Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74559
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.559, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Tribunal Fiscal de Apelación. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de (Coady: Heevel Néstor Hernán y otros). Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley " , con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata denegó la procedencia de la pretensión interpuesta por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación que -a su turno- revocó la resolución determinativa y sancionatoria n° 390, por la que se tuvo por conformado el ajuste fiscal mediante una vía web (por aplicación de lo ordenado por las disposiciones normativas serie B n° 57/04 y 40/06). Impuso las costas en el orden causado (conf. art. 51, CCA; v. fs. 242/248 vta.).
Contra tal pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 253/259), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 261/262.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 269) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata denegó la procedencia de la pretensión interpuesta por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación que -a su turno- revocó la resolución determinativa y sancionatoria 390, por la que se tuvo por conformado el ajuste fiscal mediante una vía web (por aplicación de los dispuesto por las disposiciones normativas serie B n° 57/04 y 40/06).
Para así decidir, consideró que el régimen instituido por las disposiciones normativas serie B n° 57/04 y 40/06 reglamentan una serie de pormenores que no pueden ser aplicados mecánicamente, desconociendo las distintas garantías puestas en juego en el marco de una relación jurídica tributaria, que evidencia y supone una real desigualdad entre las partes.
En esa inteligencia, consideró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación objetó reglamentaciones que imponían el desistimiento compulsivo de recursos administrativos y/o judiciales que se hubieren interpuesto como condición para el ejercicio de derechos (CSJN, "Astorga Bracht, Sergio y otro c/ COMFER C dto. 310/98 s/ amparo ley 16.986", resol. de 14-X-2004).
Señaló que, si bien la circunstancia de autos difería de aquella -en tanto se trataría de un supuesto "sometimiento voluntario"-, retrataba el mismo problema: la desigualdad existente entre las partes que cercena, en esa relación, el ejercicio del derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV, DADDH; 8 y 10, DUDH; 8 y 25, CADH; 2 inc. 3 apdos. "a" y "b" y 14 inc. 1, PIDCP).
En segundo término, sostuvo que esas disposiciones que instituyen obligaciones y consecuencias gravosas -en el marco estructuralmente desigual señalado-, tienen que ser actuadas con los reaseguros que permitan constatar efectiva y concretamente el entendimiento de las responsabilidades en juego y su alcance.
En consecuencia, afirmó que el litigio planteado presenta una serie de particularidades que dejaban en evidencia las objeciones planteadas en relación a la razonabilidad, aplicación, entendimiento y exigencia de las disposiciones normativas señaladas; y que ello, marcaban la ausencia de operatividad respecto de los contribuyentes involucrados.
Para sostener esa última conclusión indicó, como expusiese la mayoría del Tribunal Fiscal de Apelación, que aun cuando el contribuyente hubiese conformado esa deuda vía web, no surgía de la Base de Datos HOST que hubiera realizado pago alguno, por lo que consideró que sujetarse a ese accionar para resolver las actuaciones resultaba irrazonable, máxime cuando se dispuso la apertura a prueba a efectos de arribar a la verdad material de las mismas (v. fs. 1.122, 1.123, 1.168 y 1.188/1.190 del expediente administrativo que corre por cuerda).
Además, indicó que al no pago (como primer elemento de disconformidad) y a la apertura a prueba (como elemento de aceptación del Fisco), se agregaba el hecho de que el efecto de esa supuesta suscripción no fue cuestionado por la representación fiscal al momento de contestar agravios ante el Tribunal Fiscal (v. fs. 1.140/1.144 del expediente administrativo).
Advirtió también que los contribuyentes manifestaron no haber prestado conformidad con el ajuste, ni haber "desistido del recurso de apelación", circunstancia que entendió evidenciaba la intención de mantener el interés en la resolución del litigio planteado ante la propia autoridad administrativa. Con ello consideró que los contribuyentes, con su propia conducta, mantuvieron vivo su interés.
Esta última actitud, sumado a la controversia acreditada respecto de la suscripción y actos posteriores, neutralizan la mecánica aplicación sostenida por el Fisco actor de la disposición normativa (arts. 16, 18 y concs., Const. nac.; 11, 15 y concs., Cód. Penal), la que atento suponer una conformidad prestada vía web (que conlleva el allanamiento o "desistimiento"), debe ser interpretada restrictivamente.
Indicó también que a posteriori , la propia ARBA dictó otra disposición normativa n° 92/08, aclarando que en el caso de regularización de deudas que se realice vía web e impliquen un allanamiento, el contribuyente debía presentarse a formalizar dicho acto por escrito en el expediente administrativo en el cual se está llevando a cabo la fiscalización.
Por último indicó que las circunstancias apuntadas (v.gr., disposiciones normativas que imponen condiciones gravosas en términos de responsabilidad limitando severamente derechos, aplicaciones mecánicas de las mismas, el no pago, la objeción de su suscripción, el mantenimiento de dicha objeción, la expresión de no desistimiento del recurso y la existencia de una instancia abierta), permitía darle su justo límite a la doctrina de los actos propios, máxime cuando el Fisco pretende obtener una ventaja sin que dicha conducta cercene ningún derecho involucrado en la dilucidación de la cuestión de fondo que discutía.
Concluyó entonces que, en tanto la pretensión anulatoria interpuesta por el Fisco actor se limitó a cuestionar la decisión de la mayoría del Tribunal Fiscal que desestimó la existencia de un allanamiento, sin cuestionar la decisión de fondo adoptada, debía rechazar la misma (conf. arts. 49, 59, 77 inc. 1 y concs., CCA; 163 y concs., CPCC).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia arbitrariedad de la sentencia en crisis; violación de las normas contenidas en las disposiciones normativas B 40/06, y de los arts. 717 y concordantes del Código Civil (actualmente art. 733 y concordantes del Código Civil y Comercial), en tanto se han desconocido en forma infundada, los efectos de los propios actos voluntarios de la empresa contribuyente (art. 944, Cód. Civ.; actuales arts. 259, 260, 284, 288 y concs., Cód. Civ. y Com.).
II.1. En primer lugar, denuncia errónea interpretación del mecanismo de conformación de ajustes "vía web" y de las constancias probadas de la causa.
Sostiene que mediante la disposición normativa serie B n° 57/04, una vez obtenida la CIT y aceptado el contenido de la " solicitud de adhesión al sistema on line de operaciones vía página web de Rentas " (art. 4), el contribuyente puede comenzar a operar por internet, sea presentando declaraciones juradas o pagos electrónicos de operaciones, entre otras.
Señala que por la disposición normativa serie B n° 40/06 se estableció un nuevo procedimiento de conformación de ajustes a través del sistema informático, por el que todos los contribuyentes que posean expedientes en trámite de fiscalización, una vez liquidadas las diferencias por el agente fiscalizador, podrán prestar o no conformidad con los ajustes correspondientes, ingresando al sitio de internet del organismo recaudador.
Indica que la conformidad total o parcial de los ajustes practicados tiene efecto de declaración jurada conforme lo dispuesto en el art. 102 del Código Fiscal (art. 3, DN 40/06), y agrega que, al acceder al sistema, el contribuyente podrá visualizar el o los expedientes vinculados a su CUIT, junto con los períodos ajustados, pudiendo allanarse a la pretensión fiscal en forma total o parcial o no prestar conformidad (art. 5, DN 40/06).
En esa línea denuncia que, a diferencia de lo sostenido con error en el fallo impugnado, se trata de un mecanismo completamente facultativo para el contribuyente, tendiente a agilizar y simplificar los trámites y presentaciones que debe realizar, facilitando tanto el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como el ejercicio pleno del derecho de defensa de los particulares, que no genera carga adicional alguna, sino que solo prevé la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la relación jurídico tributaria.
Siendo ello así, advierte el desacierto en el fallo recurrido que negó efectos a la conformidad prestada "vía web".
II.2. Sostiene, asimismo, que la falta de pago como manifestación de disconformidad del contribuyente carece de toda incidencia, ya que el pago no es un recaudo impuesto por la norma para tener por conformado un ajuste, ya sea tanto a través de los medios tradicionales (conf. art. 113, Código Fiscal, t.o. 2011) o mediante el uso de herramientas informáticas (DN B 40/06).
Alega que, en todo caso, la única consecuencia que generaría la falta de pago, es la posibilidad de que el Fisco inicie un juicio de apremio tendiente a obtener el cobro compulsivo de la deuda; pero no importa que la conformidad voluntariamente prestada pierda sus efectos, como un acto jurídico válido.
Manifiesta que tampoco la apertura a prueba ante el Tribunal Fiscal puede interpretarse como una aceptación de la ARBA de la falta de conformidad del contribuyente, en tanto aduce que dicho acto procedimental es irrecurrible.
Además, apunta que, en forma previa al dictado de la sentencia, como consecuencia de una medida para mejor proveer dictada por el mismo Tribunal Fiscal, se acreditó la conformidad prestada por el contribuyente. Agregó asimismo que, por fuera de sus propios dichos, los coadyuvantes tampoco aportaron prueba alguna tendiente a desvirtuar la existencia de la mentada conformidad.
II.3. Denuncia igualmente desacertada la cita de la disposición normativa n° 92/08, puesto que fue dictada al momento de llevarse a cabo la determinación impositiva en cuestión, y contempla una situación que no es idéntica, en tanto se trata de las formalidades a cumplir para acogerse a un plan de regularización de deudas.
II.4. Agrega (respecto a que no se habría alegado el allanamiento en oportunidad previa) que la eventual omisión de denunciar la conformidad y/o el allanamiento en que pudiera haber incurrido el Departamento Representación Fiscal de la ARBA al contestar los agravios del recurrente frente al Tribunal Fiscal, no limita la competencia resolutoria de éste ni compromete, en modo alguno, la posterior actuación judicial del Fiscal de Estado.
Indicó a ese respecto, que al promover la presente acción, éste actuó en ejercicio de atribuciones propias, consagradas legalmente (arts. 155, Const. prov.; 40, último párrafo, dec. ley 7.543/69 y 131, Cód. Fiscal, t.o. 2011), y no en representación de ninguna dependencia provincial, sino en defensa de los intereses fiscales que se han visto vulnerados por una resolución del Tribunal Fiscal, que no resulta ajustada a derecho.
II.5. Denuncia la arbitrariedad de la sentencia en tanto restó entidad a la conformidad prestada en debida forma por el contribuyente, privando a dicha manifestación de voluntad de sus efectos jurídicos, sin que se haya acreditado la existencia de algún vicio que la descalifique.
Alega violación a las normas que regulan el reconocimiento de deudas y los efectos de los propios actos -aplicables por vía analógica-.
En concreto, estima vulnerados los arts. 718, 944 y concordantes del Código Civil entonces vigente (actuales arts. 733, 259 y concs., Cód. Civ. y Com. de la Nación), normas que denuncia inaplicadas, por cuanto se ha privado de efectos a un reconocimiento de deuda efectuado libre y voluntariamente por el contribuyente.
Aduce que el fallo recurrido quebranta también la doctrina de los propios actos, que impide volverse contra los actos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces; apartándose de la consolidada doctrina de esta Suprema Corte.
III. El recurso no prospera.
III.1. El Tribunal a quo sostuvo que el régimen instituido por las disposiciones normativas serie B n° 57/04 y 40/06, reflejan la desigualdad existente entre las partes, cercenando el ejercicio del derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva (conf. arts. XVIII y XXIV, DADDH; 8 y 10, DUDH; 8 y 25, CADH; 2 inc. 3 apdos. "a" y "b" y 14 inc. 1, PIDCyP).
Cabe advertir, en primer lugar, que en la pieza recursiva el impugnante insiste en reiterar planteos que viene esgrimiendo desde el inicio de la causa y que recibieron solución adversa -con fundamentos suficientes- en la instancia tramitada, sin que se evidencie en esta vía extraordinaria ningún vicio casatorio que justifique revertir lo fallado, habida cuenta que lo que se plantea como agravio, no pasa de ser -en rigor- una mera disconformidad del recurrente con el sentido de lo resuelto, circunstancia que no alcanza para tener por cumplidas las cargas técnicas que supone el tránsito por ante esta instancia extraordinaria.
Esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual, el recurrente, insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (conf. doctr. A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018; A. 72.523, "Arias, César Daniel", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
En efecto, el impugnante simplemente reitera el planteo ya articulado en su demanda (v. fs. 2/7 vta.), conforme al cual el régimen establecido por esas disposiciones normativas es optativo y la conformidad prestada con el ajuste fiscal practicado tiene fuerza de declaración jurada.
III.2. Asimismo, el recurrente sostiene que la posterior falta de pago no puede ser interpretada como una manifestación de disconformidad, ni que la apertura a prueba pueda ser considerada una aceptación por la representación fiscal, en tanto está acreditada en autos -mediante una medida para mejor proveer- la conformidad prestada por el contribuyente; y agrega que tampoco la omisión de denunciar la conformidad o el allanamiento al contestar los agravios frente al TFA, pueda limitar la competencia resolutoria de éste o la posterior actuación judicial del Fiscal de Estado.
Empero esos aspectos en debate resultan, por regla, extraños a la competencia de casación de este Tribunal, salvo supuesto de absurdo que, en la especie, no ha sido denunciado, menos aún demostrado.
Sobre el particular esta Suprema Corte tiene dicho que, la apreciación de las constancias de la causa, en tanto constituyen típicas cuestiones de hecho y prueba, corresponden en forma privativa a los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen solo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando se invoca y se acredita absurdo (conf. doctr. causas A. 73.943, "Gáspari, Juan Carlos", sent. de 15-VIII-2018; A. 70.905, "Caselli", sent. de 30-V-2012; Q. 71.256, "Ceuninck", sent. de 4-VIII-2016 y A. 72.739, "Pérez", sent. de 10-V-2017).
En efecto el impugnante se limita a continuar propugnando, sin más sustento que en su propio concepto, un criterio diferente al considerado por el a quo , sin lograr demostrar, como era su carga hacerlo (art. 279, CPCC), que el razonamiento seguido por los sentenciantes en ejercicio de facultades que le son privativas, haya incurrido en el aludido vicio de absurdo.
A este respecto cabe tener presente que la acreditación del absurdo no se abastece con la mera reiteración de las razones que ya fueron rechazadas por las instancias; ni con el planteo de una disconformidad o discrepancia con la línea argumental de lo resuelto en el fallo, es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (conf. doctr. causas A. 72.901, "Ordosgoiti", sent. de 26-X-2016 y A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 13-IX-2017).
III.3. En otro orden de ideas, el recurrente se agravia de la conclusión de la Cámara en cuanto señaló que a posteriori , la propia ARBA dictó otra disposición normativa, la n° 92/08, aclarando que en el caso de regularización de deuda que se realice vía web e implique un allanamiento, el contribuyente debía presentarse a formalizar dicho acto por escrito en el expediente administrativo en el cual se está llevando a cabo la fiscalización, por cuando no contempla una situación idéntica al tratarse de las formalidades a cumplir para acogerse a un plan de regularización de deudas.
Ahora bien, este agravio tampoco merece recibo en tanto no se trata de la norma actuada por el Tribunal a quo , sino de una norma traída a colación para ejemplificar como -en casos en los que la conformación de un ajuste trae aparejada gravosos efectos- deben extremarse los recaudos referentes a la manifestación de voluntad de quien se somete a esos regímenes.
III.4. Por último, denuncia la arbitrariedad de la sentencia en tanto restó entidad a la conformidad prestada en debida forma por el contribuyente, privando a dicha manifestación de voluntad de sus efectos jurídicos, sin que se haya acreditado la existencia de algún vicio que la descalifique, con lo que denuncia violación a las normas que regulan el reconocimiento de deudas del Código Civil y los efectos de los propios actos -aplicables por vía analógica-.
Esta disconformidad expresada tampoco prospera en cuanto esta Suprema Corte tiene dicho que la denuncia de arbitrariedad carece de entidad cuando se basa en afirmaciones genéricas técnicamente insuficientes para lograr la revisión pretendida (conf. causa C. 108.184, sent. de 22-XII-2010).
Tampoco alcanza para conmover los fundamentos de la sentencia impugnada, la divergencia de criterios en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se ha subsumido el relato de los hechos, si no se demuestra la errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas A. 70.891, "Mohando", sent. de 6-VIII-2014 y A. 70.232, "Benítez", sent. de 27-IV-2016).
Estas circunstancias resultan suficientes para su rechazo pues, como ha afirmado esta Corte, es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (co
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