fs. 489/498) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
Y en su caso:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la pretensión declarativa de certeza y el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 del decreto reglamentario 650/11 de la ley 11.720.
I.2. Para así decidir, señaló que no se configuraban en autos los presupuestos para la procedencia de la pretensión deducida en tanto no se acreditó el estado de incertidumbre inherente a la acción declarativa de certeza (arts. 12 inc. 4, CCA y 322, CPCC).
Indicó que el recaudo cuestionado en la demanda -referido a la suficiencia de la habilitación nacional para operar con residuos peligrosos en el ámbito de la provincia- fue descartado por la autoridad administrativa, quien requirió la pertinente habilitación provincial -conforme surgía de la anterior reglamentación-, requisito que viene ahora impuesto expresamente en la nueva normativa dictada por el Poder Ejecutivo (ref. art.7, dec. reg. 650/11).
En tal sentido, indicó que el juez de primera instancia estableció que el objeto de la demanda radicaba en el estado de incertidumbre generado por el accionar del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) respecto de la exigencia de obtener una habilitación provincial, no obstante tener una nacional, para dar tratamiento a los residuos peligrosos sujetos a transporte interprovincial, cuestionando asimismo la constitucionalidad del reglamento local que así lo exige (decreto 650/11).
Sostuvo que en la sentencia recurrida se indicó que la carta documento enviada por el OPDS el 4 de julio de 2011, brindó respuesta suficiente al reclamo de la firma interesada. Allí se aludió justamente a la falta de habilitación nacional y provincial que impide tener por reunidos los requisitos necesarios para otorgarle la renovación en el Registro de Operadores y Transportistas de Residuos Especiales en carácter de Operador de otra Jurisdicción (v. fs. 74/75).
En ese contexto resaltó que tal antecedente (ref. CD), junto con la interpretación dada a la norma (art. 7, dec. 650/11, v. fs. 113) en contrario de la pretensión de la actora de operar a expensas de la habilitación nacional únicamente, conformaban una plataforma que dista de la que es propia de la acción declarativa de certeza.
Señaló que el desacuerdo respecto de la aplicación o interpretación jurídica de la norma aplicable no es bastante para tener por configurado el específico ámbito de funcionamiento de la vía intentada (arts. 12 inc. 4, CCA y 322, CPCC); máxime cuando el organismo provincial se expidió concreta y explícitamente al resolver el pedimento y enviar la carta documento, como al dictar la previsión normativa, en sentido contrapuesto a lo pretendido por la firma actora, sin espacio de vacilación al respecto.
Indicó que surge de modo indubitable que para desarrollar la actividad invocada -tratamiento de residuos especiales generados en la Provincia de Buenos Aires como operador de una planta ubicada en otra jurisdicción provincial-, debe cumplir con recaudos prescriptos por la normativa local, conforme a las previsiones del art. 7 de la ley 11.720 y su reglamentación, entre los que figura la inscripción en el registro y la autorización provincial.
Señaló que las mencionadas circunstancias son por sí reveladoras de un estado que no se condice con la duda inherente a la pretensión declarativa y que es por ello que la actora trasladó su centro de ataque, al ampliar la demanda, a la regla de derecho expresa (pedido de inconstitucionalidad de fs. 114/120 vta.) con el propósito de excluir el requisito considerado sobreabundante y violatorio por exceso de la norma de grada superior de derecho local y del orden jurídico nacional.
Aseveró que el juez de primera instancia dejó entrever que, aun cuando la actora hubiese dudado sobre los alcances de la habilitación nacional para operar con residuos peligrosos, esa vacilación había quedado disipada al expedirse el organismo provincial respecto del reclamo de la firma en un sentido distinto al perseguido y, por consiguiente, sostuvo que la imprecisión al respecto no revestía actualidad.
Para más agregó que tampoco se advertía -en forma concreta y probada- cuál sería el gravamen actual derivado de los hechos narrados en la demanda; déficit que no fue remontado con las genéricas afirmaciones que se deslizaron en el escrito recursivo, en el que se aludió tan sólo a un hipotético perjuicio derivado de la pérdida de clientes, sin especificar su magnitud, ni explicar de un modo que resulte indudable que fue por su virtualidad que se modificó la condición de la actora en desmedro de derechos que pudieran asistirle- como operador de extraña jurisdicción.
Respecto de la tacha de inconstitucional estimó que no denotaba una problemática jurídica propia de la incertidumbre que se alegaba, en la medida que no se advertía la irracionalidad que justificaría la censura del precepto reglamentario.
Confirmó la aplicación al caso del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emergente de la causa caratulada "Desler" de fecha 21 de noviembre de 2000 (que fuera citada por el juez de primera instancia), donde pese a analizarse una cuestión de competencia, se vincula a la misma materia -aplicación del art. 7 del decreto 806/97 al operador de residuos originados en la Provincia para ser tratados fuera de ella- y permite inferir consecuencias jurídicas inequívocas para el encuadre del caso como un asunto atinente al ejercicio del poder de policía ambiental, de derecho público local, -en cuanto a la habilitación para operar residuos peligrosos por parte de operadores de extraña jurisdicción- antes que una problemática como la alegada por la actora, referida al transporte inter jurisdiccional.
Concluyó, por lo expuesto, que frente a la regulación local en un sentido diferente al sostenido por la firma accionante, su disconformidad requería de un campo procesal que no pasa por despejar la incertidumbre sino por cuestionar el modo en que es reglamentada en esta jurisdicción.
Asimismo, señaló la inadecuación al caso del criterio jurisprudencial que invocó la parte recurrente, emergente del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en autos "Molinos Ríos de La Plata S.A." -sentencia de 10-II-2009-, donde el alto tribunal descalificó la restricción impuesta por la Provincia al tránsito de productos de origen animal por ser de competencia exclusiva de la nación y por avanzar sobre el art. 75 inc. 13 de la Constitución nacional, supuesto claramente diferenciable del que motiva el sub-lite.
Sostuvo que, antes que el comercio interprovincial, lo que estaba en juego era el tratamiento de residuos peligrosos en el marco del poder de policía ambiental, de modo tal que la cuestión litigiosa que ventila la causa no versaba sobre el tránsito interjurisdiccional, sino sobre operaciones vinculadas con la disposición de materia especialmente regulada por su impacto en el bien común comprometido, tal como surge de los fundamentos del propio acto reglamentario controvertido (v. fs. 111), y del plexo de competencia concurrente entre la Nación y las provincias, como un modo de intensificar la tutela necesaria en la especie. Por consiguiente, descartó que se tratase del mero tránsito dentro del territorio nacional, como un mercado único, que la cláusula comercial cristaliza en orden a la unidad del sistema federal.
Estimó así que la impugnación constitucional -basada en ese antecedente judicial- resultaba insatisfactoria, pues si bien su objeto es una norma reglamentaria y no la ley misma, de todos modos el centro de la cuestión exigía una acabada demostración del vicio, aspecto que no logró cumplimentar el recurrente.
En estas condiciones, compartió el criterio plasmado en la sentencia impugnada, acerca de la ausencia de los recaudos de procedencia de la acción entablada, sin que los argumentos traídos por el actor, satisfagan los extremos de una réplica eficaz contra lo resuelto (art. 56 incs. 2 y 3, CCA).
Concluyó entonces que no aparecían configurados los extremos de la pretensión intentada, ya que no podía visualizarse la falta de certeza respecto de alguna situación o relación jurídica, susceptible de ser remontada a través de la mera declaración judicial (art. 12 inc. 4 y 50 inc. 5, CCA y 322, CPCC).
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley.
En lo que al primero de ellos interesa, sostiene que en oportunidad de ampliar demanda, a propósito de la entrada en vigencia del decreto 650/11, planteó la inconstitucionalidad de su art. 7 por desnaturalizar -en su criterio- la ley 11.720 que reglamenta.
Alega que por ese decreto se pretendió regular el tratamiento de residuos especiales que tiene lugar fuera del territorio de la provincia, exigiendo habilitación provincial a establecimientos ubicados en otras jurisdicciones, lo que desvirtúa la finalidad de la citada ley 11.720 (art. 144 inc. 2, Const. prov.).
Indica que el reglamento debe adecuarse al espíritu de la ley, es decir, no debe distorsionar su finalidad, sentido y los motivos que llevaron a su dictado, so pena de incurrir en un exceso reglamentario.
Denuncia que cualquier inspección que la autoridad administrativa provincial quisiera efectuar en su planta de tratamiento en la Provincia de Córdoba, importaría un acto administrativo nulo de nulidad absoluta y generaría un conflicto de poderes respecto a la autoridad competente.
III. Considero que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad ha sido mal concedido.
Sabido es que el recurso establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y regulado en el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, sólo procede cuando en la instancia ordinaria se ha controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema (conf. doctr. causas L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016; A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-III-2017; e.o.).
Ello no ocurre si la Cámara, por razones de orden procesal, no se ha pronunciado sobre el caso constitucional planteado, por lo que falta una condición indispensable para su admisibilidad, cual es que exista al respecto decisión del juzgador de última instancia sobre el tópico (conf. doctr. causas Ac. 91.448, "Ahalloub", resol. de 1-XII-2004; Ac. 96.164, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 8-II-2006; A. 71.563, cit. y A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014), supuesto que encuentro configurado en la especie.
En efecto, el argumento basal esgrimido por el Tribunal de Alzada para confirmar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazar la acción impetrada, se asentó en la ausencia de los presupuestos sustanciales de la acción declarativa de certeza, puntualmente la inexistencia de un estado de incertidumbre, en tanto ponderó que el recaudo cuestionado en la demanda -referido a la habilitación provincial- ha sido exigido por la autoridad administrativa con sustento en que así lo establecía la anterior reglamentación y se encontraba expresamente requerido en la nueva norma emanada del Poder Ejecutivo (ref. art. 7, dec. reg. 650/11). Asimismo, sostuvo que la Carta Documento enviada por el OPDS, brindó respuesta al reclamo de la firma interesada, conformando todo ello una plataforma que dista de la que es propia de la acción declarativa bajo examen.
Señaló a su vez que el desacuerdo respecto de la aplicación o interpretación jurídica de la norma aplicable, no es suficiente para tener por configurado el específico ámbito de funcionamiento de la vía intentada (arts. 12 inc. 4, CCA y 322, CPCC), cuando el organismo provincial se expidió concreta y explícitamente al resolver el pedimento, enviar la carta documento y dictar la previsión normativa en sentido contrapuesto a lo pretendido por la firma actora, sin espacio de vacilación al respecto.
De ello, surge sin hesitación que el núcleo del decisorio puesto en crisis se circunscribe al objeto de la pretensión procesal, esto es el requerimiento de transitar un proceso determinado, con un tipo específico de tutela (sentencia meramente declarativa).
Desde ese andarivel cognoscitivo tenemos que, más allá de lo manifestado obiter dictum respecto de la cuestión constitucional relativa al art. 7 del decreto 650/11, en la sentencia recurrida no ha recaído decisión sobre el tema limitándose a señalar que no se dan en el sub lite los presupuestos necesarios para cesar un supuesto estado de incertidumbre de una relación jurídica o estado de derecho que motivara su declaración de certeza.
Ahora bien, rechazada la demanda por entender el a quo que la acción intentada no es la vía idónea, cualquier manifestación posterior realizada por los judicantes sobre la cuestión material carece de validez pues han perdido competencia al respecto debiendo considerarse como mero argumento a mayor abundamiento. En tales condiciones, falta un requisito indispensable para la admisibilidad del recurso en tratamiento, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia relativa al caso constitucional en los términos del art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causa A. 73.658, "Giles", sent. de 15-VIII-2018).
Siendo ello así, resulta claro que el recurrente ha equivocado la vía impugnativa extraordinaria, en tanto los fundamentos -de índole procesal- que abastecieron el núcleo central del decisorio en crisis, no debían ser impugnados por medio del recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
En tal sentido, esta Suprema Corte ha señalado que los planteos ensayados por el recurrente que aluden a presuntos errores de juzgamiento y a aspectos de carácter procesal resultan ajenos al ámbito del remedio intentado y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas A. 70.247, "C., H. M.", sent. de 20-III-2013; A. 71.403, cit.; e.o.).
Sentado lo anterior y toda vez que el dictado de la providencia de autos para resolver no obsta a que se declare mal concedido el recurso extraordinario, desde que ese trámite no impide a este Tribunal examinar si se han cumplido los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario de impugnación sometido a su conocimiento (conf. doctr. causas A. 71.699, "Labaronnie", sent. de 15-V-2013; A. 73.389, "Rivero", sent. de 2-III-2017; e.o.), corresponde declarar mal concedido el recurso en tratamiento (conf. doctr. causas L. 58.640, "Rolón", sent. de 15-VII-1997; L. 72.758, "Rule", sent. de 3-XII-2003 y L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017).
IV. Por todo lo expuesto -oído el señor Procurador General- juzgo que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad bajo examen ha sido mal concedido, correspondiendo su desestimación (arts. 299, CPCC; 31 bis, ley 5.827 incorporado por ley 12.961 y modif. por ley 13.812).
Voto por la negativa .
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Aunque coincido con el ponente en cuanto a la suerte adversa del recurso bajo análisis, lo hago a partir de las razones que a continuación expongo.
I. La apelante afirma que el art. 7 del decreto 650/11 desnaturaliza la ley 11.720 a la cual reglamenta, lo que violaría el art. 144 inc. 2 de la Constitución provincial relativo a la potestad reglamentaria en cabeza del Poder Ejecutivo, con el conocido límite de no alterar el espíritu de la norma legislativa.
Recuerda que el art. 1 de la referida ley dispone que "La generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, quedan sujetos a las disposiciones de la presente..." (el subrayado figura en el original; v. fs. 448). También trae a colación el art. 60, en tanto refiere a la celebración de acuerdos con la Nación tendientes a la homologación de certificados de habilitación especiales otorgados en esa órbita. Sobre esa base, en la inteligencia de que el decreto "regula el tratamiento de residuos especiales que tiene lugar fuera del territorio de la Provincia [...] exigiendo habilitación provincial a establecimientos ubicados en otras (p)rovincias)...", concluye que este último incurre en un exceso reglamentario al inmiscuirse en aspectos típicamente interjurisdiccionales.
II. Dado que la inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico, el Tribunal tiene dicho que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Para que pueda ser atendido un planteo de semejante índole por vía del recurso extraordinario, éste debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa (doctr. causas A. 71.502, "Perilli", sent. de 27-VI-2012; A. 70.305, "Ballast Ham Dredging B.V.", sent. de 3-VII-2013; A. 70.112, "Fisco de la Provincia c/ Buendía", sent. de 25-II-2015; A. 72.054, "Hochegger", sent. de 29-VIII-2018; A. 73.957, "Andrada", sent. de 21-XI-2018; e.o.). Y esto la recurrente no logra demostrar.
III. De la breve crítica formulada al respecto por Ecoblend S.A. a fs. 447 vta./449, no se extraen razones suficientes para descalificar, por inconstitucional, el decreto 650/11.
Al margen de que la peticionaria omite precisar qué tramo del articulado de dicha norma se encontraría en oposición con el texto fundamental -el hecho de fundar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad a continuación del de inaplicabilidad de ley no la eximía de esta carga mínima-, a todo evento no es posible inferir -sin más- que el requisito
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.