Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76059
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, se revoca la resolución interlocutoria obrante a fs. 257 y su confirmatoria de fs. 261/262, ordenando se tenga por presentada en legal tiempo y forma la contestación de la demanda (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 segunda parte y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.059, "Reckitt Benkiser Argentina S.A. y otros contra A.R.B.A. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada y confirmó su pronunciamiento de fs. 257 por lo que tuvo por no contestada la demanda, atento su presentación fuera del plazo legal para hacerlo (conf. arts. 34, 36 inc. 1, 38 y concs., CCA; v. fs. 261/262).
En subsidio al recurso de reposición, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal mediante presentación electrónica de fecha 2 de mayo de 2019, el que fue concedido por la Cámara (v. fs. 261/262).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 264) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada y confirmó su pronunciamiento de fs. 257, por lo que tuvo por no contestada la demanda, atento su presentación fuera del plazo legal para hacerlo (conf. arts. 34, 36 inc. 1, 38 y concs., CCA).
Para así decidir, indicó que el resolutorio de fs. 257 se había ceñido a las condiciones fácticas y jurídicas imperantes en la materia, circunstanciándose en las particularidades de la causa, y consideró que el precedente invocado por la recurrente resultaba inaplicable al caso por constituir un supuesto de hecho diferente (causa CCALP 15.816, "Megaflex", resol. de 8-IX-2016 y lo obrado con fecha 27-IV-2017).
En consecuencia, hallándose ajustado a derecho el pronunciamiento en crisis, rechazó por improcedente el recurso de reposición intentado (arts. 53, 54, 77 inc. 1 y concs., CCA; 238, 239 y concs., CPCC).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente de autos Ac. 55.759, "Novellino"; sentencia de 29-III-1994; Ac. 88.543, "EMEBESA", sentencia de 17-III-2004 y Ac. 102.578, "Bobbio de Niemela", sentencia de 19-XII-2007. Asimismo, denuncia errónea aplicación de los arts. 56, 60, 77 del Código Contencioso Administrativo; 279, 292 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 18 de la Constitución nacional; todo lo que denuncia provoca un gravamen de imposible reparación ulterior y una grave afectación al derecho de defensa.
II.1. En primer lugar, denuncia que la falta de fundamentación del decisorio atacado no le permite conocer el razonamiento que llevó al tribunal a quo a resolver como lo hizo.
En efecto, sostiene que desconoce si: i) por un error involuntario omitió la presentación del recurso extraordinario interpuesto contra aquella resolución que rechazó la excepción previa y reanudó el plazo para contestar la demanda; ii) o si aun advirtiendo la presentación, estimó que los recursos extraordinarios locales no tienen efectos suspensivos; o iii) si consideró que teniendo en principio efectos suspensivos, la posterior inadmisión retrotrae los efectos a la fecha de la resolución impugnada.
Advierte que, en cualquiera de los tres escenarios, la decisión recurrida resulta desacertada, contraria a derecho y violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio.
II.1.a. Si se trata del primer supuesto (esto es: que haya soslayado la presentación de fecha 14 de noviembre de 2018 por la cual dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra aquella resolución que rechazó la excepción previa y reanudó el plazo para contestar la demanda) aduce que era una obviedad que recién a partir del día siguiente de la notificación de la resolución del Tribunal a quo por la que denegó la concesión del remedio extraordinario (lo que aconteció mediante cédula electrónica el día 4 de diciembre de 2018) debía computarse la reanudación de dicho plazo.
Por lo tanto, considera que de las constancias obrantes en autos se advertía fácilmente que el plazo de treinta (30) días que prevé el art. 36 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo para la contestación de la demanda, no se encontraba vencido al 20 de febrero de 2019, como entendió erróneamente el Tribunal a quo .
II.1.b. Si se trata del segundo supuesto descripto (desconocimiento del efecto suspensivo), manifiesta que por regla general los recursos extraordinarios producen efectos suspensivos respecto de la resolución de la Cámara o Tribunal de Instancia Única que fuera impugnada. Es decir que, por principio, los recursos extraordinarios locales suspenden la ejecución de lo resuelto a partir de la decisión impugnada.
Alega, en este sentido, que esta Suprema Corte tiene dicho que: "Por norma, los recursos extraordinarios proceden con efecto suspensivo (arg. art. 292, último párrafo, CCA)", cita causas Ac. 55.759, "Novellino", sentencia de 29-III-1994; Ac. 88.543, "EMEBESA", sentencia de 17-III-2004 y Ac. 102.578, "Bobbio de Niemela", sentencia de 19-XII-2007.
Por lo tanto, afirma que la oportuna interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la providencia del Tribunal interviniente, por la que se rechazó la excepción previa y se ordenó reanudar el plazo para contestar demanda (previamente suspendido), provocó que esa decisión no adquiriera firmeza, cesando toda actividad relacionada con la causa.
Señala que ese efecto se extiende hasta la resolución que deniegue su admisibilidad o, eventualmente si hubiera sido concedido, hasta que recaiga pronunciamiento sobre su procedencia en esta instancia extraordinaria, estando -por tanto- suspendido, durante toda la tramitación recursiva, el plazo para contestar demanda.
En esa misma inteligencia, cita doctrina especializada.
En virtud de lo expuesto, concluye que la resolución que rechazó la excepción previa no adquirió firmeza, pues contra ella se interpuso un recurso extraordinario que indudablemente tuvo efectos suspensivos. Consecuentemente, advierte que lo resuelto el 16 de abril de 2019 vulnera flagrantemente los arts. 56, 60, 77, del Código Contencioso Administrativo; 279, 292 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; y 18 de la Constitución nacional, así como la doctrina legal de esta Suprema Corte, por lo que debe ser revocada.
II.1.c. Finalmente aduce que, de tratarse del tercer supuesto (esto es que denegada la concesión del recurso se retrotraigan sus afectos al estado anterior a su interposición) debe considerarse que, contrariamente a esa premisa, el efecto suspensivo rige por la sola interposición del recurso y no se pierde retroactivamente por el hecho de que se deniegue su admisibilidad.
Afirma que una interpretación que deniegue el efecto, además de carecer de un fundamento jurídico válido, genera un estado de incertidumbre e indefensión para la parte recurrente hasta el dictado de la decisión final, al extremo que debería contestar la demanda sin hallarse resuelto en forma definitiva el rechazo de la excepción previa.
Por lo demás agrega que, si ante el rechazo formal del recurso extraordinario el recurrente puede interponer la queja, cuya presentación hace cesar el efecto suspensivo (conf. art. 292, CPCC), esto quiere decir que hasta ese momento lógicamente se mantiene la suspensión; en tanto el único recurso que carece de efectos suspensivos es el de queja (art. 292, CPCC).
II.2. A mayor abundamiento, agrega que el reconocimiento de los efectos suspensivos del recurso extraordinario desde la mera interposición, ha sido el criterio inalterable de la jurisprudencia e incluso del propio Tribunal a quo , por lo que modificar la postura de manera sorpresiva y sin brindar ningún tipo de fundamento, genera un grave estado de indefensión para el recurrente.
A efectos de acreditar el criterio que hasta la presente causa sostuvo la Cámara, indica que en autos CCALP 15.816, "Megaflex", ante idénticas circunstancias a las de marras, el Tribunal consideró la reanudación del plazo para contestar la demanda desde la referida resolución que rechazó la concesión del recurso extraordinario, teniendo por cumplido el pertinente acto procesal en tiempo y forma.
Seguidamente cita otros supuestos donde se le dio el efecto suspensivo, por lo que considera que ha fallado en contra del criterio que siempre ha sostenido, sin brindar fundamento alguno, y sin precedentes en sentido concordante.
Agrega que esta situación se agrava aún más en la consideración de que lo resuelto conlleva la pérdida absoluta de la posibilidad de contestar demanda, privando a esa parte de la oportunidad de ser oída y de hacer valer sus medios de defensa, vulnerando derechos que cuentan con amparo constitucional, particularmente los de defensa en juicio y debido proceso (art. 18, Const. nac.).
II.3. Por último, aduce que en caso de duda debe estarse por la interpretación que admita la temporaneidad de la presentación, máxime cuando la contestación de la demanda resulta un acto procesal esencial para la defensa de los derechos de la parte accionada.
Al respecto, recordó que esta Suprema Corte, en innumerables oportunidades, estableció que "De acuerdo con la cláusula de la Constitución de la Provincia que garantiza el acceso a la jurisdicción (art. 15 de la Constitución provincial), en caso de duda debe definirse la cuestión a favor de la admisibilidad de la acción, siendo que la regla in dubio pro actione comporta un principio rector en materia contencioso administrativa. Y, en tal sentido, ha de rechazarse toda hermenéutica que limite el acceso y cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho" (cita causas B. 62.139, "Mac Namara", sent. de 15-VI-2015; B. 55.300, "Concivi S.A.", sent. de 27-IV-2016; B. 64.113, "Do Campo", sent. de 23-XI-2016 y B. 60.927, "Bernardi", sent. de 18-X-2017).
Aduce que esos principios y garantías constitucionales se aplican por igual a ambas partes litigantes en el proceso; por lo que solicita se revoque la resolución atacada, y se considere contestada la demanda en tiempo y forma.
III. El recurso prospera.
III.1. Resulta útil para la solución del presente caso, el repaso de las normas y de los actos procesales cumplidos en autos.
III.1.a. En primer lugar, debe señalarse que el Código de rito (ley 12.008) establece en su art. 34 que las excepciones de previo y especial pronunciamiento deben oponerse dentro de los quince (15) días del plazo para contestar la demanda, el que en dicho caso queda suspendido.
Seguidamente el art. 36 establece que la decisión que desestimare las excepciones planteadas, ordenara la reanudación del plazo para contestar la demanda, lo que deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de notificada.
III.1.b. En autos, a fs. 246/248, por resolución de fecha 25 de octubre de 2018 que fuera notificada a la Fiscalía de Estado el día 30 del mismo mes y año, se rechazó la excepción de previo y especial pronunciamiento y se ordenó reanudar el plazo para contestar demanda.
Con fecha 14 de noviembre de 2018 la nombrada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra dicha decisión.
Mediante resolución de fecha 29 de noviembre de 2018, no obstante ser considerado formalmente admisible el remedio intentado (v. fs. 252, cons. 2°) el Tribunal de Alzada denegó su concesión atento que el pronunciamiento atacado no revestía carácter definitivo ni resultaba equiparable a tal (v. fs. 252 vta.).
Consultado el sistema Augusta de gestión de expedientes, surge que con fecha 4 de diciembre de 2018 se notificó a la Fiscalía de Estado de la resolución denegatoria de fs. 252 y vta.
En este contexto, la demandada contestó demanda con fecha 20 de febrero de 2019 (conf. surge de fs. 256).
Ahora bien, a fs. 257 el Tribunal a quo tuvo por no efectuado ese acto procesal en la consideración de que el plazo para hacerlo se reanudó mediante resolución interlocutoria de fs. 246/248, que rechazara la excepción litispendencia de fecha 25 de octubre de 2018 y que fuera notificada a la demandada el 30 de octubre de 2018, estando -por tanto- a esa fecha de presentación excedido el plazo para hacerlo (cita arts. 34, 36 inc. 1, 38 y concs., CCA).
Contra esa providencia, el demandado interpuso recurso de reposición en los términos del art. 53 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, donde específicamente indicó que: "...V.E. decidió declarar extemporánea la presentación efectuada por mi parte con fecha 20/2/19, considerando erróneamente, que de la confrontación de las fechas de notificación de la resolución que reanuda el plazo para contestar la demanda (30/10/18) y de la contestación de demanda (20/2/19), surge cumplido en exceso el plazo legal previsto en el art. 38 del CPCA. Sentado ello, ponemos de resalto que tal decisorio soslaya por completo que con fecha 14/11/18 esta Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario contra aquella resolución notificada el 30/10/18 que rechazó la excepción de litispendencia y reanudó el plazo para contestar la demanda, por lo que la misma no adquirió firmeza en aquella oportunidad. En efecto, es recién a partir de la notificación de la resolución posterior de esa Excma. Cámara que rechazó la concesión del remedio extraordinario -efectuada mediante cédula electrónica el día 4/12/18- que debió computarse la reanudación del plazo para contestar la demanda. Por lo tanto, de las constancias obrantes en autos puede advertirse que, el plazo de treinta (30) días que prevé el art. 36 inc. 1) del CPCA para la contestación de la demanda, no se encontraba vencido al 20/2/19..." .
Con fecha 7 de mayo de 2019, interpuso asimismo el recurso extraordinario en tratamiento.
A fs. 261/262 el Tribunal a quo , en referencia al recurso de reposición, indicó en el segundo párrafo del considerando II que: "...el resolutorio de fs. 257 se ha ceñido a las condiciones fácticas y jurídicas imperantes en la materia, circunstanciándose motivadamente en las particularidades de la causa, y que el precedente invocado por la recurrente resulta inaplicable al caso por constituir un supuesto de hecho diferente (causa CCALP N° 15.816 'Megaflex', res. del 08-09-16 y lo obrado con fecha 27-04-17).
En consecuencia, hallándose ajustado a derecho el resolutorio en crisis, corresponde rechazar por improcedente el recurso de reposición intentado (arts. 53, 54, 77 inc. 1 y ccs., CCA; 238, 239 y concs., CPCC)" .
Seguidamente concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que causara la apertura de esta instancia.
III.2. Como surge de lo expuesto, asiste razón al recurrente en cuando denuncia errónea aplicación de lo normado por los arts. 56, 60, 77, del Código Contencioso Administrativo; 279, 292 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 18 de la Constitución nacional.
En efecto resulta suficiente para evidenciar el error in iudicando en el que incurre el Tribunal a quo cuando computa el plazo de treinta (30) días hábiles para contestar demanda (conf. art. 36, CCA) desde la notificación de la resolución que ordenó reanudar su computo, desconociendo el efecto de la interposición de un recurso extraordinario contra ese pronunciamiento.
Término que -advierto- debió computarse desde que adquirió firmeza el auto que ordenó su reanudación, esto es, desde que notificó al recurrente la denegación del recurso extraordinario interpuesto contra aquella, atento que es a partir de ese momento en el que pierde el efecto suspensivo.
III.3. Por último, atento que la forma en que propongo sea resuelta la cuestión, deviene inoficiosos tratar los restantes agravios del Fisco.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, revocar la resolución interlocutoria obrante a fs. 257 y su confirmatoria de fs. 261/262; ordenando se tenga por presentada en tiempo y forma la contestación de demanda (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 segunda parte y 289 in fine , CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, se revoca la resolución interlocutoria obrante a fs. 257 y su confirmatoria de fs. 261/262, ordenando se tenga por presentada en legal tiempo y forma la contestación de la demanda (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen en el orden causado (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 segunda parte y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2020 19:46:44 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 10/06/2020 14:16:15 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 10/06/2020 14:56:32 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 10/06/2020 15:29:23 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 10/06/2020 20:09:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia