Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119495
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.495, "Ramírez, Santiago Raúl contra Provincia ART S.A. y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 190/204).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 226/231 y 232/239).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora a fs. 232/239?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar con relación al interpuesto por la parte demandada a fs. 226/231?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Santiago Raúl Ramírez y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias originadas en la incapacidad derivada del accidente sufrido por el actor (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557). En cambio, desestimó la acción deducida contra la Provincia de Buenos Aires en cuanto procuraba el cobro de una indemnización fundada en normas del derecho común (arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civ.; v. fs. 190/204).
El sentenciante juzgó acreditado que el actor trabajaba en el Servicio Penitenciario Bonaerense y que sufrió el accidente denunciado en autos cuando el día 6 de enero de 2009, regresando de una salida recreativa programada al camping de ATE en la localidad de Punta Lara, con el resto del personal de custodia y tres internos de la Unidad Carcelaria 12 de Gorina, fue atacado por uno de ellos, quien le propinó golpes con un matafuego extraído del mismo vehículo donde era transportado (v. vered., fs. 190 vta. y 191).
Determinó que como consecuencia de ese episodio el accionante padece una minusvalía del 15,36% del índice de la total obrera (v. fs. 192 vta.).
En ese orden, puntualizó que presenta una cicatriz visible en la región frontoparietal que determina una deformación permanente del rostro y le irroga una incapacidad estética mensurada en el 2,86% de la capacidad total y que, además, padece una neurosis fóbica de grado moderado producida por el agravamiento de su predisposición preexistente tras sufrir el hecho ventilado en autos y que le provoca una incapacidad psicológica del orden del 25% del índice de la total obrera, existiendo relación de concausalidad que determinó en un 50% entre la contingencia denunciada y el estado psíquico preexistente, razón por la cual ponderó que en el caso el daño psicológico ascendió al 12,5% del índice de la total obrera (v. fs. 192 y vta.).
Luego, señaló que el planteo ensayado por el actor a fin de fundar los factores de atribución de responsabilidad, tanto objetivos como subjetivos, lució claramente genérico e insustancial, limitándose a definir conceptualmente dichos presupuestos y a aportar citas jurisprudenciales relacionadas, pero sin efectuar una concreta relación con las constancias de la causa que permitieran comprobar su verificación, conjuntamente con los restantes presupuestos del deber de reparar civilmente (v. fs. 193).
Sin perjuicio de ello, expresó que la prueba rendida en autos no resultó suficiente para acreditar la existencia de cosa alguna que presentara riesgo o vicio, o que la actividad del actor pudiera calificarse como "riesgosa" desde que, en la especie, el señor Ramírez actuaba en su condición de guardia del servicio penitenciario asignado a una actividad recreativa de un reducido número de internos de la tercera edad, no luciendo la misma -en principio y con los elementos aportados- como esencialmente riesgosa.
Dijo, además, que no se verificó un obrar negligente o culpable del empleador que tuviera relación causal y/o concausal con las dolencias padecidas por el actor y agregó que éste siquiera invocó alguna conducta reprochable con aptitud causal eficiente para provocar el daño sufrido.
Por todo ello, rechazó el reclamo en cuanto pretendía el cobro de una indemnización integral -sustentada en las normas del derecho común- por los daños y perjuicios provocados por el infortunio y condenó a la demandada al pago de la suma que determinó en concepto de indemnización por incapacidad laboral permanente parcial en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 232/239).
En sustancia, cuestiona la decisión del tribunal de origen en cuanto sostiene que, a partir de una absurda y arbitraria apreciación de los hechos y constancias de la causa, dispuso el rechazo de la pretensión resarcitoria integral deducida al amparo de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340).
Por un lado, alega que la simple lectura del escrito de demanda pone de relieve que la actividad desempeñada por el actor es altamente riesgosa en virtud de la peligrosidad de las circunstancias a la que está sometido cada vez que presta sus tareas, frente a personas que están sometidas al régimen carcelario cumpliendo condenas privativas de su libertad por haber cometido delitos y que resultan peligrosas.
Desde otroángulo, afirma que la conclusión del sentenciante también luce absurda respecto del análisis que efectuó con relación al obrar imprudente del empleador. Sostiene que, de las constancias de autos, se desprende la inexistencia absoluta de cuidados mínimos de seguridad. En ese entendimiento, cuestiona que un grupo de internos de una unidad penitenciaria salga de un penal en un vehículo particular contratado a un tercero ajeno al régimen, que no ha sido diseñado a esos efectos ni cuenta con las medidas de seguridad apropiadas, objetando también la ausencia de pesquisas o controles.
Por lo expuesto, colige que resulta ostensible que en autos se han verificado los presupuestos necesarios para el progreso de la acción con fundamento en el derecho civil toda vez que -asegura- el daño sufrido por el dependiente reconoce como causa la falta de cumplimiento de los deberes de seguridad por parte del empleador y la actuación de una tarea -cosa- que presenta riesgo o vicio de la cual éste es dueño o guardián.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Tiene dicho esta Corte que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, el análisis del material probatorio aportado por las partes y la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, son facultades privativas de los jueces de mérito, cuyas conclusiones no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 100.035, "Aquino", sent. de 17-VIII-2011 y L. 102.278, "S., J.", sent. de 15-VIII-2012).
Es oportuno recordar que, para la procedencia de la acción sustentada en el último de tales preceptos, se requería la demostración de los siguientes presupuestos fácticos: el carácter riesgoso de la cosa, que el accionado fuera el dueño o guardián de la misma o beneficiario de la prestación de servicios, la incidencia de tales factores en el daño causal -es decir que el perjuicio obedecía al riesgo o vicio de la cosa-, y que el perjuicio no hubiera sido causado por culpa de la víctima o de un tercero por quien no se debía responder.
En ese marco, cabe memorar también que es doctrina legal de esta Suprema Corte que no cabe una interpretación estrecha del concepto "cosa", desde que, trascendiendo el puro concepto físico del término, no se debe omitir la ponderación razonada de la incidencia que posea la tarea desempeñada por el trabajador, pudiendo ésta constituirse en factor de causación del daño; por lo tanto, el vocablo "cosa" se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda, razón por la cual, cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso, se impone admitir su inclusión en las previsiones del precepto citado (causas L. 72.336, "Iommi", sent. de 14-IV-2004; L. 80.406, "Ferreyra", sent. de 29-IX-2004; L. 92.726, "Galán", sent. de 17-XII-2008 y L. 88.672, "Doufour", sent. de 28-V-2010; e.o.).
Cabe señalar, además, que esta tesis ha sido recogida por los arts. 1.757 y 1.758 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994, B.O. de 8-X-2014).
En ese contexto, acierta el recurrente al descalificar la decisión del tribunal de grado pues, al amparo en lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 1.113 de la derogada ley de fondo, las tareas llevadas a cabo por el actor, en su condición de agente del servicio penitenciario, constituyen una actividad generadora de riesgo que -concretado el daño- origina la responsabilidad del Estado.
En efecto, como surge de la lectura de las constancias de la causa, el actor relató que se desempeñaba en la Unidad Carcelaria 12 de Gorina, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, cumpliendo a la época del infortunio tareas con un grupo de internos de la tercera edad, estando a su cargo el suministro de medicamentos, control de aseo personal, como así también la participación en talleres recreativos tanto dentro de la unidad como en salidas programadas.
También expresó que, precisamente, en cumplimiento de esta última actividad, junto a un grupo auxiliar acompañó a algunos internos a una salida recreativa al camping de ATE de la localidad de Punta Lara -y señaló también- allí advirtieron que uno de ellos cambió su conducta, posiblemente por la ingesta de alcohol, intentando escapar por la playa en notorio estado de ebriedad, lo que fue evitado por el personal a cargo, decidiendo volver por ello a la unidad penitenciaria. De regreso, a bordo de la camioneta contratada para el traslado, súbitamente el interno se dio vuelta y golpeó con un matafuego al accionante que se encontraba sentado detrás de él, lo que le produjo las dolencias físicas y psíquicas que padece.
Lo expuesto demuestra que en el caso se ha probado el presupuesto indispensable para la aplicación del art. 1.113 del Código Civil pues la propia actividad laboral se ha constituido en factor de causación del daño.
Por lo tanto, debe revocarse la decisión del juzgador en cuanto consideró que la actividad del actor no revestía el carácter de cosa riesgosa, debiendo volver los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración -teniendo en cuenta lo que aquí fue resuelto y los planteos y defensas esgrimidos por las partes- se pronuncie sobre la viabilidad de la pretensión indemnizatoria promovida contra el Fisco provincial con fundamento en las disposiciones del art. 1.113 del Código Civil.
III.2. En otro orden, en cambio, entiendo que el recurso luce insuficiente para neutralizar aquella otra parcela del decisorio que desestimó la configuración de la responsabilidad subjetiva en los términos del art. 1.109 del Código Civil.
Ello así, pues lejos de evidenciar que los magistrados de origen hubieran incurrido en el vicio de absurdo denunciado, el planteo del recurrente sólo exhibe su disconformidad con la decisión de grado, pero sin ocuparse de rebatir las motivaciones del judicante que constituyeron factores esenciales de su decisión en cuanto señaló que el accionante no había logrado comprobar que el empleador hubiera actuado en modo negligente o culpable, pues ni siquiera había invocado alguna conducta reprochable con aptitud causal eficiente para provocar el daño sufrido (v. fs. 193).
En tales condiciones resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende de los argumentos centrales del fallo y omite formular una crítica certera y eficaz contra dichas motivaciones, limitándose sólo a manifestar la disconformidad del recurrente con el criterio del juzgador de origen (causas L. 95.269, "Fernández", sent. de 24-VI-2009 y L. 104.538, "Lattanzio", sent. de 30-V-2012).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance establecido en el punto III.1. de este sufragio.
Costas en el orden causado (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. El juzgador de grado, en lo que interesa, rechazó la demanda que -con sustento en las normas del derecho común- el actor entabló contra la Provincia de Buenos Aires en reclamo de una indemnización integral de los daños y perjuicios, provocados por el accidente que sufrió mientras cumplía funciones como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense en el desarrollo de una actividad de esparcimiento de un pequeño grupo de internos de la tercera edad (v. fs. 190/204).
Para así decidir, indicó que "...el planteo ensayado por el actor a fin de fundar los factores de atribución de responsabilidad, tanto objetivos como subjetivos, lució claramente genérico e insustancial, limitándose a definir conceptualmente dichos presupuestos y a aportar citas jurisprudenciales relacionadas, pero sin efectuar una concreta relación con las constancias de la causa que permitieran comprobar su verificación, conjuntamente con los restantes presupuestos del deber de reparar civilmente" (fs. 192 vta. y 193).
Sin perjuicio de ello, expresó además que la prueba rendida en autos no resultó suficiente para acreditar la existencia de cosa alguna que presentara riesgo o vicio, o que la actividad del actor pudiera calificarse como "riesgosa" desde que, en la especie, el señor Ramírez, actuaba en su condición de guardia del servicio penitenciario asignado a una actividad recreativa de un reducido número de internos de la tercera edad, no luciendo la misma -en principio y con los elementos aportados- como esencialmente riesgosa.
Desde otroángulo, también señaló que no se verificó la existencia de un obrar negligente o culpable del empleador, que tuviera relación causal y/o concausal con las dolencias padecidas por el actor, y agregó que éste siquiera invocó alguna conducta reprochable con aptitud causal eficiente para provocar el daño sufrido.
I.2. No asiste razón al recurrente en cuanto cuestiona el rechazo del reclamo intentado en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil.
I.2.a. Sabido es que el análisis del material probatorio aportado por las partes, la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, como la determinación de la concurrencia de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios, deducida en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340), constituye una facultad privativa de los jueces de mérito; las conclusiones que éstos formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 109.238, "Alcobedo", sent. de 5-IX-2012; L. 118.241, "Tarelli", sent. de 15-VI-2016 y L. 116.588, "Gómez", sent. de 12-IV-2017).
I.2.b. En el caso, si bien el compareciente denuncia que la decisión de grado adolece de tal excepcional vicio, la crítica que contiene la postulación recursiva luce manifiestamente insuficiente para acreditarlo (art. 279, CPCC).
Ello así pues, por conducto de una impugnación dirigida esencialmente a intentar demostrar el supuesto error en que habría incurrido el tribunal de grado al no considerar como riesgosa la actividad desarrollada por el actor como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense en las circunstancias que describe, el interesado no se hace cargo -en definitiva- de controvertir las fundamentales conclusiones que condujeron al órgano jurisdiccional a desestimar la acción deducida al amparo de las normas del derecho común.
En efecto, han quedado marginadas de una crítica idónea las definiciones brindadas por el sentenciante vinculadas a la imprecisión del relato contenido en la demanda; a la insuficiencia probatoria para demostrar, por un lado, la existencia de cosa riesgosa o que la actividad del trabajador -en las concretas circunstancias de la causa- tuviera ese carácter y para corroborar, por otro, la falta de cumplimiento de los deberes a cargo de la demandada, tal como surge del relato de los antecedentes.
En tales condiciones, la deficiencia técnica apuntada sella la suerte adversa de la impugnación, pues sabido es que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deviene insuficiente si en él se omite rebatir adecuada y eficazmente la conclusión medular del pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 102.276, "Cruz", sent. de 11-VII-2012; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016 y L. 118.038, "Díaz", sent. de 5-VII-2017).
I.2.c. Sin perjuicio de que lo hasta aquí expresado resulta suficiente para desestimar el remedio procesal deducido, por lo demás, he de reiterar en esta oportunidad que no soy partidario de la interpretación que admite que el ambiente laboral o las condiciones en las que se presta el trabajo puedan considerarse incluidos en el concepto de cosa generadora de infortunios del trabajo (art. 1.113, Cód. Civ.; conf. mi voto, causa L. 82.743, "Ventancor", sent. de 26-IX-2007; e.o.)
II. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
Los argumentos brindados por mi distinguido colega doctor Pettigiani en los puntos I.2.a. y I.2.b. de su sufragio -que comparto- me conducen a desestimar el medio de impugnación deducido.
Sin perjuicio de que ello sella la suerte adversa del recurso, he de dejar a salvo mi opinión sobre los supuestos que tornan aplicable el art. 1.113 segunda parte del Código Civil de Vélez Sarsfield, en su vinculación con el concepto de "cosa riesgosa o viciosa" al que alude la norma (v. mis votos, causas L. 79.690, "R., L. G. y otros", sent. de 28-VI-2006; L. 83.342, "F. d. S., J." y L. 82.743, "Ventancor", sents. de 26-IX-2007).
II. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
En efecto, no sin dejar a salvo mi opinión respecto de que el vocablo "cosa" receptado en el art. 1.113 segunda parte del Código Civil de Vélez Sarsfield, se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda cuando dichas tareas pueden generar un resultado dañoso (conf. mi voto, causas L. 116.679, "P., C. C.", sent. de 8-IV-2015; L. 115.898, "C., M. L.", sent. de 15-VI-2016 y L. 117.727, "Sacani", sent. de 11-IV-2018; e.o.); adhiero al voto del doctor Pettigiani en sus puntos I.1., I.2.a. y I.2.b.
En consecuencia, considero que el recurso en análisis resulta técnicamente insuficiente para neutralizar las contundentes motivaciones expuestas por el tribunal de grado para desestimar la acción por la que se procuraba el cobro de una indemnización con sustento en las normas de derecho común (v. vered., tercera cuestión, fs. 192 vta. y 193).
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