Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74014
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.014, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Philips Argentina S.A. y Otros. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia dictada por la jueza de primera instancia que admitió la excepción de prescripción deducida por la demandada en relación a las diferencias reclamadas por el Fisco en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos (v. fs. 276/279).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 385/396).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 404 y 423), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra la firma Philips Argentina S.A., y sus responsables solidarios, Juan Antonio Larrañaga, Alejandro Luís Coliva y Javier Lozada, en relación a la deuda correspondiente al impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos 1/2005, 3/2005 a 12/2005 y 1/2006 a 12/2006, instrumentada en el título ejecutivo 583.265 (v. fs. 7/8 y 11/12).
A fs. 14/19, la parte demandada opuso excepción de prescripción, la que fue admitida por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata a fs. 241/248.
Para así resolver, la magistrada señaló de manera preliminar que, conforme los precedentes que allí cita, la prescripción, como forma de extinción de una obligación, se encontraba regulada por el régimen de fondo del hoy derogado Código Civil y, en consecuencia, estimó que las acciones de la autoridad tributaria para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales prescribían por el transcurso del plazo de cinco años (art. 4.027 inc. 3, Cód. Civ. entonces vigente).
Aludió a las causales de interrupción y suspensión de la prescripción que el Código de fondo entonces vigente establecía, así como al cómputo de la misma (arts. 3.986, 3.989 y 3.956, Cód. Civ. entonces vigente).
De allí que, en el caso, juzgó que para el período 2005 el plazo comenzó a correr a partir del 1 de enero de 2006, operando el plazo de prescripción el día 1 de enero de 2011, y respecto del período 2006, el curso de prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2007, habiendo fenecido el 1 de enero de 2012 (arts. 3.986, 4.027 inc. 3 y concs., Cód. Civ. entonces vigente).
Puntualizó de esa manera que, a la fecha de inicio del sub judice se hallaba perimido el término quinquenal establecido en las disposiciones sustantivas aplicables, para que la autoridad de aplicación persiga el pago de las obligaciones resultantes de los períodos fiscales insertos en el título ejecutivo 583.265 y su anexo.
En consecuencia, sostuvo que la resolución determinativa 2.028 de fecha 15 de junio de 2012 (v. fs. 74/117) se dictó con posterioridad al acaecimiento del curso prescriptivo de los períodos reclamados.
Luego de analizar las actuaciones administrativas, puntualizó que la autoridad de aplicación inició un procedimiento determinativo y sumarial (v. fs. 46/59), a fin de establecer las obligaciones fiscales de la ejecutada como consecuencia de las declaraciones juradas mensuales que oportunamente ésta presentara, respecto de la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos reclamados en el título ejecutivo base de la ejecución.
Afirmó que las aludidas declaraciones, invocadas por la parte actora como causales interruptivas del curso de la prescripción, no se encontraban contempladas como tales en el Código de fondo entonces vigente, circunstancia que impone la denegación del efecto pretendido.
II. En lo que a la instancia extraordinaria interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad rechazó el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal a fs. 253/256 y confirmó el pronunciamiento de grado.
Advirtió que los agravios de la Fiscalía de Estado se circunscriben en analizar la virtualidad de considerar a las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes como un reconocimiento de deuda en los términos del art. 3.989 del entonces Código Civil vigente y del art. 160 del Código Fiscal y, consiguientemente, como causa interruptiva del curso de la prescripción.
Sostuvo, en ese sentido, que la aplicación de las normas del entonces Código Civil no mereció reproche alguno por parte del Fisco, como tampoco la doctrina judicial invocada por la ejecutada.
Para resolver la cuestión el Tribunal de Alzada afirmó -coincidiendo con el argumento desarrollado en el primer agravio del recurso de apelación- que las declaraciones juradas importan un reconocimiento de deuda de los períodos que las mismas contienen, mas ello sólo se limita a los conceptos y montos allí declarados, sin ninguna otra extensión (arts. 718 a 723, 3.989 y concs., Cód. Civ. derogado).
Sostuvo que, el inicio del procedimiento determinativo por las diferencias resultantes del método de liquidación, ocurrió con posterioridad a las presentaciones efectuadas por el contribuyente, circunstancia que obsta a que las declaraciones juradas tengan el carácter que pretende la representación fiscal respecto de la liquidación de deuda que dio origen a la presente ejecución.
Concluyó en que dicho procedimiento iniciado por la autoridad tributaria provincial no podía ser incidido por un reconocimiento anterior, que no puede superar los períodos y montos declarados, radicando en lo reconocido el umbral de interrupción, el que no puede extenderse ni comprender los ajustes efectuados luego, aunque se refieran al mismo período fiscal, para los cuales dicho reconocimiento carece de efectos.
En consecuencia, no advirtió error de juzgamiento en el pronunciamiento de primera instancia, en la medida en que el crédito fiscal derivado del procedimiento determinativo por diferencias en más en el impuesto declarado y reconocido, se encontraba prescripto al tiempo del dictado de la resolución determinativa 2.028 del 15 de junio de 2012.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 165, 384, 456 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
Reprocha asimismo que el Tribunal de Alzada haya inaplicado las normas del Código Fiscal referidas a la prescripción (arts. 44, 157, 158, 159, 160, 161 y concs., Cód. Fiscal, t.o. 2011).
III.1. Considera que el a quo yerra al afirmar que el procedimiento determinativo efectuado por el organismo tributario no se vea beneficiado por el efecto interruptivo del reconocimiento de deuda anterior.
Indica que la disposición 2.028/12, mediante la cual se establecieron diferencias a favor del Fisco por haber tributado en defecto el impuesto sobre los ingresos brutos, se practicó -entre otra documentación- a partir de las declaraciones juradas mensuales del impuesto en cuestión, las cuales fueron confrontadas con las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por conversión de los débitos fiscales a la alícuota declarada por el contribuyente y el subsidiario IVA ventas, considerándose a los efectos del ajuste, los montos consignados en las declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos.
Sostiene que, en consecuencia, esas declaraciones juradas resultan un reconocimiento de deuda y como tales interruptivas del plazo de prescripción, no pudiendo considerarse neutrales respecto del procedimiento determinativo, sino que por el contrario alega que se encuentran relacionadas en tanto constituyeron -entre otra documentación- la base probatoria de la determinación de oficio.
Afirma que no resulta razonable sostener que las declaraciones juradas carezcan de efectos interruptivos sobre los ajustes efectuados con posterioridad, aun cuando se refieran al mismo período fiscal.
Advierte que el Tribunal de Alzada se apartó de las constancias del expediente administrativo, pues el crédito reclamado no obedece a un mero "ajuste", sino que responde a un procedimiento de revisión total de la deuda, circunstancia que impone considerar a las declaraciones juradas rectificativas como causales interruptivas de prescripción, por ser reconocimientos de deuda que proyectaron sus efectos en todas las deudas involucradas en los períodos revisados (2005/2006).
III.2. Se agravia que la sentencia impugnada prescindió de las normas del Código Fiscal referidas a la prescripción (arts. 157 a 161, t.o. 2011), máxime teniendo en cuenta las previsiones del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994) que junto a razones de orden constitucional ponen en tela de juicio la doctrina sentada en el fallo "Filcrosa".
Señala que los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código sustantivo contemplan expresamente que las legislaciones locales regulen la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de los tributos y con ello el modo de computarlo.
III.3. Subsidiariamente, para el caso que no se haga lugar al agravio vinculado con la virtualidad interruptiva de las declaraciones juradas, plantea que por aplicación del Código Fiscal, el plazo para el período 2006, comenzó a correr el 1 de enero de 2008 y fue suspendido el 15 de junio de 2012 con el dictado de la disposición 2.028/12, por un plazo no mayor a un año y hasta noventa días posteriores a la notificación del rechazo del recurso de reconsideración interpuesto contra el mencionado acto, ocurrida el 6 de marzo de 2013, circunstancias que hacen que el plazo quinquenal no haya fenecido al inicio del presente proceso (30 de mayo de 2013).
IV. Adelanto que, en mi opinión, el recurso no prospera atento a su manifiesta insuficiencia (art. 279, CPCC).
IV.1. La Cámara, a fs. 277, fijó el objeto de debate del proceso ciñéndolo a la cuestión vinculada al efecto de las declaraciones juradas. Puntualizó además que la representación fiscal no cuestionó la "aplicación de la doctrina judicial invocada por la parte demandada, y la sentencia recurrida". Agregó que la representación fiscal al impugnar la sentencia del juez de origen, no impugnó que la cuestión de fondo fuera resuelta siguiendo las pautas del precedente "Filcrosa", merced a la cual esta parcela del pleito habría adquirido firmeza.
El recurrente no cuestiona la delimitación del thema decidendum que efectúa la Cámara. Siendo ello así, el pronunciamiento en crisis, adquiere firmeza en este tramo e impide a este Tribunal ingresar en una parcela del debate que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
Al respecto tiene dicho esta Corte que la conformación del thema decidendum aparece en el proceso como la resultante lógica del encuentro de las postulaciones jurídicas esgrimidas por las partes en la etapa constitutiva, evaluadas por el juez en su dimensión controversial. Su determinación, en tanto se vincula a la interpretación de escritos judiciales, constituye una facultad privativa de las instancias de grado, irrevisable ante esta Corte salvo la denuncia y acabada demostración de absurdo (doctr. causa C. 109.131, "Azurmendi", sent. de 19-XII-2012 y C. 117.734, "La Araucana Oeste", sent. de 2-VII-2014).
Merced a lo anterior, el agravio articulado a fs. 389 vta. en torno a la inaplicabilidad del Código Fiscal resulta inatendible toda vez que el encuadre normativo consentido por las partes no tuvo un oportuno cuestionamiento. El Fisco tardíamente pone en crisis este tramo del pleito.
Al respecto, esta Corte ha sostenido que las cuestiones que, de manera novedosa y extemporánea se introducen por primera vez ante la instancia extraordinaria, resultan ineficaces para habilitar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tanto constituyen el fruto de una reflexión tardía (doctr. causas C. 116.447, "Complejo Habitacional Barrio ODISA 824" y C. 107.799, "Gondolesi", sents. de 30-X-2013; A. 73.367, "Fuente", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
Siendo ello así, el tópico en cuestión, -reitero, más allá de su acierto o error- no puede ser abordado en el presente recurso (art. 279, CPCC).
IV.2. Ahora bien, habiendo delineado cual es el ámbito al cual esta Corte puede ingresar, cabe adelantar que igual suerte adversa habrá de correr el agravio enderezado a postular el efecto interruptivo de las declaraciones juradas rectificativas presentadas por el contribuyente.
En efecto, según surge del pronunciamiento de la Cámara, tales declaraciones implican un reconocimiento de deuda, sólo en cuanto a los montos allí contenidos.
Agregó el Tribunal que sus efectos interruptivos no se extienden a la porción de la deuda que no resulta declarada por el contribuyente, y por las que el Fisco ajustara posteriormente, aun cuando se trate del mismo período fiscal (v. fs. 272).
La labor recursiva efectuada por el impugnante en este segmento resulta insuficiente, toda vez que se limita a argumentar en paralelo sin demostrar el vicio en la decisión de la Cámara.
Así, el impugnante intenta, sin éxito, demostrar el vicio de absurdo mediante la transcripción de los considerandos de la disposición 2.028/12, discrepando con lo resuelto por el Tribunal de Alzada y sin evidenciar un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado en la causa. Cabe agregar, que no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, o supuestos intentos similares, alcanzan para configurarlo. Es necesario, por el contrario, que se demuestre un importante desarreglo desde la base del pensamiento, una anomalía extrema o una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se ponga en evidencia la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (doctr. causas A. 70.082, "Longarini", sent. de 29-III-2017 y A. 73.023, "Rodríguez", sent. de 9-V-2018).
En el caso, dicho vicio no se configura con la conjetura personal del recurrente basada en la vinculación que las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente, en tanto implican el reconocimiento de una porción de la deuda, tengan proyección sobre el monto no reconocido.
Ante ello, no puede admitirse que la ejecutante haya acreditado, tal era su carga, que el tribunal actuante incurriera en un desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa o a una grosera desinterpretación de la prueba producida (doctr. causas Ac. 75.789, "Ruíz Díaz", sent. de 23-V-2000; Ac. 78.318, "Fernández", sent. de 19-II-2002; A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; e.o.), por lo cual el agravio aquí analizado debe desestimarse.
IV.3. Por último , en relación al planteo en subsidio, deviene inoficioso su tratamiento en esta instancia, atento las consideraciones efectuadas en el punto anterior.
V. En virtud de los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 279, CPCC). Las costas se imponen a la recurrente en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
En la ciudad de La Plata, a los 8 días del mes de junio de 2020 (conf. Ac. 3971/20).
Fin de la sentencia