Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121116
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.116, "Morcillo, Alfredo Rolando contra Mapfre Argentina ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 302/328).
Se dedujo, por Mapfre Argentina ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 341/364 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, conforme lo resuelto a fs. 112 vta. de los autos "Morcillo, Alfredo Rolando contra Mapfre Argentina ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial" (expte. registrado por el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata bajo el n° 57.219), procedió a acumular la causa "Morcillo, Alfredo Rolando y otro contra Mapfre Argentina ART S.A. Diferencia indemnización" –expediente 54.587- a aquellas actuaciones, con la finalidad de dictar una única sentencia en razón de la vinculación entre ambas (v. fs. 223).
I.1. En lo que interesa, en el pronunciamiento recurrido el juzgador de grado hizo lugar a las acciones deducidas por Alfredo Rolando Morcillo, Gabriel Ignacio Bustamante y Alfonso Horacio Almonacid y condenó a Mapfre Argentina ART S.A. a abonarles las diferencias vinculadas en cada caso con las prestaciones dinerarias reclamadas por incapacidad laboral temporaria (art. 13 apdo. 1, ley 24.557) en las sumas de $13.014,67, $1.658,95 y $4.002,24, respectivamente (v. fs. 312 vta. y 313).
A dichos montos ordenó que se adicionaran intereses desde que cada crédito se devengó y hasta la fecha de notificación de la demanda a la tasa pasiva digital que utiliza el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (opción plazo fijo tradicional, CAT), los que luego -conforme lo establecido en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación- debían ser acumulados al capital de condena y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quede firme la sentencia (v. fs. 312 vta./314).
I.2. Por otro lado, también condenó a la entidad demandada a abonarle al señor Morcillo la diferencia habida en virtud de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" del régimen de infortunios laborales (v. fs. 314 y vta.).
Para así decidir, juzgó demostrado que el trabajador, quien padece una incapacidad laboral permanente parcial y definitiva del 30,85% del índice de la total obrera (v. fs. 304 vta. y 305), percibió la suma de $55.530 en concepto de prestación dineraria (v. fs. 307/308).
Tras declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, el órgano jurisdiccional de grado determinó un ingreso base mensual de $9.163,72 que calculó considerando los días efectivamente trabajados por el actor en el período que indicó (v. vered., fs. 306 vta.; sent., fs. 310 vta./311 vta.) y cuantificó el importe de la referida prestación dineraria en la suma de $226.489,33; a ello le descontó lo abonado en su oportunidad por la aseguradora de riesgos del trabajo, así, computó un saldo final de $170.959,33 (v. sent., fs. 314 in fine y vta.).
Sobre dicho importe, entendió que por aplicación del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, correspondía emplear el índice RIPTE desde el 1 de enero de 2010, en tanto a la fecha de su entrada en vigencia la prestación dineraria aún se encontraba pendiente de cancelación (v. fs. 314 vta.).
Para arribar a esa decisión, manifestó que las modificaciones introducidas por la ley 26.773 otorgaban una reparación justa, equitativa y razonable al perjuicio sufrido por el trabajador, sin que su utilización importara una violación al principio de irretroactividad de la ley, puesto que se trataba de su aplicación inmediata según el art. 3 del Código Civil (v. fs. 314 vta. y 315).
Además, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, pues entendió que dicha norma al excluir de la aplicación del RIPTE a situaciones que debían entenderse incluidas, alteraba el espíritu de la mentada ley incurriendo en un exceso que la propia Constitución nacional no admite conforme el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional (v. fs. 315 vta. y 316).
De este modo, entendió que no sólo son pasibles de actualización "...aquellas prestaciones adicionales de pago único y los pisos que menciona la ley 24.557 y el decreto 1.694/09, sino también aquellas prestaciones como las previstas en el art. 14 inc. 2 ap. a) y b) o la prevista en el art. 15 de la ley 24557...".
En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado entre el mes de enero de 2010 y diciembre de 2015 arrojaba un coeficiente de 5,23, procedió a recomponer la prestación, arribando al resultado de $894.117,29.
Finalmente, dispuso aplicar intereses desde que cada suma es debida hasta el 31 de diciembre de 2009, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación; fijando a partir del 1 de enero de 2010 un interés moratorio puro del 6% anual.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora de riesgos del trabajo demandada denuncia violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 2, 3, 699, 701 "y concs." del Código Civil (ley 340); 1, 11 apartado 4 inc. "b", 12, 14 apartado 2 inc. "b", 26 y concordantes de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; decreto 1.694/09; 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 341/364 vta.).
II.1. Controvierte la definición de grado que incrementó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida al coactor Morcillo en la sentencia (v. fs. 345 vta./353).
Manifiesta que el tribunal de origen realizó una revalorización de la indemnización utilizando el índice RIPTE, el cual está previsto en una normativa que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante, transgrediendo el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Refiere que de los apartados 5 y 6 del art. 17 de la ley 26.773 se concluye que solo corresponde ajustar mediante el indicado mecanismo los créditos emergentes de contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.
En este sentido, alega que lo resuelto en autos se aparta de la doctrina establecida por esta Suprema Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Entiende que el caso de autos debe resolverse al amparo de la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.278/00 y no según las pautas de la ley 26.773; de otro modo, alega, se alteraría la ecuación económica del contrato de seguro al obligar a la aseguradora a afrontar el pago de mayores prestaciones sin un correlativo aumento de las alícuotas.
II.2. Sostiene que el mecanismo de ajuste del índice RIPTE solo puede ser aplicado a las compensaciones de pago único y a los "pisos" de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, pero no respecto de aquellas prestaciones liquidadas de acuerdo a las fórmulas previstas en dichas normas, dado que tienen su propia actualización conforme los salarios (v. fs. 353 vta./355).
II.3. Objeta la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que, en consecuencia, se calculara el ingreso base mensual teniendo en cuenta solo los días efectivamente trabajados durante el año anterior al evento dañoso (v. fs. 355 vta./357).
Aduce que el salario se calcula incluyendo los rubros que determinan la prima que se abona, y es en función de la relación laboral que el siniestrado puede demandar las prestaciones de la ley, causándole gravamen que se le haga abonar más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente, en el caso, el decreto 1.278/00.
Arguye que para la determinación de las prestaciones dinerarias se aplican las reglas establecidas en el art. 9 de la ley 24.241 que establece que el valor mensual del ingreso base debe calcularse sobre la totalidad de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones con las limitaciones en la base imponible que allí se encuentran previstas.
Manifiesta que la declaración de inconstitucionalidad debe resultar la ultima ratio del orden jurídico porque es un acto de suma gravedad institucional.
Resalta que el juzgador de grado no solo se apartó del mentado art. 12, sino también de la pericia contable que informó que el ingreso base mensual del señor Morcillo ascendía a $2.723,66. Asimismo, alega que la suma de $9.163,72 utilizada resulta arbitraria y sin conexión con la realidad del trabajador, en tanto triplica su mejor remuneración percibida durante su vida laboral previa al accidente padecido.
II.4. Con sustento en doctrina legal de esta Corte, y reiterando algunos conceptos desarrollados en el primer agravio, cuestiona que el tribunal de grado no aplicara el tope previsto en el decreto 1.278/00, el cual -alega- se encontraba vigente al momento del hecho y que no fue declarado inconstitucional.
Agrega que el fallo viola el art. 23 de la Ley de Riesgos de Trabajo en tanto las aseguradoras cobran primas a sus afiliados en función de un riesgo presunto cubierto por la legislación vigente, no pudiendo condenarlas más allá de las obligaciones asumidas.
II.5. Por último, impugna que el sentenciante de grado efectuara una capitalización de intereses o anatocismo.
Afirma que el a quo aplicó retroactivamente el Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto no estaba vigente ni a la fecha del infortunio ni de la traba de la litis, épocas en que regía el Código Civil, cuyo art. 3 aduce infringido (v. fs. 360 vta./362).
Sin perjuicio de ello, expresa que la excepción del art. 770 inc. "b" del mentado Código Civil y Comercial resulta igualmente improcedente por cuanto refiere a obligaciones de dar dinero, mientras que en el caso se trata de una deuda de valor regulada en el art. 772 del mismo cuerpo normativo (v. fs. 362/363 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
III.1.a. Al respecto, cabe señalar que los cuestionamientos traídos por el recurrente se encuentran vinculados con pretensiones independientes, incluso, en un aspecto que aquí resulta fundamental, puede observarse que en autos -y sin perjuicio de la vinculación que entre ellos entendió configurada para así proceder- el tribunal de la instancia hubo de resolver la acumulación de dos expedientes con disímiles reclamos (v. fs. 223). En concreto, se verifica un litisconsorcio activo integrado por los tres trabajadores individualizados en el relato inicial, en cuyo marco cada uno de ellos peticionó el pago de diferencias en las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria. Por otro lado, puede verse la pretensión introducida por el dependiente Morcillo -que a su vez forma parte del mentado litisconsorcio- en la que solicitó se le abone la diferencia adeudada en la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
III.1.b. Luego, el agravio referido a la capitalización de intereses dispuesta por el a quo en el ámbito de la condena que acoge los reclamos efectuados por los litisconsortes, en ningún caso supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo cual la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada solo puede justificarse en este tópico, en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 98.812, "Molina", sent. de 14-III-2012 y L. 88.005, "Ramoscelli", sent. de 25-IV-2012).
Consecuentemente, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 117.256, "Sabor", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; L. 119.683, "Pineda Muñoz", sent. de 14-VI-2017; e.o.).
Bajo tal contexto de análisis, el embate deviene inadmisible, por cuanto la doctrina legal que invoca el impugnante ha sido elaborada en casos en los que mediaron presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que exhibe este litigio, déficit que la torna infructuosa (causas L. 96.273, "Baier", sent. de 5-V-2010; L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012 y L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013).
Tampoco resulta apta la mención de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la de otros tribunales de justicia, ni la opinión de autores que, sabido es, no constituyen doctrina legal (causas L. 104.305, "Instituto Nuestra Señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 114.396, "Navarro", sent. de 25-IX-2013; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, corresponde ingresar en el análisis de las distintas críticas que porta el recurso vinculadas con la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida al coactor Morcillo; en primer lugar, en lo atinente a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 efectuada en la instancia.
III.2.a. El tribunal de trabajo, valorando el dictamen pericial contable, tuvo por probado que el ingreso base mensual resultante de la totalidad de los salarios percibidos por el actor durante el año anterior al accidente de trabajo, dividido por trescientos sesenta días ascendía a la suma de $2.723,66; mientras que si a aquel guarismo se lo dividía solo por los días efectivamente trabajados durante el mismo período se arribaba al monto de $9.163,90 (v. fs. 308).
En ese contexto señaló que la norma cuestionada lleva a la determinación de un monto fijo que no acompaña los incrementos salariales que pueden verificarse durante el período de incapacidad, como sí sucede en el caso de una enfermedad inculpable (v. fs. 310 vta.).
Sostuvo que en los términos del art. 11 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo y del decreto 334/96, la prestación dineraria mensual prevista para el período de la incapacidad laboral provisoria debe ser ajustada según los incrementos del módulo previsional de la ley 24.241 (MOPRE).
Juzgó que en el caso se comprobaba un claro cercenamiento del monto que le hubiera correspondido al actor si no hubiese sufrido el infortunio laboral.
En función de ello, con apoyo en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Vega, Humberto Atilio c/ Consorcio de Propietarios Edificio Loma Verde y otro s/accidente-ley 9.688" (sent. de 16-XII-1993), concluyó que la falta de ajuste de la base remuneratoria sobre la que se determina el monto de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 para los períodos de incapacidad laboral temporaria y definitiva provisoria -los cuales pueden llegar a extenderse hasta seis años en total- implica una pulverización del real significado económico del crédito indemnizatorio. Expresó, entonces, que debía declararse la inconstitucionalidad del citado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo por cuanto colisionaba con los arts. 14 bis, 17 y 19 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución provincial; 21 inc. 2, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del "Protocolo de San Salvador" (v. sent., fs. 311 vta.).
III.2.b. Ante estas definiciones, más allá de lo que pudiera opinarse sobre el acierto de la decisión, se advierte que la crítica formulada por el recurrente no se ocupa de rebatir eficazmente las esenciales motivaciones que brindó el tribunal de grado en esta parcela del pronunciamiento.
La impugnación muestra solo un reproche parcial al pronunciamiento que deja en pie fundamentales argumentos sobre los cuales se estructura, técnica que reiteradamente ha sido calificada como inhábil por este Tribunal (causas L. 107.843, "Valenzuela", sent. de 25-IV-2012; L. 116.668, "Chequin", sent. de 13-XI-2013; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 117.348, "Jiménez", sent. de 11-II-2015).
Para más, en tanto el agravio remite en parte a la labor axiológica realizada por el tribunal de grado en orden a la prueba pericial contable, esto es: a una cuestión de índole fáctica, debió contar con la necesaria denuncia de absurdo (causas L. 87.991, "Gallegos", sent. de 12-XII-2007 y L. 112.152, "Donato", sent. de 5-XI-2014).
Resta agregar que las doctrinas que cita el recurrente, al haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y normativos disímiles a los que se ventilan en autos, son ineficaces (causas L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011 y L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012).
III.3. En cambio, merece favorable recepción el agravio por el cual principalmente se cuestiona el empleo de las pautas indemnizatorias previstas en la ley 26.773.
Esta Corte tiene dicho que en lo que respecta a su ámbito temporal de aplicación, la citada ley ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia. Estos lineamientos han sido establecidos en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), invocada por el recurrente y a la que por razones de brevedad remito, ello, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
Entonces, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral sufrido por el actor Morcillo -que emerge considerada en la sentencia como "primera manifestación invalidante"- se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00 -y no así el decreto 1.694/09, ni la ley 26.773-, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto allí se determinó el importe de la prestación dineraria con apoyo en las pautas indemnizatorias contempladas en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara, debiéndose ajustar la decisión a la normativa antes indicada.
III.4. En atención a lo resuelto precedentemente, no cabe abordar los planteos dirigidos a rebatir el modo en que hubo de aplicarse el índice RIPTE y a la no aplicación del tope contemplado en el decreto 1.278/00, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 96.268, "Cirigliano", sent. de 4-III-2009; L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.