Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 122611
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.611, "Funaro, Marcelo contra Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, e impuso las costas por su orden (v. fs. 168/176).
Se interpuso, por la accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22 de octubre de 2018).
Dictada a la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que aquí interesa, el tribunal de grado declaró procedente parcialmente la demanda promovida por el señor Marcelo Funaro contra Usina Popular y Municipal de Tandil Sociedad de Economía Mixta, por la que había reclamado el pago de diferencias salariales con fundamento en los arts. 12 y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 (v. fs. 168/176).
Para así decidir, con sustento en el informe pericial contable, el a quo consideró acreditado que la empleadora no respetó las diferencias porcentuales entre categorías conforme lo estipulado en el art. 12 del citado convenio; acató parcialmente lo regulado en su inc. "b" al no utilizar en su escala salarial el incremento dispuesto para la categoría de revista del actor y no se ajustó a lo previsto en el inc. "h" de la mencionada norma, que ordena que al cumplirse dos años de antigüedad en la categoría se le incrementará al trabajador el sueldo según el mecanismo allí contemplado (v. vered., fs. 169 vta. y 170). Afirmó también que la demandada no cumplió con el pago de las bonificaciones al personal técnico y con función jerárquica, conforme lo estipulado en los incs. 2 y 5 del art. 14 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 (v. vered., fs. 170).
Fue así que condenó a la demandada a abonarle al trabajador la suma que determinó en concepto de diferencias salariales sobre distintos rubros por los períodos que indicó y dispuso la aplicación de intereses -desde su exigibilidad y hasta el efectivo pago- calculados a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo digital a treinta días (v. fs. 173/176).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la vulneración de los arts. 14, 16, 18 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional y de la doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 22-X-2018).
Sostiene que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia. Manifiesta que en su demanda el actor procuró el pago de diferencias salariales, pero nunca lo hizo en base a la categoría 18 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, que fue aquello que consideró el tribunal conforme lo dictaminado por el perito contador para fundar en la sentencia la condena.
Señala que el promotor del pleito se limitó a indicar la categoría laboral que figuraba en su recibo de haberes y la remuneración que debía percibir, pero de la prueba producida en la causa resultó acreditado que sólo ostentó una que, en los hechos, no se correspondía con su verdadera función. Tan es así, agrega, que durante toda la relación laboral jamás efectuó reclamo alguno.
Por otro lado, denuncia que la arbitrariedad en la apreciación de la prueba igualmente se pone en evidencia cuando el sentenciante concluyó que la bonificación por dedicación funcional fue abonada en un porcentaje distinto al previsto en el art. 14 inc. 6 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75. Expresa que el accionante no resultaba acreedor de dicho beneficio porque durante todo el tiempo en que se desarrolló el contrato de trabajo nunca extendió su jornada laboral, circunstancia ésta probada con la pericia contable.
Por último, esgrime que la actitud del señor Funaro resultó contradictoria con sus propios actos anteriores, pues durante muchos años no efectuó reclamo alguno.
III. El recurso no prospera.
III.1. No es de recibo el agravio inaugural.
Partiendo de la lectura que propone del contenido del escrito de demanda, el recurrente sostiene que el tribunal de la instancia violó el principio de congruencia. Sin embargo, no denunció la eventual configuración del absurdo en la interpretación del escrito de inicio ni la infracción de las normas que receptan aquel postulado procesal.
Siendo ello así, la insuficiencia de la crítica es patente a la luz de los recaudos exigibles en este tipo de cuestionamientos (causas L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012; L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014 y L. 120.620, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados", sent. de 14-VIII-2019); no pudiendo este Tribunal suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en las que la parte interesada incurre al fundar la impugnación (causas L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016 y L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018; e. o.).
III.2. Las sucintas reflexiones que giran en torno a la categoría del trabajador, también lucen infructuosas.
Tiene dicho esta Corte que la valoración del material probatorio -en el caso, el informe contable y los recibos de haberes-, así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, y las conclusiones que al efecto formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo (causas L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 102.278, "S., J.", sent. de 15-VIII-2012).
Esto último exige la verificación de un error grave y grosero, que se configura -cabe recordar- cuando la decisión desatiende el orden lógico formal de un razonamiento válido, por lo que conduce a postulados insostenibles, o exhibe conclusiones palmariamente inconciliables con el elenco circunstancial de la causa (causas L. 117.058, "Spadafora", sent. de 16-VII-2014; L. 118.933, "Saenz", sent. de 5-X-2016 y L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018).
En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar la configuración de tan grave error, ya que la réplica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar las pruebas mencionadas.
III.3. Ocupa ahora atender el restante agravio traído.
Con apoyo en las circunstancias fácticas sentadas en la segunda cuestión del veredicto, el tribunal de trabajo declaró improcedente la pretensión vinculada con el pago de la bonificación por "dedicación funcional", por no haberse logrado acreditar los presupuestos previstos en el art. 14 inc. 6 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 (v. fs. 174). Luego, al practicar la liquidación de los rubros que prosperaron, aclaró que "se toma en consideración el período peticionado por el actor desde julio/13 a 05/16; sin tener en consideración la bonificación 'dedicación funcional', ni la tasa activa de interés" (fs. 174 in fine ).
Como se anticipó, el agraviado aduce que la bonificación por dedicación funcional no le correspondía al actor porque nunca extendió su jornada laboral (v. rec., fs. 185 vta.).
La crítica es palmariamente defectuosa. Fácil es observar que el cuestionamiento se ha construido sobre un rubro que resultó desestimado, lo que evidencia una errónea lectura del pronunciamiento y una evidente falta de perjuicio.
Queda despojado de sustento el reproche traído y evidenciada la ausencia de interés que puede legitimar al recurrente a cuestionar esta parcela del fallo de grado (causas Ac. 60.958, "Alcaraz", resol. de 27-XII-1996; L. 108.383, "Alderete", sent. de 18-VI-2014 y L. 118.914, "Carrizo", sent. de 20-IX-2017).
III.4. En lo tocante a la última crítica traída, cabe señalar que la mera afirmación que efectúa el recurrente acudiendo a los actos propios y destacando la ausencia de reclamos por parte del actor durante años, de suyo inocua a tenor de su formulación, carece de toda denuncia tendiente a evidenciar una infracción en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2020 19:26:15 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 17/07/2020 08:49:49 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 17/07/2020 20:18:31 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 20/07/2020 18:48:35 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 20/07/2020 18:52:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia