Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121192
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.192, "Campitelli, Miguel Ángel contra Prevención ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan .
El Tribunal del Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, acogió la acción deducida imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 434/448).
Se interpuso, por Prevención ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 465/473 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Miguel Ángel Campitelli y condenó a Prevención ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, y la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Para así decidir el a quo declaró que en autos no se encontraba controvertido que, el día 22 de enero de 2013, el actor protagonizó un accidente de trabajo mientras prestaba tareas para su empleadora Catalpa Agropecuaria S.R.L. (v. fs. 434 vta.). Luego, con sustento en las conclusiones establecidas en los informes periciales agregados a la causa (v. fs. 239/243 y 298/300), tuvo por acreditado que, como consecuencia del referido infortunio, el accionante padece una minusvalía física (2,66%) y psicológica (15%), lo que implica, con el cálculo de incapacidad restante, un total de 17,26% (v. fs. 435).
Sobre esa plataforma fáctica, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir al señor Campitelli -de acuerdo a las pautas indicadas en las citadas normas legales- y dispuso que, desde la fecha del siniestro, hasta la de su efectivo pago, devengue intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia (v. fs. 439 vta. y 442).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 1, 11 apartado 4, 14 apartado 2, 26 y 31 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; del decreto 1.694/09; de los arts. 2, 3, 699, 701 del Código Civil; 47 y 63 de la ley 11.653; 163 del Código Procesal Civil y Comercial; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 465/473 vta.).
II.1. Señala que el tribunal de grado ha efectuado una errónea valoración de la incapacidad psicológica que padece el actor. En ese sentido alega que el informe pericial no aportó datos, protocolos ni gráficos suficientes para dotar de sustento a las conclusiones alcanzadas (v. fs. 469 y vta.).
Destaca que el experto no consignó la existencia de conductas evitativas o neurosis traumática (v. fs. 470). Añade que tampoco se expidió acerca de la relación de causalidad entre los trastornos que sufre el accionante y el siniestro que protagonizó (v. fs. cit.).
En definitiva, le reprocha al a quo no haber tenido en cuenta los sólidos argumentos que esgrimió al impugnar el referido medio probatorio (v. fs. cit.).
II.2. También objeta la solución adoptada en materia de intereses.
Por un lado, cuestiona la tasa de interés -pasiva digital- que se ordenó aplicar en el fallo al capital de condena. Denuncia que, al utilizar esa alícuota, el sentenciante se apartó del criterio que esta Corte estableció en los precedentes L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), y ratificó, luego, en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), declarando, además, la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 (v. fs. 471/472).
Asimismo, sostiene que, al computarse los acrecidos a un monto ya actualizado por el índice de Remuneración de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme lo hace el a quo , hay una doble actualización de valores (v. fs. 472 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente corresponde señalar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3867/17), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.2. Desde esa perspectiva, el primer agravio que exhibe el recurso es inadmisible porque remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria -excluidas del ámbito de la casación por la vía examinada-, tal como lo es determinar el porcentaje de incapacidad psicológica que padece el actor. En ese sentido, expresamente se ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba, como la indicada (causas L. 118.662, "Aiello" y L. 118.678, "Vizgarra", resols. de 1-VII-2015 y L. 118.735, "Subeldia", resol. de 15-VII-2015; e.o.).
III.3.a. La crítica que refiere a la alícuota empleada por el tribunal de grado para estimar los acrecidos no prospera.
El tribunal de origen declaró la invalidez constitucional de la ley 14.399 y dispuso que el capital de condena lleve intereses calculados con la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia", desde la fecha del siniestro (22 de enero de 2013) hasta su efectivo pago.
Esa decisión no es conmovida por el recurrente puesto que el tópico bajo examen ha sido resuelto en casos análogos y en sentido adverso al impugnante (causas L. 90.768, "Vitkauskas", L. 102.210, "Campana", L. 108.142, "Díaz", L. 108.164, "Abraham" y L. 110.487, "Ojer", sents. de 13-XI-2013; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. 15-VI-2016; L. 118.313, "Costa", sent. de 12-IV-2017; L. 118.404, "Acevedo" y L. 118.546, "Ballestero", sents. de 16-VIII-2017 y L. 119.735, "O., E. R.", sent. de 15-VIII-2018), resultando ello suficiente para dar respuesta al sub judice (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.3.b. Finalmente, afirma el recurrente que el cómputo de intereses desde la fecha del siniestro "...a un monto ya actualizado por RIPTE" (fs. 472 vta.) implica colocar a la indemnización por encima de su valor real y actual.
Este cuestionamiento resulta inatendible. Además de carecer de la indispensable denuncia de violación de doctrina legal, su formulación parte de una errada lectura del fallo. En efecto, a la hora de mensurar las prestaciones objeto de reclamo, el tribunal de origen resolvió que no correspondía en el caso aplicar el índice RIPTE (v. fs. 439/440), refiriéndose -claro está- a los valores emergentes de los cálculos afincados en la fórmula polinómica prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, superior al mínimo contemplado en el decreto 34/13.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud, agregando -únicamente- que, con relación al agravio concerniente a la tasa de interés moratorio, lo hago remitiéndome -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2020 19:25:58 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 17/07/2020 08:50:48 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 17/07/2020 20:19:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 19/07/2020 11:51:54 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 20/07/2020 18:34:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia