Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122281
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.281, "Giménez, Rubén Darío contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 141/148 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13 de agosto de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rubén Darío Giménez contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales y la indemnización prevista en el art. 80 de la ley 20.744. Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 141/148 vta.).
Para resolver esto último, liminarmente consideró acreditado el incumplimiento referido al depósito de los aportes destinados a los organismos de la seguridad social retenidos por el empleador (v. vered., fs. 141 vta.). No obstante, sostuvo luego -textualmente- que "...la sanción conminatoria [...] exige para su procedencia deberá intimarse para que dentro de treinta días corridos desde la recepción ingrese los aportes (con indicación precisa de períodos impagos) y tal requerimiento debe cumplirse antes de la desvinculación contractual, recaudo necesario para la constitución en mora en los términos de la manda legal, si bien no se produjo el ingreso al sistema de la seguridad social estando vigente la relación y para que pueda cumplirlo en el marco de la norma y doctrina subyacente, razón por la cual cabe el rechazo de la mencionada multa..." (fs. 145 vta. y 146).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "c", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita.
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende-transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira" (sent. de 5-VI-2013).
Afirma que el juzgador transgredió e interpretó erróneamente el alcance de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la ley 20.744 (art. 43, ley 25.345) al establecer que la intimación debió realizarse con antelación a la desvinculación contractual y precisando el monto y el período de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez que tales requisitos no se encuentran en el texto de las normas.
Por otro lado, alega que el sentenciante de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias (telegrama de fs. 4, recibos de sueldo de fs. 5/30 e informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- de fs. 107); ello, en tanto, afirma que de su análisis surge con claridad que en el período reclamado la empleadora procedió a la retención de los aportes de la seguridad social, sin ingresarlos luego al sistema.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Inicialmente cabe aclarar que ningún reparo admite la impugnación bajo análisis, en cuanto a su admisibilidad, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acredite de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Sentado lo anterior he de anticipar que le asiste razón al interesado cuando impugnando lo resuelto en la instancia afirma que la intimación cursada por el trabajador reúne los recaudos exigidos por las normas aplicables al caso.
Sin dejar de señalar que en la exhortación obrante en el telegrama agregado a fs. 4, entre otros datos, se indicó el período referido a la infracción denunciada -coincidente con la que surge de las constancias de la causa según se verá a continuación-, se observa que el fundamento central esgrimido por el a quo para desestimar la sanción conminatoria deriva de una errónea interpretación del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues esta norma no exige que la intimación sea realizada durante la vigencia del vínculo laboral, tampoco lo hace -por cierto- su decreto reglamentario (art. 1, dec. 146/01).
III.3. Debiéndose casar entonces la parcela del pronunciamiento recién examinada, corresponde ahora en virtud de la regla de la "adhesión a la apelación" (causas L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015 y L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2016) analizar si concurren los recaudos que hacen a la procedencia de la sanción pretendida. Ello así, pues si bien el tribunal juzgó probado que el empleador no depositó los aportes retenidos destinados a los organismos de la seguridad social (v. vered., fs. 141 vta. y sent., fs. 145 vta.), la parte demandada (vale recordar: que en oportunidad de contestar la demanda sostuvo que había cumplido con el depósito de las deducciones efectuadas; v. fs. 58) no pudo recurrir esa decisión toda vez que la sentencia, en fin, le resultó favorable.
III.3.a. Ha declarado este Tribunal que para la procedencia de la mencionada sanción debe concurrir la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y la persistencia de dicha omisión al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
III.3.b. En este marco, se verifica en el caso la concurrencia de tales recaudos (conf. art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo).
Tal como lo sostuvo el propio sentenciante, con sustento en el cotejo de los recibos de haberes acompañados por el actor a fs. 5/30 y el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, se constata que, a excepción del mes de marzo de 2015, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y no cumplió con su carga de ingresarlos en su totalidad (v. fs. 107/108).
Asimismo, ya se adelantó que surge del telegrama glosado a fs. 4 (que se tuvo por auténtico a tenor de lo informado por el Correo Oficial a fs. 100/102) que el actor Rubén Darío Giménez intimó a su empleadora para que en el plazo de treinta días deposite los importes retenidos en concepto -entre otros- de aportes de la seguridad social y sindical.
Luego, se evidencia en la especie la observancia de los requisitos pertinentes, debiéndose revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó la procedencia del reclamo impetrado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo fundado en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara. Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2020 19:26:14 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 17/07/2020 08:50:12 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 17/07/2020 20:18:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 19/07/2020 11:51:24 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 20/07/2020 18:25:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia