Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73410
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.410, "Quintela, Eda Roxana y ots. contra Municipalidad de Villa Gesell. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por los actores y confirmó la sentencia de primera instancia denegatoria de la pretensión articulada en autos (v. fs. 458/467).
Disconformes con ese pronunciamiento, los actores interpusieron recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 472/479), los que fueron concedidos por la Cámara actuante a fs. 480.
Oída la por entonces señora Procuradora General (v. fs. 486/487), dictada la providencia de autos (v. fs. 488) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia por la cual se rechazó la pretensión articulada en autos (v. fs. 458/467).
Para así resolver precisó que la cuestión a dilucidar consistía en determinar si la Municipalidad de Villa Gesell había actuado legítimamente al dictar el decreto 2.188/07, mediante el cual se dejaron sin efecto, en lo que aquí interesa, las designaciones de los actores en la planta permanente de la comuna demandada.
Sostuvo que no se encontraba controvertido que los actores, con antelación a la frustrada designación en la planta de personal permanente, revistaron -por períodos que oscilaban, según el caso, entre los dos y los doce años- en la planta de personal temporario del municipio.
Agregó que también era materia indubitada que la Administración declaró, mediante decreto 2.141/07, el estado de emergencia económico financiero habilitando al Departamento Ejecutivo -entre otras medidas- a examinar la composición de la planta de personal permanente para su posterior encuadramiento dentro del procedimiento de oposición contemplado en el art. 7 de la ley 11.757.
Señaló que la decisión estatal impugnada -que dispuso dejar sin efecto los nombramientos de los actores en la planta de personal permanente y su reinstalación en la planta de personal temporaria en la que hasta ese momento revistaban-, no solo tuvo en cuenta que no había transcurrido el lapso temporal previsto en el art. 7 de la ley 11.757 (necesario para la adquisición de la estabilidad), sino que -además- apuntaló el ejercicio de la prerrogativa anulatoria de la Administración entre otras razones que sirvieron para sostener el sentido de lo allí decidido (la situación de emergencia económica y financiera de la comuna, la necesidad de dotar a la Administración de servidores públicos idóneos y la ausencia de partidas de presupuesto que autorizaran cumplir en tiempo y forma las erogaciones).
Agregó que la oposición a la continuidad de la relación de empleo público podía versar no solamente sobre cuestiones vinculadas a la idoneidad del agente, sino también por razones de servicio o de conveniencia de la Administración.
Consideró que en nada modificaba esa conclusión la previa existencia de una relación de empleo público en la planta temporaria, por cuanto ese vínculo anterior no resultaba basamento suficiente para pretender luego consolidar una relación con estabilidad. A todo evento, y tan solo bajo particularísimas circunstancias, permitía reconocer un derecho a ser indemnizado frente a la ruptura intempestiva del vínculo, pero ese extremo no podía ser abordado en la especie por cuanto no había sido elemento en la composición de la litis, agregando que se desprendía del acto impugnado que los accionantes fueron reinstalados en los cargos que entonces ostentaban en la planta de personal temporario.
Señaló que si el tiempo en el que un sujeto se desempeñó como personal temporario no podía computarse a fin de determinar si había trascurrido el período de prueba de una posterior designación en planta permanente, entonces cabía concluir que a la fecha del dictado del decreto 2.188/07 (20-XII-2007), aún no se había producido la incorporación definitiva de los actores al cargo en los términos del art. 15 de la ley 11.757, en tanto no había transcurrido el período de prueba de los doce (12) meses estipulado en el art. 7 de la citada ley como condición temporal para adquirir la estabilidad en el empleo (art. 14 inc. "a", ley 11.757).
Agregó que los restantes motivos esgrimidos por la comuna para justificar la decisión impugnada (ausencia de partidas de presupuesto que autorizaran cumplir en tiempo y forma las erogaciones), actuaban en la especie no ya como razón principal o motivo medular de la decisión estatal sino más bien robusteciendo -a título complementario- el argumento basal de la medida y que se apuntalara en el ejercicio por parte de la autoridad, en el marco de la emergencia pública económica y financiera declarada, de la prerrogativa de disponer la no continuidad de la relación de empleo público dentro del término de provisionalidad fijado por el art. 7 de la ley 11.757.
Concluyó que el decreto 2.188/07 traducía el ejercicio legítimo de la facultad de revocación en sede administrativa de un acto que -a la fecha del dictado de la medida cuestionada- reconocía a los agentes únicamente una posición de precariedad derivada de un vínculo esencialmente extinguible en los términos del art. 7 de la ley 11.757, más cuando las restantes razones brindadas para proceder de tal modo, vertidas en el contexto de emergencia económica y financiera declarada por la Administración mediante decreto 2.141/07, distaban de erigirse como viciadas de patente irrazonabilidad.
Por último, abordó el cuestionamiento de constitucionalidad que los actores proyectaban sobre el art. 7 de la ley 11.757. Al respecto advirtió que era justamente la naturaleza del vínculo sometido a escrutinio -empleo público- el que justificaba la decisión del legislador local en cuanto fijaba en doce meses el período dentro del cual el nombramiento del agente municipal ostentaba la condición de "provisionalidad".
Reparó que el lapso anual allí fijado lucía razonable a los efectos de permitir al empleador estatal ponderar, por un lado, la concreta y específica actuación del agente provisionalmente designado, detectando en ese interregno anual el acabado cumplimiento -o no- del recaudo constitucional de la idoneidad para el ejercicio de cargos públicos (conf. arts. 16, Const. nac. y 103 inc. 12, Const. prov.) y, por el otro, la correcta marcha de la burocracia administrativa desde un prisma que, excediendo la individualidad del agente, se focalizaba en cuestiones organizacionales o de servicio.
Descartó entonces que la manda contenida en el art. 7 de la ley 11.757 pudiera reputarse como discriminatoria o lesiva de la garantía constitucional de igualdad.
De acuerdo a las razones expuestas se resolvió rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmar la sentencia apelada.
I.2. Contra tal pronunciamiento, los actores interpusieron recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley.
I.2.a. En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interesa, iniciaron su desarrollo denunciando violación de doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia y de las normas referidas a los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución nacional y provincial.
Plantearon que poseían un contrato temporario que no se ajustaba a lo estipulado en el art. 92 de la ley 11.757. Agregaron que, con motivo de esa errónea categorización del personal, se los incorporó en diversas categorías a la planta permanente municipal, situación luego refrendada por la ordenanza 2.119. Consideraron que así se regularizó una situación de hecho que se venía desarrollando en la comuna, como era contar con personal temporario realizando tareas de personal de planta permanente.
Concluyeron diciendo que de los considerandos del acto atacado no resultaba lo suficientemente claro si se lo hacía por vicios que nulificaban el acto o amparados en el art. 7 de la ley 11.757.
I.2.b. Continuaron el embate fundando el recurso extraordinario de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 11.757 por ser contrario a los arts. 39 de la Constitución provincial y 14 bis de la Constitución nacional.
Consideraron que el plazo establecido en dicha norma excedía lo razonable. Señalaron que la estabilidad no está condicionada a la sanción del decreto de nombramiento en planta permanente, sino por el sólo hecho de haber sido contratados por la demandada y haber trabajado los años que se expresaban en el caso de cada uno de los actores.
Por último, plantearon una clara discriminación con los trabajadores del sector privado que poseen un período de prueba de 3 meses.
II. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad no puede prosperar.
II.1. Como consideración preliminar debo dejar sentado que, si bien se han interpuesto conjuntamente los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley, no corresponde tener a esa particularidad como causal de rechazo en tanto resulta posible discernir los argumentos de uno y de otro (doctr. causas P. 70.428, sent. de 17-VII-2002 y P. 80.176, sent. de 6-VII-2005).
II.2. Sentado ello, cabe recordar que el objeto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el de corregir errores in iudicando cometidos al considerarse el apego de una norma local a la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 299 y 300, CPCC). De allí que en esta primera cuestión analizaré la impugnación efectuada por los recurrentes a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento al caso constitucional, posponiendo el tratamiento de aquellas otras, propias del recurso de inaplicabilidad de ley, que habrá de realizarse al tratar la segunda cuestión.
II.3. Como quedó expuesto, los actores solicitan la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 11.757 -actualmente derogada- por ser contraria a los arts. 39 de la Constitución provincial y 14 bis de la Constitución nacional.
Al respecto considero que, no obstante las imputaciones enunciadas, los argumentos desplegados en el recurso en tratamiento no pueden considerarse un cuestionamiento suficiente de los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de Alzada para decidir el rechazo de tales planteos.
Sabido es que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, la vía elegida sólo se abre en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1, Const. prov.; causas Q. 71.994, resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, resol. de 1-VIII-2012 y Q. 72.011, resol. de 2-V-2013; e.o.).
Ahora bien, ha dicho también este Tribunal que en su desarrollo expositivo, el recurso de inconstitucionalidad debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. causas Ac. 32.929, sent. de 30-XI-1984, "D.J.B.A.", t. 128, pág. 330; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005 y A. 69.574, sent. de 30-V-2012; e.o.).
En especial, además de la referencia a las normas constitucionales que se reputan vulneradas, quien alega la inconstitucionalidad de una norma tiene el deber de demostrar con argumentos sólidos de qué manera aquélla contraría preceptos constitucionales, evidenciando el error jurídico del fallo (conf. Ac. 41.159, sent. de 12-XII-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-IV-554; Ac. 83.866, sent. de 16-IV-2003; Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005 y A. 70.852, "Nidero", sent. de 24-V-2016).
Entiendo que esta pauta no puede tenerse por cumplida en la especie.
En efecto, los actores han efectuado una crítica genérica, manifestando su mera disconformidad con lo decidido, que no ha aportado argumentos que permitan dar por superados los fundamentos que surgen de la sentencia de la Cámara referidos a la naturaleza del vínculo sometido a escrutinio -empleo público-, y las notorias diferencias existentes entre el derecho público y el privado, descartando por tanto que la norma cuestionada pudiera reputarse como discriminatoria o lesiva de la garantía constitucional de igualdad. Tampoco han logrado rebatir los argumentos relacionados a la razonabilidad del plazo allí establecido.
Sus agravios se agotan con el señalamiento de la transgresión por parte de la ley cuestionada a diversos derechos y garantías reconocidos en la Constitución nacional y en su par provincial, sin efectuar una exposición acabada del conflicto que se plantea entre la norma que se impugna y las cláusulas constitucionales invocadas.
En tales condiciones, considero que los recurrentes no han desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes como para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico (doctr. causas L. 72.278, sent. de 3-XI-2004; L. 85.900, sent. de 6-VII-2005 y L. 84.229, sent. de 27-VII-2005; e.o.).
En función de lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la por entonces señora Procuradora General, juzgo que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido debe ser rechazado (art. 303 del CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de esta instancia se imponen al recurrente vencido (arts. 68 y 303, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecta, los actores iniciaron su desarrollo denunciando violación de doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia y de las normas referidas a los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución nacional y provincial.
Plantearon que poseían un contrato temporario que no se ajustaba a lo establecido en el art. 92 de la ley 11.757, motivo por el cual se los incorporó a la planta permanente municipal, situación luego refrendada por la ordenanza 2.119. Consideraron que a través de ello se regularizó una situación de hecho que se venía desarrollando en la comuna, como era contar con personal temporario realizando tareas de personal de planta permanente.
II. El recurso no prospera.
Para resolver el rechazo de la pretensión, la Cámara sostuvo, como fundamento central, que la decisión estatal impugnada -que dispuso dejar sin efecto los nombramientos de los actores en la planta de personal permanente y su reinstalación en la planta de personal temporaria en la que hasta ese momento revistaban (dec. 2.188/07)-, no solamente tuvo en cuenta que no había transcurrido el lapso temporal previsto en el art. 7 de la ley 11.757 (necesario para la adquisición de la estabilidad), sino que -además- apuntaló el ejercicio de la prerrogativa anulatoria de la Administración en otras razones que sirvieron para sostener el sentido de lo allí decidido (v.gr. la situación de emergencia económica y financiera de la comuna, la necesidad de dotar a la Administración de servidores públicos idóneos y la ausencia de partidas de presupuesto que autorizaran a cumplir en tiempo y forma las erogaciones).
En el citado contexto, consideró que las contrapuestas razones esgrimidas por los actores -quienes procuraban poner en crisis la oposición fundada en los términos del art. 7 de la ley 11.757-, importaría vaciar de contenido la prerrogativa de la Administración para decidir sobre la permanencia del agente que ha nombrado y que aún no gozaba de estabilidad, más cuando el cuestionamiento a la continuidad de la relación de empleo público podía versar no solamente sobre cuestiones vinculadas a la idoneidad del agente, sino por razones de servicio -en el más amplio sentido-, o de conveniencia de la Administración.
A ello se agregó que en nada modificaba tal conclusión la previa existencia de una relación de empleo público en la planta temporaria, por cuanto ese vínculo anterior no resultaba basamento suficiente para pretender luego consolidar una relación con estabilidad. A todo evento permitía reconocer un derecho a ser indemnizado frente a la ruptura intempestiva del vínculo, no pudiendo ello ser abordado en la especie por no haber sido elemento en la composición de la litis.
En suma, concluyó que el decreto 2.188/07 traducía el ejercicio legítimo de la facultad de revocación en sede administrativa de un acto que -a la fecha del dictado de la medida cuestionada- reconocía a los agentes únicamente una posición de precariedad derivada de un vínculo esencialmente extinguible en los términos del art. 7 de la ley 11.757.
III. Frente a ello, los impugnantes reproducen ante esta sede consideraciones que guardan identidad con las esgrimidas en la instancia de apelación ordinaria que, además de haber tenido una adecuada respuesta por parte del a quo, lejos están de patentizar los yerros que se le atribuyen al fallo recurrido.
Esta Suprema Corte tiene dicho que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (conf. doctr. causas Ac. 72.945, sent. de 28-III-2001; Ac. 79.002, sent. de 17-VII-2002; Ac. 81.613, sent. de 5-III-2003; Ac. 85.405, sent. de 31-III-2004; A. 74.575, "Aparicio", sent. de 27-XII-2017 y A. 74.227, "Buiani", sent. de 11-IV-2018).
En tal sentido, quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016 y A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018), tal como acontece en la especie.
El recurso extraordinario interpuesto deviene, pues, insuficiente a los fines pretendidos y lo expresado por los recurrentes evidencia tan sólo una mera disconformidad y un criterio distinto que no logra rebatir las conclusiones efectuadas por la Cámara.
Por último, los recurrentes denuncian en forma genérica e imprecisa la violación de doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia, incumpliendo de este modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina que se reputa violada o erróneamente aplicada (doctr. causa Ac. 95.743, sent. de 13-XII-2006).
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