Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122021
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.021, "Cuello, Roger Orfilio contra Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C. y otra. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Soria .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la pretensión deducida, imponiendo las costas a las accionadas vencidas (v. fs. 793/806 vta.).
Se interpuso, por la demandada Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 856/873 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción deducida por Roger Orfilio Cuello en cuanto procuraba el cobro de una indemnización integral -sustentada en las normas del derecho común- por las secuelas incapacitantes derivadas de las tareas que prestó bajo la dependencia de Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C., condenando a esta a abonarle la suma que determinó en concepto de reparación integral por los daños materiales y morales sufridos (v. fs. 793/806 vta.).
Para así decidir, en lo que interesa, tuvo por probado en el veredicto que como consecuencia de las labores que cumplió bajo las órdenes de su empleadora, el actor padece de hernia inguinal derecha recidivante, siendo operado en reiteradas ocasiones (esto es, el 23 de octubre de 2001; 12 de noviembre de 2011; 2 de mayo de 2012 y 23 de octubre de 2013; en esta última oportunidad encontrándose ya finalizada la relación laboral) y de un cuadro de neurosis depresiva moderada, que le provocan una minusvalía del 37,4% del índice de la total obrera (v. fs. 795/797).
También halló demostrado que tomó conocimiento de dichas afecciones el día 15 de agosto de 2013, cuando se extinguió el contrato de trabajo por despido directo decidido por la patronal (v. fs. 796).
Al abordar en la sentencia la excepción de prescripción opuesta por ambas accionadas, el tribunal de grado estimó que al padecer el trabajador de una hernia inguinal con recidiva -cuya última operación estando vigente la relación laboral ocurrió el día 2 de mayo de 2012, siendo nuevamente intervenido quirúrgicamente luego del despido (es decir, el 23 de octubre de 2013)-, la fecha de toma de conocimiento correspondía establecerla al momento del distracto (15 de agosto de 2013), por lo que, al interponer la demanda el día 28 de abril de 2014 (v. cargo de fs. 48 vta.) el plazo prescriptivo de dos años dispuesto en los arts. 4.037 del Código Civil (ley 340); 258 de la Ley de Contrato de Trabajo y 44 apartado 1 de la ley 24.557 no había transcurrido (v. fs. 801 vta.).
Halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la empleadora en los términos del art. 1.113 -segundo párrafo, segunda parte- del Código Civil (ley 340), en tanto consideró que las máquinas, los conos de hilado y los rollos de la tela elaborada actuaron como cosas riesgosas, siendo las mismas de propiedad y guarda de la codemandada Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C. (v. fs. 797 vta. y 803 vta.).
También juzgó que la actividad de carga y descarga de los telares y el peso de los elementos arriba referenciados, también revestía la calidad de cosa riesgosa en los términos de la doctrina proveniente de esta Corte de la causa L. 80.406, "Ferreyra", sentencia de 29-IX-2004 (v. fs. cit.).
Abordó el sentenciante la temática vinculada a la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557. En esa tarea, se dispuso a efectuar el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor según si su reclamo fuera atendido conforme las previsiones de la ley 24.557, o en el marco del régimen común de responsabilidad civil (v. fs. 802).
Al verificar la insuficiencia e irrazonabilidad de la reparación acordada de conformidad con las pautas de la ley especial, descalificó la validez constitucional de dicho precepto por transgredir las garantías consagradas en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional (v. fs. 802 vta. y 803).
De conformidad con ello, condenó a Tintorería Modelo S.A.I.C. a pagar al señor Roger Orfilio Cuello el monto propuesto como reparación integral del daño sufrido -determinado con arreglo en las disposiciones del Código Civil (ley 340)- y a Experta ART S.A. -en tanto había suscripto un contrato de afiliación con el empleador, cuya póliza cubre los eventos emergentes de la ley 24.557- el importe correspondiente a la tarifa impuesta por dicho régimen especial (v. fs. 804 vta.).
Finalmente, el a quo desestimó el reclamo sustentado en las disposiciones del art. 1.074 del Código velezano respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo y estableció que el capital de condena devengaría intereses -desde que el crédito es debido (15 de agosto de 2013) y hasta su efectivo pago- a la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a plazo fijo a treinta días, que a la fecha del pronunciamiento resulta ser la denominada "pasiva digital" ofrecida a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 805).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la legitimada pasiva Tintorería Modelo S.A.I.C. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la errónea aplicación de los arts. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo; 4.037 del Código Civil (ley 340) y la violación de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer término, cuestiona la conclusión con arreglo a la cual el tribunal de origen rechazó la defensa de prescripción.
Alega que de las propias manifestaciones vertidas en el escrito de demanda y del contenido del certificado médico elaborado por el doctor Germán Ochoa, surge que en el año 2001 el señor Cuello fue intervenido quirúrgicamente por primera vez por dolor y tumoración en la región inguinal derecha compatible con hernia, lo cual constituye la prueba más contundente de que en ese momento tuvo noción cabal de la dolencia.
Expone que el a quo no brindó fundamento alguno para sustentar la afirmación de que el actor tomó conocimiento de su incapacidad en la fecha en que se produjo la extinción de la relación laboral, esto es, el día 15 de agosto de 2013. En ese sentido, argumenta que "el despido" y "la incapacidad" son hechos inconexos que en modo alguno pueden determinar una relación causa-efecto.
Indica, además, que el sentenciante se apartó injustificadamente de los preceptos que consideró aplicables al caso (los arts. 4.037 del Código Civil -ley 340- y 258 de la Ley de Contrato de Trabajo), careciendo en consecuencia el pronunciamiento en crisis de una adecuada fundamentación normativa.
II.2. En otro orden se agravia de la declarada inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Denuncia que el tribunal de trabajo transgredió el principio de congruencia, toda vez que el actor no hubo de plantear en la demanda la invalidez constitucional de dicha norma, lo cual conlleva la vulneración de los derechos de igualdad y defensa en juicio.
Sostiene que el cotejo -o comparación- entre la reparación a la que accedería el trabajador según la tarifa prevista por la ley 24.557 y la que surge de aplicar las pautas que fija el derecho común para descalificar constitucionalmente a dicho precepto fue llevado a cabo en base a circunstancias totalmente arbitrarias, inciertas e injustificadas.
II.3. Controvierte también la procedencia del reclamo vinculado al daño patrimonial.
II.3.a. De un lado, por considerar que el monto por la reparación integral del daño fue determinado discrecionalmente mediante una fundamentación sólo aparente, ya que, si bien en la sentencia se hizo alusión a un "accidente de trabajo", no obran antecedentes en autos de que el actor haya sufrido un acontecimiento súbito y violento, tal como describe a este tipo de contingencia el art. 6 de la ley 24.557.
II.3.b. Luego, porque si se toma en consideración que las máquinas tejedoras instaladas en el establecimiento de Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C. se encontraban automatizadas; que los rollos de hilo y tela pesaban -como máximo- nueve y veinte kilogramos respectivamente; que se entregaban elementos de protección personal; que se realizaban cursos de capacitación y que se cumplía con las normas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo; no correspondía, tal como absurdamente hubo de determinarlo el a quo , calificar de riesgosas a las cosas con las que el dependiente trabajaba, pues estas carecían de vicios o deterioro del cual pudiera derivar algún riesgo.
II.3.c. Asimismo, porque el grado de incapacidad fue incorrectamente fijado en el fallo al descartar injustificadamente el juzgador las distintitas impugnaciones que su parte hubo de formular en relación a las pericias médica y psiquiátrica, lo cual llevó a considerar a las conclusiones vertidas en dichos medios probatorios como verdades absolutas.
Refiere que el perito psiquiatra no elaboró un psicodiagnóstico para determinar el exorbitante grado de minusvalía psicológica, apartándose así del sentido común y de las disposiciones contenidas en el decreto 659/96.
II.3.d. Indica que tampoco se mencionaron siquiera en el pronunciamiento cuáles fueron las pautas concretas para arribar al monto establecido en concepto del resarcimiento por el referido daño patrimonial, así como del daño moral.
Respecto de este último rubro, agrega que el juzgador no tuvo en cuenta a la única prueba que su parte pudo producir para desvirtuar su procedencia, esto es, la testimonial, ya que los testigos que depusieron en la audiencia de vista de la causa coincidieron en manifestar que no percibieron en el actor ningún estado de ánimo depresivo ni angustia.
II.4. Finalmente, controvierte la definición del tribunal de grado que atribuyó una responsabilidad diferenciada a Experta ART S.A. y Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C.
Expresa que dicho órgano jurisdiccional transgredió -una vez más- el principio de congruencia, habida cuenta que de la lectura del escrito de inicio se advierte que el promotor del pleito no efectuó ningún distingo en cuanto a lo reclamado respecto de la empleadora y la aseguradora de riesgos del trabajo, habiéndolas demandado con igual alcance.
Para más, asevera, de las constancias obrantes en autos quedó evidenciado que, si bien esta última realizó visitas al establecimiento, incumplió con los deberes de prevención y control, ya que no fiscalizó la ejecución del plan de acción que le impone el art. 4 de la ley 24.557 y el decreto 170/96.
En tales condiciones, concluye, la inobservancia de dichas obligaciones hace que la aseguradora deba responder por la reparación de los daños y perjuicios en la misma proporción que la empleadora, ya que, si tal como lo resolvió el a quo , durante la realización de sus tareas el trabajador utilizó cosas riesgosas a lo largo de los doce años que duró la relación laboral, es evidente que dicha entidad no efectuó las objeciones pertinentes o, al menos, las mismas no quedaron asentadas en la documental que lleva Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C.
III. El recurso no prospera.
III.1. La crítica orientada a controvertir el rechazo de la excepción de prescripción no puede tener favorable acogida.
III.1.a. Al respecto, cabe recordar que valorar el material probatorio aportado al proceso, determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en esta instancia casatoria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado (causas L. 94.576, "F., G.", sent. de 9-IX-2009; L. 98.778, "Guevara", sent. de 5-V-2010; L. 99.333, "Ramos", sent. de 10-VIII-2011; L. 97.077, "Escobar", sent. de 4-VI-2014; L.117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015; L. 105.331, "M., R.", sent. de 22-II-2017; L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
III.1.b. Sostuvo el tribunal de grado que tratándose la dolencia padecida por el señor Cuello de una hernia inguinal derecha con recidiva, la incapacidad sólo se pudo establecer después de la última operación que se le realizara estando vigente la relación laboral, lo que aconteció en fecha 2 de mayo 2012. No obstante, agregó, al hallarse comprobado que también fue intervenido quirúrgicamente (por la misma patología) el día 23 de octubre de 2013, esto es, luego de extinguido el contrato de trabajo, y no habiendo sido reconocido el carácter laboral de la afección por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo, ni exigida dicha operación por la empleadora, debiendo el actor costearla mediante su obra social, no podían las demandadas alegar como comienzo del plazo bianual de prescripción el día 23 de octubre de 2001 (v. fs. 801 vta.).
En tales condiciones, concluyó que el plazo prescriptivo debía comenzar a contarse desde el despido dispuesto por Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C. en fecha 15 de agosto de 2013, por lo que, habiendo sido interpuesta la demanda el 28 de abril de 2014, aquel no se encontraba cumplido (v. fs. cit.).
III.1.c. La interesada estructura su agravio sobre la base de la propia visión que despliega respecto del momento en que -opina- el trabajador se habría anoticiado de la incapacidad derivada de la hernia inguinal, señalando que tal hito debió situarse en una fecha distinta y anterior a la fijada por el a quo , esto es, cuando fue intervenido quirúrgicamente por primera vez en el año 2001.
III.1.d. Sin embargo, tales argumentos no son suficientes, ya que se apartan del razonamiento que condujo al tribunal de grado a decidir este aspecto de la contienda y no rebaten adecuadamente la fundamentación que le dio sustento al fallo.
La ausencia de una crítica frontal y concreta de las conclusiones sobre las que reposa la decisión que se pretende cuestionar, define la suerte adversa del recurso, pues, conforme reiteradamente se ha declarado, para que el escrito por el que se lo interpone y funda cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y eficazmente a los conceptos que estructuran la sentencia. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (causas L. 34.646, "Bertolini", sent. de 21-V-1985; L. 84.119, "Herrera", sent. de 27-III-2008; L. 95.983, "González", sent. de 16-IX-2009; L. 97.568, "Rodríguez", sent. de 10-II-2010 y L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013).
A ello se agrega, que el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de grado por el propio, en orden a los medios probatorios considerados y a las conclusiones arribadas no basta para acreditar el error grave, palmario y fundamental configurativo de absurdo y susceptible de invalidar el decisorio (art. 279, CPCC; causas L. 120.158, "Caccaviello", sent. de 21-VI-2018; L. 119.794, "Arenas", sent. de 6-II-2019; e.o.).
III.2. Ocupa ahora analizar los restantes agravios traídos, aunque habré de alterar -por razones de método- el orden en que fueron propuestos.
III.2.a. El enlazado con la objeción planteada a la conclusión de grado que atribuyó responsabilidad civil objetiva a la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código Civil, por juzgar acreditado que las máquinas tejedoras, los conos o bobinas de hilado y los rollos de tela que utilizó el actor a lo largo de los años en que se desarrolló la relación laboral actuaron como cosas riesgosas en la producción de la dolencia que porta (hernia inguinal recidivante), siendo dichos elementos de propiedad o, al menos, estaban bajo la guarda de Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C., no puede tener favorable recepción.
Las alegaciones que realiza el recurrente tendientes a poner de manifiesto -entre otros aspectos- que el establecimiento donde el accionante prestó servicios se encuentra en óptimas condiciones, que hizo entrega efectiva de elementos de producción y herramientas de trabajo, así como que llevó a cabo cursos de capacitación y dio cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo (v. rec., fs. 866 vta.), no pasan de ser la expresión de un criterio discrepante, insuficiente para acreditar la configuración del vicio de absurdo invocado (causas L. 108.468, "Camio", sent. de 5-IX-2012; L. 102.677, "Chavanne", sent. de 27-XI-2013 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
III.2.b. Asimismo, lo alegado en torno a que el tribunal no explicó en qué consistiría el riesgo de las cosas manipuladas por el actor, ni en qué circunstancia se basó para atribuirles tal carácter (v. rec., fs. 866 vta. in fine y 867), no se ajusta a lo analizado y decidido en el fallo, donde dicho órgano jurisdiccional, luego de valorar la prueba testimonial recibida en la audiencia de vista de la causa, en conjunción con las expresiones vertidas en la pericia técnica, extrajo como conclusión que la tarea de cargar y descargar los telares, el peso de los conos de hilado y los rollos de la tela tejida le exigían al trabajador un esfuerzo, actuando tales elementos como "cosas riesgosas" de propiedad o guarda de la empleadora por encontrarse en su establecimiento fabril (v. vered. segunda y tercera cuestión, fs. 795/797 vta.).
Al igual que lo dicho en el apartado III.1.d., el cimiente de la impugnación articulada no guarda correspondencia con la línea decisoria trazada por el tribunal.
III.2.c. En tales condiciones, la firmeza que adquiere el pronunciamiento en cuanto al carácter riesgoso o peligroso de las cosas de propiedad o guarda de la empleadora que provocaron la dolencia que afecta al actor, torna inoficioso el tratamiento del reproche que porta el recurso respecto de la definición de origen por la que también se la adjudicó a Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C. responsabilidad civil objetiva por juzgar que la actividad desarrollada por el trabajador revestía la categoría jurídica de riesgosa en los términos de la doctrina emanada del precedente L. 80.406, "Ferreyra", sentencia de 22-IX-2004.
III.3. En cuanto al cuestionamiento que ensaya el quejoso sobre el equívoco en que habría incurrido el fallo al vincular el reclamo del promotor del pleito con un accidente de trabajo (v. rec., fs. 865 vta. in fine y 866), cabe indicar que de la lectura integral del veredicto y de la sentencia, así como del análisis de la prueba agregada a la causa, surge que el tribunal de grado no resolvió la cuestión en base a dicha contingencia, sino -antes bien- sobre la base de tener por acreditada la existencia de una dolencia en el trabajador contraída a consecuencia de las tareas de esfuerzo que desarrolló durante el transcurso de la relación laboral.
En ese contexto, estimo que la simple imprecisión del a quo denunciada por el recurrente resulta insuficiente para censurar el sentido del pronunciamiento.
III.4. Fracasa igualmente el impugnante en su propósito de demostrar la comisión del vicio de absurdo en la estimación del porcentaje de incapacidad.
En efecto, adujo que el juzgador soslayó tener en consideración las impugnaciones que oportunamente su parte hubo de formular respecto de las conclusiones volcadas por los peritos médico y psiquiatr
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.