Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73976
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.976, "Usuarios y Consumidores Unidos contra Municipalidad de La Plata. Acción Sumarísima ley 24.240. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata declaró inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y rechazó la apelación deducida contra la regulación de honorarios practicada en primera instancia. Impuso las costas en el orden causado (v. fs. 280/284).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 288/305).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 319/321), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 322) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) promovió acción sumarísima (conf. arts. 23, ley 13.133; 53, ley 24.240 y 496, CPCC) contra la Municipalidad de La Plata, con el objeto de obtener información detallada respecto del servicio de transporte público de pasajeros con alcance (desde y hasta) el barrio "Lomas de Copello", también conocido como "La Hermosura" ubicado en la ruta provincial n° 11 entre las calles 635 y 642 del partido de La Plata.
Específicamente solicitó se ordene al municipio demandado a presentar en el expediente y a entregar a la accionante copia certificada del pliego de bases y condiciones y toda otra documentación adicional o complementaria relativa a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros que conecte el centro de la ciudad de La Plata con el barrio "La Hermosura", en especial lo relacionado con las frecuencias de la línea de colectivos 520 (v. pto. 2.1., escrito de demanda agregado a fs. 41/55).
Asimismo, solicitó se condene a la comuna al pago de una multa civil, equivalente a la suma de dos millones de pesos de conformidad con lo normado por el art. 52 bis de la ley 24.240, con imposición de costas (v. pto. 2.2., escrito de inicio que luce agregado a fs. 41/55).
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, en la sentencia obrante a fs. 244/247, declaró abstracta la cuestión sometida a juzgamiento y, en consecuencia, irrelevante el tratamiento de los demás puntos articulados por las partes. Impuso las costas en el orden causado y reguló honorarios a los letrados intervinientes por la actora.
Para así decidir, circunscribió el thema decidendum en determinar si estaba garantizado el derecho a la información respecto del transporte público de pasajeros (desde y hasta) el barrio de "Lomas de Copello", conocido también como "La Hermosura", de conformidad con lo establecido en los arts. 42 de la Constitución nacional, 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 4 y 55 de la ley 24.240.
Al respecto, indicó el magistrado actuante que en el escrito de responde la Municipalidad demandada manifestó que la información requerida por los accionantes (v. nota dirigida a la Dirección de Tránsito del municipio agregada a fs. 4) fue brindada, habiéndoles sido entregado el recorrido y la tabla horaria del Ramal 3 de la Línea 520 (v. copias certificadas agregadas a fs. 14/16).
Señaló que la accionada refirió que el pliego de bases y condiciones por el cual se otorgó la concesión del servicio de transporte público de pasajeros en el partido de La Plata (Licitación Pública n° 26/10) se encontraba publicado en la página web del municipio.
De la misma manera, ponderó que la demandada adujo que la normativa que rige la cuestión (ordenanza municipal 7.388/90) se encontraba publicada en el digesto de la página web del Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata, el cual permite la búsqueda por tema y dentro de los cuales se encuentra distinguido "Transporte de Pasajeros (SUT)".
A las consideraciones expuestas agregó que la demandada acompañó la documentación referida al contestar la demanda (v. fs. 66/144) concluyendo que -con la información proporcionada por la comuna en el proceso judicial- cesaron las causas que motivaron la promoción de la acción.
I.3. Apelado el pronunciamiento por la parte actora (v. fs. 254, 256/261), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata consideró ajustada a derecho la sentencia dictada por el juez que previno, en tanto la información que adjuntó la comuna al contestar la demanda satisfizo el objeto de la pretensión, subsanando cualquier tipo de dificultad en el acceso a la misma que motivara la reclamación judicial.
Dijo que, sin perjuicio de alguna diferencia que pudiera indicarse respecto de la información brindada en sede administrativa, la acompañada con el escrito de la demanda era suficiente a los fines de la pretensión incoada.
Concluyó que, tratándose de una situación jurídica agotada, no cabía emitir un pronunciamiento respecto del planteo de falta de legitimación activa para actuar en nombre del colectivo de personas afectado, así como tampoco abordar el agravio relativo a la ausencia de tratamiento por el juez de grado de la solicitud de la condena pecuniaria prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240, texto según ley 26.361.
Por último, con fundamento en el art. 57 del decreto ley 8.904/77, rechazó el recurso de apelación con relación a la regulación de honorarios practicada por el juez de primera instancia.
Consideró "justo y equitativo" distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
II.1. Disconforme con la decisión de la Cámara, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 288/305), en cuyo marco denunció absurdo en la interpretación del escrito de inicio y la prueba producida en autos (art. 384 y concs., CPCC) y violación de la doctrina legal de este Tribunal en la materia.
Se agravió de la falta de tratamiento y resolución de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada, acusando la inaplicabilidad al caso de la doctrina que resultaría de la causa Ac. 82.123, "Institutos Médicos S.A.", sentencia de 14-IV-2004.
En cuanto a la regulación de honorarios practicada por el juez de primera instancia (v. pto. 3, fallo obrante a fs. 247) y confirmada por el Tribunal de Alzada (v. fs. 283 -segunda cuestión planteada-) denunció que el a quo resolvió dogmáticamente la cuestión, transgrediendo los arts. 59 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo y 266 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo acusó la vulneración de la doctrina legal de este Tribunal que emana de las causas L. 66.063, "Carballo de Nobal" y L. 62.544, "Reboredo", sentencias de 23-II-1999.
II.2. Para fundamentar su pieza recordó que la acción colectiva oportunamente incoada tuvo por objeto obtener de la Municipalidad de La Plata información relativa al servicio público de transporte de pasajeros (desde y hasta) el barrio "La Hermosura", como asimismo la imposición de una multa civil equivalente a dos millones de pesos.
Afirmó que de manera alguna puede interpretarse que el municipio accionado cumplió con el deber de información en los términos que exige el art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, con la documental agregada en la oportunidad de contestar la demanda.
Sostuvo que la información proporcionada por la comuna es contradictoria con la brindada en sede administrativa, circunstancia que, lejos de satisfacer el derecho de sus representados, les provoca incertidumbre respecto de las condiciones para el uso del servicio de transporte (horarios y frecuencias).
Recordó que el derecho de los consumidores y usuarios a la información tiene reconocimiento constitucional (arts. 42, Const. nac. y 38 y 12 inc. 4, Const. prov.) y legal (arts. 4, ley 24.240, modif. por ley 26.361 y 18 inc. "a", ley 13.133). Asimismo, mencionó que la ley 12.475 reconoce el derecho de acceso a documentos administrativos en el ámbito provincial.
Refirió a precedentes de este Tribunal en los cuales, sobre esa plataforma normativa, se ha reconocido respecto del derecho a la información, que los términos "adecuada y veraz" implican -según la Real Academia Española- las calidades de "...apropiado a las condiciones, circunstancias u objeto de algo" y "...que dice, usa o profesa siempre la verdad", respectivamente. Por ello, asegura que la información debe tener aptitud para colocar al otro contratante en una situación de discernimiento en el aspecto técnico ventilado en el negocio (conf. causas B. 65.834, "DE.U.CO. Defensa de Usuarios y Consumidores Asociación Civil", resol. de 7-III-2007 y C. 102.100, "Lucero", sent. de 17-IX-2008).
Indicó que el deber constitucional de brindar una información adecuada y veraz se relaciona directamente con la certeza, autenticidad y comprobabilidad de aquella, en función de la disponibilidad de datos que una parte tiene y de la cual la otra -claramente más débil en la relación jurídica- carece. En tal sentido, aduce que la información debe cubrir la etapa genética y funcional ya que es cumplimiento del deber de buena fe la prestación de servicios informativos permanentes y actualizados. La información -asevera- debe estar relacionada con la complejidad del negocio y la educación del receptor, en cuanto a su extensión y exhaustividad (conf. causa C. 99.518, "Conca", sent. de 3-VI-2009).
Agregó que la adecuación y suficiencia de los medios de información se vinculan inexorablemente con su instrumentación en tiempo oportuno y mediante mecanismos comprobables (conf. causa B. 65.834, cit.).
Apuntó también que si la Administración no expresa las circunstancias excepcionales que le impidieron brindar la información en el tiempo previsto en la reglamentación, su conducta queda marginada de la legalidad (conf. causa A. 70.571, "Asociación por los Derechos Civiles", sent. de 29-XII-2014).
Adujo que la conclusión a la cual arribó el a quo respecto del cumplimiento del deber de información por parte del municipio constituyó un dislate que se apartó de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia, individualizada en los párrafos anteriores.
II.3. Respecto al agravio relativo a la falta de tratamiento de la excepción de falta de legitimación, expresó que ésta debió resolverse indefectiblemente antes de avanzar en el sub discussio . Indicó -con cita a la causa Ac. 82.123- que la legitimación constituye un presupuesto procesal que debe ser analizado, incluso de oficio, ya que antes de indagar quién tiene o no razón es necesario establecer si quienes están presentes en el proceso son las personas que la ley ha autorizado para debatir al respecto.
II.4. Con relación a la confirmación de la regulación de honorarios, denunció que el pronunciamiento impugnado transgrede la regla procesal contenida en el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial, la cual establece que los tribunales de alzada se encuentran constreñidos a examinar, a través de sus sentencias, las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravio.
Subrayó que -en esta parcela- el pronunciamiento carece de motivación, limitándose dogmáticamente a afirmar que el monto regulado resulta ajustado a las pautas legales.
Por último, consideró que las costas del proceso deben imponerse a la demandada.
III. El recurso prospera sólo en lo que atañe a lo anterior.
III.1. Conforme los agravios expuestos en el remedio en tratamiento, corresponde analizar lo decidido en orden a la cuestión litigiosa, desde una doble perspectiva:
a) la pretensión introducida en el escrito postulatorio y la valoración de la prueba documental aportada en autos y,
b) la vulneración de la doctrina legal sobre el contenido del deber de información.
III.2. Inicialmente debo recordar que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, y en general de cualquier escrito judicial, resulta una cuestión de hecho reservada a la opinión de los jueces de las instancias ordinarias, quienes tienen amplias facultades para establecer el ámbito litigioso de las cuestiones que integran la relación jurídico procesal, principio que solo reconoce como excepción el absurdo (conf. causas L. 89.026, "Zatti", sent. de 27-VII-2005; L. 88.657, "Gómez", sent. de 31-X-2007; L. 96.358, "Valentinelli", sent. de 22-IV-2009 y A. 69.917, "Milán", sent. de 8-IX-2010).
Similarmente esta Corte tiene dicho que verificar la existencia de una cuestión abstracta, con posterioridad al inicio de la demanda, es una típica cuestión de hecho, excluida en principio de la instancia casatoria (conf. causas A. 70.134, "Lafforgue", sent. de 11-IV-2012 y A. 72.274, "Albaytero", sent. de 9-III-2016).
De manera que, tratándose de definiciones concernientes a típicas cuestiones de índole fáctica, su revisión queda subordinada a la cabal demostración del absurdo que exige acreditar el error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas L. 96.273, "Baier", sent. de 5-V-2010 y A. 70.134, cit.).
La recurrente denuncia que la Cámara ha incurrido en absurdo al considerar que la Municipalidad de La Plata suministró la información requerida en los términos constitucionales y legales y, con ello, que el conflicto había perdido entidad.
En ese contexto, estimo que las críticas esgrimidas en esta parcela no son suficientes para tener por acreditado el vicio denunciado.
En la especie, el a quo sostuvo que la información brindada por la demandada en sede judicial permitía tener por acreditado que el objeto de la contienda se encontraba agotado.
Por su parte, el impugnante afirma que las diferencias existentes entre la información proporcionada por la Municipalidad en sede administrativa y la acompañada en sede judicial, generan incertidumbre en los usuarios del servicio público de transporte respecto de las condiciones mínimas de su prestación.
Sin embargo, lo alegado en torno a tal circunstancia no logra evidenciar en el pronunciamiento impugnado un apartamiento grave, palmario y evidente de las constancias de la causa (art. 384, CPCC), tal como supone la presencia de absurdo.
Repárese en que el objeto de la acción promovida consistió en que el municipio informara respecto del servicio de transporte público de pasajeros con alcance (desde y hasta) el barrio "Lomas de Copello", también conocido como "La Hermosura" y, específicamente, acompañara copia certificada del pliego de bases y condiciones y toda documentación adicional o complementaria pertinente, en especial aquella relativa a la línea de colectivos 520.
El Tribunal interviniente, ponderando la documental aportada por la comuna, entendió que dicha información satisfacía el objeto de la presente acción.
En tales condiciones, el agravio vinculado con el vicio que habilita a este Tribunal al examen de una cuestión de hecho, constituye en rigor la expresión de un criterio disímil al del juzgador por parte del apelante.
Siendo así, esta Corte tiene dicho que discrepar con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, pues solo el error grave y manifiesto autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. causas A. 70.673, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.648, "Zitto", sent. de 20-VIII-2014; A. 72.030, "Etcheverry", sent. de 3-VI-2015; e.o).
Cuando, como en la especie, se pretende impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de aquellas. Es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas C. 93.144, "Balaguer", sent. de 9-VI-2010; C. 95.457, "Banco Comercial de Finanzas S.A.", sent. de 14-VII-2010; C. 107.504, "Z., E. R. y otros", sent. de 13-VII-2011; e.o.).
III.3. En relación con el contenido de la información suministrada y la calidad que le asignara el a quo , sostiene la recurrente que lo anterior vulnera la doctrina de este Tribunal en la materia con relación a los calificativos constitucionales y legales que comprende el deber de informar (arts. 42, Const. nac. y 4, ley 24.240, con la modif. introducida por la ley 26.361).
Tampoco en esta parcela le asiste razón.
Para que la denuncia relativa a la violación de la doctrina legal cumpla con los recaudos impuestos por el art. 279 del Código ritual, no basta individualizar y transcribir los antecedentes jurisprudenciales (v. pto. IV.2.a. de la pieza recursiva), sino que deben señalarse los aspectos fácticos del caso en el cual el Tribunal sentó el criterio que se pretende aplicar.
Tiene dicho esta Suprema Corte, que para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no es suficiente con identificar el precedente que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (cfr. causas A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016 y A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017), requisito que no se verifica en el presente caso.
En igual sentido, es doctrina de esta Corte que no prospera la denuncia de violación de la doctrina legal que fue elaborada sobre la base de presupuestos de hecho sustancialmente distintos a los propios del caso en juzgamiento (cfr. causa A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016), tal como sucede en el sub lite con los precedentes invocados por el recurrente.
III.4. Por otra parte, me permito señalar con relación a la omisión de tratamiento de la excepción de falta de legitimación (v. fs. 303) que, más allá del acierto u error de la crítica, lo cierto es que no se advierte el interés para recurrir, pues dicha parcela del fallo no le ha causado agravio a la accionante. Es que su rechazo no alteraría la posición procesal en la que se encuentra, mientras que su admisión se hallaría alcanzada por la prohibición de incurrir en la reformatio in peius (art. 279, CPCC).
Tiene dicho esta Corte que el ejercicio de un carril recursivo, como toda acción en justicia, no se brinda sino a aquéllos que justifican un interés que legitime el acceso a la vía extraordinaria, pues a falta de él no hay petición audible en la instancia casatoria (conf. causas Ac. 34.267, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 13-VII-1985, Ac. y Sent. 1985-II-334; Ac. 39.783, "Berasain", sent. de 8-XI-1988, Ac. y Sent. 1988-IV-244; Ac. 40.683, "Vallegrani de Viela", sent. de 7-VII-1989, Ac. y Sent. 1989-II-678; Ac. 62.705, "Reijenstein", sent. de 29-XII-1997; Ac. 63.613, "Melgarejo", sent. de 25-VIII-1998; L. 94.466, "Torres", sent. de 24-X-2012 y A. 72.687, "Caldera", sent. de 9-V-2018) y en la especie no se avizora tal interés.
III.5. Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en el punto III.1. no cabe reproche alguno en la declaración de abstracción de la cuestión litigiosa que efectuó el Tribunal de Alzada, circunstancia que imposibilita un pronunciamiento concreto de la judicatura
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