Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72504
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 72.504, "Moretti, Jorge Luis y otros contra Provincia de Buenos Aires sobre Inconstitucionalidad ley 14.486" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria , Pettigiani.
Los señores Jorge Luis Moretti, Daniel Roberto Núñez, Carlos Alberto Galharretborde, Hilario Quintana, Nicolás Francisco Amaya, Rodolfo Salvador Hernández, Luis Enrique La Mantía, Pablo Firpo y Ricardo Horacio Piedra, todos ellos ex suboficiales de la Armada Argentina, promovieron la presente acción originaria contra la Provincia de Buenos Aires, para que mediante la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.486 se les haga extensiva la distinción y los beneficios previsionales allí establecidos para los excombatientes de la Guerra de Malvinas (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC).
A fs. 59/68 contestó el señor Asesor General de Gobierno, denunciando la falta de legitimación de los accionantes y sosteniendo la razonabilidad de su exclusión del ámbito de aplicación de la ley impugnada.
A fs. 72/75 los coactores respondieron a la excepción.
A fs. 81 se pusieron los autos para alegar. La parte actora presentó su alegato a fs. 82/85, mientras que la demandada no hizo uso de su correlativo derecho.
Oída la entonces señora Procuradora General, quien dictaminó recomendando rechazar la demanda (v. fs. 88/96), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Los coactores promovieron la presente acción originaria con el objeto de que se declare la invalidez constitucional de la ley 14.486, en la medida en que no ponderó su situación a la hora de establecer los destinatarios de la distinción y los beneficiarios de la pensión allí prevista.
Ellos son veteranos de la Guerra de Malvinas y ciudadanos de esta provincia, que al momento del conflicto armado integraban los cuadros regulares de la Armada, sirviendo a bordo del destructor de la Armada de la República Argentina (ARA) "Piedrabuena" los señores Quintana, Hernández, La Mantía, Firpo y Piedra; del portaviones ARA "25 de Mayo" los señores Moretti y Amaya; del destructor ARA "Py" el señor Núñez; y del apostadero "Naval Malvinas" el señor Galharretborde, habiendo participado todos en operaciones de combate.
Comentan que dicha ley creó el "Reconocimiento Histórico Bonaerense" que consiste en dos cosas. La primera es una declaración de ciudadanía ilustre y la entrega de un diploma y una medalla en alusión a la guerra. La segunda es una "Pensión Social Distinguida" mensual y vitalicia equivalente al cien por ciento (100%) del sueldo básico correspondiente al personal sin estabilidad de la categoría director provincial y/o general de la ley 10.430.
En cualquiera de los casos, este grupo de veteranos se agravia en tanto que la norma en cuestión no los tuvo en cuenta. Ello así, puesto que los destinatarios del primer reconocimiento son los ex soldados conscriptos y civiles que participaron en la guerra, mientras que los beneficiarios de la pensión son esas mismas personas, aunque con la cualificación espaciotemporal de haber participado en acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 dentro del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), o haber entrado a la zona de exclusión durante esos meses o, aun sirviendo fuera de estas áreas, haber tripulado el crucero ARA "General Belgrano".
Por integrar los cuadros regulares de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante la gesta de Malvinas, los coactores no quedaron alcanzados por la ley. A raíz de ello, entienden que el arreglo viola el principio de igualdad contenido en el art. 11 de la Constitución provincial.
I.2. Los demandantes reconocen esa inveterada línea jurisprudencial que admite que el legislador goza de discrecionalidad para contemplar de forma dispar situaciones que considera diferentes. Pero dicha prerrogativa -recuerdan- se halla sujeta a una interdicción contra las clasificaciones arbitrarias o la ilegítima persecución de determinadas personas o grupos. Y sobre esa base, reputan que en la especie la Legislatura no ha exteriorizado fundamentos que justifiquen la creación de subespecies dentro de la categoría de "veteranos de guerra".
Apuntan que según se desprende de sus antecedentes, para el legislador de la ley 14.486 los conscriptos y soldados de reserva fueron "obligados a marchar" a las Islas Malvinas contra su voluntad, por lo que erróneamente habría asumido que los oficiales y suboficiales que revistaban en los cuadros permanentes de las FF.AA. lo habrían hecho deliberadamente. Los peticionantes aseguran que esta lógica es desviada.
Destacan preliminarmente que para la ley 19.101 sobre Régimen de Personal Militar, su situación era indistinguible a la de los conscriptos y reservistas, puesto que todos ellos se hallaban sometidos al mismo orden de deberes y derechos inherentes al estado militar.
Asimismo, ponen de relieve la supuesta incoherencia del criterio adoptado. Ello, pues si bien la pensión distinguida no los alcanza, existe una excepción para la tripulación del crucero ARA "General Belgrano", de la cual la mayoría de los fallecidos tras su hundimiento fueron marinos pertenecientes a los cuadros regulares de la Armada.
Remiten al Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur -el llamado "Informe Rattenbach"-, del cual si bien surge que la ratio de bajas entre conscriptos y regulares fue de 3:1, cuando se trata de bajas fatales esa proporción supera la paridad, con más fallecidos de lado de los segundos que de los primeros.
Aseguran que toda esta discusión se torna superflua cuando se la pondera desde la óptica del familiar de la víctima, para el cual existe un daño evidente más allá de la pertenencia del veterano a una u otra clase. Las balas y las bombas inglesas no distinguieron entre los distintos soldados argentinos -dicen-.
Denuncian ánimo de discriminación en la sanción de la ley 14.486 y para probarlo se centran en las palabras del diputado Negrelli durante su intervención en la votación. En este sentido, dan cuenta de que ese miembro de la Legislatura aludió a la "injusticia" que venían sufriendo las personas alcanzadas por el proyecto que se sancionaba -supuestamente, jóvenes que un día eran perseguidos por la dictadura militar y al otro obligados a armarse en defensa del gobierno de facto- al hallarse hasta ese momento equiparadas en materia de pensiones de guerra con "...personajes como Aldo Rico", cuando en los hechos existían "...diferentes categorías de héroes", por lo que la nueva normativa "...tiene restricciones en su articulado para que, justamente, no sea(n) motivo de degradaciones, como se ha dado en gran parte de las normativas vigentes, respecto del conflicto de Malvinas" (fs. 45).
Ven lo anterior como un estereotipo inmerecido, al asimilar a todos los veteranos de guerra que integraban los cuadros de las FF.AA. a un sujeto en particular -aparentemente indeseable para ese miembro de la Legislatura- y, consecuentemente, la decisión se habría basado en creencias y opiniones preconcebidas. Lamentan que en la República Argentina exista "...un ambiente de crispación que impide todo tratamiento racional y adecuado de lo que tenga que ver con ellas" (fs. 49 vta.).
A todo evento, sugieren que se pudo haber seguido el criterio adoptado en la ley 12.006, que sí incorporó entre sus beneficiarios a los oficiales y suboficiales en situación de retiro o baja que no estén gozando de haberes, pero lo supeditó a la inexistencia de procesos penales abiertos o condenas seguidas en su contra por delitos cometidos durante la guerra.
Citan varias leyes nacionales sobre la materia -principalmente relacionadas a condecoraciones- y subrayan que ninguna de ellas discrimina entre personal de cuadros, conscriptos o civiles. Vuelven sobre la normativa provincial e indican que las leyes 11.221 y 12.006, si bien crearon iguales distingos en sus redacciones originales, ellas fueron subsanadas por leyes posteriores que extendieron al personal militar regular similares beneficios que los concedidos a los ex soldados conscriptos, teniendo en cuenta que el estado de legislación descrito había implicado "...discriminaciones injustas y divisiones estériles" (fs. 50 vta.).
Por último, destacan que en el Reino Unido ningún criterio especial se ha seguido para la comendación de la South Atlantic Medal, entregada a militares o civiles y voluntarios o reclutados por igual.
I.3. A fs. 59/68 contestó la Provincia de Buenos Aires, a través del Asesor General de Gobierno.
En primer lugar, opone que los coactores no tendrían legitimación para demandar, en tanto que pretenderían fundar dicha aptitud en su calidad de ciudadanos de la Provincia -con lo que exhibirían no más que un mero interés general por el restablecimiento de la legalidad-, sin demostrar una lesión concreta e individualizada en sus personas. Para más, en lo tocante a la invocación de su carácter de oficiales y suboficiales veteranos de la Guerra de Malvinas, sostiene que dicho título no los habilita a incoar una acción colectiva en defensa de todo el grupo de afectados.
En cuanto al fondo, comienza destacando que quienes accionan ya se encuentran beneficiados por la "Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del Conflicto Bélico en las Islas Malvinas" creada por la ley 12.006, situación singularmente contemplada por el art. 2 de la ley 14.486 de modo tal de evitar una doble percepción por iguales razones.
Dice que la única diferencia entre ambas pensiones para ex combatientes veteranos de la Guerra de Malvinas reside en el mayor monto que la ley 14.486 otorga a la "Pensión Social Distinguida" respecto de la prevista en la ley 12.006 y modificatorias. Así, mientras la primera representa una suma "...equivalente al cien por ciento (100%) del sueldo básico correspondiente al Personal sin Estabilidad Categoría Funcional Director Provincial y/o General Ley 10.430 o la que la reemplace...", la segunda se traduce en el "...equivalente a tres (3) Sueldos Básicos de la Categoría Ingresantes del Agrupamiento Administrativo -Clase 4-, o la que en el futuro la reemplace, de la escala salarial de la Ley 10.430 (t.o. decreto 1869/96) y sus modificatorias, con Régimen de treinta (30) horas semanales de labor..." (fs. 62 vta. y 63).
De ese modo, concede que la pensión creada por la ley 14.486 representa un monto mayor que la contemplada en la ley 12.006, que es la única que beneficia a quienes accionan. Sin embargo, de ello deduce que el agravio de los demandantes no pasa tanto por una violación al principio de igualdad del art. 11 de la Constitución provincial, ni del posible incumplimiento por parte del Estado de aquel deber de proteger los derechos y garantías de los veteranos de guerra con sustento en el art. 36 inc. 10 del texto fundamental. Antes bien, reputa que, de haberse producido alguna lesión a una garantía protegida constitucionalmente, ésta no sería otra que aquella vinculada a la propiedad consagrada en el art. 31 de la Carta local, línea argumental que los actores no han seguido.
Con todo, la Provincia se hace cargo del caso fundado en la supuesta afectación al principio de igualdad. Luego de recordar la doctrina judicial que entiende que la vigencia de este último no significa la imposibilidad absoluta de distinguir, sino simplemente la interdicción a conceder a algunos lo que se les deniega a otros en igualdad de circunstancias, recalca que la Legislatura ha justificado plenamente la distinción al dictar la ley 14.486.
En esa dirección, insiste que el legislador fundó razonablemente la diferencia de trato entre los militares de carrera y los soldados conscriptos o civiles que en 1982 se hallaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Aduce que, no obstante, la importancia de las tareas que desempeñaron los primeros, con sano criterio se reputó que éstos se sometieron voluntariamente al régimen castrense, algo que naturalmente no ocurrió en el caso de los segundos. Se entendió que estos últimos fueron obligados a marchar a la guerra por decisión de un gobierno de facto y con un Congreso cerrado que, según la Constitución nacional, era el único órgano facultado para declarar el estado de guerra y enviar tropas a luchar contra una nación extranjera.
En esa inteligencia, concluye que el régimen impugnado es a todas luces razonable, pues leído a la par de la pensión establecida en la ley 12.006 -la cual, como se indicó, beneficia a los actores- se aprecia un sistema que con atendibles motivos paga un beneficio ligeramente superior a quienes se estimó que más lo merecían dada la situación en la que se encontraban cuando fueron repentinamente movilizados al teatro de operaciones.
I.4. A fs. 72/75 los actores contestaron la objeción relativa a su supuesta falta de legitimación, destacando que se presentan en autos como veteranos de la Guerra de Malvinas y que con ello no buscan ejercer representación colectiva alguna.
I.5. A fs. 77 y 80 las partes coincidieron en que se trate la cuestión como de puro derecho, razón por la que a fs. 81 se pusieron los autos para alegar acerca de la única prueba producida en el expediente, consistente en la documental acompañada por la parte actora. Sólo ella presentó alegatos, donde reeditó los argumentos ya vertidos a la hora de postular su demanda (v. fs. 82/85).
II. Fijados ya los hechos y adentrándome en planteo central contenido en el escrito inicial, cabe señal que este Tribunal se ha pronunciado en fecha no lejana en un caso en el que se debatían las mismas cuestiones a las aquí planteadas en relación a la inconstitucionalidad de la ley 14.486 (causa I. 72.505, "Cooper", sent. de 6-XI-2019) cuyos fundamentos guiarán la solución de este caso.
II.1. Esta Corte está llamada a decidir si esa norma, al incluir entre los beneficiarios de la pensión y el reconocimiento allí contemplados a los ex soldados conscriptos y civiles con exclusión de los militares pertenecientes a los cuadros regulares de las FF.AA., generó una inadmisible situación de desigualdad que deba ser remediada judicialmente.
II.2. Como quedó expresado del relato de los hechos, la Legislatura bonaerense sancionó la ley 14.486 creando el "Reconocimiento Histórico Bonaerense" (B.O. de 26-II-2013).
Según se desprende de su primer artículo, éste comprende la declaración de "ciudadanía ilustre" mediante la entrega de un diploma "alegórico a la gesta del 2 de Abril" y una medalla con las Islas Malvinas grabadas en el anverso y el nombre del distinguido en el reverso. Se prevé que los destinatarios de estos honores serán los ex soldados conscriptos y los civiles que simplemente hayan "participado" en la Guerra del Atlántico Sur.
Asimismo, se crea una "Pensión Social Distinguida" mensual y vitalicia equivalente al salario de un director provincial y/o general de la ley 10.430. Los beneficiarios de esta última son las mismas personas enunciadas más arriba, aunque con la condición de: (a) haber participado en acciones bélicas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el TOM; (b) haber entrado dentro de las 200 millas náuticas marítimas o aéreas alrededor de las Islas durante esos mismos meses; o (c) haber pertenecido a la tripulación del crucero ARA "General Belgrano".
Los actores, todos ellos marinos de carrera que al momento de desatarse el conflicto ya formaban parte de la Armada, se agravian por no haber quedado alcanzados por el reconocimiento y el beneficio previsional contemplado en la ley que impugnan.
Entienden que se ha trazado una distinción irrazonable, movida únicamente por ánimo discriminatorio y estereotipos arraigados respecto a los miembros de las FF.AA. Por eso afirman que de tenerse solamente en cuenta que aquellos en su situación combatieron con igual o mayor sacrificio personal que los alcanzados por la norma, esta Corte no debería tardar en desechar las previsiones de la ley por inconstitucionales y extenderles sus preceptos.
III.1. Previo a cualquier otro análisis me veo obligada a atender la oposición formulada por el señor Asesor General de Gobierno, cuando alega que los accionantes no gozan de legitimación para actuar por haber invocado su condición de ciudadanos de la provincia y, aparentemente, pretender representar una clase, con el consecuente alcance colectivo de la sentencia a dictarse en autos.
III.2. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como principio y requisito de legitimación procesal para suscitar la jurisdicción originaria de esta Corte en la materia sometida a juzgamiento, que la constitucionalidad de una ley, decreto, ordenanza o reglamento se "controvierta por parte interesada" (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
En reiterada jurisprudencia sobre el punto, se ha sostenido que el interés que califica a la "parte" -en la expresión del precepto constitucional citado- debe, en principio, revestir la cualidad de ser "particular" y "directo" (doctr. causa I. 73.072, "Piantino", resol. de 29-IX-2017 y sus citas), situación que se configura cuando el ejercicio del derecho constitucional de quien deduce la acción se halla afectado por la aplicación de la norma jurídica cuya constitucionalidad controvierte (doctr. causas B. 43.740, "Goodwyn", resol. de 30-V-1961; I. 1.315, "Donnarumma", sent. de 3-XII-1991; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; e.o.).
Teniendo ello en cuenta, debo decir que lo deslizado por el señor Asesor General no guarda relación con la exposición que surge del escrito postulatorio (v. fs. 37), del cual se extrae que los peticionantes recurren a su doble condición de ex militares veteranos de guerra y de ciudadanos bonaerenses. Es de notar que la invocación de este último título dista de ser ociosa, ya que lejos de debilitar el interés cuya satisfacción se persigue, trata de una de las condiciones necesarias para acceder al beneficio que hoy no los alcanza.
Por lo tanto, resulta evidente que la exclusión de los actores de los alcances de la ley 14.486 afecta su esfera de intereses causándoles una lesión (doctr. causas I. 994, "Tarchitzky", sent. de 6-III-1979 e I. 1.506, "Orruma", sent. de 22-II-1991), la cual puede serle imputada a dicha norma y para lo cual la pretensión incoada -de ser acogida- tiene la virtualidad de proveer un remedio que subsane la inconstitucionalidad denunciada.
En este entendimiento, no caben dudas de la existencia de un caso o controversia, donde los peticionantes son legitimados preferenciales.
III.3. Por lo demás, respecto a la objeción vinculada al supuesto alcance colectivo de la acción, no cabe sino desestimar esta denuncia. Aun cuando ello no se desprende de la demanda, si quedase alguna duda, ella ha sido disipada en la contestación de fs. 72/75, en la cual los actores reafirman que el juicio únicamente persigue una decisión que los favorezca con exclusividad.
IV.1. Adentrándome al estudio de la cuestión de fondo, comenzaré abordando el agravio al cual los peticionantes parecen asignarle mayor entidad; esto es, la controversia en punto a la pensión de guerra.
Para eso, he de mencionar que el art. 36 inc. 10 de la Constitución local pone en cabeza del Estado provincial, como garante de la satisfacción de los derechos económicos y sociales de la población, la adopción de "...políticas orientadas a la asistencia y protección de los veteranos de guerra facilitando el acceso a la salud, al trabajo y a una vivienda digna".
Esta encomienda, de marcada operatividad derivada y forzosamente necesitada de un desarrollo normativo ulterior (conf. causa B.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.